La crisis energética y una medida simple

En los últimos años se nos ha advertido repetidas veces que estamos cerca del colapso energético. Estos pronósticos agoreros a veces vienen de expertos independientes, o asociados a anteriores administraciones. Esta vez los que levantan la voz de alarma son las propias empresas del sector (ver nota hoy en La Nación):

Las empresas generadoras de electricidad le agregaron una nueva dosis de incertidumbre al convulsionado sector energético. Molestas por el retraso en los pagos de Cammesa, la compañía administradora del mercado, que es controlada por el Gobierno, enviaron el miércoles pasado una carta a la empresa en la que reclaman que “se arbitren en forma urgente” los medios para que cobren lo adeudado. Además, piden que se les restablezca una serie de beneficios que fueron suspendidos a principios de año.

De acuerdo con la nota, una herramienta de comunicación poco utilizada entre las empresas y los despachos públicos debido a que suele despertar antipatía en el Gobierno, Cammesa no había cancelado sus compromisos hasta la primera quincena de este mes. Sumada a la complicada situación de caja que atraviesan, los generadores consideran que la mora “compromete el normal funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto”.

Como la fábula del pastor y el lobo en algún momento vamos a sufrir un apagón dantesco y el gobierno sólo atinará a apuntar el dedo acusador sobre las empresas del sector. O sobre nosotros, consumidores, por derrochones (ya nos dijo Cristina que tenemos que tenerle un poquito de miedo). Por supuesto que como economista me parece que la solución tiene que comenzar con un aumento generalizado de las tarifas para que se reduzca el consumo. El gobierno ha intentado hacer este ajuste de sintonía fina hace un año y por ahora parece que la que tiene un poquito de miedo es Cristina, ya que no autorizó este “tarifazo”.

Mientras se decide a corregir el rumbo de la política energética con un aumento de precios, el gobierno podría tomar otra medida que de hecho pensó hace cinco años. Pocos días después que Néstor le pasara el mando (o una manija del doble comando) a Cristina, se insinuó un adelantamiento del uso horario para el 30 de diciembre de 2007. Este globo de ensayo quedó en la nada, en particular porque el gobierno percibió que tomar esta medida en forma precipitada (tiene poco sentido adelantar la hora después del solsticio de verano) equivalía a admitir la existencia de una crisis en el sector energético. Al año siguiente vino la crisis mundial y con ella una caída en el nivel de actividad que redujo la demanda. Además se inauguraron en 2008 dos centrales térmicas que ayudaron del lado de la oferta.

A pesar del parate económico que estamos viviendo este año (y siempre es bueno recordar que es consecuencia de la radicalización del populismo, y no porque “se nos cayó el mundo”), la situación del sector energético es tan mala que la calidad del servicio se está deteriorando. Esto lo puede constatar cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires que haya sufrido un aumento en la frecuencia de cortes o en las fluctuaciones en la tensión del suministro. Por eso sería bueno que el gobierno reconozca que hay problemas en el sector y anuncie medidas drásticas que incluyan el adelantamiento del uso horario durante el verano.

Que adelantar la hora en verano ayuda a racionar el consumo de energía eléctrica lo demuestra el hecho que dicha medida se tomó a fines de los ochenta cuando durante el gobierno de Alfonsín el sistema colapsó (recordar los cortes programados). O viendo que nuestros vecinos del cono Sur actualmente adelantan la hora en octubre (Chile en este momento tiene la misma hora que Argentina, y Uruguay una hora más tarde). Si lo hacen es porque hay un beneficio. Y el mapa adjunto muestra que gran parte de los países (o regiones) que están lejos del Ecuador encuentran conveniente tomar esta medida (en azul los del hemisferio norte, en naranja los del sur).

Alguien dirá que en algunas provincias, como Mendoza, no conviene adelantar la hora. Pero para la mayoría de la población que se concentra en la región pampeana sería adecuado, y siendo el país federal (al menos de jure) las provincias que lo deseen podrán mantener el actual uso horario, como de hecho ocurrió las últimas veces que se adelantaba la hora a principios de los años noventa.

¿Será posible que el país no adopte una medida tan simple (y necesaria dado el deterioro del sector energético)? Y si, sin más basta recordar que en 1999 el Congreso Nacional aprobó una ley que hacía lo opuesto: atrasaba el uso horario en invierno. Ley tan mala que nunca se llegó a implementar (acá va una nota al respecto que escribí en junio de 2001 y fue publicada en Cronista Comercial).

