Inflación de enero y Precios Transparentes

14/02/2017

La semana pasada se publicaron índices de precios con mediciones un tanto dispares. Mientras que el INDEC reportó que la inflación de enero fue del 1,3%, en la Capital el indicador fue de 1,9%. Esta diferencia generó suspicacias.

El 1,3% de inflación de enero que difundió el Indec fue otro de los puntos que celebraron la semana pasada. Sin embargo, generó algunas suspicacias entre la oposición. “¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la inflación según Indec y la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires?”, reflexionó uno de los economistas más influyentes del establishment. Y agregó: “1,3% versus 1,9%. Es desconcertante”.

En mi opinión la disparidad resulta comprensible dada la heterogeneidad de las canastas empleadas y el contexto de alta inflación del país: si un bien aumentó el 10% en enero y la incidencia de dicho bien en las respectivas canastas es del 10% en Capital pero solamente del 5% para el INDEC, esto explica casi toda la diferencia.

Por eso no me sorprendió ver que para Inflación Verdadera la inflación de enero resultó aún mayor, del 2,3%. Este sitio nos permite ver que la inflación está en una trayectoria ascendente similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Ojo Sturzenegger.

Finalmente podemos usar los indicadores de Inflación Verdadera para tener una idea del impacto del programa de Precios Transparentes a nivel agregado.

Supongo que la mayoría de los lectores están familiarizados con este programa del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, así que solamente copio unos párrafos de esta nota

Bajo el concepto de “precios transparentes” los funcionarios anunciaron esta tarde nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de “separar el precio al contado de la opción en cuotas” para lograr “mayor transparencia” que derive en “mejor consumo”.

Según sostuvieron, la medida busca “evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado” y que también sean transparentes “todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información”…

Según se dijo en la conferencia de prensa, el Gobierno espera descuentos de entre un 10% y un 15% para los consumidores, puesto que los comercios no tendrán que elevar el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

Me parece una excelente iniciativa del gobierno, pero que parece ser tuvo algunos “efectos colaterales”. Me parece razonable darle a los consumidores la opción a comprar bienes diferenciando los precios del bien de la tasa de interés del correspondiente financiamiento. Según los libros de texto esto debiera resultar en una mayor demanda agregada con una reducción en los precios contado y un aumento en los precios financiados.

El efecto en los precios se debe a que efectivamente hasta el 31 de enero había un subsidio cruzado (Nota dentro del margen. No es cierto, como circuló en internet, que el 75% más pobre de la población subsidiara al 25% más rico que tienen tarjetas de crédito: los bienes que se venden con tarjeta de por si son bienes que no forman parte de la canasta de consumo de la mayoría de ese 75%). Y el efecto en la demanda agregada se da por el neto de la mayor demanda de los “consumidores contado” versus la menor demanda de los “consumidores financiado” si los precios ajustan de acuerdo a la cantidad relativa de los mismos en la población y dejando el margen de ganancia de los vendedores constante.

Lo que se observó fue una caída más grande en las ventas financiadas que el incremento en las compras contado. ¿Por qué? Una posible explicación se basa en sesgos del comportamiento. Si un consumidor financiado tomaba el precio como reflejando el valor real del producto su demanda reflejaba no solamente el subsidio cruzado sino también un efecto psicológico de ganar cuotas sin interés. Hoy en día este consumidor para comprar debe superar la pérdida psicológica de aceptar pagar por lo que antes le daban “gratis”. Espero que uno de los cronistas habituales de la economía del comportamiento (e.g. Sebastián Campanario o Martín Tetaz) presente una mejor explicación en los próximos días.

El gobierno, que debe de estar monitoreando las ventas en tiempo real, estuvo rápido de reflejos y antes la caída en las ventas en el agregado los bancos Nación, Provincia y Ciudad recientemente empezaron a ofrecer 50 cuotas al 19% anual. 

