La dura derrota del gobierno

10/05/2016

Hace dos semanas escibí un post sobre las iniciativas que la oposición estaba presentando en el Congreso para prohibir despidos. También analicé otras iniciativas, del gobierno y del massismo, para fomentar el empleo. En estas dos semanas, el gobierno se ha mostrado muy por detrás de los acontecimientos al punto que algunos medios analizaron la media sanción de uno de los proyectos que prohibe despidos, el del Senado, como una derrota para Macri.

Para evitar otra derrota, se intentaron varias alternativas (no necesariamente excluyentes). Por un lado se buscó consensuar un proyecto en Diputados que introduzca beneficios fiscales para las PyMEs, y que al modificar el proyecto aprobado por el Senado dilate la discusión hasta que, en un futuro con mejores condiciones económicas, se vuelva irrelevante.

Con el objetivo de neutralizar el proyecto de ley que prohibe los despidos, enviar una señal al bloque de diputados massistas y comenzar a desarmar el discurso que repite que Mauricio Macri gobierna sólo para los más ricos, el Gobierno lanzará la semana que viene un paquete de medidas para impulsar la actividad y el empleo en las pequeñas y medianas empresas.

Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales y una del sector privado con acceso al borrador que circula en los despachos oficiales. De acuerdo con lo trascendido, se otorgarían diferentes beneficios fiscales, líneas de financiamiento a tasas preferenciales y se anunciaría además la facilitación de varios procesos burocráticos para estas empresas. En principio no está pensada ninguna medida que pretenda paliar los aumentos de costos derivados de las subas de tarifas de electricidad, agua y gas, o de la entrada de más productos importados en medio de una significativa caída de la demanda interna.

Hay que ver qué beneficios fiscales se otorgan, ya que una cosa son beneficios a la contratación, o formalización, de nuevos trabajadores como en el proyecto original del gobierno, y otra es otorgar beneficios que no estén asociados a la creación de nuevo empleo (llama la antención en la nota de Francisco Jueguen arriba citada, el énfasis en no tomar medidas para compensar aumentos de costos, veremos).

Otra de las iniciativas del gobierno, un tanto risible, es el llamado a los empresarios a no despedir trabajadores por 90 días. En tiempo récord, la oposición en el Congreso respondió con la insistencia en el llamado a una sesión para tratar el proyecto aprobado por el Senado.

“Una vez más, el país asiste a un acuerdo entre el Gobierno y las empresas para evitar despidos cuando en el Parlamento avanza un proyecto para darles estabilidad a los trabajadores con fuerza de ley”, criticó José Luis Gioja, del Frente para la Victoria (FPV). “El anuncio del Presidente peca en el mejor de los casos de voluntarista. Con voluntarismo no se resuelve ni la inflación ni el miedo de la gente a perder su trabajo”, dijo Facundo Moyano, del Frente Renovador.

Las críticas se multiplicaron en todos los sectores de la oposición. “Estamos esperanzados en que podremos salir de esta coyuntura compleja, pero mientras tanto los sectores más vulnerables deben tener la seguridad y el resguardo que sólo una ley puede ofrecer”, coincidió Diego Bossio, del Bloque Justicialista. “Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad del siglo XXI, ¿por qué no una ley en vez de un pedido por favor y un compromiso?”, se sumó Alicia Ciciliani, del Frente Amplio Progresista (FAP).

Llama la atención que el actual oficialismo criticara en el pasado el “voluntarismo” de varias medidas económicas del kirchnerismo, y ahora le sirve en bandeja ese adjetivo para sus propias políticas.

¿Qué pasa si el Congreso aprueba una ley antidespidos? Nada. Macri la veta. Pero el gobierno se sabe débil, y por ende siente que tener que vetar una ley a tan sólo 150 días de tomar el poder es revelar su debilidad. Y aquí es donde está la verdadera, y dura, derrota del gobierno. En no haber sabido explicarle a la gente que el proyecto de la oposición es oportunista y voluntarista (como dije arriba, hicieron lo contrario). Que quienes hoy se rasgan las vestiduras para prohibir despidos, Héctor Recalde a la cabeza, hace dos años decían que “hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.

El gobierno no sabe comunicar. Es imperativo que, valga la redundancia, alguien se los comunique.

EXPOST: Hoy Joaquín Morales Solá escribió una nota con conceptos similares, y el esbozo de un “relato”: no existe término medio para el peronismo entre modernizarse o ser K. Espero funcionarios clave del gobierno la lean

En esa contradicción entre estrategia y realidad, Macri corre a los peronistas moderadores avisándoles que la línea del medio no existe. O se está con Cristina Kirchner o se está con un proyecto moderno y democrático. En otras palabras: o el peronismo se redefine de manera clara e inconfundible o deberá compartir la carga del pasado…

Macri está decidido a vetar la ley de la doble indemnización. Esa ley no existirá como tal. Cuatro de las cinco centrales obreras que hay se comprometieron a llamar a un paro general si Macri hiciera uso de su derecho de veto. ¿El primer paro general a un presidente no peronista cinco o seis meses después de haber asumido? ¿Sólo, además, para resolver una sensación, una impresión como tantas otras? Parece demasiado; expondría obscenamente la condición ingobernable del peronismo cuando éste está en la oposición. El peronismo moderado asegura que bien leído el texto del Senado no significa nada: ni resuelve el problema ni lo complica aún más. Pero también para Macri es ya una cuestión en la que se dirime la victoria o la derrota. Su gobierno dejó crecer innecesariamente el conflicto. Ahora tiene márgenes escasos, casi inexistentes, para resolverlo sin vencedores ni vencidos.


