La educación pública se cayó

23/03/2017

Esta semana, el presidente Macri presentó los resultados de la evaluación Aprender. El progresismo local, en lugar de evaluar los muy pobres resultados de dicha prueba, se concentró en una frase del presidente: “Hay una terrible inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que caer en la escuela pública”. En las redes sociales proliferaron las consignas dolidas de prohombres (y mujeres) que defendían su “caída” en la escuela pública. Ricardo Roa hizo hoy en Clarín un interesante análisis

Se le cayó la frase a Macri y una legión de bien pensantes progres le cayó encima. Con interpretaciones para todos los gustos. Psicoanalíticas que la asociaron al inconsciente del ingeniero. Ideológicas que la relacionaron con la clase social de la que proviene. Y por supuesto de los activistas kirchneristas que confirmaron en la definición la voluntad de Macri de destruir la escuela pública.

Los responsables de más de una década de privatización de la educación pública con la fuga de alumnos a las escuelas privadas le endilgan a Macri ese objetivo. Los kirchneristas necesitan alimentar un prototipo de Macri a la medida de sus consignas. La mala noticia para esos bien pensantes es que tomada en sentido literal la frase de Macri sintoniza con lo que piensan los miles y miles de padres que han sacado a sus hijos de escuelas públicas.

Es una fuga hormiga que no sólo se verifica en los sectores medios y altos. Todos saben que la mejor educación ya no la proporciona el Estado. No es una cuestión ideológica.

En esta entrada no voy a analizar el lamentable estado de la educación en el país. De ello ya escribí en el pasado (ver acá, por ejemplo). Voy a tomar la nota de Roa como punto de partida, y me voy a concentrar en la actitud miope de tomar las palabras del presidente como una ofensa personal. Si uno toma las palabras en sentido literal, Macri se está refiriendo a los alumnos que, sin tener alternativa, hoy deben ir a una escuela pública. Caen en ella. No dice nada respecto a la calidad de la escuela pública hace 30 o 40 años. 

El problema es que los miopes en cuestión fueron a la escuela pública hace 30 o 40 años. Y la calidad de la escuela pública hoy está muy lejos de lo que fue en el pasado. Traigo a colación un par de anécdotas personales. Hice la primaria en un colegio privado, y en el Pellegrini hice el secundario. Ahí me di cuenta lo mala que había sido mi educación primaria, al contrastar mi preparación con la de mis compañeros que fueron a una primaria pública. Recién en tercer año logré ponerme al día en Matemáticas.

Terminé la secundaria en 1985. Cuando se cumplieron 30 años participé de los festejos con algunos de mis compañeros en el colegio. Y vi, con horror, como una de las aulas que habíamos usado estaba exactamente igual que en ese entonces. Ni bancos o pizarrones nuevos, ni computadora o cañón. Un desastre. 

Para alcanzar el crecimiento sostenido necesitamos elevar la calidad de la educación (pública y privada). Y para hacerlo tenemos que partir de un diagnóstico correcto. La educación pública no es un desastre porque el presidente usa el verbo caer, ni porque este gobierno quiera destruirla. La educación es un desastre porque hay intereses creados que no quieren reformar los estatutos docentes del siglo pasado que hacen que la misma masa de recursos que en otros países sostienen excelentes escuelas acá se diluyan en mantener docentes que no trabajan y suplentes que tampoco lo hacen. Es un desastre porque los sucesivos gobiernos desde 1983 a la fecha no han hecho frente a estos intereses creados. Es un desastre porque los miopes que la defienden al mismo tiempo mandan a sus hijos a colegios privados (y no les parece contradictorio). 

Es posible salir de este círculo vicioso? Creo que si. En particular se podría adoptar una reforma gradual que reduzca los generosos beneficios de los nuevos docentes sin afectar los intereses creados sobre los actuales maestros (en línea con lo que sugerí hace poco para el empleo público). Dudo que hoy se pueda avanzar mucho en esa dirección. Pero si seguimos sin hacer nada nuestra progresía miope terminará ciega. 