EXPOST: Diez días después de este post, y en la misma semana que diluvió el lunes 30/10, Néstor Scibona escribió una nota en La Nación sobre el “galimatías” en que se encuentra el gobierno respecto a su política energética. Cito este párrafo como respuesta a comentarios que cuestionaban la mayor probabilidad de sufrir un “colapso energético”:

En este marco, resulta difícil determinar en qué proporción los cortes de luz que en la última semana afectaron a muchos barrios porteños y del conurbano obedecieron a la descomunal lluvia o a problemas previos en cámaras y redes. Probablemente hayan sido causas concurrentes. Pero en voz baja las empresas admiten que, en condiciones normales, el restablecimiento del servicio no hubiera demorado tanto en algunas zonas. También aportan otro dato significativo: ya no pueden tercerizar ese servicio y las cuadrillas propias se niegan a trabajar horas extras, para que sus sueldos no queden alcanzados por el impuesto a las ganancias con un piso congelado desde hace 19 meses.

Cambios en el mercado eléctrico, ¿más de lo mismo?

El viernes pasado el viceministro de Economía Axel Kicillof anunció la regulación del sector eléctrico bajo el sistema de “cost plus”. Este consiste en la fijación de tarifas que reflejen los costos operativos de las distintas empresas más un porcentaje de ganancia “razonable”.

En los hechos es el certificado de defunción formal del marco regulatorio de los noventa que ya era letra muerta desde la devaluación y pesificación de tarifas. Veamos qué cambia y qué no con este anuncio.

Para las empresas es un alivio escuchar hablar de rentabilidad pues la mayoría presenta quebrantos operativos que las estaban empujando al default en sus obligaciones. Como informó ayer Carlos Pagni en nota en La Nación, varias distribuidoras habían dejado de pagar a CAMMESA para poder afrontar los últimos aumentos salariales:

El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.

De manera que una primer lectura parece indicar que poco ha cambiado salvo el reconocimiento que las empresas del sector deben recibir mayores ingresos para evitar el colpaso energético. Más tarde veremos en que medida esto se lleva a cabo a través de mayores tarifas y en que medida via mayores subsidios (los impulsos re-reeleccionistas me sesgan a pensar que aumentarán los subsidios).

Una lectura más profunda revela que la mayor intervención en este mercado tendría efectos negativos. Con tarifas competitivas (no las actuales), las empresas del sector, particularmente en generación, tienen incentivos a mejorar la eficiencia para obtener una mayor rentabilidad. Si a partir de ahora las empresas reciben una compensación por sus costos más un “plus” entonces perderán los incentivos a mejorar la productividad ya que ello resultaría en un menor costo y por ende en una reducción en la compensación estatal. Se pierde así definitivamente una ventaja de la vieja regulación, que privilegiaba a los operadores más eficientes (al darles más despacho de energía).

Es de esperar que cuando en el futuro tengamos un gobierno más pro mercado que este, se derogue de un plumazo esta regulación ineficiente. Que se mantengan las regulaciones para sectores monopolísticos (transporte y distribución), y eventualmente con fines estratégicos, como ser alentar la diversificación (inteligente) de la matriz energética.

YPF y el valor de la reputación

El año pasado escribí un post ejemplificando como la construcción de reputación permitía a Roger Waters llenar nueve River para presentar The Wall. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo opuesto: como no tener reputación obliga al gobierno a subir el precio del gas en boca de pozo para dar señales para invertir.

Ayer se anunció la suba del precio del gas en boca de pozo de un 300%:

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció este jueves un aumento del 300% en el precio del gas en boca de pozo, de 15 a 60 centavos de peso el metro cúbico. Asimismo explicó que este movimiento reportará una rentabilidad de $900 millones para las empresas (YPF tiene el 51% del mercado) y unos $119 millones para las provincias productoras. “Este aumento fue a cambio de negociar planes de inversión para producir más gas”, dijo.

Así lo anunció durante la inauguración de una planta de YPF en la localidad de Ensenada. La Jefa de Estado también afirmó que los gobernadores que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) firmaron un “pacto federal hidrocarburífero” para allanar el camino a la titularización del 25% de la empresa en manos de sus jurisdicciones.

Tal como adelantó LA NACION en su edición de hoy, la medida tiene como objetivo mejorar la producción de gas y atraer inversiones al sector. Según el Viceministro de economía, Axel Kicillof, esta medida también beneficiará a las estaciones de servicio porque tendrían mejor abastecimiento.

Calentamiento global, optimalidad y realidad

La semana pasada escribí un post sobre el “resurgimiento” de la geografía como determinante del desarrollo económico, considerando su interacción con el calentamiento global. Desde hace varios años la comunidad académica se ha interesado por el tema del calentamiento global, su causa a través de la emisión de dióxido de carbono, y sus efectos sobre la productividad económica futura.

