Estabilizaciones recientes

03/02/2016

El gobierno de Mauricio Macri tiene por delante el desafío de estabilizar la economía. Por esto se entiende alinear las variables macroeconómicas más importantes para que su evolución en el futuro mediato dé el marco adecuado para que el sector privado tome decisiones con baja incertidumbre. Dado que el gobierno saliente de Cristina Kirchner eligió irse por la puerta chica dejando un déficit fiscal grande (cerca de 7% del PBI), esta estabilización forzosamente tiene que tener un componente de ajuste. La reciente suba de tarifas eléctricas, que será seguida en breve por el gas, y más adelante por el transporte, se encuadra en esta lógica.

Repasemos el contexto de las tres últimas estabilizaciones más importantes en Argentina: el plan Austral, la Convertibilidad, la salida de ésta por Remes-Lavagna.

En la previa al plan Austral la inflación en Argentina era de aproximadamente 700% anual. De manera que el objetivo principal en dicha estabilización fue bajar la inflación. Para usar la terminología en boga en los medios (ver post al respecto de mediados del año pasado) el plan aplicó un shock basado en dos patas: El BCRA dejaría de financiar al gobierno, reemplazando el impuesto inflacionario por retenciones a exportaciones agrícolas. Se congelaron precios y salarios, usando una tablita para desagiar contratos nominales. El plan fracasó porque si bien la situación fiscal mejoró, no lo hizo lo suficiente para hacer creíble la estabilización. Se dice que Ricardo Alfonsín no tuvo el capital político para tomar medidas impopulares que hubieran aumentado las probabilidades de éxito del plan (el famoso, no supe, no pude, no quise).

Cuando Domingo Cavallo asume como ministro de Economía en 1991, la Argentina estaba superando su segundo pico hiperinflacionario en dos años. De manera que el objetivo principal del plan también fue bajar la inflación. A diferencia del Austral, la Convertibilidad fue tan exitosa, que desde entonces la inflación anual no ha pasado del 43% y la inflación ha dejado de ser el objetivo principal al diseñar un plan de estabilización (ya sea para la salida de la Convertibilidad por Remes-Lavagna, como hoy en día).

El éxito de la Convertibilidad se basó en lograr rápidamente la consistencia tanto de corto como mediano plazo. La primera se consiguió al cambiar el régimen monetario y hacer creíble que se dejaría de emitir pesos sin respaldo. La segunda se consiguió gracias a numerosas reformas estructurales que hicieron creíble que una estrategia basada en el crecimiento resolvería los problemas del país (fiscales, redistributivos, del sector externo, etc.). Ayudó que Erman Gonzalez previamente liberara precios a fines de 1989, que Carlos Menem apoyara firmemente el plan económico, y que Cavallo en los ochenta postulara su creencia en la economía de oferta en el libro “Volver a crecer”. Todo esto hizo que los agentes económicos formaran expectativas bajo el supuesto de la persistencia de la Convertibilidad en el tiempo (en forma total luego de la defensa exitosa de la misma al contagio del Tequila).

En ambos casos la deuda externa fue un factor que influyó en el diseño del plan, ya que la Argentina no tenía acceso a los mercados de capitales internacionales. Pero para la tercera estabilización que resumo en este post, la que siguió a la salida de la Convertibilidad, la deuda fue el detonante, y el objetivo principal fue regresar lo antes posible al pleno empleo, luego que el desempleo llegara al 18% en el final de la Convertibilidad y subiera a alrededor del 22% en 2002 (año en que el producto se contrajo 11%). La estabilización se basó en la congelación virtual de los salarios del sector público que le permitieron al país alcanzar rápidamente un superavit fiscal. Por supuesto que los salarios en el sector privado también se redujeron en términos reales lo que ayudó a reducir el desempleo llegándose al “pleno empleo” en 2006. El conseguir el doble objetivo de balancear las cuentas fiscales y reducir el desempleo hizo que la devaluación, pocos meses después de dispersada la desorganización inicial de la pesificación asimétrica y el corralón, lograra coordinar expectativas en forma favorable.

