La Corte y las tarifas

Ayer la Corte Suprema de asestó una dura derrota al gobierno de Mauricio Macri al rechazar, por unanimidad, el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales. Además dejó la puerta abierta para que las empresas, en particular las PyMEs, presenten recursos de amparo ante la justicia.

Lo primero que infiero es que efectivamente, como vengo sosteniendo desde principios de año, el gobierno de Macri es débil (vale la pena aclarar que varios analistas y medios sostienen lo contrario, o lo hacían hasta hace poco). Acaba de sufrir su propia 125 y no tiene el control de las intituciones que tenía el kirchnerismo en 2008.

La lectura que hacen los medios oscilan entre el pesimismo y un optimismo basado en el reducido impacto fiscal al mantenerse los aumentos del gas para las empresas. El lector que quiera una síntesis puede leer la nota de Carlos Pagni publicada hoy en La Nación, que identifica tres “costos” para el gobierno

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El primero de estos costos en realidad ya estaba anticipado, al menos desde el fallo hace mes y medio de la Cámara Federal de La Plata. Ahora habrá que ver el tamaño del impacto fiscal, que dependerá de la extensión del fallo a empresas si estas realizan amparos (imagino una horda de políticos K corriendo a los tribunales en nombre de las PyMEs), y de la celeridad en realizar las audiencias y lograr aumentos de tarifas como Dios (o la Corte) manda. Más importante es ver cómo compensa el gobierno este mayor gasto en subsidios. Dado que no tiene disciplina fiscal dudo que reduzca el gasto en otras áreas por la misma magnitud. Al mismo tiempo espero que ante la baja en la inflación (según Inflación Verdadera este mes se llegó a un ritmo de aumento del 1% mensual) no monetizen el déficit porque sería comprometer el único logro perceptible por los consumidores/votantes. De manera que espero la respuesta sea una combinación de más deuda y menos inversión pública.

Con respecto a las señales para atraer inversores, noté hace unos meses que no es una especialidad del gobierno. En lo referido a las inversiones en exploración y producción de gas el problema es la politización (y judicialización) del precio del gas en boca de pozo. El gobierno esperaba que la Corte aceptara que es facultad del gobiero fijar este precio pero ésta decidió que, mientras el precio no sea de mercado, deberá someter los aumentos a audiencias públicas. Según Pagni

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: “Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían”.

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Un posible medida para el gobierno sería anunciar que a partir del primero de enero de 2018 (u otra fecha en el futuro cercano) el precio del gas lo determinará el mercado. Esto tendría un doble valor. Para los inversores les daría un horizonte para sus proyectos (invierten en exploración hoy, y en un año y medio cuando comienzan a producir cobran el precio de mercado). Y forzaría a sincerar el resto de la tarifa en ese plazo, audiencia mediante. Aclaro que considero que la mejor forma de normalizar el precio del gas sería liberar ya el precio de la producción de los nuevos pozos y hacer converger el precio de los pozos maduros al valor de mercado en un horizonte razonable. Pero supongo que la duplicidad de precios no sería del agrado de la Corte (aunque ésta pareciera ser experta en duplicidad).

El tercer costo señalado por Pagni es político. Como aclaré al comienzo de la nota desde el primer día tengo la impresión que el gobierno es débil. Sin embargo es importante el empoderamiento de los políticos populistas que tiene el pronunciamiento de la Corte. Según Pagni

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail “qué estamos diciendo”, con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: “El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones”. El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo…

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico… Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: “Estamos ante problemas graves de gestión”. Pero Jaime Durán Barba refutó: “Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente”. El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

Al respecto me permito hacerle una sugerencia a Macri: Al menos un funcionario debería renunciar cargando sobre sus espaldas el costo político de esta derrota.

Finalmente le hago a los viejos miembros de la Corte la siguiente pregunta. Si como ustedes afirmaron en su fallo la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas, ¿no deberían haberle exigido a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que realizaran audiencias para mantener las tarifas congeladas en un contexto de alta inflación? Reum non facis.

EXPOST: Santiago Gallichio, ocasional contribuyente en este blog y actualmente presidente de Provincia Leasing, escribió recientemente una nota sobre el fallo de la Corte en Ámbito Financiero.