El ciclo del carbono describe como este se difunde en la atmósfera desde la superficie terrestre para luego ser absorbido a través de los océanos. La concentración de CO2 en la atmósfera afecta la temperatura en la superficie porque este gas absorbe e irradia parte de la radiación térmica de la Tierra (i.e. evita que el planeta “transpire” el exceso de calor). Con la Revolución Industrial se aceleró la tasa de emisión de dióxido de carbono, principalmente a través del uso de combustibles fósiles sobrepasándose la capacidad de absorción natural del ciclo de carbono.

Hoy no hay dudas que este proceso conduce a una elevación de las temperaturas promedio en la Tierra (mayormente de los mínimos). Lo que se debate es la velocidad a la cual aumentará la temperatura durante este siglo, los efectos que esto produce, y la intensidad de respuesta de política adecuada. El segundo punto es el que más llega al ciudadano común, por ejemplo a través del documental “Una verdad incómoda” que transmite un mensaje apocalíptico a pesar del (o gracias al) sopor monocorde de Al Gore. Sobre el primero parece ser que por unos cuarenta años más el calentamiento seguirá siendo gradual para luego comenzar a acelerarse, en caso de mantenerse el status quo. Para evitar esto se recomienda reducir la tasa de emisión de CO2 a través de un impuesto al carbono o restricciones cuantitativas (cap and trade). 

¿Cuánto debería pagar Argentina por YPF?

Me tomé unos días para escribir este post, que sale publicado en el medio de la euforia oficialista por la aprobación masiva en el Senado del proyecto que confisca YPF. Es increíble la nulidad total de la mayoría de la oposición que no supo esgrimir argumentos ante el avance arrollador del kirchnerismo. Ni siquiera pudieron articular una variante de esta frase simple de una nota de Luis Majul que publica hoy La Nación (la que mejor estuvo fue María Eugenia Estenssoro): 

¿Quiénes, con un mínimo de sentido común, se atreverían a criticar a Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas, Luis Juez, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Gerardo Morales si dijeran, por ejemplo, “estamos de acuerdo con que el Estado tenga la mayoría de YPF, pero no estamos de acuerdo con esta expropiación y por eso votamos en contra”?

Pero bueno, la sociedad los votó y son el fiel reflejo de sus preferencias: quiere paternalismo y en este caso la oposición quiere tener al oficialismo de “padre” (mejor dicho de “madre”). Vayamos a un punto concreto, que es la indemnización que el Estado argentino tendría que pagarle a Repsol por la nacionalización de su participación en YPF. Al respecto cito una nota de la semana pasada de Nosis: 

Mientras tanto, los accionistas de YPF aspiran a que el valor se fije en base al estatuto de la petrolera, que establece que ante una “compra de control” se utilizará el más alto de cuatro métodos de valuación posibles. En este caso, sería el que toma el mayor valor de la acción en los últimos dos años: el 5 de enero de 2011, cuando la acción de la empresa en Wall Street alcanzó un techo de 54,58 dólares. Con eso, el costo de la expropiación superaría los 10.900 millones de dólares.

Evolución de la producción en YPF

A través de un twit de Agustín Etchebarne, llegué al siguiente gráfico que resume el efecto de las políticas populistas del kirchnerismo en la pérdida de nuestra “soberanía energética”.

Vean el petróleo: 2 saltos productivos: con Frondizi y con la privatización de Menem, y la caída más dramática: los K http://t.co/MGOoLSGl—
Agustín Etchebarne (@aetchebarne) April 17, 2012

Ahora los mismos responsables de las políticas energéticas de los últimos nueve años dicen que nos van a “salvar”. ¿Usted qué cree?

Aclaraciones con respecto al caso YPF

El viernes pasado publiqué un post que levantó un poco de revuelo. No tanto por la idea en si de estatizar YPF a través de una ley que ordene la compra, a un precio razonable, de la parte de Repsol (y no de la del grupo Petersen) para terminar con el conflicto entre Estados, sino por el contexto en que tiene lugar este intento de expropiación por parte del gobierno nacional. 

Algunos comentaristas argumentaban que YPF no vale 18000 millones de dólares sino 10000 porque el primero es el valor de libro mientras que el segundo es el de mercado. Este argumento es correcto pero omite que la pérdida de valor que experimentó la compañía en los últimos tres meses se debió exclusivamente a la hostilidad que el gobierno nacional dirigió contra la misma (en forma directa y a través de gobernadores de provincias afines que revocaron concesiones), dado que en el contexto internacional el precio del petróleo sigue alto. 

