Inflación de febrero 2017

14/03/2017

Como dije en junio del año pasado, en el primero de una serie de posts que marcaron el fin de mi luna de miel con el gobierno de Macri, como el Banco Central fracasó en reducir la inflación al 1% mensual hoy tenemos a la inflación, y sus consecuencias, en las tapas de los diarios. Ayer, Pablo Maradei en una nota en Clarín, afirma que la inflación reportada por el INDEC para febrero, del 2,4%, lleva a varios gremios a elevar la vara en sus negociaciones salariales.

El 2,5% de inflación que informó el Indec para febrero, sumado al 1,8% de enero y un marzo que rondaría el 2%, se convirtió en pasto para los gremios, que van por paritarias superiores al 20%. Con estos antecedentes, se diluye la intención del Gobierno de fijar un techo en torno al 18%. Aun cuando dentro de las ofertas oficiales -por caso, la que les hacen a los docentes en provincia de Buenos Aires- sumen una cláusula gatillo para compensar incrementos por encima de lo acordado.

Como dije hace unas semanas, el gobierno debe concentrarse en cerrar las paritarias del sector público en niveles consistentes con una inflación debajo del 20%. Si en el sector privado algunos se deliran con aumentos del 30%, como según Maradei sería el caso de la UOM, los efectos que esto tendría sobre la actividad y el empleo serán responsabilidad de los sindicatos y empresarios involucrados.

¿Pero está realmente la inflación tan alta? El indicador de Inflación Verdadera de febrero fue de 1,6%. Recordando que en enero la marca fue de 2,3% tenemos un acumulado de 3,9%. Lo preocupante es que tomando los indicadores desde julio del año pasado la inflación anualizada da 23,2%, por encima del 22,7% anualizado que estimé para el segundo semestre de 2016. El siguiente gráfico muestra el indicador de Inflación Verdadera (la línea de color naranja) desde el primero de julio del año pasado.

No hace falta usar métodos estadísticos para ver que en los últimos ocho meses la inflación está oscilando sin tendencia clara a la baja. El trabajo para llevar la inflación del 23% actual a niveles compatibles con la meta del 17% del BCRA está en manos de los gobiernos de Macri y Vidal, y consiste en lograr cerrar paritarias en el sector público por debajo del 20%.

Si no lo logran, Sturzenegger se verá obligado a acomodar una vez más la política monetaria a la fiscal, perdiendo gran parte de su credibilidad en el proceso (según nota de Francisco Jueguen en La Nación hoy, sectores del gobierno le piden a Sturzenegger que se “traicione”, baje las tasas y tolere más inflación). Para el gobierno la pérdida, a medir en octubre, puede ser aún mayor.


El 2×1 de Trump para el empleo público

07/03/2017

La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta normativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?). Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de las desregulaciones en EEUU.

Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted…

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals. The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The courts found the move unjustified…

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regulaciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de impuestos). Y los mercados en dicho país reaccionaron positivamente al discurso de Trump en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada, e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape. (The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for review.)

En la Argentina sería bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte algunas de estas ideas, aunque todavía no queda claro cuánto quisiera desregular (para bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto dentro del gabinete como frente al resto de los actores políticos en el país.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando todavía estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años…). En ese momento, al igual que hoy en día, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.

Lo que había pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podía ser ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espíritu de la idea y su implementación requeriría resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que se aplicaría, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estaríamos en el 2042 si se empieza hoy. Imaginemos…


Paritarias e inflación

02/03/2017

Ayer, el presidente Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso hubo pocos anuncios económicos (tan pocos que no se afectaron las cotizaciones de acciones y bonos argentinos). Lo poco que hubo reafirma lo que vengo sosteniendo en este blog desde hace meses: que para octubre el único logro que el gobierno podrá mostrar de cara a las elecciones es una fuerte baja en la inflación.

Néstor Scibona resume el costado económico del discurso presidencial en esta nota publicada en La Nación hoy. Con respecto a la inflación copio un párrafo.

Dentro de las definiciones económicas, el Presidente apuntó al descenso de la inflación, que calificó de “tóxica”, y avaló la meta del Banco Central de reducirla al 17% en 2017, tras haberla ubicado en el segundo semestre de 2016 en 8,9% anualizada. Incluso con una referencia a las próximas paritarias del sector privado: “Empresarios y trabajadores deberían tenerla en cuenta”, dijo. “Ya probamos con la alta inflación en el pasado: hubo menos crecimiento y los salarios bajaron”, añadió. Aquí debió haber incluido una referencia a la inflación de 40% y la caída de 2,3% del PBI en 2016. Más que como autocrítica, como derivación de las políticas cambiaria, monetaria y tarifaria que desplomaron el consumo, aunque evitaron el estallido de la crisis macroeconómica latente que Cristina Kirchner había dejado como hipoteca a su sucesor.