Una bala de plata

04/05/2016

Según la leyenda, para matar a ciertos monstruos se requiere una bala de plata. Lo que aplica tanto para vampiros, hombres lobos, o Donald Trump, nos sirve como metáfora para la inflación argentina actual.

Según el sitio Inflación Verdadera, luego de procesar el pass-through de la devaluación de diciembre y tocar un máximo de 5,9% mensual a principios de febrero, la inflación se desaceleró fuertemente hasta llegar a 2,3% a fines de marzo. Si bien estos números no capturan el efecto de tarifas en el GBA, sirven para formarse una idea de la inercia inflacionaria en la llamada inflación núcleo. Y muestran que en el último mes aumentó ligeramente hasta 2,5%. Y esto sin contar con el último aumento en los combustibles.

Ahora bien, ¿por qué aumentaron otra vez los combustibles? Al respecto escribió un Domingo Cavallo en su blog

¿Qué es lo que explica [la diferencia de precios entre EEUU y Argentina]? Sin duda debe haber muchos factores, pero el principal es el precio que el gobierno aceptó que las destilerías paguen a los productores de petróleo por el crudo: 70 dólares. En el mercado internacional está en 45 dólares. Es decir, los petroleros reciben en Argentina un 56 % más…

Argumentar que es necesario pagarle a los petroleros un 56 % más por lo que producen para evitar despidos en ese sector y no perjudicar a las provincias que cobran regalías hidrocarburíferas, no parece muy equilibrado teniendo en cuenta que, hoy por hoy, son mucho más importante que los petroleros los miles de productores de bienes y servicios que no pueden mantener los planteles de personal porque el mercado deprimido o el gobierno (en el caso de las actividades reguladas) no les permiten cobrar precios que cubran sus costos…

Que los precios internos estén alineados a los internacionales, en especial parar los insumos de uso difundido de la economía, es fundamental si se quiere luchar contra la inflación con un mercado de cambio flotante…

Las reglas se pueden cambiar cuando el cambio favorece a la mayoría de la gente y, si las nuevas reglas se explican bien, es posible que logren mantenerse en el tiempo. Pero es muy difícil cambiar las reglas cuando el efecto inicial es perjudicial para la mayoría de la gente. Se lo está viendo con la nueva política de tarifas, un cambio inevitable para avanzar hacia el equilibrio fiscal y para asegurar el uso racional de la energía y los transportes. Como el efecto inicial es perjudicial para la gente, está generando mucha oposición.

Es una lástima que no se aproveche el bajo precio del petróleo en el mundo para facilitar todos los cambios de precios relativos que la economía necesita y no sólo los que le encarecen el costo de la vida a la gente.

Con respecto a los subsidios a las petroleras, hace unos meses escribí un post respecto de subsidios explícitos a productores de Chubut. Coincido con Cavallo, que en un momento en que gran parte de la población sufre un ajuste por la reducción de subsidios al consumo, tendría sentido reducir el subsidio a los petroleros. Y esto se podría lograr con un cambio razonable en las reglas.

Por ejemplo poner un precio sostén para el barril de 55 USD en lugar de los 70 actuales, y un precio techo de 90 USD de forma tal que si en el futuro en el resto del mundo el petróleo se va por encima de este techo en Argentina se modere la suba. ¿Por qué no liberar el mercado? Porque como Cavallo también menciona en su nota, si el petróleo sube mucho habrá presiones para contener esta suba. Y el precio sostén es la contracara del techo para, en promedio, no distorsionar al sector.

Volvamos a la bala de plata. O mejor dicho a la presunción que el gobierno enfrenta un monstruo macroeconómico. Ayer Alcadio Oña en Clarín escribió una interesante nota sobre la coyuntura económica (donde también se refirió al aumento en combustibles)

Pero a propósito del cuadro completo, cuesta entender por qué el Gobierno sumó otro aumento al precio de los combustibles, que contrarió opiniones surgidas desde su propio ámbito, pega sobre los costos de producción y, al cabo, mete ruido sobre otros precios. Nuevamente, el problema del reparto de las cargas…

Se sabe que salvo la financiera, que corre con viento a favor, la inversión privada aguardará hasta ver un horizonte menos difuso. O sea, el resultado de las paritarias; la marcha de la inflación y de la demanda; los aumentos tarifarios pendientes y el tipo de cambio…

Y si de eso se trata, lo que luce ausente es un plan integral que precise hacia adónde vamos y cómo iremos. Porque puede pasar o probablemente ya esté pasando que las expectativas generadas por el macrismo empiecen a aflojar.

Oña pone el dedo en la llaga al recordarnos que a pesar que llevamos 150 días de gobierno, y a diez días de pagar a los holdouts, todavía no vemos un plan integral. Al contrario, lo que se ven son más señales de cortocircuito entre algunos miembros del gobierno, como el contrapunto respecto a la tasa de interés y la entrada (o no) de capitales entre Prat Gay y Federico Sturzenegger.

Creo que una posible bala de plata que se puede usar luego de liquidar los últimos contratos de futuro de dólar que Vanoli dejó de mochila es dejar que el peso se devalúe sensiblemente. Esto ayudaría a los sectores industriales y agroexportadores. Las presiones inflacionarias se pueden combatir reduciendo barreras arancelarias y para-arancelarias (que hasta ahora el gobierno dejó muy altas). Acompañando esto con una reducción del precio sostén del petróleo, como la sugerida arriba, permitiría no tener más aumentos en los combustibles por el resto del año. Y a los inversores que, como bien dice Oña, están a la expectativa, les daría señales fuertes de un horizonte más despejado.