Al respecto es interesante contrastar la evolución de la cotización bursátil de YPF con la de Petrobras. Mientras que en algún momento de los años noventa ambas tenían una capitalización similar, la empresa brasilera hoy en día vale veinte veces más que la argentina (valuada a valores previos a la campaña estatizadora). ¿Por qué esta divergencia? Porque en Brasil se balanceó el criterio de “estratégico” del sector energético con la provisión de incentivos a la participación privada en exploración y producción. Ello se logró con reglas de juego claras que no se han quebrado con el descubrimiento de cuantiosos yacimientos pre-sal en el océano. Es cierto que hubo una flexibilización de estas reglas al requerir a los participantes de la industria un “compre” nacional para los insumos, pero entendible dado el temor a un efecto enfermedad holandesa y que no dio curso a denuncias de los operadores (ciertamente no en el nivel que vimos la semana pasada en nuestra relación con España). 

El gobierno pretende aplicar a Repsol-YPF el mismo criterio de populismo básico que aplica al resto de la economía. En una economía de mercado los inversores en actividades de riesgo realizan inversiones que en ciertos casos no rinden beneficios, y en otros rinden beneficios extraordinarios. En promedio el beneficio esperado es relativamente alto para compensar el riesgo, pero no es “extraordinario”. En economías populistas con la Argentina, cuando hay beneficios extraordinarios (o se los ve venir dado el potencial que el país tiene para producir gas y petróleo no convencional) el Estado expropia la “renta” para redistribuirla. Esta actitud paternalista expost da los peores incentivos a invertir exante, en particular en actividades de riesgo. 

Llegamos así al segundo punto mencionado por los comentaristas en la nota del viernes: la poca inversión que realizó YPF. Creo que el párrafo anterior exime de mayores explicaciones. Igual recuerdo a los lectores el post de octubre del año pasado en el cual afirmaba que el gobierno seguía una mala estrategia en el mercado de gas. En el mismo menciono un trabajo de Diego Barril y Fernando Navajas que estudiaron el comportamiento de la producción de gas en Argentina, encontrando que el comportamiento de las distintas empresas en el sector es compatible con un simple modelo de incentivos económicos. Todas las empresas, y no solo YPF, responden a los incentivos económicos: si explorar o producir es rentable se hace, sino no (ver también nota reciente en El País). 

Ahora si alguno de los lectores de este blog tiene un argumento sobre cómo se puede aumentar la producción con las señales vigentes de precios sin entrar en pérdidas económicas le sugiero que se dirija a la sede de YPF y/o alguna dependencia pública del gobierno nacional. No pierda tiempo en describirla en este espacio.

EXPOST: A los pocos minutos de publicado este post, Cristina anunció la estatización de YPF: 

La presidenta Cristina Kirchner decidió hoy enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar YPF, actualmente bajo control de la española Repsol y del grupo empresario argentino de la familia Eskenazi, y declarar “de interés público nacional” a la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.

La iniciativa, denominada “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, sostiene que “el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”.

Como acabo de decir, la Argentina cae en la tentación del populismo, una vez más.

EXPOST 2: La Nación publicó hoy en su versión online una nota de Fernando Navajas, uno de los economistas argentinos que más conoce del tema desde un enfoque académico. El título de la nota resume su análisis (realizado antes del anuncio de la estatización, pero cuando ya estaba cantado): “Navegando mal el energo-crunch”. Va un párrafo.

La explicación “oficial” del energo-crunch siempre ha sido muy consistente con el discurso político. Tanto, como también resulta ser falsa o incompleta frente a un análisis riguroso de los datos y la historia. Se basa en la tautología de que la caída de la producción se debe a que las empresas no realizaron las inversiones para que la producción doméstica acompañe la demanda. El problema es que las inversiones que deberían hacerse en el caso argentino son en tecnologías nuevas que demandan mucho capital, a precios más altos, y en condiciones de mercado en donde no exista una intervención directa que redirecciona la energía a segmentos subsidiados a precios incompatibles con los anteriores. Y la política oficial argentina ha hecho todo lo posible para que estas condiciones no se cumplan. Es decir es la única responsable de que el energo-crunch se haya transformado en una trampa perfecta, con consecuencias macroeconómicas.