Inflación de febrero 2017

14/03/2017

Como dije en junio del año pasado, en el primero de una serie de posts que marcaron el fin de mi luna de miel con el gobierno de Macri, como el Banco Central fracasó en reducir la inflación al 1% mensual hoy tenemos a la inflación, y sus consecuencias, en las tapas de los diarios. Ayer, Pablo Maradei en una nota en Clarín, afirma que la inflación reportada por el INDEC para febrero, del 2,4%, lleva a varios gremios a elevar la vara en sus negociaciones salariales.

El 2,5% de inflación que informó el Indec para febrero, sumado al 1,8% de enero y un marzo que rondaría el 2%, se convirtió en pasto para los gremios, que van por paritarias superiores al 20%. Con estos antecedentes, se diluye la intención del Gobierno de fijar un techo en torno al 18%. Aun cuando dentro de las ofertas oficiales -por caso, la que les hacen a los docentes en provincia de Buenos Aires- sumen una cláusula gatillo para compensar incrementos por encima de lo acordado.

Como dije hace unas semanas, el gobierno debe concentrarse en cerrar las paritarias del sector público en niveles consistentes con una inflación debajo del 20%. Si en el sector privado algunos se deliran con aumentos del 30%, como según Maradei sería el caso de la UOM, los efectos que esto tendría sobre la actividad y el empleo serán responsabilidad de los sindicatos y empresarios involucrados.

¿Pero está realmente la inflación tan alta? El indicador de Inflación Verdadera de febrero fue de 1,6%. Recordando que en enero la marca fue de 2,3% tenemos un acumulado de 3,9%. Lo preocupante es que tomando los indicadores desde julio del año pasado la inflación anualizada da 23,2%, por encima del 22,7% anualizado que estimé para el segundo semestre de 2016. El siguiente gráfico muestra el indicador de Inflación Verdadera (la línea de color naranja) desde el primero de julio del año pasado.

No hace falta usar métodos estadísticos para ver que en los últimos ocho meses la inflación está oscilando sin tendencia clara a la baja. El trabajo para llevar la inflación del 23% actual a niveles compatibles con la meta del 17% del BCRA está en manos de los gobiernos de Macri y Vidal, y consiste en lograr cerrar paritarias en el sector público por debajo del 20%.

Si no lo logran, Sturzenegger se verá obligado a acomodar una vez más la política monetaria a la fiscal, perdiendo gran parte de su credibilidad en el proceso (según nota de Francisco Jueguen en La Nación hoy, sectores del gobierno le piden a Sturzenegger que se “traicione”, baje las tasas y tolere más inflación). Para el gobierno la pérdida, a medir en octubre, puede ser aún mayor.


El 2×1 de Trump para el empleo público

07/03/2017

La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta normativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?). Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de las desregulaciones en EEUU.

Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted…

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals. The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The courts found the move unjustified…

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regulaciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de impuestos). Y los mercados en dicho país reaccionaron positivamente al discurso de Trump en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada, e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape. (The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for review.)

En la Argentina sería bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte algunas de estas ideas, aunque todavía no queda claro cuánto quisiera desregular (para bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto dentro del gabinete como frente al resto de los actores políticos en el país.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando todavía estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años…). En ese momento, al igual que hoy en día, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.

Lo que había pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podía ser ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espíritu de la idea y su implementación requeriría resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que se aplicaría, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estaríamos en el 2042 si se empieza hoy. Imaginemos…


Paritarias e inflación

02/03/2017

Ayer, el presidente Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso hubo pocos anuncios económicos (tan pocos que no se afectaron las cotizaciones de acciones y bonos argentinos). Lo poco que hubo reafirma lo que vengo sosteniendo en este blog desde hace meses: que para octubre el único logro que el gobierno podrá mostrar de cara a las elecciones es una fuerte baja en la inflación.