Cepo a los despidos, política y economía

26/04/2016

La semana pasada escribí una nota sobre las malas señales que el gobierno daba a inversores externos. En este caso las malas señales son de la oposición, que ha comenzado a discutir en ambas cámaras del Congreso proyectos para aumentar temporariamente los costos de los despidos. Desde una perspectiva técnica estos proyectos revelan una ignorancia total sobre el funcionamiento de una economía moderna. Algunos de sus defensores creen fervientemente que viven en un mundo estático donde solamente hay una variable relevante: el costo del despido. En mi experiencia como docente universitario siempre he escuchado críticas de los alumnos a los supuestos irreales que hacemos en los modelos que enseñamos. Pero el “modelo” que tienen algunos legisladores en su cabeza se lleva el primer premio a la ilusión.

La incapacidad de nuestras élites para pensar lo que los economistas llamamos “efectos de equilibrio general” de las medidas de política es aterradora. Ya lo vimos con el control de cambios, a.k.a. cepo al dólar. Se pensó que bloqueando la salida de capitales se evitaba ajustar el tipo de cambio. No se previó que los capitales también iban a dejar de entrar. Los resultados los sabemos, igual se devaluó, se impusieron restricciones a las importaciones cada vez más estrictas, se intentó (en vano) atraer capitales con un blanqueo, etc. Terminamos en una estanflación de la cual el actual gobierno intenta salir.

Darse cuenta que prohibir los despidos, aunque sea solamente por unos meses, es una mala política para generar empleo sólo requiere que los legisladores tengan a mano un economista capaz como asesor. Esto le permitió a Sergio Massa diferenciarse del resto y proponer también una serie de medidas para estimular el empleo (sobre esta serie de medidas me explayaré más tarde en esta nota). Ahora bien, ¿por qué no sirve prohibir los despidos? Cuando una empresa contrata un empleado le exige un esfuerzo a cambio de una remuneración. El empleado trabaja sabiendo por un lado que al hacerlo cobra un salario, y por el otro que si la empresa lo detecta evitando esforzarse puede ser despedido. Aumentar los costos de despido obliga a las empresas a aumentar los sueldos de sus empleados para mantener el mismo nivel de esfuerzo (y por ende de producción). O sea que aumenta los costos laborales aún y si no hay despidos. Además, está el efecto conocido que mayores costos de despido reducen los incentivos de las empresas a contratar nuevos trabajadores (como el cepo al dólar, si cerramos la salida, desalentamos la entrada).

Si desde una perspectiva técnica los proyectos para prohibir despidos son contraproducentes, ¿por qué una mayoría en ambas cámaras podría facilmente transformar uno de ellos en ley? Por razones políticas. Para el kirchnerismo es obvio que cuánto peor le vaya al gobierno mejor para Cristina. Por eso se opuso al pago a los holdouts, y por eso apoya esta ley. En el caso del peronismo no kirchnerista hay oportunismo para sumarse a una iniciativa que en el papel parece ayudar al trabajador, y tratar de obtener concesiones del gobierno. Y en el caso de los peces gordos del sindicalismo hasta podría haber un mensaje para que el gobierno interceda por ellos ante Tribunales, ya que imagino que si se desatara un mani pulite en Argentina, Moyano y compañía estarían en primera fila (al respecto Carlos Pagni de La Nación nos podría refrescar sus viejas investigaciones sobre Hugo, no?).

Corriendo detrás de los acontecimientos, el gobierno anunció ayer un proyecto de ley para estimular el empleo formal de jóvenes de entre 18 y 24 años, y sin límite de edad para las provincias del Norte beneficiadas por el Plan Belgrano. El proyecto establece la reducción de los aportes patronales por tres años para empresas de menos de 200 trabajadores (el Estado se hace cargo de la diferencia).

Por otro lado, hay una mirada en la situación de las pymes. Hace unos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informó que enfrentan una presión fiscal inédita, además de las consecuencias de la alta inflación, la falta de crédito para la producción, el aumento de las tarifas y la retracción del consumo. El plan primer empleo, entonces, busca que, a través de la disminución de las contribuciones patronales, puedan aumentar su personal o formalizar el que ya tienen. Por eso, quienes tienen menos de 200 trabajadores gozan de un beneficio mayor que las empresas más grandes.

Por último, se incorporó como grupo vulnerable a las personas con discapacidad.

El programa, que tiene un año para llevarse adelante, mantiene los beneficios durante tres años, aunque gradualmente van disminuyendo. Después de los 36 meses se entra en el régimen convencional.

Es probable que el gobierno busque coordinar con el massismo ya que, como dije antes, este presentó un proyecto parecido que también contempa incentivos para la contratación de mayores de 50 años (además este plan es más costoso pues implica beneficios a las pymes por los trabajadores que ya tienen contratados, no sólo por los nuevos). Para analizar los posibles efectos de estas medidas de estímulo al empleo podemos usar un trabajo empírico de Ferrán Elías Moreno que usó una reducción de los impuestos a la seguridad social en España que tuvo lugar en 1997, y que benefició a los trabajadores menores de 30 años, y también a los mayores de 45 años.

Sus resultados muestran que la política aumenta el empleo para los menores de 30, sin que eso signifique que los mayores de 30 sufran sustitución 1-por-1 debido al aumento de menores de 30 (el bendito efecto de equilibrio general que nadie piensa). Por tanto, la bonificación a la contratación de menores de 30 aumentó el empleo. Por el contrario, para los mayores de 45 años la política no produce ningún efecto en empleo agregado. Para ambos márgenes etarios la política no resulta en un aumento salarial. Por tanto, el caso de la discontinuidad en 45 es una transferencia directa a los empresarios, no a los trabajadores.