Llegamos finalmente a la situación actual. El equipo económico de Macri enfrenta una situación considerablemente más benigna, ya que ni el desempleo ni la inflación ni la deuda externa son un imperativo como lo fueron en el pasado. La economía acarrea efectos nocivos por la acumulación de distorsiones durante años (más de una década en el caso de las tarifas en el sector energético). Pero, como en todo plan de estabilización, la clave está en lograr que el conjunto de medidas a adoptar convenzan al sector privado que las variables macro se encauzarán.

En breve escribiré un pronóstico para la economía local. Quería dejar este breve repaso histórico para que el lector ponga en perspectiva al actual plan económico. También sirve ver la dinámica de la inflación en los primeros meses del nuevo gobierno en el sitio inflación verdadera.


La trampa de los subsidios al petróleo

26/01/2016

El precio del crudo es noticia en el mundo por la fuerte caída en su cotización. A principios de este mes rompió la barrera de los 30USD por barril y hay expectativas que llegue pronto a los 25USD. Para tener una idea de lo pronunciado de este cambio en el precio del petróleo basta ver que en julio del año pasado estaba por encima de los 50USD.

El petróleo arrastró a la baja las cotizaciones bursátiles en las principales bolsas del mundo. Y amenaza con arrastrar a la baja la “cotización” del gobierno de Macri (que según encuestas de opinión está muy bien conceptuado por el argentino promedio). ¿Por qué hago esta conexión? Porque hace varios días que en los medios se discute la existencia, y permanencia, de subsidios al petróleo de producción nacional.

Es bien sabido que la producción de petróleo implica rentas fluctuantes, pues sus costos son estables mientras que el precio de venta varía considerablemente (ver gráfico). Es por esto que en países con instituciones débiles los gobiernos se ven tentados a, y consiguen, expropiar a las empresas del sector cuando hay un boom. Así pasó en Bolivia con Evo Morales, por ejemplo. La contracara es que en tiempos de rentabilidad negativa los gobiernos buscan desprenderse de estos activos, y por eso la mayor parte de las privatizaciones ocurren cuando el petróleo está por el piso (Argentina en los noventa, México en tiempos recientes).

oilfredgraph

En la Argentina de los Kirchner se resolvió imponer retenciones móviles a las exportaciones de crudo cuando este estaba en las nubes a mediados de la década pasada. Y la contracara fueron los precios sostén cuando el petróleo se desplomó tras la crisis de 2008. En ese entonces la razón para pedir esta ayuda es la misma que hoy en día: con precios bajos la producción no es rentable y las empresas se verían obligadas a despedir a sus trabajadores.

El gobierno de Macri decidió mantener un precio sostén, pero en un principio solamente para el mercado interno. Esto afecta a las empresas de Chubut que venden al mercado externo (por el tipo de crudo que extraen). Por eso las protestas se concentraron en esa provincia.

El petrolero Carlos Bulgheroni se fue primero de la reunión en el Ministerio del Interior. Sin sobresaltos, recorrió diez metros por el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada y contestó la pregunta de LA NACION: “Vamos avanzando para alcanzar una solución. En los próximos días va a llegar”, anticipó. Llevaba en una delgada carpeta de plástico dos propuestas de las empresas del golfo San Jorge para evitar despidos por la crisis del crudo, que afecta en especial a Chubut y tiene en vilo a la provincia. La primera pedía que el Gobierno subsidiara al sector con US$ 515 millones este año para llevarles tranquilidad a unos 5000 empleados patagónicos cuyos trabajos, según el gremio, están en riesgo. La segunda pedía US$ 424 millones.

Nota antes de seguir: ¡El párrafo citado menciona asistencia de 100.000 dólares por trabajador!

Me cuesta entender la idea de mantener estos subsidios. El gobierno de Macri heredó un importante déficit fiscal y no está tomando medidas adecuadas para reducirlo, como mencioné en un post el año pasado. Prevalece la lógica que el crecimiento aumentará los ingresos y eso cerrará el déficit. Si suponemos que esta visión de “supply economics” es correcta, no sería consistente con medidas que aumenten aún más el déficit, como el gobierno ha tomado en sus primeras semanas. Salvo que crean en la existencia de un supermultiplicador, como los economistas de la Gran Makro (bueno un supermultiplicador sofisticado porque están los canales de oferta).