El error de la Corte consiste en considerar la tarifa de gas prácticamente como si se tratara de un impuesto, es decir, solamente como una tarifa regulada, como si no tuviera un componente económico de precio de mercado. A esta confusión contribuyó inadvertidamente el gobierno anterior, al tratar el precio que pagaba el público como un precio homogéneo, en lugar de distinguir entre precio del insumo (no regulado) y tarifas de servicio monopólico (reguladas). Producir gas vale lo que vale. Depende de los costos de exploración y de extracción. Su precio no es un impuesto ni una decisión discrecional del Estado. Por eso mismo no puede considerarse que este aumento pudiera ser “confiscatorio”, como erróneamente considera la Corte (considerando 33). Ningún precio puede ser confiscatorio: se puede pagar o se deja de pagar. Si no lo paga el consumidor, lo pagará el productor, pero alguien se hace cargo del costo. Lo que sucedió en la Argentina reciente fue que el consumidor pagaba mucho menos de lo que costaba producirlo, el Estado compensaba solo muy parcialmente ese desfasaje y el ajuste consistió en que los productores dejaran de explorar y, finalmente, nos quedamos sin gas y debemos importar. Los consumidores “nos confiscamos” las reservas de gas de la Argentina…

Analizaremos ahora si es razonable que se realice gradualmente, como pide la Corte. Ello significaría permitir que las familias se anoticien de un aumento de precios de manera gradual y puedan ir acomodando sus nuevas canastas de consumo de a poco. Para las familias parece razonable. Pero, mientras se van acomodando, seguirán consumiendo los demás bienes en exceso de su presupuesto a expensas del gas subsidiado, y el problema energético subsistirá. ¿Por qué debería el gas seguir subsidiando otros consumos familiares, cuando estamos en una profunda crisis energética? ¿Solo porque nos acostumbramos a no pagar por él? Esta posición no parece razonable desde el punto de vista del interés general.

Tiene mucha razón Santiago en decir que el problema no es impositivo. Esto me recuerda el fallo del juez John Roberts en 2012 respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud en EEUU (conocido como Obamacare). Entendió que como el gobierno estaba obligando a los norteamericanos a contratar un seguro de salud (en realidad penalizando a quienes no lo hicieran) se trataba de un impuesto, y por ende una facultad permitida por la constitución.

Sin embargo entiendo el gradualismo en el ajuste para los hogares desde una óptica económica. Con gas regalado nadie se preocupaba por aislar térmicamente su casa (olvidémonos de los pobres o muy pobres ya que, o tienen que recurrir a garrafas, o están alcanzados por la tarifa social). Y hacerlo es costoso ya que es una “inversión” que se paga hoy pero da beneficios por varios años. El gradualismo le permitiría a los hogares usar el ahorro del gas barato en un par de años para invertir en mantener sus casas calientes con menos consumo. Considerando que la gente es miope y usarían el subsidio al gas para, en palabras de Santiago, “otros consumos familiares”,  me parece que el gobierno, además del gas, también debería subsidiar los gastos relacionados con el aislamiento térmico de viviendas. Al menos por un par de años.

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9 Responses to La Corte y las tarifas

  1. Jose frogone dice:

    En primer lugar yo destacaría que esta CS ya no es la misma que manejaba a su antojo Lorenzatti. En segundo lugar, el voto fue unánime.
    Volviendo atrás, cual hubiese sido el escenario actual si el gobierno hubiese llamado a audiencia publica como lo establece en su contenido el art 42 de la CN. El problema es que algunos craneotecas del gobierno les parec cool tomar atajos que finalmente conducen a la nada, caso decreto de necesidad y urgencia nombramiento jueces de la corte, caso nombramiento de Etchegaray al frente de la AGN y ahora este.
    La única sorpresa es la de obligación de audiencia para boca de pozo mientras el precio no sea de mercado. No soy un experto, pero asumo que el tema debe de tener solución.
    Coincido en que alguien deberia dar un paso al costado, en principio debería ser el que convenció a Macri de que el camino legal elegido a partir de la primera resolución era una vía sin problemas. el costo para Macri parece alto, pero en la medida que se vaya solucionando el tema tarifario se va a diluir. No es una tragedia, y por supuesto muy lejos de cualquier comparacion con el gobierno anterior

    • eduardo cabrera dice:

      los audiencias publicas son un invento nefasto que pusieron los radicales en la reforma del 94 para asegurar que los abogados que hagan derecho colectivo curren con eso , no son vinculantes y en una futura reforma se las deberia eliminar de una , respecto al fallo la corte y cualquiera sea la corte y de donde sea puede fallar lo que quiera porque es derecho y no una ciencia exacta por lo que se le pueden poner los argumentes que se les ocuran para justitificar la decision