Ferrán estima que la elasticidad de trabajo para trabajadores de 30 años es de, al menos, -0.62. Para los trabajadores de 45 años es de 0. Por qué son tan distintas? La evidencia muestra que el trabajador que está al margen entre empleo-desempleo en 30 y 45 años es muy distinto. Los de 45 que buscan trabajo son gente con menores calificaciones, más tiempo desempleados durante los últimos años, etc. Por tanto, la evidencia sugiere que las empresas no quieren arriesgar y contratar trabajadores de más de 45 que estén desempleados, pero que sí van a hacerlo cuando se trata de trabajadores jóvenes.

Finalmente notemos que el incentivo a la contratación sólo era para contratar de modo permanente, no temporal. También es muy importante que las bonificaciones para empresarios sólo aplicaban para nuevos contratos. Esto supone grandes ahorros para el gobierno y de hecho en España, para el caso de la discontinuidad alrededor de 30 años, resultó en un aumento en la recaudación.

No es aconsejable inferir que una política similar en la Argentina tendría los mismos resultados. Para empezar el grado de informalidad en nuestro país es mucho mayor que en España, con lo cual es probable que algunas empresas tengan incentivo a formalizar a empleados informales de avanzada edad (y por ende la política no sea tan inútil para mayores de edad). Pero la inferencia que, por motivos de información asimétrica, una reducción de los costos laborales tendrá un efecto mayor en el empleo cuanto más jóvenes son los beneficiarios, me parece que aplica. Esto implica que la propuesta del gobierno es mejor que la del massismo. Máxime si consideramos, como ya dije, que la última contempla beneficios para trabajadores ya empleados, o sea una transferencia del gobierno a las empresas, no a los trabajadores.

EXPOST: Gracias a las redes sociales descubrí esta nota publicada en Ámbito Financiero en enero de 2014. Contiene estas declaraciones de Héctor Recalde (también otras del ministro de Trabajo de Cristina, Carlos Tomada), las negritas son de la nota

El diputado nacional del Frente Para la Victoria Héctor Recalde rechazó la propuesta del diputado del Frente Renovador Sergio Massa de prohibir los despidos por 180 días y recordó que esa medida “nació cuando explotó la convertibilidad”.
“Es una repetición de lo que hizo (Eduardo) Duhalde después de la convertibilidad y que significó la licuación del poder adquisitivo. No hay ni punto de comparación con la situación actual”, afirmó el diputado nacional del FPV.
Finalmente, Recalde llamó a “apostar a la razonabilidad y a sostener el empleo” y advirtió que “hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.

EXPOST 2: El ministro Jorge Triaca usó la analogía del cepo para el proyecto de prohibir los despidos, y uno de sus subsecretarios, José Anchorena, publicó una nota el Domingo (8/5) en La Nación con el mismo concepto (aunque debiéramos de aclararle que la prohibición a los despidos no congela el mercado laboral, ya que por ejemplo las transiciones empleo a empleo no se ven afectadas, o solamente en forma muy marginal).


Uber, Monsanto, y el círculo (rojo) virtuoso

19/04/2016

La Argentina está a un pasito de salir del default. Y esta era una condición necesaria para el lanzamiento de un plan económico integral. Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de este plan, y existe consenso sobre un aspecto del mismo: el motor del crecimiento va a ser la inversión. Por obvias razones políticas también se están tomando medidas para que el consumo no caiga mucho (sea por caída del salario real como del nivel de empleo).

Al leer los medios hay que tener cuidado con la forma en que se presentan los hechos. Por ejemplo, la manifestación que apoyó la presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py, con la Cámpora haciendo de policía, ¿fue positiva para el gobierno de Macri porque le recuerda a la población el desastre K? ¿O fue negativa porque nos muestra la incapacidad del gobierno para controlar la calle? La realidad es que ambas lecturas coexisten y no son excluyentes. Por ahora. Porque como bien analiza Jorge Fontevecchia el domingo en Perfil, si el gobierno no encauza la economía permite la aparición de un nuevo relato K

Según [el economista] Dante Sica: “La inflación se va a terminar combatiendo con desempleo, el ingreso de las familias caerá, y más hogares van a atravesar la línea de pobreza”.

Un contexto económico así requeriría una dosis de optimismo muy grande en el futuro para contener o aplacar la conflictividad social. Que literalmente “lluevan dólares” y haya un boom de inversiones que, aunque no hubieran aún generado efectos de derrame, hicieran verosímil la llegada de un nuevo ciclo de crecimiento. Y es ahí donde nuevamente turbulencias políticas, derivadas o relacionadas con avances judiciales, podrían posponer inversiones dificultando el plan económico del Gobierno…

Hay una diferencia entre una narración y un relato: Macri tiene una narración pero el kirchnerismo tenía un relato porque era una narración que lograba transformar la realidad. La palabra de Cristina hoy, mientras no consiga torcer el rumbo de los acontecimientos, deja de ser relato para ser una narración más, entre varias. Pero si la economía se le fuera de las manos a Macri, otra vez se les produciría a los kirchneristas la posibilidad de construir un relato.

Fontevecchia ve a la incertidumbre política como un factor que pondría en peligro la llegada de inversiones, alargando la recesión y dinamitando el apoyo que el gobierno hoy tiene en las encuestas. En esta nota quiero hacer notar otro factor de riesgo: que el gobierno se contente con atraer inversiones de cabotaje de empresarios del círculo rojo y no logre seducir al capital extranjero que traería tecnología de punta junto con los dólares. El problema es que esto resultaría en una recuperación a velocidad lenta con un techo muy bajo para el ingreso per cápita. Y los medios no reflejan el hecho que no todas las inversiones son iguales.

La semana pasada el gobierno envió dos señales negativas a potenciales inversores extranjeros. Por un lado se atacó muy fuerte el desembarco de Uber en el país. Por el otro el ministerio de agricultura reguló el monitoreo que Monsanto hace sobre los embarques de soja para detectar si la misma se obtuvo con su tecnología y si el productor pagó las regalías correspondientes. Estamos ante dos ejemplos de avances tecnológicos que encuentran medios hostiles para desarrollarse. Pasemos a analizar ambos casos.