Néstor Scibona resume el costado económico del discurso presidencial en esta nota publicada en La Nación hoy. Con respecto a la inflación copio un párrafo.

Dentro de las definiciones económicas, el Presidente apuntó al descenso de la inflación, que calificó de “tóxica”, y avaló la meta del Banco Central de reducirla al 17% en 2017, tras haberla ubicado en el segundo semestre de 2016 en 8,9% anualizada. Incluso con una referencia a las próximas paritarias del sector privado: “Empresarios y trabajadores deberían tenerla en cuenta”, dijo. “Ya probamos con la alta inflación en el pasado: hubo menos crecimiento y los salarios bajaron”, añadió. Aquí debió haber incluido una referencia a la inflación de 40% y la caída de 2,3% del PBI en 2016. Más que como autocrítica, como derivación de las políticas cambiaria, monetaria y tarifaria que desplomaron el consumo, aunque evitaron el estallido de la crisis macroeconómica latente que Cristina Kirchner había dejado como hipoteca a su sucesor.

Es interesante la mención a los empresarios y trabajadores (implícitamente del sector privado), porque en estos meses cruciales las paritarias se nuclean en dos. Por un lado tenemos las negociaciones de salarios del sector público y por otro lado las del sector privado. Tradicionalmente en estos años de dominancia fiscal sobre la política monetaria las paritarias públicas, tanto a nivel nacional como en la PBA, eran vistas como indicadores de inflación esperada por el sector privado y estructuraban la negociación salarial entre empresarios y sindicalistas.

Algo similar sucede hoy en día con el gobierno esforzándose por cerrar acuerdos salariales para los empleados públicos que sean consistentes con una inflación por debajo del 20% anual. El ejemplo es la negociación que el gobierno de María Eugenia Vidal cerró el año pasado con un sector de los empleados públicos con un aumento pautado en 18% con ajustes automáticos si la inflación supera las metas.

La resistencia que vemos en los gremios docentes a aceptar acuerdos similares que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios no se debe a la caída de los mismos el año pasado como dicen sus sindicalistas. La inflación núcleo de 2016 fue de 33,5% con lo cual en ciertas provincias hubo mejoras reales de los salarios docentes (y en otros distritos pérdida de poder adquisitivo, como la CABA). El motivo para ir a la huelga y no aceptar las propuestas salariales en la PBA es político: el kirchnerismo, al cual reporta Roberto Baradel, se dió cuenta que este mecanismo para las paritarias públicas hace posible que el gobierno llegue a octubre con el as en la manga de tener la inflación debajo del 1% mensual.

¿Debe el gobierno preocuparse por las paritarias del sector privado? Las intriguas e idas y vueltas detrás de la recientemente paritaria bancaria revelan que las negociaciones salariales privadas no le son indiferentes al gobierno (aunque en este caso el tamaño de la banca pública haga que se trate de un sector mixto). 

Si le seguimos extendiendo crédito al presidente Macri (ya no en cuotas sin interés), y tomamos en serio su advertencia respecto a las paritarias del sector privado, vemos que sus palabras solamente son creíbles si las negociaciones salariales con el sector público cierran por debajo del 20%. En este caso, si un sector acuerda con sus trabajadores un aumento salarial desproporcionado, digamos del 30%, el gobierno podrá lavarse las manos si en unos meses el empresariado y los sindicalistas del sector acuden a él buscando una ayuda para evitar despidos. Sin mencionar que dichos trabajadores difícilmente despierten simpatía en los votantes con piquetes para mantener sus aspiraciones desmedidas. 

Como se ve, lo crucial para bajar la inflación, enfrentar las elecciones con ciertas chances, y rescatar la credibilidad de Macri, es ver si el gobierno tiene el temple para sostener una huelga docente que puede ser prolongada. Si Macri puede hacer con el sindicalismo kirchnerista lo que Margaret Thatcher hizo con el sindicalismo laborista británico al doblegar a los mineros en los ochenta: cambiar la dinámica de poder de su país. 


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