La iniciativa busca atemperar el fuerte incremento que los precios financiados mostraron en la última semana, es decir, desde que el Gobierno obligó a los comercios a diferenciar precios entre pago al contado y en cuotas. Y, al ser complementada con una simplificación de los requisitos para obtener las tarjetas de crédito, busca inducir a la banca privada a que se pliegue para evitar la retracción que se había comenzado a notar en las ventas financiadas desde la puesta en marcha del programa denominado “precios transparentes”.

Esto encendió un par de luces amarillas. Si la caída en la demanda agregada refleja sesgos en el comportamiento de los consumidores financiados, otorgar crédito con 50 cuotas muy probablemente resulte en una fracción importante de la población sobre-endeudada dentro de, digamos, 49 meses. Por otro lado, aun y confiando en que el Banco Central lleve la inflación a un dígito para 2019, la tasa de interés anual del 19% implica un subsidio sobre el costo real del financiamiento. Esto se cae de maduro si notamos que hace pocos meses el gobierno se endeudó a cinco años a una tasa del 17%. Si el gobierno solamente sigue esta política de subsidiar las compras con tarjeta de crédito por unos años no me parece mal, pero recordemos que todos los días el ministro del relato fiscal, Nicolás Dujovne, nos quiere convencer que el déficit va a bajar.

Ahora, ¿cuál fue el efecto del programa en el nivel agregado de precios? Si el programa hubiera tenido el impacto inicial teórico de aumentar la demanda agregada deberían aumentar los precios en promedio (con la ponderación según porcentaje poblacional de cada tipo de consumidor). Si por diversos motivos el consumo agregado cayó, los precios deberían reflejarlo. Según la consultora Elypsis hubo rebajas de entre 5,8% y 8% en algunos precios al contado. La nota no dice si la consultora registró aumentos en los precios financiados (aunque determinar el aumento porcentual es complicado pues no sirve sumar las cuotas).

Nuevamente podemos recurrir a Inflación Verdadera que tiene mediciones diarias de una canasta de precios al consumidor (con la salvedad que no sabemos si discriminan precios contado y financiado, ni si se ponderan por las cantidades de consumo respectivas). Tomando el indicador para el 3 de Febrero y para el 31 de enero vemos que la caída en el índice de precios fue de 0,2%, o sea un 10% de la inflación mensual antes reportada. Si bien creo que estadísticamente indica un efecto nulo, era lo que se esperaba para una (muy leve) caída en el consumo agregado.


Trump y los robots chinos

08/02/2017

A fin de año escribí un post sobre las perspectivas económicas de la administración Trump. Terminaba especulando que aunque una reforma tributaria (hoy en día se habla de un combo de reducción del impuesto a los ingresos para las empresas y un “impuesto” al déficit comercial) llegara a incentivar un aumento en la producción manufacturera en los EEUU esto no iba a repercutir en mayor empleo porque las nuevas tecnologías son intensivas en robots.

Hace pocos días, leyendo la edición enero/febrero del MIT Technology Review me dí cuenta que no fui el primero en llegar a esta conclusión. Mark Muro, investigador de Brookings, hizo un argumento similar un mes antes:

It bears noting that the nature of the new manufacturing growth may only be deepening the political problem of manufacturing. Trump promises to “bring back” millions of manufacturing jobs for dispossessed workers by modifying the terms of trade: by renegotiating NAFTA, rejecting the Trans-Pacific Partnership, and slapping China with tariffs. But the fact that the U.S. manufacturing sector has been succeeding by many measures in recent years makes Trump’s promises seem like false dreams.

In fact, the total inflation-adjusted output of the U.S. manufacturing sector is now higher than it has ever been. That’s true even as the sector’s employment is growing only slowly, and remains near the lowest it’s been. These diverging lines—which reflect improved productivity—highlight a huge problem with Trump’s promises to help workers by reshoring millions of manufacturing jobs. America is already producing a lot. And in any event, the return of more manufacturing won’t bring back many jobs, because the labor is increasingly being done by robots.

Para añadir leña al fuego, hace una semana


Los costos laborales

31/01/2017

Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado, el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la mitad

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el país en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al envejecimiento poblacional tienen las características de una bomba atómica de tiempo. Y en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-financiera de casi todo emprendimiento en blanco. 

Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015) no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y quedará un agujero negro en las cuentas fiscales. 

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como políticamente, de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.

En este párrafo vemos, implícitamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del gobierno. El gobierno obviamente querría lo opuesto (aunque no lo diga públicamente, por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

“Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico”, opina Campos. Y explica: “La informalidad laboral es parte de una economía no registrada”. Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la informalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta informalidad sería eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos. 

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un “almuerzo gratis” por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones en cinco puntos. 

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la “competencia” de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingresos. Y lo hacen porque percibirían que lo que ganan en cantidad de aportantes más que compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de impuestos del gobierno pasan al lado “bueno” de sus curvas de Laffer. 

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años 🙂


Ideología y política migratoria

25/01/2017

Hace dos semanas escribí un post inspirado en la propuesta (hoy por hoy trunca) del gobierno de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Dicha propuesta fue una de las respuestas a la indignación que causó el asesinato de Brian Aguinaco por dos motochorros. En dicho post corrí al gobierno por derecha con la propuesta de eliminar las prestaciones sociales que reciben los familiares de menores que delinquen. 

Me alegra ver que por fin el gobierno muestra cierta simpatía por políticas de derecha, ya sea porque crea en ellas o porque sus encuestas muestren que no son tan piantavotos. Pocos días después que el presunto asesino de Brian fuera encontrado inimputable y enviado a Perú a reecontrarse con su familia, el gobierno le canceló la residencia permanente a su madre, Adriana González Cuadrado, originaria de Perú y que se encontraba al momento de la decisión de Migraciones con arresto domiciliario por una causa de narcotráfico. 

Ni los kirchneristas salieron a defender a González Cuadrado con lo cual el gobierno se anotició que en el tema migratorio tenía margen para modificar la política de fronteras porosas existente. Así es como el gobierno ahora analiza imponer restricciones en los trámites migratorios.

Dentro de las medidas estudiadas está acortar a dos meses el plazo para expulsar del país a aquellos extranjeros que cometan delitos serios (que superen los tres años de pena efectiva) y eliminar la automaticidad con que un residente temporario accede a la ciudadanía. Hoy en día la expulsión puede llevar hasta ocho años, y un bache legal permite que un turista acceda eventualmente a la ciudadanía sin tener residencia legal en el medio. 

Es importante notar que regular la inmigración impidiendo el ingreso de extranjeros con antecedentes penales en sus países de origen, o expulsar a quienes vinieron a la Argentina a delinquir, no viola el principio constitucional de ser un país abierto a los inmigrantes. Es simplemente diferenciar ser bueno de ser buenudo. 


Inflación de 2016: 33,5%

17/01/2017

Según Inflación Verdadera, la inflación de 2016 fue de 33,5%. Recordemos que por la metodología de este sitio no se computan tarifas, y que hace un año noté que iba a haber dos inflaciones, la del IPC que incluye tarifas, y la “núcleo” que no las incluye. En mi pronóstico para la economía local estimé a la segunda en 29%, con lo cual me quedé corto en un poco más de cuatro puntos.

Lo preocupante es que la inflación núcleo registrada por Inflación Verdadera en el segundo semestre fue, en términos anualizados, del 22,7%, sin una marcada trayectoria descendente. Y el Banco Central no parece hoy más preocupado que durante los últimos seis meses por la inflación. Por ende me parece que va a ser muy improbable que logre que la inflación de 2017 sea del 17% o menos (su meta es que esté entre el 12 y el 17%). 

Tomando en consideración que llegar a las elecciones de octubre con baja inflación probablemente sea una de las pocas banderas que el gobierno podrá mostrarle a los votantes en términos económicos, estimo que el incumplimiento será bajo y que la inflación de 2017 será del 19% (+/- dos puntos).

EXPOST: Hoy se publicaron los índices del Indec, el mayorista para el año pasado fue 34,5% y el de la construcción para el GBA 32,3%. Estmaciones consistentes con la de Inflación Verdadera.


