Deterioro en las expectativas

08/02/2018

A fines del año pasado el gobierno anunció cambios en las metas de inflación. Pocas semanas más tarde forzó al Banco Central a bajar la tasa de interés (éste lo había hecho en un principio por 75 puntos básicos y una semana más tarde recortó las tasas otros 75 puntos básicos). El gobierno buscaba de esta forma estimular la economía para crecer más en un contexto en el que el triufo electoral del año pasado no habría incentivado la llegada masiva de inversiones.

Sin embargo parece que la jugada hubiera salido mal. El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central muestra un aumento en la inflación esperada y una caída en el crecimiento esperado. En efecto, la inflación esperada aumentó en un mes de 17,4% a 19,4% pero el crecimiento esperado para 2018 pasó de 3,2% a 3%. ¿Cómo se explica esto? 

La teoría nos dice que una política monetaria más laxa (o menos contractiva) debiera tener efectos positivos tanto en la inflación como en el nivel de actividad. A mi entender lo que sucedió es que al anunciar el gobierno el cambio en las metas de inflación, y además hacerlo diciendo que la suba de las tasas después de las elecciones había quitado aire a la recuperación de la economía, fue interpretado por el mercado como una señal que las cosas no están bien.

En efecto, las expectativas influyen en el equilibrio económico, y las noticias afectan las expectativas. Las acciones de fin de año del gobierno constituyeron malas noticias que el mercado usó para adaptar sus expectativas. Y este deterioro de las expectativas probablemente tenga efectos negativos sobre la actividad económica (hay trabajos académicos sobre esto, com por ejemplo este de Nir Jaimovich y Sergio Rebelo publicado en el AER en 2009). Esto último lo podemos ver reflejado en el siguiente cuadro de Federico Muñoz que vi en Twitter:

La línea celeste es el riesgo país de Argentina, mientras que la roja es un promedio de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Ambas muestran una trayectoria común (más volátil para nuestro país) hasta fin del año pasado. En ese momento el riesgo país de nuestro país empieza a ascender mientras que el del resto sigue su trayectoria descendente (nótese que la muestra es previa al aumento en la volatilidad de los mercados internacionales de los últimos días).

El gráfico es claro. La economía no responde mecánicamente a los cambios de política monetaria. También los toma, y la forma en que se anuncian, para actualizar su información, en este caso negativamente.

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Cláusula gatillo e inflación

30/01/2018

Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearía que los acuerdo salariales no tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de sus productos se desvíen (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confían en la meta inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados), desconfían de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales acotados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias: 

Aunque en el mercado creen que será difícil que el Central cumpla con su meta del 15%, Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y así, el economista que el año pasado había sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economía toma decisiones bajo el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economía.

Este problema de falta de credibilidad de la política monetaria está muy estudiado. En nuestro país nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creíble). La independencia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarían a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estaría en 1,8%). Y en cuanto a reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de políticas necesarias (reducción del déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk. 

EXPOST: Un día después de escribir este post, Eduardo van der Kooy en nota publicada en Clarín sugiere que el gobierno estaría dando marcha atrás en su pretensión de aumentos salariales acotados sin cláusula de indexación.

Otro punto crucial lo constituye la discusión de las paritarias que se avecinan. El Gobierno, en su discurso, ha ido de más a menos. Habló primero de un acuerdo que no podría superar el 15% o 16%. Sin la implementación de la cláusula gatillo. Un recurso que le permitió evitar conflictos durante el 2017. Esa idea está ahora en revisión. También, la supuesta inflexibilidad del techo. Macri y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, vienen declarando ahora que las paritarias serán libres.

 


Inflación de 2017 e independencia del BCRA

29/12/2017

Los importantes anuncios de ayer, dentro de los cuales sobresale la flexibilización de las metas de inflación, me obligan a adelantar este post sobre la inflación del año, y a agregarle un análisis de las nuevas medidas junto con una reflexión sobre la independencia (o no) de nuestro Banco Central.

Según Inflación Verdadera, la inflación núcleo de 2017 sería de 22% (están los datos hasta el 18 de diciembre), y la misma ha promediado un 1,5% mensual en el último bimestre del año. Esto marca una leve desaceleración en la inflación, pero imposible de detectar con esta información ya que estadísticamente la diferencia no sería significativa respecto del casi 24% anual que se observaba hasta la suba de tasas de fin de octubre. Habría que esperar unos meses más para ver si las mayores tasas de interés del Banco Central tienen efecto sobre la inflación.

Pero esto quizás no sea posible ya que ayer el gobierno anunció un nuevo sendero de metas de inflación que pasan a ser 15% para 2018 y decreciendo hasta 5% en 2020. Esta flexibilización en un año de las metas monetarias acompaña, con 15 meses de retraso, la flexibilización de las metas fiscales, que el gobierno había anunciado al asumir para borrar en septiembre de 2016 con la presentación del presupuesto en el Congreso. La flexibilización fiscal obedeció a la restricción política de no poder bajar los subsidios a la energía con la, valga la redundancia, energía que se pretendía. ¿Por qué ahora la flexibilización monetaria?