Además de las inconsistencias económicas de estos subsidios, no los entiendo en clave política. Por las razones expresas en el tercer párrafo se trata de un sector acostumbrado a los manotazos. Y es capital intensivo con lo cual los conflictos laborales se podrían, y debieran, canalizar puertas adentro de cada empresa. Si el gobierno mantiene los subsidios (y amplía, si la gente de Chubut gana la pulseada) porque no quiere que haya despidos, entonces se volverá un rehén de los gremios, como Néstor y Cristina fueron rehenes de los piqueteros (aunque luego supieron sacarle provecho a lo fondos de asistencia social). Y si esto sucede, chau a la baja de la inflación, y hola nuevo(?) peronismo para el 2017.

EXPOST: Me dicen que el precio sostén implica una transferencia de recursos del consumidor al productor, y que por ende no está relacionado con el déficit fiscal. Pero para un consumidor que está dispuesto a pagar un precio X por la nafta no le importa cuánto va al Estado en impuestos y cuánto al bolsillo de los productores. Y en la medida que el precio sostén se pueda reducir y los impuestos aumentar al mismo tiempo, esta política tiene un impacto fiscal.

EXPOST 2: Y salió el subsidio nomás. El gobierno se dejó torcer el brazo para “mantener la paz social”. USD 50.000 por trabajador por un semestre! En mi tablero se prendió una luz amarilla.


Basta de Frey y Osborne! (deseo para el 2016)

29/12/2015

Para terminar el año voy a criticar el uso y abuso en los medios de un paper de Frey y Osborne de 2013. El trabajo se llama “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation”. El domingo de la semana pasada en la revista de La Nación Santiago Bilinkis lo cita en una nota sobre qué elegimos estudiar. Sebastián Campanario lo citó al menos tres veces en su columna en el mismo diario. La última en julio al comentar un debate que tuvo lugar en la UBA sobre avance de la tecnología y de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. En dicha nota resume el “aporte” de Frey y Osborne:

Y en cualquier polémica de este campo surge la cita obligada al trabajo de los profesores de Oxford Carl Frey y Michael Osborne, quienes relevaron la tasa de sustitución de máquinas por humanos en cada una de las 702 ocupaciones que releva la secretaría de empleo de los Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que el 47% de los puestos podrían ser desafiados por robots o inteligencia artificial en los próximos veinte años.

El bendito 47% lo repiten todas las notas locales e internacionales sobre el tema. Pero no se de nadie que se haya tomado el trabajo de leer críticamente al mismo para darse cuenta que dicho número es cualquier cosa menos científico.

Frey y Osborne se basan en la metodología de un trabajo de Autor, Levy y Murnane publicado en 2003 en el Quarterly Journal of Economics. Allí estiman el cambio en la composición de tareas laborales que se produjo entre 1960 y 1998 en la medida que las computadoras sustituyen y complementan a trabajadores en tareas cognitivas y manuales. Encuentran que las computadoras reducen el insumo laboral en tareas rutinarias y lo aumentan en tareas no rutinarias.

Frey y Osborne tratan de extrapolar, hacia el futuro, cuantas tareas, y por ende trabajos, son susceptibles de ser reemplazados por computadoras. Su objetivo es ver qué fracción del empleo en EEUU está en riesgo de volverse obsoleto en el futuro cercano. Pero en lugar de contar con datos objetivos como Autor et al, tienen que basar su análisis en estimaciones. Y acá viene el talón de Aquiles que copio (página 30 del paper)

To work around some of these drawbacks, we combine and build upon the two described approaches. First, together with a Group of ML researchers, we subjectively hand-labelled 70 occupations, assigning 1 if automatable, and 0 if not. For our subjective assessments, we draw upon a workshop held at the Oxford University Engineering Sciences Department, examining the automatability of a wide range of tasks. Our label assignments were based on eyeballing the O*NET tasks and job description of each occupation… The hand-labelling of the occupations was made by answering the question “Can the tasks of this job be sufficiently specified, conditional on the availability of big data, to be performed by state of the art computer-controlled equipment?”

Las negritas son obviamente mías. No es la primera vez que un trabajo poco serio tiene mucha repercusión mediática. En este caso es comprensible dada la relevancia del tema, tal y como lo aborda por ejemplo Bilinkis en la nota citada.