Es interesante la mención a los empresarios y trabajadores (implícitamente del sector privado), porque en estos meses cruciales las paritarias se nuclean en dos. Por un lado tenemos las negociaciones de salarios del sector público y por otro lado las del sector privado. Tradicionalmente en estos años de dominancia fiscal sobre la política monetaria las paritarias públicas, tanto a nivel nacional como en la PBA, eran vistas como indicadores de inflación esperada por el sector privado y estructuraban la negociación salarial entre empresarios y sindicalistas.

Algo similar sucede hoy en día con el gobierno esforzándose por cerrar acuerdos salariales para los empleados públicos que sean consistentes con una inflación por debajo del 20% anual. El ejemplo es la negociación que el gobierno de María Eugenia Vidal cerró el año pasado con un sector de los empleados públicos con un aumento pautado en 18% con ajustes automáticos si la inflación supera las metas.

La resistencia que vemos en los gremios docentes a aceptar acuerdos similares que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios no se debe a la caída de los mismos el año pasado como dicen sus sindicalistas. La inflación núcleo de 2016 fue de 33,5% con lo cual en ciertas provincias hubo mejoras reales de los salarios docentes (y en otros distritos pérdida de poder adquisitivo, como la CABA). El motivo para ir a la huelga y no aceptar las propuestas salariales en la PBA es político: el kirchnerismo, al cual reporta Roberto Baradel, se dió cuenta que este mecanismo para las paritarias públicas hace posible que el gobierno llegue a octubre con el as en la manga de tener la inflación debajo del 1% mensual.

¿Debe el gobierno preocuparse por las paritarias del sector privado? Las intriguas e idas y vueltas detrás de la recientemente paritaria bancaria revelan que las negociaciones salariales privadas no le son indiferentes al gobierno (aunque en este caso el tamaño de la banca pública haga que se trate de un sector mixto). 

Si le seguimos extendiendo crédito al presidente Macri (ya no en cuotas sin interés), y tomamos en serio su advertencia respecto a las paritarias del sector privado, vemos que sus palabras solamente son creíbles si las negociaciones salariales con el sector público cierran por debajo del 20%. En este caso, si un sector acuerda con sus trabajadores un aumento salarial desproporcionado, digamos del 30%, el gobierno podrá lavarse las manos si en unos meses el empresariado y los sindicalistas del sector acuden a él buscando una ayuda para evitar despidos. Sin mencionar que dichos trabajadores difícilmente despierten simpatía en los votantes con piquetes para mantener sus aspiraciones desmedidas. 

Como se ve, lo crucial para bajar la inflación, enfrentar las elecciones con ciertas chances, y rescatar la credibilidad de Macri, es ver si el gobierno tiene el temple para sostener una huelga docente que puede ser prolongada. Si Macri puede hacer con el sindicalismo kirchnerista lo que Margaret Thatcher hizo con el sindicalismo laborista británico al doblegar a los mineros en los ochenta: cambiar la dinámica de poder de su país. 


Inflación de enero y Precios Transparentes

14/02/2017

La semana pasada se publicaron índices de precios con mediciones un tanto dispares. Mientras que el INDEC reportó que la inflación de enero fue del 1,3%, en la Capital el indicador fue de 1,9%. Esta diferencia generó suspicacias.

El 1,3% de inflación de enero que difundió el Indec fue otro de los puntos que celebraron la semana pasada. Sin embargo, generó algunas suspicacias entre la oposición. “¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la inflación según Indec y la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires?”, reflexionó uno de los economistas más influyentes del establishment. Y agregó: “1,3% versus 1,9%. Es desconcertante”.

En mi opinión la disparidad resulta comprensible dada la heterogeneidad de las canastas empleadas y el contexto de alta inflación del país: si un bien aumentó el 10% en enero y la incidencia de dicho bien en las respectivas canastas es del 10% en Capital pero solamente del 5% para el INDEC, esto explica casi toda la diferencia.

Por eso no me sorprendió ver que para Inflación Verdadera la inflación de enero resultó aún mayor, del 2,3%. Este sitio nos permite ver que la inflación está en una trayectoria ascendente similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Ojo Sturzenegger.

Finalmente podemos usar los indicadores de Inflación Verdadera para tener una idea del impacto del programa de Precios Transparentes a nivel agregado.

