Argentina no innova

30/08/2016

En los últimos meses me sorprendió (gratamente debo admitir) una seguidilla de notas sobre diferentes innovaciones tecnológicas desarrolladas en el país. Si bien es cierto que a veces algunos temas se ponen de moda y uno lee varias veces lo mismo, en este caso lo hacía con placer. Hasta que la semana pasada Andrés Oppenheimer me sacó de un mazazo la sonrisa con esta nota publicada en La Nación.

[V]eamos los resultados del Índice de Innovación Global de 128 países publicado por la Universidad de Cornell, la escuela de Negocios Insead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas.

La mayoría de los países de América latina, con las posibles excepciones de Chile (44) y Costa Rica (45), están muy atrás. México ocupa el puesto 61, y lo siguen Uruguay (62), Colombia (63), Brasil (69), Perú (71), República Dominicana (76), Argentina (81), Guatemala (97), Ecuador (100), Nicaragua (116) y Venezuela (120).

O sea, la Argentina está ¡novena! en América Latina. El marcado contraste entre esta medición de nuestra falta de innovación y el tono optimista de las notas arriba mencionadas me llevó a releerlas (acá copio una de ellas, la más reciente publicada en La Nación). Encontré señales inequívocas de desvaríos, como el siguiente:

Joan Cwaik, innovador tecnológico y gerente de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica de Maytronics, empresa que fabrica y comercializa la línea Dolphin (robots limpiadores de piscinas), señala que la robótica en la Argentina no se encuentra en manos de grandes industrias multinacionales, sino que los desarrollos en la materia son propiedad de emprendedores que aprovechan el código abierto y la democratización de los conocimientos.

“En la Argentina, creo que estaremos en condiciones de hacer manufacturas de robots domésticos competitivos frente a la región y al mundo en los próximos 5 a 10 años. Desde Maytronics, en los últimos años ya invertimos en investigación y desarrollo e hicimos pruebas de fabricación local”, dice Cwaik.

Debería haberme dado cuenta que si alguien dice que vamos a ser competitivos fabricando robots tenía que tirar la nota a la basura. En la misma el autor, Carlos Manzoni, se refiere a la empresa Satellogic que construye nanosatélites, y que es el principal ejemplo de repetición serial en los medios. Una búsqueda en internet de “Fresco” y “Batata”, los nombres que le pusieron a sus últimos dos satélites, arroja 73 resultados en La Nación y 21 en Clarín. Parece que ir al espacio sigue siendo un tema que vende.

El problema es que según una nota en la última edición del Economist, practicamente cualquiera puede fabricar un nanosatélite

An hour’s drive up Route 101 you will find a very different spacecraft factory. Planet, until recently known as Planet Labs, occupies a shabby-chic building in the South of Market area of San Francisco. A room the size of a largish Starbucks on the ground floor houses the desks and tools needed to build 30cm-long satellites each weighing about five kilos. If you know what to look for, you will recognise many of the components as coming from other sorts of device, most notably smartphones. Making one of these “Doves” (pictured), as Planet calls them, takes about a week. At the back of the room there are dozens packed up ready to be shipped off. This is the new face of space: small objects, large numbers.

Doves are part of an extended family of very small satellites known as cubesats. In the late 1990s researchers at Stanford University and California Polytechnic State University in San Luis Obispo realised that a certain amount of standardisation would make very small satellites much easier to launch. They came up with a standard called the “1U” cubesat: a box 10cm by 10cm by 11.5cm with electronic and physical interfaces that would allow it to fit alongside others of its ilk in a dispenser that could fly as a “secondary payload” (launchers often have more capacity than they need for their main cargo). The standard caught on. By early 2013 some 100 cubesats had flown, and the tools required to design and build one were so well developed that a class of schoolchildren with an inspired teacher could take on the task.