Uber compite con el servicio de taxis. Acá y en todas las ciudades del mundo donde presta, o intentó prestar, su servicio. De hecho Macri no es el primer presidente en meterse en la disputa entre Uber y las autoridades municipales de una ciudad. Ya lo hizo Francois Hollande en Francia el año pasado. Pero Hollande es un presidente socialista, Macri supuestamente es “desarrollista”. Es cierto que en parte el éxito de Uber radica en eludir regulaciones y leyes laborales lo que permite ofrecer un servicio de transporte a un precio competitivo. Pero también es cierto que ofrece un servicio complementario al taxi. Por ejemplo, al permitir la variación de los precios según la demanda se incentiva la oferta, y ¿quién no ha sufrido por no poder conseguir un taxi cuando llueve? No digo que el gobierno de la Ciudad no tenga razón en tratar de enmarcar el servicio dentro de una regulación razonable. Pero la respuesta del gobierno nacional parece ludismo puro (al menos calma a los ansiosos por la robotización). Y eso no atrae tecnología de punta.

Al respecto propongo una medida para calmar los ánimos de los taxistas. O al menos para que quede claro que sus protestas son para defender una renta. Que el gobierno de la Ciudad se comprometa a recomprar las licencias de todos los taxis que decidan dar de baja su servicio debido a la competencia de Uber (pagando el máximo entre el precio de mercado y un precio sostén). Esto le reduce la incertidumbre a los taxistas respecto a la rentabilidad de su negocio. Si invierten hoy en una licencia y dentro de un año descubren que Uber copó el mercado, saben que la pérdida de capital si el precio de la licencia se desploma está acotada por el precio sostén. Una idea similar se discutió en Australia a fines del año pasado.

Monsanto es líder mundial en ingeniería genética de semillas. El país se benefició ampliamente con la soja Roundup Ready que permitió un boom en la productividad desde hace aproximadamente 20 años. Ahora Monsanto desarrolló una nueva semilla, la Intacta RR2 Pro. Y para asegurarse el cobro de las regalías en los contratos se implementó un sistema por el cual los productores se ven obligados a firmar una cláusula en los contratos de granos donde aceptan que se realice un test sobre su soja a fin de determinar si fue producto del uso de la semilla Intacta. Si el productor usó la tecnología y no la pagó, en el puerto Monsanto aplica un descuento directo sobre el grano. La regulación reciente del ministerio de agricultura se mete en este contracto entre privados. De nuevo, no digo que no haya que regular, en especial cuando la relación es asimétrica entre un monopolista y un conjunto de “pequeños” productores. El problema es cómo hacerlo.

Al respecto propongo que la regulación se limite a asegurar un doble muestreo de las semillas, enviándose a un ente dependiente del ministerio (el INTA?) una de las muestras. Si Monsanto dice que un productor usó su tecnología sin pagar, el productor puede decir que no es cierto y exigir al ministerio la verificación correspondiente. Si esta verificación confirma lo hallado por Monsanto el productor debe pagar una multa. En caso contrario será Monsanto el que pague una multa. De esta manera se asegura la fiscalización sin abusos y la intervención del ministerio es mínima (las muestras tomadas se descartan pasado un tiempo prudencial si no hay reclamos).

También el gobierno podría exigir que Monsanto cobre una fracción de sus regalías en forma proporcional al grano cosechado (y el resto con la venta de las semillas). Esto tiene un beneficio para todos los productores ya que comparten el riesgo de su negocio (pensemos en los campos inundados en Santa Fe). También implica una transferencia de recursos de los productores en la zona núcleo a los productores en zonas marginales, pues los primeros pagarán más por la tecnología que los segundos. Desde la perspectiva del país en conjunto esta sería una medida deseable ya que al reducirle el costo a los productores marginales se amplía el área sembrada en futuras campañas generando más trabajo y más ingresos por exportaciones.

Al mismo tiempo que el gobierno envió estas dos señales negativas a potenciales inversores externos, Macri ayer se reunió con empresarios nacionales y les pidió inversiones

El enojo de Macri con muchos empresarios, a quienes en la cena del Cippec acusó de “aprovechar la libertad para remarcar precios de manera descarada”, quedó en evidencia en el inicio de sus quince minutos de discurso.

“Acá hay gente que puso primera y otros que todavía están pensando. La manera que tienen ustedes de luchar es invirtiendo, y eso es lo que la Argentina necesita de ustedes”, dijo Macri…

La posibilidad de que ingresen inversiones extranjeras durante el segundo semestre fue tema de conversación durante toda la jornada. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, contó en un almuerzo de la Fundación Río de la Plata (FURP) que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fue receptor de inquietudes de inversores, que preguntan “si los empresarios argentinos invierten en el país”.

Consultado sobre el tema luego del encuentro con los empresarios , Cabrera dijo a LA NACION: “Hay inversiones latentes por US$ 20.000 millones que son empresas radicadas en el país, y que ya están decididos. Para las obras de infraestructura, en cambio, muchos esperan que el Estado o los locales inviertan para luego venir ellos”, afirmó.

Estimado Cabrera, si las señales que se envían a los extranjeros son incompatibles con el círculo virtuoso del crecimiento en base a inversión en tecnología que aumente la productividad, no se sorprenda si por largo rato se quedan esperando antes de venir a estas latitudes. Por lo menos hasta que el “desarrollismo” del gobierno deje de ser mercado interno rentístico.