Aún cuando a muy largo plazo todas las profesiones están amenazadas, a corto plazo algunas están mucho más en riesgo que otras. Tal vez sea por eso que en el intercambio con la audiencia luego de mis conferencias frecuentemente personas en la audiencia consulta mi opinión sobre qué carrera deberían elegir o recomendarle a sus hijos que elijan.

A pesar de que los ingresantes actuales a la universidad son ya nativos digitales nacidos alrededor de 1997, cuando se observan los datos de elección de carrera sorprende ver la gran brecha entre las profesiones que más necesita el mundo hoy y las que mayoritariamente eligen los jóvenes. Una década y media dentro del siglo XXI, seguimos escogiendo carreras del siglo XX.

El desafío de incentivar a los jóvenes a estudiar carreras que serán relevantes en su vida laboral está presente en todo el mundo. Un ejemplo que conozco es el de Dinamarca, donde recientemente han modificado costos y beneficios de los estudiantes para disuadirlos de estudiar Humanidades. Y Frey y Osborne han agitado el avispero al asustar a la gente y a los gobiernos sobre la fragilidad incluso de carreras hoy consideradas sólidas. Pero a lo largo del año hubiera esperado que al menos un periodista, en lugar de repetir el mantra, leyera el paper y aclarara que el 47% es fruta.

Feliz año!


Los desafíos del tridente antiinflacionario

22/12/2015

Esta no es una entrada futbolera, aunque la mención a un tridente evoca al del Barcelona que el domingo destruyó la fantasía de los hinchas riverplatenses. El tema hoy es cómo atacar, y reducir, la inflación.

Quienes siguen este blog desde sus inicios sabrán que en 2011 escribí varios posts al respecto (ver acá y acá). En ese momento los desequilibrios macro y microeconómicos no eran tan grandes como lo son ahora y era posible pensar en un plan creíble que redujera la inflación a un dígito bajo en un año, año y medio. Hoy es más complicado.

La semana pasada argumenté que no sería viable un plan que busque el ajuste vía crecimiento económico. En mi opinión hay que cerrar la brecha fiscal y los primeros anuncios no ayudan en la medida que reducen ingresos (baja de retenciones y aumento del mínimo no imponible de ganancias) y aumentan gastos.

Este gobierno recibe críticas desde antes de asumir. Pero hay que diferenciar la paja del trigo, ya que los sectores K se la pasarán criticando y poniendo palos en la rueda (y piquetes en la Ricchieri). Dentro de las críticas racionales está la de haber devaluado sin un plan integral de fondo. Creo que existe un plan implícito y que no estamos ante una devaluación à la Kicillof. Pero no es políticamente correcto anunciarlo antes de las fiestas. Uno de los analistas que describe la situación en términos muy similares a los que usaré en el resto del post es Néstor Scibona en su columna del domingo en La Nación:

Con esta perspectiva, la reducción del déficit fiscal a corto plazo provendrá principalmente de la quita o reducción gradual de subsidios a la electricidad en el AMBA, donde además se necesitará recomponer tarifas de las distribuidoras para atender emergencias, reactivar la inversión en redes y estaciones de transformación. Para atenuar el impacto sobre los sectores de menores ingresos se prevé una tarifa social cero para los consumos de hasta 150 kWh mensuales, y también la facturación mensual en vez de bimestral para fraccionar el pago.

Hasta que no queden definidas estas cuestiones será difícil que el BCRA pueda poner en marcha la anunciada política de metas (decrecientes) de inflación, para alinear las expectativas fiscales, monetarias, cambiarias y salariales. La fuerte suba de tasas de interés sólo tiende por ahora a desalentar la demanda de dólares, pero tendrá impacto sobre la actividad económica. Y hasta que no estén disponibles esas políticas será complicado encarar el acuerdo social tripartito (Estado, dirigentes sindicales y empresarios) con eje en precios y salarios. Incluso ante la ausencia transitoria de los índices de inflación de fin de 2015 y comienzos de 2016, si bien el Indec se apresta a elaborar un indicador “puente” suficientemente confiable, dado que el IPC definitivo llevará varios meses.