Que quede claro que no menosprecio el trabajo de Satellogic (y aparentemente el CEO Emiliano Kargieman nunca escondió el hecho que “tanto el software como el hardware son de plataforma abierta y estarán disponibles para aficionados”). Lo que critico en esta nota es la descripción en los medios de empresas que operan en segmentos no tradicionales como innovación tecnológica cuando no lo es. La Argentina necesita más emprendedores, y también desarrollar tecnología de punta. Por lo visto también necesitamos más (y mejores) periodistas especializados.

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El tridente antiinflacionario maltrecho

23/08/2016

A fines del año pasado escribí un post sobre los desafíos del gobierno para bajar la inflación. En el mismo describía la situación como delicada y con un objetivo de máxima de llegar a una inflación de un dígito (“en lo posible bajo”) en 2019. Para ello había que articular una política monetaria que, siendo contractiva respecto del pasado, permitiera el financiamiento via impuesto inflacionario de la transición a una economía normalizada. El déficit fiscal tenía que tener una trayectoria descendente (que no estaba clara dadas las primeras medidas), y el ajuste iba a empezar por las tarifas energéticas.

Con el lastre del tarifazo politizado y judicializado, el pilar Aranguren del tridente se fisuró. Y el pilar Prat Gay hasta ahora no termina de cuajar, ya que no hay un plan que presente un sendero creíble de ajuste fiscal. Lo único que tuvimos como respuesta al fallo de la Corte de la semana pasado fue un globo de ensayo (a cargo del jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria) que se suspendería la rebaja de otros cinco puntos porcentuales a las exportaciones de soja el año que viene. ¿Por qué sólo un “rumor”? ¡Anuncien la medida sin pérdida de tiempo, y pongan de excusa el stress fiscal del fallo!

Nos queda finalmente el pilar Sturzenegger. Después de digerir los muertos de futuros de dólar que dejó Vanoli, el Central está más libre para cumplir sus objetivos de incremento en la cantidad de dinero. Recibe constantes presiones de Prat Gay para bajar la tasa, pero hasta ahora se ha manejado bien y como dije la semana pasada, finalmente los indicadores de Inflación Verdadera señalan que la inflación estaría en el orden del 1,1% mensual.

¿Cómo reaccionará el BCRA al fallo de la Corte? ¿Tomará el camino político de bajar la tasa, o monetizar el aumento en el déficit, para intentar reactivar la economía? ¿O endurecerá su política para compensar el menor ajuste fiscal (ya que a menor ajuste fiscal más presiones de demanda sobre los precios)? Hoy por hoy supongo que Sturzenegger optará por el camino intermedio de no mover la tasa, que por un lado le evitaría ser blanco de más críticas por enfríar la economía, y por el otro le permitiría preservar el único logro que el gobierno hasta ahora tiene para presentar en las elecciones del año entrante.

En efecto, al votante medio le importan muy poco medidas presentadas con fuegos artificiales mediáticos como la salida del cepo, el pago a los holdouts, o el blanqueo de capitales. Hoy por hoy asocia (negativamente) al gobierno al tarifazo, y el año entrante lo podría asociar (positivamente) a una inflación moderada de aproximadamente 15% anual y con trayectoria descendente. Macri no tiene, ni tendrá, mucho más que mostrar. Al respecto copio unas líneas de una nota de Jorge Fernández Díaz del domingo en La Nación

Es curioso: en otros casos, como el cepo, los holdouts, la relación con los sindicatos y el blanqueo de capitales, Macri se manejó como un político experto; con las tarifas retrocedió a la lógica amateur del CEO y a la religión ingenua del Excel. A lo largo de estos meses, la mayoría social parece haber entendido tres cosas: la energía es escasa y debe pagarse, el congelamiento de las tarifas fue una obra tóxica y nefasta del kirchnerismo, y Cambiemos no ha sabido resolver el problema.

Fernández Díaz compara situaciones muy distintas. El cepo, los holdouts, y el blanqueo son medidas que no tienen costos, o no son perceptibles. A los sindicatos les dió una torta de dinero, yo no se si llamaría a eso ser un político experto. Finalmente, el ajuste tarifario fue la única medida que implicó costos directos sobre el grueso de los ciudadanos. Por ende, si se necesitaba cintura política era ahí.