Tendríamos que preguntarnos primero por qué el Banco Central no relajó las metas de inflación al mismo tiempo que se modificó la política fiscal. En mi opinión, haberlo hecho en ese momento hubiese implicado la subordinación explícita de la política monetaria a la fiscal. Hubiese muerto la independencia del BCRA y Marcó del Pont o Vanoli, por dar dos nombres, hubieran podido volver al mismo sin que ello hubiese tenido costos sobre las expectativas, o el nivel de actividad.

Así como fue correcto mostrar firmeza en 2016, la tendencia inercial que mostró la inflación desde mediados de ese año, a oscilar alrededor del 23% anual, invitaba al Banco Central a hacer un replanteo de sus objetivos. En agosto de este año sugerí pasar del 10-12 al 12-15 como meta para 2018, argumentando que una meta realista le daría credibilidad al BCRA.

Los anuncios de ayer implican un movimiento en esta dirección. La mayoría de los analistas interpretan que Federico Sturzenegger perdió poder frente a Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Mario Quintana. No estoy tan de acuerdo, pues ello se basa en una lectura que asume un juego de suma cero mientras que la mayor coordinación de política fiscal y monetaria implica la creación de valor económico y poder político para el gobierno.

Es cierto que el gobierno le impone al Banco Central una nueva meta de inflación, lo que llevaría a este a bajar las tasas de interés. Pero esto no implica que el Banco Central tenga menos autonomía. La autonomía de un banco central debe leerse como autonomía en el uso de instrumentos para alcanzar los objetivos. Pero éstos no los decide el banco central sino el gobierno, o parlamento (en nombre de la sociedad).

En países desarrollados, como el marco macroeconómico es estable, no suelen tener conflictos en torno a la velocidad de una desinflación (salvo excepciones como la desinflación en EEUU de Paul Volcker entre fines de 1979 y fines de 1983 con una tasa de interés real tres puntos porcentuales por encima de lo normal para conseguirlo). Pero los bancos centrales allí persiguen el objetivo, fijado por sus principales (gobierno, sociedad) de inflación baja y estable, tratando de mantener el nivel de desempleo bajo mientras no comprometa el objetivo de inflación.

Mientras el Banco Central acepte un sendero de tasa de interés real más baja (consistente con un objetivo de inflación para 2018 más alto), manteniendo su autonomía respecto a cuando modificarla, no habrá comprometido su “independencia”. Es más, para analizar si hubo ganadores y perdedores dentro del gobierno con los anuncios de ayer, debemos resaltar que dentro de éstos sobresale que el gobierno reduciría sustancialmente el financiamiento del déficit del Tesoro por parte del BCRA.

Uno de los determinantes más importantes de la alta inflación es el alto nivel que tienen las transferencias del Banco Central al gobierno (es la forma en que se manifiesta la famosa “maquinita”). Si estás serán reducidas (lo cual es creíble/posible dado el ahorro fiscal que implica la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones) las expectativas de inflación bajarían. Y esto le permitiría al Banco Central reducir la tasas de interés de referencia satisfaciendo su parte en los anuncios de ayer.

Y si el Banco Central de todas formas iba a tener que flexibilizar su meta de inflación, haberlo hecho a cambio del compromiso explícito del gobierno a reducir su “dependencia” respecto de las transferencias del BCRA no me parece que deba ser leído como una derrota de Sturzenegger, o una pérdida de independencia del Banco. ¡Feliz año nuevo!

EXPOST: Esta mañana Marcos Peña señaló en declaraciones a Radio con Vos la misma idea de este post respecto a la independencia del BCRA: este tiene autonomía para elegir las herramientas, no los objetivos de política monetaria

El Banco Central es absolutamente independiente de ejecutar las políticas de acuerdo con las metas planteadas por el Ejecutivo

Y más tarde en el día, el FMI publicó el informe correspondiente a la aplicación del artículo IV en el país (por primera vez en mucho tiempo que este organismo audita la marcha de la economía argentina). Dentro de sus recomendaciones está reducir el financiamiento del Banco Central al gobierno. Como reporta La Nación:

[R]educir el financiamiento del Banco Central al Tesoro para “afianzar la independencia” de la autoridad monetaria y a apuntalar “la credibilidad del régimen de metas de inflación”.

¿Casualidad que este informe salga un día después del anuncio del gobierno? No, el gobierno estaba al tanto del contenido del mismo (hay varios argentinos en el staff del FMI y el informe surge de la interacción de los economistas del Fondo con los del gobierno). ¿Casualidad que la reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro sea vista como afianzando la independencia del BCRA? Espero que no. 

 

 


Los idus del gobierno de Macri

19/12/2017

Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno iba a tener una cosecha más modesta de votos. Había estimado la performance electoral en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por motivos políticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayoría de los analistas políticos dió por descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno había cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos últimos días observamos que la oposición le hizo pagar un costo político importante al gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como dije en su momento, nos esperaban 60 días (hasta fin de año) a “observar con detalle”.