Como dice Scibona, se sabe que el ajuste va a empezar por el sector energético. Juan José Aranguren lo viene anunciando desde antes de asumir y cada vez se menciona más en los medios que se viene un tarifazo (eso sí, con conciencia social). Esto permitiría reducir en al menos dos puntos el déficit en el año.

El ajuste en las tarifas de transporte va a tener que esperar pues recae más sobre los sectores humildes que la energía y seguramente se hará luego de un rediseño integral del sistema metropolitano (con tarifa plana que subsidie a quien hoy paga dos o tres veces para moverse del conurbano a la Ciudad). Gracias a la posibilidad de articular políticas entre Nación, PBA y CABA es posible que este ajuste se realice el año próximo también resultando en un ahorro de cerca de dos puntos en las cuentas públicas.

Una vez que se anuncien las primeras medidas de ajuste, y viendo el comportamiento del dólar y los precios durante el verano, el BCRA podrá diseñar un plan antiinflacionario que tenga en cuenta la herencia a digerir (por ejemplo, la emisión atada al pago de futuros de moneda) y que apunte a una reducción gradual de la inflación llegando al dígito (en lo posible bajo) en tres o cuatro años.

¿Por qué no reducir la inflación más rápidamente? Dado el nivel de déficit inicial, los primeros dos años se deberá seguir contando con el ingreso del impuesto inflacionario, el cual se podrá ir reduciendo cuando se tenga certeza que el ajuste se encamina (digamos, cuando el déficit esté en un 3%). Recién ahí convendría endeudarse para reemplazar el impuesto inflacionario. Hacerlo hoy es muy riesgoso pues de fracasar el primer plan del gobierno (y salvo Néstor que heredó el segundo plan de Duhalde, el primer plan de todos los gobiernos de 1983 a la fecha fracasó), se tendría además de déficit fiscal, alto endeudamiento.

Con el plan antiinflacionario creíble sobre la mesa, el gobierno debería sentarse a la mesa con empresarios y sindicalistas para lograr un acuerdo de precios y salarios que sea consistente con las metas de inflación. En el pasado me he mostrado escéptico sobre la utilidad de estos pactos sociales, pues cuando el desequilibrio principal era la inflación un plan creíble era suficiente para formar expectativas.

Lo que hace diferente este caso es que va a haber dos inflaciones a seguir en la negociación. Una la reflejada en el IPC tradicional, en la cual tienen un peso importante las tarifas de Capital y el GBA. La otra la inflación neta del ajuste, once and for all, de las tarifas energéticas. Los trabajadores querrán un aumento salarial que siga el primer indicador (para no perder poder adquisitivo), mientras que a las empresas se les pedirá que aumenten en función del segundo (para hacer el programa monetario consistente). Y el gobierno deberá negociar la división de esta grieta.

Esperemos que el tridente Aranguren-Sturzenegger-Prat Gay (incluyendo a otros ministros como Jorge Triaca) logre poner en marcha un plan que esté a la altura de los desafíos de la coyuntura, que seguramente son más complejos que lo analizado en este breve post.


The growth fairy trap

15/12/2015

El título de este post parafrasea a Paul Krugman quien recurrentemente critica lo que llama “confidence fairy“, o hada de la confianza. En su caso la crítica es a los argumentos de economistas neoclásicos (o no tan neokeynesianos como él) que sostienen que los programas de austeridad en Europa tienen efectos positivos sobre la demanda agregada: Supuestamente una consolidación fiscal al mejorar las expectativas sobre la marcha de la economía en el futuro (por menores impuestos futuros, tasas de interés más bajas, etc.) incentiva el consumo y la inversión en el presente compensando, al menos en parte, los efectos negativos de la política fiscal contractiva. Para Krugman estos argumentos son un cuento de hadas y la austeridad provoca un colapso de la demanda agregada. Si llegara a haber un rol para las expectativas sería negativo al reforzar el pesimismo corriente.

