Los costos laborales

31/01/2017

Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado, el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la mitad

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el país en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al envejecimiento poblacional tienen las características de una bomba atómica de tiempo. Y en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-financiera de casi todo emprendimiento en blanco. 

Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015) no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y quedará un agujero negro en las cuentas fiscales. 

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como políticamente, de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.

En este párrafo vemos, implícitamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del gobierno. El gobierno obviamente querría lo opuesto (aunque no lo diga públicamente, por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

“Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico”, opina Campos. Y explica: “La informalidad laboral es parte de una economía no registrada”. Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la informalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta informalidad sería eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos. 

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un “almuerzo gratis” por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones en cinco puntos. 

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la “competencia” de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingresos. Y lo hacen porque percibirían que lo que ganan en cantidad de aportantes más que compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de impuestos del gobierno pasan al lado “bueno” de sus curvas de Laffer. 

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años 🙂

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Ideología y política migratoria

25/01/2017

Hace dos semanas escribí un post inspirado en la propuesta (hoy por hoy trunca) del gobierno de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Dicha propuesta fue una de las respuestas a la indignación que causó el asesinato de Brian Aguinaco por dos motochorros. En dicho post corrí al gobierno por derecha con la propuesta de eliminar las prestaciones sociales que reciben los familiares de menores que delinquen. 

Me alegra ver que por fin el gobierno muestra cierta simpatía por políticas de derecha, ya sea porque crea en ellas o porque sus encuestas muestren que no son tan piantavotos. Pocos días después que el presunto asesino de Brian fuera encontrado inimputable y enviado a Perú a reecontrarse con su familia, el gobierno le canceló la residencia permanente a su madre, Adriana González Cuadrado, originaria de Perú y que se encontraba al momento de la decisión de Migraciones con arresto domiciliario por una causa de narcotráfico. 

Ni los kirchneristas salieron a defender a González Cuadrado con lo cual el gobierno se anotició que en el tema migratorio tenía margen para modificar la política de fronteras porosas existente. Así es como el gobierno ahora analiza imponer restricciones en los trámites migratorios.

Dentro de las medidas estudiadas está acortar a dos meses el plazo para expulsar del país a aquellos extranjeros que cometan delitos serios (que superen los tres años de pena efectiva) y eliminar la automaticidad con que un residente temporario accede a la ciudadanía. Hoy en día la expulsión puede llevar hasta ocho años, y un bache legal permite que un turista acceda eventualmente a la ciudadanía sin tener residencia legal en el medio. 

Es importante notar que regular la inmigración impidiendo el ingreso de extranjeros con antecedentes penales en sus países de origen, o expulsar a quienes vinieron a la Argentina a delinquir, no viola el principio constitucional de ser un país abierto a los inmigrantes. Es simplemente diferenciar ser bueno de ser buenudo. 


Inflación de 2016: 33,5%

17/01/2017

Según Inflación Verdadera, la inflación de 2016 fue de 33,5%. Recordemos que por la metodología de este sitio no se computan tarifas, y que hace un año noté que iba a haber dos inflaciones, la del IPC que incluye tarifas, y la “núcleo” que no las incluye. En mi pronóstico para la economía local estimé a la segunda en 29%, con lo cual me quedé corto en un poco más de cuatro puntos.

Lo preocupante es que la inflación núcleo registrada por Inflación Verdadera en el segundo semestre fue, en términos anualizados, del 22,7%, sin una marcada trayectoria descendente. Y el Banco Central no parece hoy más preocupado que durante los últimos seis meses por la inflación. Por ende me parece que va a ser muy improbable que logre que la inflación de 2017 sea del 17% o menos (su meta es que esté entre el 12 y el 17%). 

Tomando en consideración que llegar a las elecciones de octubre con baja inflación probablemente sea una de las pocas banderas que el gobierno podrá mostrarle a los votantes en términos económicos, estimo que el incumplimiento será bajo y que la inflación de 2017 será del 19% (+/- dos puntos).