Supongo que la mayoría de los lectores están familiarizados con este programa del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, así que solamente copio unos párrafos de esta nota

Bajo el concepto de “precios transparentes” los funcionarios anunciaron esta tarde nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de “separar el precio al contado de la opción en cuotas” para lograr “mayor transparencia” que derive en “mejor consumo”.

Según sostuvieron, la medida busca “evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado” y que también sean transparentes “todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información”…

Según se dijo en la conferencia de prensa, el Gobierno espera descuentos de entre un 10% y un 15% para los consumidores, puesto que los comercios no tendrán que elevar el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

Me parece una excelente iniciativa del gobierno, pero que parece ser tuvo algunos “efectos colaterales”. Me parece razonable darle a los consumidores la opción a comprar bienes diferenciando los precios del bien de la tasa de interés del correspondiente financiamiento. Según los libros de texto esto debiera resultar en una mayor demanda agregada con una reducción en los precios contado y un aumento en los precios financiados.

El efecto en los precios se debe a que efectivamente hasta el 31 de enero había un subsidio cruzado (Nota dentro del margen. No es cierto, como circuló en internet, que el 75% más pobre de la población subsidiara al 25% más rico que tienen tarjetas de crédito: los bienes que se venden con tarjeta de por si son bienes que no forman parte de la canasta de consumo de la mayoría de ese 75%). Y el efecto en la demanda agregada se da por el neto de la mayor demanda de los “consumidores contado” versus la menor demanda de los “consumidores financiado” si los precios ajustan de acuerdo a la cantidad relativa de los mismos en la población y dejando el margen de ganancia de los vendedores constante.

Lo que se observó fue una caída más grande en las ventas financiadas que el incremento en las compras contado. ¿Por qué? Una posible explicación se basa en sesgos del comportamiento. Si un consumidor financiado tomaba el precio como reflejando el valor real del producto su demanda reflejaba no solamente el subsidio cruzado sino también un efecto psicológico de ganar cuotas sin interés. Hoy en día este consumidor para comprar debe superar la pérdida psicológica de aceptar pagar por lo que antes le daban “gratis”. Espero que uno de los cronistas habituales de la economía del comportamiento (e.g. Sebastián Campanario o Martín Tetaz) presente una mejor explicación en los próximos días.

El gobierno, que debe de estar monitoreando las ventas en tiempo real, estuvo rápido de reflejos y antes la caída en las ventas en el agregado los bancos Nación, Provincia y Ciudad recientemente empezaron a ofrecer 50 cuotas al 19% anual. 

La iniciativa busca atemperar el fuerte incremento que los precios financiados mostraron en la última semana, es decir, desde que el Gobierno obligó a los comercios a diferenciar precios entre pago al contado y en cuotas. Y, al ser complementada con una simplificación de los requisitos para obtener las tarjetas de crédito, busca inducir a la banca privada a que se pliegue para evitar la retracción que se había comenzado a notar en las ventas financiadas desde la puesta en marcha del programa denominado “precios transparentes”.

Esto encendió un par de luces amarillas. Si la caída en la demanda agregada refleja sesgos en el comportamiento de los consumidores financiados, otorgar crédito con 50 cuotas muy probablemente resulte en una fracción importante de la población sobre-endeudada dentro de, digamos, 49 meses. Por otro lado, aun y confiando en que el Banco Central lleve la inflación a un dígito para 2019, la tasa de interés anual del 19% implica un subsidio sobre el costo real del financiamiento. Esto se cae de maduro si notamos que hace pocos meses el gobierno se endeudó a cinco años a una tasa del 17%. Si el gobierno solamente sigue esta política de subsidiar las compras con tarjeta de crédito por unos años no me parece mal, pero recordemos que todos los días el ministro del relato fiscal, Nicolás Dujovne, nos quiere convencer que el déficit va a bajar.

Ahora, ¿cuál fue el efecto del programa en el nivel agregado de precios? Si el programa hubiera tenido el impacto inicial teórico de aumentar la demanda agregada deberían aumentar los precios en promedio (con la ponderación según porcentaje poblacional de cada tipo de consumidor). Si por diversos motivos el consumo agregado cayó, los precios deberían reflejarlo. Según la consultora Elypsis hubo rebajas de entre 5,8% y 8% en algunos precios al contado. La nota no dice si la consultora registró aumentos en los precios financiados (aunque determinar el aumento porcentual es complicado pues no sirve sumar las cuotas).

Nuevamente podemos recurrir a Inflación Verdadera que tiene mediciones diarias de una canasta de precios al consumidor (con la salvedad que no sabemos si discriminan precios contado y financiado, ni si se ponderan por las cantidades de consumo respectivas). Tomando el indicador para el 3 de Febrero y para el 31 de enero vemos que la caída en el índice de precios fue de 0,2%, o sea un 10% de la inflación mensual antes reportada. Si bien creo que estadísticamente indica un efecto nulo, era lo que se esperaba para una (muy leve) caída en el consumo agregado.


