Cepo a los despidos, política y economía

26/04/2016

La semana pasada escribí una nota sobre las malas señales que el gobierno daba a inversores externos. En este caso las malas señales son de la oposición, que ha comenzado a discutir en ambas cámaras del Congreso proyectos para aumentar temporariamente los costos de los despidos. Desde una perspectiva técnica estos proyectos revelan una ignorancia total sobre el funcionamiento de una economía moderna. Algunos de sus defensores creen fervientemente que viven en un mundo estático donde solamente hay una variable relevante: el costo del despido. En mi experiencia como docente universitario siempre he escuchado críticas de los alumnos a los supuestos irreales que hacemos en los modelos que enseñamos. Pero el “modelo” que tienen algunos legisladores en su cabeza se lleva el primer premio a la ilusión.

La incapacidad de nuestras élites para pensar lo que los economistas llamamos “efectos de equilibrio general” de las medidas de política es aterradora. Ya lo vimos con el control de cambios, a.k.a. cepo al dólar. Se pensó que bloqueando la salida de capitales se evitaba ajustar el tipo de cambio. No se previó que los capitales también iban a dejar de entrar. Los resultados los sabemos, igual se devaluó, se impusieron restricciones a las importaciones cada vez más estrictas, se intentó (en vano) atraer capitales con un blanqueo, etc. Terminamos en una estanflación de la cual el actual gobierno intenta salir.

Darse cuenta que prohibir los despidos, aunque sea solamente por unos meses, es una mala política para generar empleo sólo requiere que los legisladores tengan a mano un economista capaz como asesor. Esto le permitió a Sergio Massa diferenciarse del resto y proponer también una serie de medidas para estimular el empleo (sobre esta serie de medidas me explayaré más tarde en esta nota). Ahora bien, ¿por qué no sirve prohibir los despidos? Cuando una empresa contrata un empleado le exige un esfuerzo a cambio de una remuneración. El empleado trabaja sabiendo por un lado que al hacerlo cobra un salario, y por el otro que si la empresa lo detecta evitando esforzarse puede ser despedido. Aumentar los costos de despido obliga a las empresas a aumentar los sueldos de sus empleados para mantener el mismo nivel de esfuerzo (y por ende de producción). O sea que aumenta los costos laborales aún y si no hay despidos. Además, está el efecto conocido que mayores costos de despido reducen los incentivos de las empresas a contratar nuevos trabajadores (como el cepo al dólar, si cerramos la salida, desalentamos la entrada).

Si desde una perspectiva técnica los proyectos para prohibir despidos son contraproducentes, ¿por qué una mayoría en ambas cámaras podría facilmente transformar uno de ellos en ley? Por razones políticas. Para el kirchnerismo es obvio que cuánto peor le vaya al gobierno mejor para Cristina. Por eso se opuso al pago a los holdouts, y por eso apoya esta ley. En el caso del peronismo no kirchnerista hay oportunismo para sumarse a una iniciativa que en el papel parece ayudar al trabajador, y tratar de obtener concesiones del gobierno. Y en el caso de los peces gordos del sindicalismo hasta podría haber un mensaje para que el gobierno interceda por ellos ante Tribunales, ya que imagino que si se desatara un mani pulite en Argentina, Moyano y compañía estarían en primera fila (al respecto Carlos Pagni de La Nación nos podría refrescar sus viejas investigaciones sobre Hugo, no?).

Corriendo detrás de los acontecimientos, el gobierno anunció ayer un proyecto de ley para estimular el empleo formal de jóvenes de entre 18 y 24 años, y sin límite de edad para las provincias del Norte beneficiadas por el Plan Belgrano. El proyecto establece la reducción de los aportes patronales por tres años para empresas de menos de 200 trabajadores (el Estado se hace cargo de la diferencia).

Por otro lado, hay una mirada en la situación de las pymes. Hace unos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informó que enfrentan una presión fiscal inédita, además de las consecuencias de la alta inflación, la falta de crédito para la producción, el aumento de las tarifas y la retracción del consumo. El plan primer empleo, entonces, busca que, a través de la disminución de las contribuciones patronales, puedan aumentar su personal o formalizar el que ya tienen. Por eso, quienes tienen menos de 200 trabajadores gozan de un beneficio mayor que las empresas más grandes.

Por último, se incorporó como grupo vulnerable a las personas con discapacidad.