EXPOST: Hoy se publicaron los índices del Indec, el mayorista para el año pasado fue 34,5% y el de la construcción para el GBA 32,3%. Estmaciones consistentes con la de Inflación Verdadera.


Ideología y política social

09/01/2017

Hace un mes escribí un post resumiendo el primer año de gobierno de Macri. En el mismo digo que una de las razones por las cuales no espero grandes cambios en las políticas a implementar en el resto de su mandato es:

Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

La semana pasada escribí un tweet un tanto derechoso comentando el globo de ensayo del gobierno de bajar la edad de impuntabilidad de 16 a 14 años

El impacto que tuvo este tweet con más de 500 retweets y “me gusta” fue diez veces mayor al segundo más popular que haya escrito. Eso me hizo pensar que había tocado un nervio sensible. Y uno al que el gobierno debería prestar atención antes que aparezca un nuevo actor político que lo corra por derecha.

Es sabido que la oposición critica a Macri diciendo que gobierna “para los ricos”. En realidad el gobierno sesga sus políticas hacia quienes tienen poder, no riqueza per se. Gobierna para las provincias que, o controlan el Senado, o son gobernadas por dirigentes de Cambiemos. Gobierna para los dirigentes sociales que le pueden copar la calle (en la Ciudad, Rodríguez Larreta pareciera maldecir el controlar la policía y no poder culpar a Otro por el desmadre).

Los funcionarios progresistas que mencionaba en el anterior post arriba citado se apalancan en este discurso opositor para justificar su forma de ver la realidad y mantener el gasto social a niveles muy altos.

Pero el gobierno puede tomar medidas que sin bajar el gasto social le den un guiño a sus votantes de centro derecha (esos a quienes les gustó tanto mi tweet, y que si existiera una Ucedé moderna la votarían antes que a Cambiemos). La AUH es un beneficio que tiene condicionalidades en la medida que los padres deben cumplir requisitos de salud y educación. Por qué no agregar como condición que los chicos no delinquen? La gran mayoría no lo hace y habrá pocos casos de familias que pierdan sus beneficios por este motivo. Pero el anuncio satisfará a quienes son menos progresistas que el promedio.

Hablando de la AUH, otra posible idea de “derecha” (léase pensada con criterio de eficiencia) es graduarla por el orden de nacimiento de los hijos. Por ejemplo, supongamos que hoy en día una familia puede cobrar $100 por hijo hasta cinco hijos. Propongo que por el primero cobre $160, por el segundo $110, por el tercero $80, por el cuarto $60 y por el quinto $40. Los números son ilustrativos y deberían calcularse para que el Estado gaste lo mismo que lo que gasta hoy en día (decir que gaste menos es ajustar, vade retro satanás).

Por qué sería mejor esto? De base hay costos fijos de tener hijos por lo cual es razonable una prestación que sea decreciente en el número de hijos. Además, por un lado se corrigen los posibles incentivos que la prestación pueda tener en la fecundidad. Por otro lado se genera una transferencia de recursos de regiones con costo de vida relativamente bajo a regiones con costo de vida relativamente alto. Sin tener datos duros a mano me parece que hay mayor número de familias pobres con cinco o más hijos en el NOA o NEA que en la región pampeana. Y la canasta básica es más barata en el NOA que en la región pampeana (o patagónica). Con lo cual esta medida mejora la asignación de los recursos. 

Por supuesto que el lector progresista se rasgará las vestiduras y me insultará por ponerle un “precio” diferencial a cada niño y que eso viola sus derechos, y bla bla. Lo siento, yo no soy (tan) progresista y no puedo dejar de pensar en la ganancia de eficiencia de la propuesta, su atractivo para el votante de derecha huérfano de representación, y el hecho que Cambiemos gobierna en la región pampeana y la oposición peronista en las provincias más pobres. Igual dudo que el gobierno pueda/quiera/sepa como administrar la política social bajo otra ideología que no sea la progre populista. 


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