Ingeniería financiera para salir del default

12/04/2016

Mañana va a tener lugar la audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Presentarán declaraciones los abogados del gobierno y de un grupo de holdouts. En este caso creo que aplica el apelativo “buitre” al menos para uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque en mi opinión la explicación más plausible para la fecha de esta audiencia, 24 horas antes del vencimiento del plazo para que la Argentina pague a estos, y otros, holdouts, es por el pedido explícito de los fondos para poner al país entre la espada y la pared. Veamos los hechos.

A fin de marzo el gobierno logró la sanción de la ley que permite el pago a los holdouts. La ley permite el pago solamente si la mencionada Cámara de Apelaciones norteamericana levante las medidas cautelares que le impiden al país desde hace casi dos años pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes en 2005 y 2010. La Cámara se esperaba que llamara a audiencia la semana pasada lo cual hubiera resultado en una salida sin sobresaltos del default, ya que el país estaría colocando los bonos necesarios para efectuar el pago estos días (ayer empezó el road show).

Desde el comienzo del debate legislativo se sabía que la ley iba a tener esta condicionalidad, así como se sabía el plazo del mediodía del 14 de abril para efectuar los pagos e impedir que los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y Bracebridge puedan optar por (o amenacen con) bajarse del acuerdo firmado. Por eso es curiosa la fecha elegida para la audiencia. Y sería muy imprudente por parte del gobierno pensar que estos fondos no tengan intenciones de usar su capacidad de dinamitar el acuerdo para conseguir mejores condiciones. Algunas declaraciones públicas y notas periodísticas consideran que “no hay que alarmarse”.

Para mí es todo lo contrario. La superposición de fechas indica el efecto del lobby de al menos uno de estos fondos. Si bien es cierto que el país podría cerrar los acuerdos con la mitad de los holdouts cuando se levante el stay, NML, Aurelius, Blue Angel y Bracebridge tienen la otra mitad y probablemente especulen que Argentina seguiría estando en default si el acuerdo con ellos se cae. O al menos que colocar deuda al país le cueste algunos puntos básicos más de tasa. Y eso les da márgen para pedir un poquito más (mostrando su costado buitre). De hecho ayer el ministro Prat Gay le envió una carta a la Cámara de Apelaciones pidiendo una “rápida resolución”, y donde expresa cierto temor ante el accionar de estos fondos

“Estamos comprometidos a cumplir con nuestras obligaciones acordadas que hemos aceptado hasta la fecha, que ahora suman más de 8000 millones de dólares”, indicó Prat-Gay. “No hay más que nosotros, como país de más de 40 millones de personas, podemos hacer para cumplir a menos que tengamos certeza de esta Corte sobre el levantamiento de las medidas cautelares”, dice, y agrega que el grupo que lidera NML puede liquidar su acuerdo si no recibe el dinero el 14. “Nuestra colocación está preparada y lista para salir, globalmente, pero no puede ocurrir sin claridad rápida por parte de esta Corte”.

Por eso creo que el gobierno debería pensar una ingeniería para pagarle en segundos a estos fondos, aún y cuando el levantamiento de las cautelares impida la venta formal de la nueva deuda antes del mediodía del jueves. Hay varias posibilidades. Una es usar reservas, opción convenientemente negada hasta la fecha para no generar presiones sobre el dólar en los mercados (si se sabe que por unos días el BCRA estará literalmente sin reservas puede haber una corrida hoy). Otra es acordar una línea de crédito con la Reserva Federal o bancos de inversión norteamericanos para conseguir los fondos necesarios usando los títulos nuevos a emitir como colateral (una especie de repo). Una tercera sería usar un mercado “when issued” para comecializar los nuevos títulos antes que se emitan. Esta es una práctica muy común en las subastas de Treasury bills en los EEUU. Los nuevos bonos a emitir comienzan a ser vendidos con contratos que se resuelven el día que se emiten los bonos.

Las finanzas ofrecen múltiples posibilidades técnicas para ambas partes. Así como los buitres esperan beneficiarse logrando que el país no pueda físicamente pagar antes del mediodía del 14 de abril, Argentina tiene a su disposición herramientas para conseguir los fondos necesarios a segundos de conseguir el levantamiento de las cautelares. Solamente se requiere no dormirse y planificar hoy (o mejor, haberlo pensado antes). En breve veremos cómo se resuelve este escollo.


El gradualismo empinado y Panamá

05/04/2016

Estoy en Suiza dando clases y había preparado una entrada sobre el “tarifazo” antes del escándalo de los Panamá Papers. Supongo que el gobierno preferiría que los medios siguieran publicando notas sobre el impacto en el bolsillo de la gente de la rebaja de subsidios en lugar de reproducir los pedidos de explicaciones de la oposición (acá unas recientes del jefe de gabinete, Marcos Peña). Según el presidente Macri:

“Es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director”, fue la primera reacción de Macri. El Presidente justificó la creación de esa empresa para la expansión del holding familiar, que pretendía extender la compañía Pago Fácil al país vecino.

Le voy a dar el gusto al gobierno y publicar lo que había escrito sobre el ajuste. Sólo dejo una pregunta que creo se le debiera hacer a Macri (y su familia): por qué crearon una firma off-shore en un paraíso fiscal para hacer dicha inversión? Cuál era la ventaja? Saber las razones seguramente ayudará a entender si realmente “no hay nada que ocultar”.

El gobierno de Macri no se tomó más de dos días después de obtener la sanción de la ley de pago a los holdouts para hacer más empinada la curva del ajuste gradual. En sucesión rápida, se anunciaron los aumentos del gas, agua, y transporte. Es cierto que los porcentuales son engañosos pues 500% cuando la base es casi cero puede ser poco en términos absolutos. Sin embargo, en incluyendo los anteriores aumentos en la energía, estamos ante una reducción de subsidios por aproximadamente 2% del PBI, lo que no es poco (más o menos equivale a un 3% para el consumo, mucho más para los hogares de clase media baja que no acceden a las tarifas sociales). Analicemos algunos aspectos del ajuste.