      Lo peor del fallo es por lejos lo peligroso que es cuando habla de que una tarifa tiene que ser razonable , hablar de que un bien escaso como es el gas debe tener un precio razonable es abrir la puerta a lo mismo de siempre , subsidios , subsidios o mas subsidios

    • mgeiras dice:

      jose, la Corte no es la misma, pero tiene un sesgo populista (como todo en Argentina). Lo del precio del gas en boca de pozo es un ejemplo de esto, ya que si por algún motivo no es de mercado es porque está subsidiado. En este caso no correspondería tener audiencia ya que es una potestad del gobierno definir cuánto quiere otorgar de subsidio.

      eduardo, lo de la “razonabilidad” de las tarifas es opinable. Pero si uno acepta esta premisa, entonces ¿porqué la Corte no intervino y pidió audiencias cuando la inflación volvió el congelamiento tarifario no-razonable? Porque es fácil meterse con un gobierno débil y que no te va a apretar con la AFIP o la SI/AFI.

  2. Walter Gonzalo Costa dice:

    Esta Corte aunque NO sea la misma (argumento flojo) es una Corte POPULISTA (como el Papa) y que demuestra ese sesgo que a su vez la hace aparecer como lo que en realidad son: militantes con ignorancia. Y no es que solo aborrezca a los abogados, una profesión que busca lucrar siempre con la plata de los demás, que JAMAS han aportado nada constructivo y siempre han sido (mucho mas con la línea Zafa…) una verdadera banda corporativista.
    Como bien señala hoy un lector en LN: – – – El fallo de la Corte me resulta muy Papal. Muestra preocupación por facilitar el consumo de gas pero no por generar las condiciones necesarias para obtenerlo – – – Si eso no es ignorancia, ¿Qué es?

    • mgeiras dice:

      Gonzalo, no se le puede pedir al Papa que no sea populista (por algo casi nadie le da pelota a los Papas en el mundo moderno). Si se le puede pedir a la Corte, pero eso lo debe hacer el gobierno nombrando candidatos que pasen el filtro del Senado. Esta restricción implica que vamos a estar condenados a una Justicia populista por varios años (salvo ampliaciones de la Corte cuando haya otra relación de fuerza en el Congreso, pero prefiero la Corte populista a la adicta). Más esfuerzo para que el gobierno deje de hacer cagadas administrativas (bueno, si quiere ser no populista, lo cual no queda claro). Saludos.

  3. Jose Frogone dice:

    Definición
    La Audiencia Pública es el procedimiento público de participación, en el que se otorga a los interesados la garantía de saber de qué se trata y de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos.
    Este tipo de reunión constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión.
    Antecedentes
    El mecanismo de Audiencia Pública es una importante innovación en el sistema legal administrativo argentino que apenas supera los 10 años de vida y que está íntimamente relacionado con la legítima pretensión participativa de los usuarios, por conocer, en el momento oportuno, los asuntos que conciernen al interés público.
    Aunque se las encuentra en el Derecho de Francia bajo el nombre de “Enquêtes Publiques”, este tipo de reuniones reconoce como antecedente a las llamadas “Public Hearings”, que forman parte del Derecho y la vida institucional anglo-norteamericana.
    La Constitución Nacional de 1994 garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.
    Dr.Maximo Fonrouge, experto en derecho administrativo
    De todas formas nocomparte el fallo de la Corte del jueves pasado

    • Walter Gonzalo Costa dice:

      La CN (original y sabia, no la actual degeneración surgida del pacto espureo Alfonsin-Menem), establece en forma clara y precisa que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes.

  4. Silenoz dice:

    Ja ja ja…

    Bueno, muchachos pueden pedir una “cautelar” para que Uds. puedan pagar el aumento (decidan entre el 1000 y pico o 400%) …

    ¿”Precios de mercado” del petróleo y gas para que inviertan? Es curioso que con los precios actuales vayan a invertir en nuestro país cuando en todo el mundo la producción está en caída precisamente por sus bajos precios (fíjense cuanto factura don Paolo con su tubos sin costura)

    Por último los cráneos del mejor equipo de los últimos 50 años -y sus folowers por qué no- deberían explicar por qué el esquema aberrante y ruinoso implementado en los ’90 habrá de dar un resultado totalmente opuesto ahora…

    Y por ultimo, no culpen a la corte “populista” (ja ja… mamita) por las soberanas cagadas del mejor equipo… son indefendibles

  5. […] el lastre del tarifazo politizado y judicializado, el pilar Aranguren del tridente se fisuró. Y el pilar Prat Gay hasta ahora no termina de cuajar, […]

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