Ayer los rumores sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar YPF fueron la nota del día. En el costado político es una decisión consistente con el rumbo nacionalista a ultranza que decidió adoptar el gobierno de Cristina al ver que una política más ortodoxa de ajuste tenía costos políticos internos difíciles de digerir (como ilustra el post de ayer sobre España ni un supuesto halcón fiscal como Mariano Rajoy es sabio en el arte de ajustar).
En el costado económico el gobierno pretendería, según los rumores, hacerse del control de YPF comprando solamente el 50,01% del paquete accionario. Esta idea tiene sentido considerando los desequilibrios fiscales que atraviesa el país y resultaría, inevitablemente, en la expropiación del capital del resto del 49,99% (cualquier similitud en este razonamiento con lo que piensa el 46% que no votamos a Cristina no es pura casualidad). ¿Por qué? Pues el gobierno no manejaría la empresa con criterio de maximización de beneficios, sino con criterio “social” de aumentar la inversión y producción de petroleo y gas, sin aumentar los precios al consumidor final de estos productos. A la larga esta política se sabe que termina con una empresa quebrada (como lo estaba YPF antes de su privatización en los noventa).
El problema que encontró el gobierno para realizar el anuncio ayer es el flanco jurídico. Los estatutos de la empresa especifican que si un accionista compra más del 15% de las acciones está obligado a hacer una oferta por el total de las acciones de la misma. ¿Para qué está esta cláusula? Justamente para obligar a un comprador que actuara con motivos estratégicos difierentes de la maximización de beneficios (no solo el Estado, pudo haber sido un competidor privado que, por algún motivo, buscara hacer a la empresa menos eficiente), y que quisiera hacerse del control de la empresa, a ofrecer una salida razonable a los accionistas minoritarios existentes. Basta mirar la cantidad de ejemplos de empresas que se privatizan y estatizan en el sector (no solo en Argentina, sino en Bolivia, Ecuador, y Venezuela solamente en América Latina) para entender que esta era, y es, una preocupación coherente.
Escrito por mgeiras 