Por qué ahora?

En los primeros meses del gobierno se insistió que no había que tomar malas medidas al comienzo, negando la máxima de Maquiavelo, pues había que “construir poder”. También es vox populi que coexisten dentro del gobierno un sector político más gradualista, y un ala técnica más PRO shock. Los anuncios de los últimos días parecieran indicar un compromiso entre ambos. Los gradualistas se habrían convencido que de no acelerar el necesario ajuste, hubiera implicado emitir deuda a altas tasas de interés. Un costo innecesario si a los pocos meses de todas formas se aumentaban las tarifas. Además el beneficio de la rebaja de tasa de interés es por partida doble: por un lado está la deuda que será necesario emitir para cerrar las cuentas fiscales con menos impuesto inflacionario (que es endógena pues si aumentan las tarifas es necesario emitir menos deuda), y por el otro está la deuda que hay que emitir en pocos días para pagar a los holdouts, unos 12.500 millones de dólares. Otro costo del gradualismo suave es que requiere mantener las tasas de interés domésticas altas por más tiempo pues cuanto más laxa es la política fiscal más contractiva debe ser la política monetaria para alcanzar un determinado objetivo de inflación.

Impacto en el consumo y la demanda agregada

A groso modo un aumento en las tarifas por el 2% del producto equivale, si todo el ajuste recayera sobre el consumo residencial a una caída del 3% en el consumo. Ahora bien, parte del aumento recae en la industria, con lo cual afectará al consumo en forma indirecta. Este seguirá cayendo casi un 3%. Es esto mucho? En principio sí, pero no nos debemos olvidar que el ajuste es para reducir el impuesto inflacionario. Si el gobierno tiene éxito en reducir la inflación (el año que viene), entonces los consumidores tendrán un beneficio. Podríamos hacer una cuenta que mirara los costos presentes y los beneficios futuros pero me parece perder el tiempo. El argentino promedio ni siquiera toma en consideración que en breve tendrá un aumento de sueldo por las paritarias que reducirá el impacto real del ajuste (hoy parece más que el mencionado 3%).

Si el gobierno no tiene éxito en su estrategia de atraer inversiones, el impacto en la demanda agregada será fuerte y reducirá en cerca de un punto los pronósticos de crecimiento (en diciembre suponía que el gobierno iba a esperar hasta 2017 para eliminar los subsidios al transporte y que lo haría a cambio de presentar mejoras). Dado que todas las fichas están puestas en la inversión es más probable que se recurra a un blanqueo de capitales. Para ser exitoso tendrá que premiar la inversión productiva y no la especulativa. Veremos cómo se hace.

Peligros ocultos

El gobierno insiste en tratar de calmar los ánimos ante los aumentos con el anuncio de “tarifas sociales”. Creo que tiene que tener mucho cuidado, porque si un hogar que cobra la AUH tiene derecho a una tarifa social en el GBA porqué no lo habría de tener un hogar que cobra la AUH en Córdoba? Hasta el año pasado los subsidios a la energía eléctrica beneficiaban a todos los porteños pero a ningún cordobés. Si se dispara un reclamo para universalizar las tarifas sociales es probable que el gobierno termine con un nivel de subsidios similar al del año pasado (y recordemos que se habla de ampliar la cobertura de la AUH). Y con un tercio de la población percibiendo ingresos sin contraprestación y pagando servicios muy por debajo de sus costos. Una pésima combinación.

En resumen

El ajuste se sabía que era necesario desde el primer día. El ala política trató de postergarlo lo más posible, pero viendo los costos aceptó acercar su posición a la del ala técnica y acelerar el aumento de tarifas. Esto traerá costos en el consumo y el nivel de actividad a menos que haya un boom de inversiones. Y si el gobierno no modera la universalización de las “tarifas sociales” el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad.


Productividad, robots, y educación

28/03/2016

A fin del año pasado publiqué una nota con título “Basta de Frey y Osborne! (deseo para el 2016)”. No ha terminado marzo que dicho deseo no se cumplió. Ayer La Nación publicó no una, sino dos notas sobre el peligro que robots nos roben nuestros empleos. La base que motiva ambas notas, una de Sebastián Campanario, la otra de Eduardo Levy Yeyati, es un informe del Banco Mundial sobre los “dividendos digitales” que todavía no se materializaron, en particular en países en desarrollo.

Según dicho informe Argentina es el país de ingresos medios con mayor proporción de trabajos en riesgo de ser automatizados, i.e. sustituíbles por robots o por computadoras con software de “inteligencia artificial”. Según Levy Yeyati

En la Argentina, en un contexto de estancamiento, con motores de crecimiento histórico de baja demanda relativa de trabajo, y con una distancia creciente entre la formación de los estudiantes y las necesidades de nuestras empresas, la inevitable apertura tecnológica puede profundizar la caída de la participación laboral y la concentración de ingresos y riqueza. Entre otras razones, porque nuestra fuerza laboral es intensiva en calificaciones medias y está particularmente expuesta al reemplazo, como lo refleja nuestro primer puesto en el ranking del Banco Mundial que ordena a los países según el porcentaje de sus empleos que son reemplazables por la automatización.

Entonces, ¿priorizamos el empleo a expensas de la productividad o la productividad a expensas del empleo?