En conclusión, todas las fichas a la baja en la inflación. ¡No va más!

EXPOST: Ayer, el Banco Central bajó las tasas medio punto. De más está decir que para mí es un error, y estimo que la respuesta será un rebote de la inflación en el corto plazo. Pero no mando a pérdida el pilar Sturzenegger todavía. Le doy el beneficio de la duda que sea el costo a pagar para no monetizar el aumento del déficit (aunque las bajas de tasas implican expansión monetaria en la medida que no se renueva el stock de Lebac, como indica la nota). Hay que prestar atención a los próximos anuncios.


La Corte y las tarifas

19/08/2016

Ayer la Corte Suprema de asestó una dura derrota al gobierno de Mauricio Macri al rechazar, por unanimidad, el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales. Además dejó la puerta abierta para que las empresas, en particular las PyMEs, presenten recursos de amparo ante la justicia.

Lo primero que infiero es que efectivamente, como vengo sosteniendo desde principios de año, el gobierno de Macri es débil (vale la pena aclarar que varios analistas y medios sostienen lo contrario, o lo hacían hasta hace poco). Acaba de sufrir su propia 125 y no tiene el control de las intituciones que tenía el kirchnerismo en 2008.

La lectura que hacen los medios oscilan entre el pesimismo y un optimismo basado en el reducido impacto fiscal al mantenerse los aumentos del gas para las empresas. El lector que quiera una síntesis puede leer la nota de Carlos Pagni publicada hoy en La Nación, que identifica tres “costos” para el gobierno

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El primero de estos costos en realidad ya estaba anticipado, al menos desde el fallo hace mes y medio de la Cámara Federal de La Plata. Ahora habrá que ver el tamaño del impacto fiscal, que dependerá de la extensión del fallo a empresas si estas realizan amparos (imagino una horda de políticos K corriendo a los tribunales en nombre de las PyMEs), y de la celeridad en realizar las audiencias y lograr aumentos de tarifas como Dios (o la Corte) manda. Más importante es ver cómo compensa el gobierno este mayor gasto en subsidios. Dado que no tiene disciplina fiscal dudo que reduzca el gasto en otras áreas por la misma magnitud. Al mismo tiempo espero que ante la baja en la inflación (según Inflación Verdadera este mes se llegó a un ritmo de aumento del 1% mensual) no monetizen el déficit porque sería comprometer el único logro perceptible por los consumidores/votantes. De manera que espero la respuesta sea una combinación de más deuda y menos inversión pública.

Con respecto a las señales para atraer inversores, noté hace unos meses que no es una especialidad del gobierno. En lo referido a las inversiones en exploración y producción de gas el problema es la politización (y judicialización) del precio del gas en boca de pozo. El gobierno esperaba que la Corte aceptara que es facultad del gobiero fijar este precio pero ésta decidió que, mientras el precio no sea de mercado, deberá someter los aumentos a audiencias públicas. Según Pagni

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: “Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían”.

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Un posible medida para el gobierno sería anunciar que a partir del primero de enero de 2018 (u otra fecha en el futuro cercano) el precio del gas lo determinará el mercado. Esto tendría un doble valor. Para los inversores les daría un horizonte para sus proyectos (invierten en exploración hoy, y en un año y medio cuando comienzan a producir cobran el precio de mercado). Y forzaría a sincerar el resto de la tarifa en ese plazo, audiencia mediante. Aclaro que considero que la mejor forma de normalizar el precio del gas sería liberar ya el precio de la producción de los nuevos pozos y hacer converger el precio de los pozos maduros al valor de mercado en un horizonte razonable. Pero supongo que la duplicidad de precios no sería del agrado de la Corte (aunque ésta pareciera ser experta en duplicidad).