Si bien podría escribir sobre el papel de las expectativas en una eventual ajuste macroeconómico en Argentina, la nota de hoy es sobre la creencia de algunos economistas de Cambiemos que dicho ajuste no sería necesario, y que logrando volver a crecer (parafraseando ahora a Domingo Cavallo) se arreglan las cuentas fiscales. Esta postura al menos la comparten el presidente y vice presidente del BCRA, Federico Sturzenegger y Lucas Llach. Del primero se lo escuchó exponer esta idea en el ciclo de Miguel Angel Broda hace unos meses. El segundo escribió hace poco sobre el tema crecimiento en su blog en La Nación

Tenemos todo por hacer: fábricas, start-ups, puentes, autopistas, puertos, y todo eso con gran productividad porque están los recursos naturales y humanos para complementar ese capital. ¿Cuándo vendrá el capital a aprovechar esos recursos? Cuando lo atraigamos. Cuando el bono argentino pague 200 puntos de extra sobre el norteamericano, como el peruano, y no 500 puntos. Cuando comprar una computadora no cueste el triple que en otros países. Cuando pueda escribirse un contrato protegido por la inflación; y por la Justicia.

Mientras Sturzenegger sostuvo una idea más radical, que no hay un ajuste macroeconómico sino un problema de crecimiento, en su post Lucas es más realista y sostiene que luego de ordenar la macro vendría el capital y se crecería, en mi opinión el peso que hay que darle al crecimiento como factor de ajuste es muy bajo, y por eso en el título pongo que esta hada del crecimiento es una trampa. Paso a explicar porqué.

Primero y trivial, si crecer resolviera los problemas de una economía todo el mundo lo haría. Pero no hay “free lunch” (menos que menos “free growth”).

Segundo, para crecer se necesita inversión, y para ello es necesario crear un clima de negocios. Como dice Lucas, hay que atraer al capital. Pero para ello es necesario más que levantar el cepo y las restricciones al comercio. Para invertir se necesitan decisiones, no señales, que hagan a la incertidumbre típica de todo negocio (la soja subirá o bajará?) la única fuente de riesgo. Y en Argentina el riesgo político es alto (hoy bajan las retenciones, pero si en dos años se complican las cuentas las vuelven a subir).

No se la totalidad de medidas que se necesitan para atraer capitales. Si se, que dentro de las mismas está ordenar la macro, para que el gobierno quede expuesto sólo a las fluctuaciones normales del ciclo y no a dinámicas no sustentables (como el endeudamiento explosivo de los noventa, los subsidios casi plenos de los K, o la dependencia del impuesto inflacionario para cerrar las cuentas). Es decir que el ajuste es una condición necesaria para crecer, no el crecimiento un sustituto del ajuste.

Tercero, supongamos que se realiza el ajuste, que se logra la combinación de shock y gradualismo que reestablece el balance intertemporal de las cuentas públicas. Vendrán galopando los capitales al país? No necesariamente, y aunque vengan nada garantiza que financien inversión productiva. Las empresas grandes son las que podrán acceder más rápidamente al financiamiento y crecer. Pero para las empresas medianas y pequeñas hay dos obstáculos.

Por un lado la capacidad de endeudarse está limitada por su escaso endeudamiento corriente. En efecto, el poco crédito bancario en la Argentina (no nos olvidemos que menos de diez años atrás Martín Redrado, entonces presidente del BCRA, se jactaba que el crédito era sólo un 10% del PBI) hoy no va hacia ellas porque las señales de precios no les favorecen. Pero una vez que el ajuste, que incluye el reacomodamiento de precios relativos (en particular un tipo de cambio hoy retrasado), esté hecho, les costará tomar crédito justamente por su nulo o escaso historial de crédito. Si esto suena paradójico en parte es porque es así.

El segundo obstáculo es la capacidad de endeudamiento del sector bancario, ya que para prestar tiene que tomar dinero. Y en un contexto inflacionario el mayor fondeo deberá ser de líneas de crédito del exterior. Pero la Argentina no tiene un historial de flotación de tipo de cambio, ni los instrumentos para cubrir este riesgo, que haga atractivo este margen intensivo del negocio de intermediación (el margen extensivo es otra historia, y si bien espero la aparición de nuevos intermediarios, no alcanzará para que explote el crédito).

Cuarto, supongamos que la Argentina vuelve a crecer. Qué garantiza que los gastos provinciales no se desboquen generando obligaciones contingentes para la Nación cuando el ciclo se revierta? (el soft budget constraint que ayudó a matar la convertibilidad via patacones y otras yerbas malas) Hablar hoy en día de una nueva ley de coparticipación no alcanza. Como dije antes, se necesitan decisiones no señales.