Ideología y política social

09/01/2017

Hace un mes escribí un post resumiendo el primer año de gobierno de Macri. En el mismo digo que una de las razones por las cuales no espero grandes cambios en las políticas a implementar en el resto de su mandato es:

Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

La semana pasada escribí un tweet un tanto derechoso comentando el globo de ensayo del gobierno de bajar la edad de impuntabilidad de 16 a 14 años

El impacto que tuvo este tweet con más de 500 retweets y “me gusta” fue diez veces mayor al segundo más popular que haya escrito. Eso me hizo pensar que había tocado un nervio sensible. Y uno al que el gobierno debería prestar atención antes que aparezca un nuevo actor político que lo corra por derecha.

Es sabido que la oposición critica a Macri diciendo que gobierna “para los ricos”. En realidad el gobierno sesga sus políticas hacia quienes tienen poder, no riqueza per se. Gobierna para las provincias que, o controlan el Senado, o son gobernadas por dirigentes de Cambiemos. Gobierna para los dirigentes sociales que le pueden copar la calle (en la Ciudad, Rodríguez Larreta pareciera maldecir el controlar la policía y no poder culpar a Otro por el desmadre).

Los funcionarios progresistas que mencionaba en el anterior post arriba citado se apalancan en este discurso opositor para justificar su forma de ver la realidad y mantener el gasto social a niveles muy altos.

Pero el gobierno puede tomar medidas que sin bajar el gasto social le den un guiño a sus votantes de centro derecha (esos a quienes les gustó tanto mi tweet, y que si existiera una Ucedé moderna la votarían antes que a Cambiemos). La AUH es un beneficio que tiene condicionalidades en la medida que los padres deben cumplir requisitos de salud y educación. Por qué no agregar como condición que los chicos no delinquen? La gran mayoría no lo hace y habrá pocos casos de familias que pierdan sus beneficios por este motivo. Pero el anuncio satisfará a quienes son menos progresistas que el promedio.

Hablando de la AUH, otra posible idea de “derecha” (léase pensada con criterio de eficiencia) es graduarla por el orden de nacimiento de los hijos. Por ejemplo, supongamos que hoy en día una familia puede cobrar $100 por hijo hasta cinco hijos. Propongo que por el primero cobre $160, por el segundo $110, por el tercero $80, por el cuarto $60 y por el quinto $40. Los números son ilustrativos y deberían calcularse para que el Estado gaste lo mismo que lo que gasta hoy en día (decir que gaste menos es ajustar, vade retro satanás).

Por qué sería mejor esto? De base hay costos fijos de tener hijos por lo cual es razonable una prestación que sea decreciente en el número de hijos. Además, por un lado se corrigen los posibles incentivos que la prestación pueda tener en la fecundidad. Por otro lado se genera una transferencia de recursos de regiones con costo de vida relativamente bajo a regiones con costo de vida relativamente alto. Sin tener datos duros a mano me parece que hay mayor número de familias pobres con cinco o más hijos en el NOA o NEA que en la región pampeana. Y la canasta básica es más barata en el NOA que en la región pampeana (o patagónica). Con lo cual esta medida mejora la asignación de los recursos. 

Por supuesto que el lector progresista se rasgará las vestiduras y me insultará por ponerle un “precio” diferencial a cada niño y que eso viola sus derechos, y bla bla. Lo siento, yo no soy (tan) progresista y no puedo dejar de pensar en la ganancia de eficiencia de la propuesta, su atractivo para el votante de derecha huérfano de representación, y el hecho que Cambiemos gobierna en la región pampeana y la oposición peronista en las provincias más pobres. Igual dudo que el gobierno pueda/quiera/sepa como administrar la política social bajo otra ideología que no sea la progre populista. 


Perspectivas económicas de Trump

27/12/2016

Ayer se fue Prat Gay del gobierno y fue reemplazado por Luis Caputo y Nicolás Dujovne. No me parece que fragmentar el ministerio de Economía sea parte de la solución, y no creo que Prat Gay fuera (todo) el problema. Pero hoy no voy a hablar de la Argentina sino de Estados Unidos.