Y según Campanario

En el debate por el futuro del empleo hay un autor fetiche para los economistas: el estadounidense David Autor es, para el economista argentino y director del Cedlas Guillermo Cruces, “quien mejor viene estudiando esta área temática”. Autor defiende una hipótesis de “polarización del empleo”: los trabajos que más están cediendo a favor de la automatización son los “intermedios” en la distribución de habilidades. Esta es una de las explicaciones para que la Argentina ocupe el primer puesto en redundancia de empleo del Banco Mundial: nuestra estructura laboral está muy concentrada en el medio: proporcionalmente, alta incidencia de personas con secundario completo. En este segmento entra buena parte del empleo público, trabajo administrativo, telemarketing, bancario, de seguros, etcétera…

Para el economista del Cedlas, “si bien este escenario (el que describe el Banco Mundial) no es la antesala de una distopía de desempleo tecnológico masivo en la Argentina en el largo plazo, la evidencia presentada es un insumo clave para quienes piensan e implementan políticas de desarrollo y transformación productiva. Este insumo debería ayudarnos a identificar las áreas con mayor potencial de crecimiento, y a la vez, las áreas en que más bajas se producirán, para ayudar a reconvertir y compensar a los trabajadores desplazados.

En el post del año pasado notaba que la predicción de Frey y Osborne que un 47% de los empleos en EEUU estaban en riesgo no estaba correctamente fundada. Eso no quita que cualitativamente es correcto decir que hay ocupaciones que habrán de desaparecer. El progreso tecnológico se ha encargado de destruir, y generar, empleo desde siempre. Y la Argentina no es la excepción. Pero si insistimos en predicciones apocalítpticas lo único que vamos a lograr es que la dirigencia de nuestro país lo mantenga cerrado al progreso tecnológico, como hicieron los Kirchner durante 12 años (aunque el país estaba cerrado desde la crisis de 2001 por una combinación de fricciones financieras y cambiarias).

Los políticos que tienen algo de memoria recordarán que durante los noventa, cuando el país importó capitales y tecnología, el resultado fue un incremento del desempleo de aproximadamente el 6 al 18%. Un análisis más profundo determinará que el nivel de atraso tecnológico del país en 1991 era altísimo (más que hoy en día) y que el desempleo sobre el final de la convertibilidad era alto por factores cíclicos. Pero la realidad es que entre 4 y 6 puntos porcentuales del desempleo se debían a factores estructurales al encontrarse dichos trabajadores inservibles en la nueva “matriz productiva”. Puede hoy el país tomar medidas que eleven en el mediano plazo el desempleo en 3-4%? No. Pueden tomarse medidas que aumenten la productividad en el largo plazo sin afectar el empleo? Si.

La automatización o robotización depende de incentivos y restricciones. Consideremos la decisión de comprar una Ferrari. Si el potencial comprador debe pagar tres veces su valor en impuestos, o si solamente la puede usar en una ruta en muy mal estado, no habrá muchas personas interesadas. Lo mismo sucede con la decisión de incorporar tecnología. El Estado puede graduar su adopción mediante medidas de política. Por ejemplo, en el sector automotriz las empresas radicadas en el país ya trabajan con alta tecnología y este sería un caso en el cual una política de apertura tendría más ganancias que pérdidas. En el otro extremo la industria textil necesita tiempo e incentivos para pasar de un modelo mano de obra (esclava?) intensiva a uno que combine robótica con diseño.

Para poder lograr esta transición al desarrollo tecnológico de punta (que hoy en día sólo se encuentra en el sector agrícola) es fundamental educar a los futuros trabajadores. Como dice Campanario en la citada nota

El estudio del BM advierte que la respuesta de políticas públicas al dilema pasa por dar educación de mayor calidad y más ajustada a las necesidades, “en un ámbito donde las reformas tardan muchos años en dar frutos”. Tiempo, justamente, es lo que no sobra.

Antes de cambiar la educación, hay que lograr que los chicos vayan a la escuela. La AUH es una política social que requiere la escolaridad de los chicos para que las madres cobren el subsidio. Como ya he comentado hace unos años, en mi opinión el programa es perfectible. Por ejemplo la evaluación a fin de año para determinar si los chicos aprueban el curso (lo que determina el cobro del plus por escolaridad de la AUH, si recuerdo bien) debiera ser mediante un examen estandarizado a nivel provincial o Nacional. Esto lograría que los maestros en lugar de recibir presiones non sanctas para que alumnos sin calificaciones aprueben, recibirían las presiones naturales para hacer su trabajo.

En lugar de escuchar que el gobierno de Macri piensa medidas que perfeccionen la AUH, el propio Presidente anunció una expansión del programa que desvirtúa parte de sus objetivos. Según nota de ayer en La Nación

El Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley, aportó dos proyectos clave. El primero de ellos, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre la base de fondos asignados por el Banco Mundial, tiene como objetivo incluir al millón y medio de chicos que aún no reciben el beneficio instalado durante la gestión kirchnerista.

Con los fondos anunciados por el Presidente se irán a buscar a los menores excluidos del plan por falta de vacunas o asistencia a clases, requisitos para recibir la asignación.

Las mentes pensantes de Cambiemos, que las hay, qué esperan que pase con los beneficiarios corrientes de la AUH si indiscriminadamente se le empieza a otorgar el subsidio a cualquiera, sin pedir “asistencia a clases”? Lo mismo que pasa con quienes pagan impuestos y ven que Cristóbal López puede evadir $8000 millones como si nada. La (poca) disciplina se pierde y la AUH pasa a ser percibida como un derecho sin obligación.

Le pido a Levy Yeyati, que se estaría incorporando a la Jefatura de Gabinete en estos días, que dado que siente la respiración de un robot en la nuca, le explique a Carolina Stanley que no debiera desvirtuar la AUH, sino todo lo contrario, transformarla en la herramienta que permitirá a las futuras generaciones cobrar el mencionado dividendo digital.


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