Se ve la magnitud del problema que enfrenta el país para lograr el crecimiento sostenible. Hay que hacer el ajuste al mismo tiempo que se toman medidas que faciliten el acceso al crédito de los “ganadores” con las nuevas reglas de juego (así como también que incentiven el fondeo de los bancos), y hay que crear instituciones que solidifiquen estas reglas de juego en el tiempo y ante contingencias previsibles. Y todo con un gobierno nuevo, sin mayorías en el Congreso, que antes de asumir ya empezó a sufrir el retaceo de apoyo de su principal socio, la UCR (hoy con la crítica de Cobos un poco más explícito). Para mí, y terminando en inglés como el título, a long long shot.


El no-blanqueo de capitales

08/12/2015

Este domingo La Nación publicó una entrevista de José Luis Brea, Luis Cortina, y José del Rio a Alfonso Prat-Gay. En la misma (así como en entrevistas en otros medios), el nuevo ministro busca aclarar incertidumbres sobre la futura política económica y crear un clima de expectativas favorable que facilite la ardua tarea que enfrenta el gobierno de Macri.

Solamente me voy a detener en esta pregunta y su respuesta:

-¿Van a instrumentar algún tipo de blanqueo?

-No está hoy en la agenda. No quiere decir que no vaya a estar eventualmente.

La idea de un blanqueo de capitales empezó a dar vuelta cuando el triunfo de Macri se volvió una posibilidad luego de las elecciones de octubre. En parte debido a que la Fundación Pensar, think tank de Macri, lo habría considerado en uno de sus estudios.

La lógica de un blanqueo es la de acelerar la llegada de capitales que permitan al gobierno estabilizar el tipo de cambio sin que haya un overshooting desde su actual valor artificialmente sobrevalorado a su nuevo valor de equilibrio. En este sentido es razonable que un gobierno que debe convencer al mercado que será capaz de mover varias variables al mismo tiempo para lograr el “ajuste” macroeconómico, utilice una herramienta que de incentivos a apostar a que lo harán con éxito. Esto es porque quienes lo hacen se benefician del blanqueo, mientras que quienes esperan a ver el resultado de las políticas deberán ingresar capitales sin blanquear.

Propongo que en lugar de utilizar un blanqueo con este objetivo, el futuro gobierno anuncie que en el futuro mediato, digamos enero de 2017, se instalarán restricciones a la entrada de capitales que elevarán el costo de ingresar fondos (por ejemplo, a la manera que hizo Chile en los noventa). Esto serviría para el propósito deseado de incentivar el ingreso de capitales hoy, no solamente de argentinos evasores, sino también de inversores argentinos y extranjeros con papeles en regla. También serviría como señal que el nuevo gobierno se toma en serio la refundación institucional del país, para lo cual trata de usar herramientas de países serios, y no un blanqueo bananero más.


La Anses y el 15% de la Coparticipación

30/11/2015

La semana pasada la Corte Suprema declaró inconstitucional la retención del 15% sobre los impuestos coparticipados que se realiza para financiar a la Anses, en el caso de las provincias de Córdoba, San Luis, y Santa Fe. La Corte interpreta que entre el año 1992 y 2005 dicha retención ocurrió con acuerdo de las provincias, pero desde 2006 se habría efectuado en forma unilateral por parte de la Nación. El fallo también resultará en la devolución a las provincias de los recursos descontados entre 2006 y la actualidad. Para más información ver nota de Adrián Ventura en La Nación, en particular estos párrafos

Aquella deducción había sido originalmente pactada en un acuerdo de 1992, entre el entonces presidente Carlos Menem y los gobiernos provinciales. El acuerdo fue ratificado por la ley nacional 24.130 y prorrogado mediante diversos pactos. El problema surgió porque el 1° de enero de 2006 vencieron aquellos pactos: las tres provincias se negaron a volver a firmarlo, pero el entonces presidente Néstor Kirchner lo extendió unilateralmente, mediante la ley 26.078, a la que luego no adhirieron las provincias. Ayer, la Corte declaró inválido el artículo 76 de esa ley, que disponía la prórroga.

El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias invalida esa norma dictada por el Congreso. Además, sostuvo que esa deducción no podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables, porque no había sido dictada de acuerdo con los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.