El tercer costo señalado por Pagni es político. Como aclaré al comienzo de la nota desde el primer día tengo la impresión que el gobierno es débil. Sin embargo es importante el empoderamiento de los políticos populistas que tiene el pronunciamiento de la Corte. Según Pagni

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail “qué estamos diciendo”, con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: “El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones”. El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo…

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico… Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: “Estamos ante problemas graves de gestión”. Pero Jaime Durán Barba refutó: “Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente”. El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

Al respecto me permito hacerle una sugerencia a Macri: Al menos un funcionario debería renunciar cargando sobre sus espaldas el costo político de esta derrota.

Finalmente le hago a los viejos miembros de la Corte la siguiente pregunta. Si como ustedes afirmaron en su fallo la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas, ¿no deberían haberle exigido a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que realizaran audiencias para mantener las tarifas congeladas en un contexto de alta inflación? Reum non facis.

EXPOST: Santiago Gallichio, ocasional contribuyente en este blog y actualmente presidente de Provincia Leasing, escribió recientemente una nota sobre el fallo de la Corte en Ámbito Financiero.

El error de la Corte consiste en considerar la tarifa de gas prácticamente como si se tratara de un impuesto, es decir, solamente como una tarifa regulada, como si no tuviera un componente económico de precio de mercado. A esta confusión contribuyó inadvertidamente el gobierno anterior, al tratar el precio que pagaba el público como un precio homogéneo, en lugar de distinguir entre precio del insumo (no regulado) y tarifas de servicio monopólico (reguladas). Producir gas vale lo que vale. Depende de los costos de exploración y de extracción. Su precio no es un impuesto ni una decisión discrecional del Estado. Por eso mismo no puede considerarse que este aumento pudiera ser “confiscatorio”, como erróneamente considera la Corte (considerando 33). Ningún precio puede ser confiscatorio: se puede pagar o se deja de pagar. Si no lo paga el consumidor, lo pagará el productor, pero alguien se hace cargo del costo. Lo que sucedió en la Argentina reciente fue que el consumidor pagaba mucho menos de lo que costaba producirlo, el Estado compensaba solo muy parcialmente ese desfasaje y el ajuste consistió en que los productores dejaran de explorar y, finalmente, nos quedamos sin gas y debemos importar. Los consumidores “nos confiscamos” las reservas de gas de la Argentina…

Analizaremos ahora si es razonable que se realice gradualmente, como pide la Corte. Ello significaría permitir que las familias se anoticien de un aumento de precios de manera gradual y puedan ir acomodando sus nuevas canastas de consumo de a poco. Para las familias parece razonable. Pero, mientras se van acomodando, seguirán consumiendo los demás bienes en exceso de su presupuesto a expensas del gas subsidiado, y el problema energético subsistirá. ¿Por qué debería el gas seguir subsidiando otros consumos familiares, cuando estamos en una profunda crisis energética? ¿Solo porque nos acostumbramos a no pagar por él? Esta posición no parece razonable desde el punto de vista del interés general.

Tiene mucha razón Santiago en decir que el problema no es impositivo. Esto me recuerda el fallo del juez John Roberts en 2012 respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud en EEUU (conocido como Obamacare). Entendió que como el gobierno estaba obligando a los norteamericanos a contratar un seguro de salud (en realidad penalizando a quienes no lo hicieran) se trataba de un impuesto, y por ende una facultad permitida por la constitución.

Sin embargo entiendo el gradualismo en el ajuste para los hogares desde una óptica económica. Con gas regalado nadie se preocupaba por aislar térmicamente su casa (olvidémonos de los pobres o muy pobres ya que, o tienen que recurrir a garrafas, o están alcanzados por la tarifa social). Y hacerlo es costoso ya que es una “inversión” que se paga hoy pero da beneficios por varios años. El gradualismo le permitiría a los hogares usar el ahorro del gas barato en un par de años para invertir en mantener sus casas calientes con menos consumo. Considerando que la gente es miope y usarían el subsidio al gas para, en palabras de Santiago, “otros consumos familiares”,  me parece que el gobierno, además del gas, también debería subsidiar los gastos relacionados con el aislamiento térmico de viviendas. Al menos por un par de años.


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