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. En estos días de marchas atrás, doble discursos, y traiciones, nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada en la víspera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-K). Para lograrlo al gobierno le convendría tratar de separar la paja del trigo, identificar a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a la hora de votar todos se hacen los distraídos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que debería aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fondos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo. Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no confiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo “bueno” deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a política económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el “plan” es consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la política dominó sobre la economía este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en 2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un país descontrolado en el cual los violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su accionar? ¿Qué nos espera de un país donde un ex-candidato a diputado como Sebastián Romero (foto) nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policía, policía a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difícil respuesta.

EXPOST: Viendo cómo votaron los diputados de las distintas provincias me parece que el gobierno tendría que reservar la zanahoria para los siguientes distritos donde no gobierna Cambiemos: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Y aplicar el garrote con el resto de los gobernadores opositores (incluyendo Santa Fe).


Once, ARA San Juan, Atucha II

28/11/2017

El título de esta nota refiere a tragedias (la tercera en potencia) que se relacionan en forma directa con la corrupción del país. No solamente corrupción del Estado sino también del sector privado que provee insumos deficientes, y de una mayoría de la población que hace la vista gorda mientras puedan llegar, como sea, a fin de mes. Se necesitan los tres eslabones para explicar desidias que terminen con la vida de 51 civiles en Once, 44 militares en el fondo del Atlántico, y no sabemos, ni queremos imaginar, cuánto daño podría tener un fallo en la central de Atucha II.

Es inexplicable que los responsables de la tragedia de Once todavía no tengan una condena firme (curiosamente fueron condenados en primera instancia en diciembre de 2015, habría que ver cuál hubiera sido el fallo con Scioli presidente), y que Julio de Vido recién esté empezando a enfrentar a la Justicia por este (entre tantos otros) caso de corrupción flagrante.

Respecto a la desaparición del ARA San Juan, una nota de Hugo Alconada Mon publicada este domingo en La Nación revela irregularidades en la contratación de la reparación de las baterías del submarino, hoy consideradas la causa más probable de la explosión en el mismo.

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

“La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG”, precisaron los investigadores de Defensa.

Con respecto a Atucha II, hay que considera a esta central como un desastre en potencia, considerando el accionar del gobierno kirchnerista en todas las áreas donde puso mano durante la “década ganada”. Al respecto recuerdo este párrafo de una nota que escribí en marzo de 2011 a pocos días de la catastrofe de Fukushima en Japón:

Una forma cruda de ver la importancia que se le da a la seguridad nuclear en el mundo es notar que en nuestro país la Comisión Nacional de Energía Atómica está presidida por Norma Boero, una licenciada en Ciencias Químicas con amplia experiencia en el área, y Nucleoeléctrica S.A., encargada de operar las centrales nucleares y de la construcción de Atucha II, es presidida por el ingeniero Eduardo Messi. O sea no hay ineptos à la Boudou o camporistas en estas empresas (aunque tengo entendido que para Atucha II, el ministro De Vido forzó la contratación de ciertos proveedores cuyos productos tienen una baja calidad pero el control de la misma en la planta se encarga de devolver las piezas defectuosas).

Notemos el comentario al final en paréntesis. Hacía poco había visitado la central para ver las obras y fue en ese momento que escuché del problemita con los proveedores apadrinados por el omnipresente Julio de Vido (a esta altura debiéramos de medir su condena en múltiplos de cadenas perpetuas). El problema es que en una máquina tan compleja como un reactor nuclear la falla de un componente puede generar el colapso del todo, como un simple anillo de goma causó la explosión del Challenger en 1986.

Erradicar la corrupción del país, o al menos reducirla a niveles compatibles con el nivel de desarrollo que creemos debemos tener, no va a ser fácil. No lo va a poder lograr el presidente Macri ni siendo reelegido dentro de dos años. Pero si se empieza en serio a combatir este flagelo, la próxima generación de argentinos podrá salir del pozo en que nos metimos solos.


Ingresos brutos y reforma laboral

22/11/2017

Pocos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente en un par de posts (acá y acá). Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales, sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el mercado (teoría de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. Entonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa, políticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su eficiencia en usar insumos físicos, sino en administrar intangibles contactos políticos). Por eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar estos intereses rentísticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo palos en la rueda al acusar al gobierno de usar “otra Banelco”. Joaquín Morales Solá se refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especulando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.

Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la herramienta de política más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que hay fricciones políticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se autolimita dada su pleitesía al gradualismo.


La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14/11/2017

La semana pasada estuve unos días en Buenos Aires para participar en la conferencia de Lacea y Lames. El último día pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario de Política Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me dijo que difícilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego la Justicia falla en contra. 

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE…

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en países normales, la Justicia puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de reforma. 

Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artículo publicado en Brookings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás leerlo hoy en día no aporte mucho. Salvo por estos párrafos: 

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans. This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been compelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad política, legal y regulatoria. Estudiar la eficiencia de alguna política económica usando un modelo es una cosa. Implementar estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (ver acá, o acá donde propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso deflacionario, una ley que lo contemple en forma explícita y que tenga esta salvaguarda le daría a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consistencia de la macroeconomía sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad política de la Corte. 


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