El programa, que tiene un año para llevarse adelante, mantiene los beneficios durante tres años, aunque gradualmente van disminuyendo. Después de los 36 meses se entra en el régimen convencional.

Es probable que el gobierno busque coordinar con el massismo ya que, como dije antes, este presentó un proyecto parecido que también contempa incentivos para la contratación de mayores de 50 años (además este plan es más costoso pues implica beneficios a las pymes por los trabajadores que ya tienen contratados, no sólo por los nuevos). Para analizar los posibles efectos de estas medidas de estímulo al empleo podemos usar un trabajo empírico de Ferrán Elías Moreno que usó una reducción de los impuestos a la seguridad social en España que tuvo lugar en 1997, y que benefició a los trabajadores menores de 30 años, y también a los mayores de 45 años.

Sus resultados muestran que la política aumenta el empleo para los menores de 30, sin que eso signifique que los mayores de 30 sufran sustitución 1-por-1 debido al aumento de menores de 30 (el bendito efecto de equilibrio general que nadie piensa). Por tanto, la bonificación a la contratación de menores de 30 aumentó el empleo. Por el contrario, para los mayores de 45 años la política no produce ningún efecto en empleo agregado. Para ambos márgenes etarios la política no resulta en un aumento salarial. Por tanto, el caso de la discontinuidad en 45 es una transferencia directa a los empresarios, no a los trabajadores.

Ferrán estima que la elasticidad de trabajo para trabajadores de 30 años es de, al menos, -0.62. Para los trabajadores de 45 años es de 0. Por qué son tan distintas? La evidencia muestra que el trabajador que está al margen entre empleo-desempleo en 30 y 45 años es muy distinto. Los de 45 que buscan trabajo son gente con menores calificaciones, más tiempo desempleados durante los últimos años, etc. Por tanto, la evidencia sugiere que las empresas no quieren arriesgar y contratar trabajadores de más de 45 que estén desempleados, pero que sí van a hacerlo cuando se trata de trabajadores jóvenes.

Finalmente notemos que el incentivo a la contratación sólo era para contratar de modo permanente, no temporal. También es muy importante que las bonificaciones para empresarios sólo aplicaban para nuevos contratos. Esto supone grandes ahorros para el gobierno y de hecho en España, para el caso de la discontinuidad alrededor de 30 años, resultó en un aumento en la recaudación.

No es aconsejable inferir que una política similar en la Argentina tendría los mismos resultados. Para empezar el grado de informalidad en nuestro país es mucho mayor que en España, con lo cual es probable que algunas empresas tengan incentivo a formalizar a empleados informales de avanzada edad (y por ende la política no sea tan inútil para mayores de edad). Pero la inferencia que, por motivos de información asimétrica, una reducción de los costos laborales tendrá un efecto mayor en el empleo cuanto más jóvenes son los beneficiarios, me parece que aplica. Esto implica que la propuesta del gobierno es mejor que la del massismo. Máxime si consideramos, como ya dije, que la última contempla beneficios para trabajadores ya empleados, o sea una transferencia del gobierno a las empresas, no a los trabajadores.

EXPOST: Gracias a las redes sociales descubrí esta nota publicada en Ámbito Financiero en enero de 2014. Contiene estas declaraciones de Héctor Recalde (también otras del ministro de Trabajo de Cristina, Carlos Tomada), las negritas son de la nota

El diputado nacional del Frente Para la Victoria Héctor Recalde rechazó la propuesta del diputado del Frente Renovador Sergio Massa de prohibir los despidos por 180 días y recordó que esa medida “nació cuando explotó la convertibilidad”.
“Es una repetición de lo que hizo (Eduardo) Duhalde después de la convertibilidad y que significó la licuación del poder adquisitivo. No hay ni punto de comparación con la situación actual”, afirmó el diputado nacional del FPV.
Finalmente, Recalde llamó a “apostar a la razonabilidad y a sostener el empleo” y advirtió que “hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.

EXPOST 2: El ministro Jorge Triaca usó la analogía del cepo para el proyecto de prohibir los despidos, y uno de sus subsecretarios, José Anchorena, publicó una nota el Domingo (8/5) en La Nación con el mismo concepto (aunque debiéramos de aclararle que la prohibición a los despidos no congela el mercado laboral, ya que por ejemplo las transiciones empleo a empleo no se ven afectadas, o solamente en forma muy marginal).

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