YPF: una idea para salir del laberinto expropiador

Ayer los rumores sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar YPF fueron la nota del día. En el costado político es una decisión consistente con el rumbo nacionalista a ultranza que decidió adoptar el gobierno de Cristina al ver que una política más ortodoxa de ajuste tenía costos políticos internos difíciles de digerir (como ilustra el post de ayer sobre España ni un supuesto halcón fiscal como Mariano Rajoy es sabio en el arte de ajustar). 

En el costado económico el gobierno pretendería, según los rumores, hacerse del control de YPF comprando solamente el 50,01% del paquete accionario. Esta idea tiene sentido considerando los desequilibrios fiscales que atraviesa el país y resultaría, inevitablemente, en la expropiación del capital del resto del 49,99% (cualquier similitud en este razonamiento con lo que piensa el 46% que no votamos a Cristina no es pura casualidad). ¿Por qué? Pues el gobierno no manejaría la empresa con criterio de maximización de beneficios, sino con criterio “social” de aumentar la inversión y producción de petroleo y gas, sin aumentar los precios al consumidor final de estos productos. A la larga esta política se sabe que termina con una empresa quebrada (como lo estaba YPF antes de su privatización en los noventa). 

El problema que encontró el gobierno para realizar el anuncio ayer es el flanco jurídico. Los estatutos de la empresa especifican que si un accionista compra más del 15% de las acciones está obligado a hacer una oferta por el total de las acciones de la misma. ¿Para qué está esta cláusula? Justamente para obligar a un comprador que actuara con motivos estratégicos difierentes de la maximización de beneficios (no solo el Estado, pudo haber sido un competidor privado que, por algún motivo, buscara hacer a la empresa menos eficiente), y que quisiera hacerse del control de la empresa, a ofrecer una salida razonable a los accionistas minoritarios existentes. Basta mirar la cantidad de ejemplos de empresas que se privatizan y estatizan en el sector (no solo en Argentina, sino en Bolivia, Ecuador, y Venezuela solamente en América Latina) para entender que esta era, y es, una preocupación coherente. 

Los dividendos de YPF y el teorema Modigliani-Miller

En un extraordinario trabajo publicado en 1958 en el American Economic Review, Franco Modigliani y Merton Miller (premios Nobel en 1985 y 1990 respectivamente), demostraron que la política financiera de una empresa no tiene efectos sobre su valuación. Es decir, no importa si la empresa en cuestión decide repartir dividendos, o no hacerlo, para el valor del flujo de fondos que produce. Solamente las decisiones de inversión, por motivos obvios, tienen un efecto sobre el valor de la empresa. 

Este resultado es derivado bajo condiciones irreales por lo que debe ser leído como una referencia para ver como imperfecciones de mercado (por ejemplo asimetría informacional) interactúan con la política financiera de una empresa para afectar su valuación. Pero nos dice que, a primera aproximación, el anuncio reciente de YPF de no repartir dividendos y elevar el nivel de inversión de $13300 millones el año pasado a $14-15000 milones este año, i.e. una caída en términos reales considerando la inflación esperada, no debiera ser visto como una victoria del gobierno y una claudicación de Repsol-YPF. 

La degradación ayer de la deuda de Repsol-YPF por parte de la calificadora de riesgo Fitch no se debe a la decisión de no repartir dividendos. Sino a que esta medida de la empresa expresa de forma explícita el acoso al que está sometida desde el gobierno nacional. De hecho Moody’s no esperó a este anuncio y rebajó la calificación de la empresa la semana pasada. 

Moreno hace saltar la térmica

El título de este post podría relacionarse con los sospechosos cortes de luz que los porteños estamos sufriendo este verano (ver esta nota cortita). No hay apagones masivos por zona, sino aislados para que no parezca que son hechos a propósito para reducir la demanda a lo que la oferta puede dar. Pero no, me voy a referir a dos temas recientes que muestran el voluntarismo de Guillermo Moreno (y otros funcionarios), y la forma en que sus medidas aceleran el desajuste hacia el cual nos conduce.

Empecemos con una perlita de hace diez días (lectores sepan disculpar la modorra del blog, pero tuve cuatro días de vacaciones seguidos de días de intenso trabajo para terminar un paper que envié ayer a un congreso). En una nota de Francisco Jueguen en La Nación se informaba lo siguiente:

Guillermo Moreno quiere estar a la moda. Y en un delicado equilibrio entre su actual misión de custodiar los dólares que salen del país y, al mismo tiempo, controlar los precios internos de la economía, el secretario de Comercio Interior comenzó en las últimas semanas a presionar a empresas de indumentaria con el objetivo de lograr rebajas -o de impedir subas- en sus productos para, a cambio, abrirles con cuentagotas la importación de parte de su mercadería…