La designación de Rex Tillerson y otros funcionarios clave (Wilbur Ross en comercio y Peter Navarro como consejero de comercio) anuncian que Donald Trump orientará su administración fronteras adentro. Esto no quiere decir que va a cerrar la economía y “vivir con lo nuestro”, como algunos fanáticos del proteccionismo argentino deliran. Lo que quiere decir es que la globalización, que de facto estaba golpeada como se desprende de la pérdida de dinamismo del volumen de comercio en los últimos dos años, queda en el freezer.

La decisión de Trump de abandonar el acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica (TPP) marca de jure este golpe a la globalización, y significó la muerte de este acuerdo. Es interesante que al mismo tiempo que toma esta decisión, Trump sale con los tapones de punta contra China. La muerte del TPP deja a este país, que empuja su propio acuerdo comercial regional, con el monopolio geopolítico de Asia.

Para el mundo el freno de la globalización genera desafíos importantes. Para la Argentina no. En efecto nuestro país está tan cerrado que su apertura potencial no se ve casi afectada. Y su apertura políticamente factible está intacta. De hecho la Argentina se beneficia ya que terceros mercados que renieguen del proteccionismo nos verán con mejores ojos y tendrán más disponibilidad para negociar con nosotros. Bien leído, el proteccionismo de Trump mejora la carta negociadora del país con los mercados realistas (léase no EEUU ni EU que se cierran por Trump y Brexit).

En otro orden, se espera una política fiscal expansiva que obre a través de una reducción de impuestos (se especuló con un boom de inversiones en infraestructura pero esa idea, coherente con el pasado empresarial de Trump, hoy tiene pocos amigos en el Congreso). Esto aumentará la demanda agregada, impondrá presiones a la Reserva Federal a subir más rápidamente las tasas de interés, y apreciará el dólar. La suba de tasas de interés en términos reales será baja pues responde a expectativas de mayor inflación. La regla de Taylor nos dice que la tasa real subirá, ya que una política monetaria activa sube la tasa nominal más que lo que suben las expectativas de inflación. Pero como ya dije antes, el efecto para Argentina será leve. 

De hecho, la apreciación del dólar debiera ayudar a la Argentina, si es que logra perder el miedo a flotar, léase a que los productores locales super protegidos remarquen los precios con la cotización del dólar. En efecto, la apreciación del dólar equivale a la depreciación del peso y la ganancia legítima de competitividad. Cuando el dólar se apreció fuertemente a finales de los noventa, la Argentina (y la mayoría de los países de Latinoamérica) no se benefició porque tenía tipo de cambio fijo con lo cual el peso se apreció a la par del dólar respecto del resto del mundo. El problema es que no estamos en condiciones de flotar libremente ya que no tenemos credibilidad (monetaria, fiscal, estabilidad de normas, etc.). 

Finalmente, para lograr cumplir con la promesa “make America great again”, se especula con una reforma tributaria que le dé a empresarios norteamericanos incentivos a repatriar beneficios que consiguieron en el extranjero y mantienen en esas filiales. El objetivo de Trump es transformar ese capital en inversión productiva manufacturera en EEUU. Y que de esa manera su base de votantes blancos poco calificados logren un aumento salarial que los ayude a recuperar el terreno perdido durante los últimos 30 años (o recuperen su empleo si lo perdieron contra la competencia china).

Lo primero es muy probable. Lo segundo no. Si multinacionales que trasladaron su producción (toda o en parte) al extranjero deciden revertir esta decisión por incentivos fiscales lo más probable es que adopten nuevas tecnologías de producción intensivas en robots. De esta manera mientras que hace 30 años la compañía X empleaba a 1000 operarios que despidió para producir en Asia, si decide volver a los EEUU solamente contratará 10 o 20. Por supuesto que esto no se va a notar en el corto plazo y si lo único que se ve en los próximos dos años son los anuncios de repatriación de capitales, a los republicanos les puede llegar a ir muy bien en las elecciones de medio término, aunque estén hundiendo al país a más largo plazo. La situación opuesta a la enfrentada por el oficialismo en Argentina. 


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