Como la reforma previsional en los noventa implicó el pase de un sistema de reparto a uno de capitalización, fue necesario financiar la transición: por un tiempo el Estado debía seguir pagando jubilaciones del viejo sistema sin recibir la totalidad de las contribuciones de los trabajadores enrolados en el nuevo sistema (el 11% del salario iba a una AFJP). La solución negociada con las Provincias, que transfirieron cajas locales a la Nación, fue esta deducción del 15%. En 2006, ante la realidad que la mayor parte de la transición mencionada ya había tenido lugar, algunas provincias se negaron a renovar los acuerdos.

En 2007, el gobierno de Néstor Kirchner permitió que trabajadores asociados a una AFJP pasaran al sistema de reparto. Para ello aumentó significativamente el beneficio por año de aporte. La Prestación Adicional por Permanencia, PAP, pasó a calcularse como el 1,5% del salario por cada año aportado, en lugar del 0,85% hasta entonces vigente. A pesar de esta mejora, solamente un 10% de los trabajadores eligieron el sistema de reparto (en parte por fallas en el diseño de la implementación de la reforma).

En 2008, ya con Cristina Kirchner como presidente, se estatiza el sistema de capitalización para financiar al Estado en los primeros meses de la Gran Recesión (y para disciplinar a empresas privadas a través de las tenencias accionarios que pasaban de las AFJP a la Anses). Se mantuvo el cálculo de la PAP como el 1,5% a pesar que actuarialmente hacía al sistema deficitario en el largo plazo. Para darnos una idea, con dos aportantes activos por jubilado para pagar un 45% del salario (el 1,5% por 30 años) el aporte debe ser 22,5%. Y como la PAP es solamente una parte de la jubilación, los aportes salariales deberían ser aún más altos, incentivando la evasión.

Si hoy la Anses es superavitaria se debe a la retención del 15%, y al remanente de los stocks de las AFJP que en lugar de acumularse como estaba planeado se usan para pagos corrientes (y también para inversiones de dudoso valor económico, que debieran ser auditadas por el próximo gobierno). Ya era difícil de preveer la sustentabilidad del sistema con un uso más racional de los stocks, con la pérdida del 15% de coparticipación entrará en crisis.

Propongo una reforma del sistema para enfrentar el doble desafío de negociar una salida política al fallo de la Corte y mejorar la sustentabilidad de largo plazo de la Anses. La misma consiste en aumentar la cantidad de años de aportes para acceder a la jubilación plena de 30 a 40 años. Para un resumen de mis viejas ideas al respecto de dicha reforma (que incluyen una flexibilización para que trabajadores con sólo 20 años puedan cobrar una pensión) ver este post de 2010. Dicho aumento debiera ser en forma escalonada, por ejemplo en veinte años (quienes se jubilan hoy deben tener 30 años de aportes para obtener la jubilación plena, quienes lo hacen en diez años, necesitarían 35 años de aportes, etc.).

De la misma forma que en los noventa se negoció con las Provincias la retención del 15% para financiar la transición a un sistema de capitalización, el gobierno de Macri podría requerir el apoyo de las Provincias para financiar la transición de un sistema de reparto no sustentable (habría que poner blanco sobre negro respecto a las inconsistencias de la reforma populista de los Kirchner en 2007-8) a uno sustentable. Quizás sea politicamente factible una retención del 10% de la masa de fondos coparticipables hoy en día que se reduzca anualmente medio punto porcentual. Los gobernadores verían incrementar el flujo de fondos por el 5% que recibirían hoy en día, y una mejora paulatina que les permitiría mejorar sus cuentas fiscales en el largo plazo.

Por supuesto que es mejor recibir 15% que 5%, pero la mayoría de los gobernadores (al menos los relevantes) son conscientes que la reforma de los Kirchner no se sostiene en el tiempo. Y mejor atacar los problemas mientras se pueden corregir con ajustes marginales. De paso se podrían introducir otras reformas en el sistema de seguridad social. Pero eso es material para otro post, cuando el tema esté en la agenda.

EXPOST: Cristina firmó un DNU para devolverle ya el 15% a las Provincias. Se nota que ahora que está por dejar el poder empieza a cumplir con la ley (h de p).

 


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