Trump y los robots chinos

08/02/2017

A fin de año escribí un post sobre las perspectivas económicas de la administración Trump. Terminaba especulando que aunque una reforma tributaria (hoy en día se habla de un combo de reducción del impuesto a los ingresos para las empresas y un “impuesto” al déficit comercial) llegara a incentivar un aumento en la producción manufacturera en los EEUU esto no iba a repercutir en mayor empleo porque las nuevas tecnologías son intensivas en robots.

Hace pocos días, leyendo la edición enero/febrero del MIT Technology Review me dí cuenta que no fui el primero en llegar a esta conclusión. Mark Muro, investigador de Brookings, hizo un argumento similar un mes antes:

It bears noting that the nature of the new manufacturing growth may only be deepening the political problem of manufacturing. Trump promises to “bring back” millions of manufacturing jobs for dispossessed workers by modifying the terms of trade: by renegotiating NAFTA, rejecting the Trans-Pacific Partnership, and slapping China with tariffs. But the fact that the U.S. manufacturing sector has been succeeding by many measures in recent years makes Trump’s promises seem like false dreams.

In fact, the total inflation-adjusted output of the U.S. manufacturing sector is now higher than it has ever been. That’s true even as the sector’s employment is growing only slowly, and remains near the lowest it’s been. These diverging lines—which reflect improved productivity—highlight a huge problem with Trump’s promises to help workers by reshoring millions of manufacturing jobs. America is already producing a lot. And in any event, the return of more manufacturing won’t bring back many jobs, because the labor is increasingly being done by robots.

Para añadir leña al fuego, hace una semana


Los costos laborales

31/01/2017

Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado, el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la mitad

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el país en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al envejecimiento poblacional tienen las características de una bomba atómica de tiempo. Y en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-financiera de casi todo emprendimiento en blanco. 

Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015) no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y quedará un agujero negro en las cuentas fiscales. 

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como políticamente, de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.

En este párrafo vemos, implícitamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del gobierno. El gobierno obviamente querría lo opuesto (aunque no lo diga públicamente, por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

“Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico”, opina Campos. Y explica: “La informalidad laboral es parte de una economía no registrada”. Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la informalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta informalidad sería eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos. 

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un “almuerzo gratis” por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones en cinco puntos. 

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la “competencia” de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingresos. Y lo hacen porque percibirían que lo que ganan en cantidad de aportantes más que compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de impuestos del gobierno pasan al lado “bueno” de sus curvas de Laffer. 

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años 🙂


Ideología y política migratoria

25/01/2017

Hace dos semanas escribí un post inspirado en la propuesta (hoy por hoy trunca) del gobierno de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Dicha propuesta fue una de las respuestas a la indignación que causó el asesinato de Brian Aguinaco por dos motochorros. En dicho post corrí al gobierno por derecha con la propuesta de eliminar las prestaciones sociales que reciben los familiares de menores que delinquen. 

Me alegra ver que por fin el gobierno muestra cierta simpatía por políticas de derecha, ya sea porque crea en ellas o porque sus encuestas muestren que no son tan piantavotos. Pocos días después que el presunto asesino de Brian fuera encontrado inimputable y enviado a Perú a reecontrarse con su familia, el gobierno le canceló la residencia permanente a su madre, Adriana González Cuadrado, originaria de Perú y que se encontraba al momento de la decisión de Migraciones con arresto domiciliario por una causa de narcotráfico. 

Ni los kirchneristas salieron a defender a González Cuadrado con lo cual el gobierno se anotició que en el tema migratorio tenía margen para modificar la política de fronteras porosas existente. Así es como el gobierno ahora analiza imponer restricciones en los trámites migratorios.

Dentro de las medidas estudiadas está acortar a dos meses el plazo para expulsar del país a aquellos extranjeros que cometan delitos serios (que superen los tres años de pena efectiva) y eliminar la automaticidad con que un residente temporario accede a la ciudadanía. Hoy en día la expulsión puede llevar hasta ocho años, y un bache legal permite que un turista acceda eventualmente a la ciudadanía sin tener residencia legal en el medio. 

Es importante notar que regular la inmigración impidiendo el ingreso de extranjeros con antecedentes penales en sus países de origen, o expulsar a quienes vinieron a la Argentina a delinquir, no viola el principio constitucional de ser un país abierto a los inmigrantes. Es simplemente diferenciar ser bueno de ser buenudo. 


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