Los idus del gobierno de Macri

19/12/2017

Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno iba a tener una cosecha más modesta de votos. Había estimado la performance electoral en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por motivos políticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayoría de los analistas políticos dió por descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno había cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos últimos días observamos que la oposición le hizo pagar un costo político importante al gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como dije en su momento, nos esperaban 60 días (hasta fin de año) a “observar con detalle”.

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. En estos días de marchas atrás, doble discursos, y traiciones, nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada en la víspera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-K). Para lograrlo al gobierno le convendría tratar de separar la paja del trigo, identificar a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a la hora de votar todos se hacen los distraídos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que debería aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fondos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo. Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no confiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo “bueno” deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a política económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el “plan” es consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la política dominó sobre la economía este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en 2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un país descontrolado en el cual los violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su accionar? ¿Qué nos espera de un país donde un ex-candidato a diputado como Sebastián Romero (foto) nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policía, policía a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difícil respuesta.

EXPOST: Viendo cómo votaron los diputados de las distintas provincias me parece que el gobierno tendría que reservar la zanahoria para los siguientes distritos donde no gobierna Cambiemos: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Y aplicar el garrote con el resto de los gobernadores opositores (incluyendo Santa Fe).


Ingresos brutos y reforma laboral

22/11/2017

Pocos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente en un par de posts (acá y acá). Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales, sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el mercado (teoría de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. Entonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa, políticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su eficiencia en usar insumos físicos, sino en administrar intangibles contactos políticos). Por eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar estos intereses rentísticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo palos en la rueda al acusar al gobierno de usar “otra Banelco”. Joaquín Morales Solá se refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especulando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.

Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la herramienta de política más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que hay fricciones políticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se autolimita dada su pleitesía al gradualismo.


La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14/11/2017

La semana pasada estuve unos días en Buenos Aires para participar en la conferencia de Lacea y Lames. El último día pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario de Política Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me dijo que difícilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego la Justicia falla en contra. 

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE…

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en países normales, la Justicia puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de reforma. 

Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artículo publicado en Brookings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás leerlo hoy en día no aporte mucho. Salvo por estos párrafos: 

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans. This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been compelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad política, legal y regulatoria. Estudiar la eficiencia de alguna política económica usando un modelo es una cosa. Implementar estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (ver acá, o acá donde propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso deflacionario, una ley que lo contemple en forma explícita y que tenga esta salvaguarda le daría a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consistencia de la macroeconomía sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad política de la Corte. 


La reina ha muerto, ¿viva el rey?

02/11/2017

Las elecciones del pasado domingo 22 de octubre marcaron la muerte política del mito Cristina Kirchner. Seguirá activa en política mientras pueda, pero ya no podrá aspirar a conducir un partido político con expectativas de recuperar la presidencia del país. Antes de las PASO había escrito en este post que si Cristina ganaba en octubre igual perdía. Me refería a que si hubiera ganado, el resto del peronismo le hubiera hecho la vida más fácil a Macri para que pudiera llegar entero a 2019. Porque si algo quedó claro este año es que el PJ en masa odia a Cristina (tanto o más que lo que ella odia al peronismo).

En estos diez días varias señales nos indican que Macri salió fortalecido y el gobierno ya no es tan débil. Los mercados festejaron, Gils Carbó renunció y De Vido marchó preso. Ahora la cuestión es qué tan poderoso se ha vuelto el gobierno. En los números sigue en minoría en ambas cámaras del Congreso y aunque llegó al 41% de los votos a nivel nacional no nos tenemos que olvidar que gran parte de estos votos siguen siendo prestados para acabar con el kirchnerismo (léase, son votos blandos). Llegar al 45% en primera vuelta en 2019 sigue siendo un objetivo más fácil en las matemáticas que en la realidad.

Para ver dónde quedó parado el gobierno analizemos las medidas de esta semana y la respuesta de la oposición (que expresó su disconformidad con los anuncios, señal de la mayor fortaleza del gobierno, ver primer párrafo de esta nota). Primero Macri brindó unos lineamientos generales y luego Dujovne profundizó un poco en los detalles. Lo que salta a la vista es que el gobierno se mueve en la dirección (subjetivamente) correcta de bajar impuestos, reducir ineficiencias y abrir la economía. Pero que plantea hacerlo al ritmo tortuga que le impone el gradualismo. En efecto, si el gasto baja lentamente, difícilmente puedan los impuestos bajar rápidamente.

Como dice Carlos Pagni en esta excelente nota en La Nación hoy: “Entre la inviabilidad social del ajuste y la inviabilidad fiscal de la inversión se abre el estrecho sendero por el que se mueve la reforma de Macri.” Y como la nota es tan buena copio otras partes de la misma:

Las novedades que han empezado a discutirse son un modelo para armar. Su primera pieza es la reforma tributaria nacional. Supone dos aumentos de ingresos para el Estado, que se escudan en la corrección política. Uno es el impuesto a las bebidas que “hacen mal”… El otro nuevo impuesto es el de la renta financiera. 

Las principales rebajas de impuestos son cuatro. Reducción de la alícuota de 35 a 25% para las ganancias que se reinvierten… La otra es la eliminación del escandaloso “impuesto tecnológico”, creado en beneficio de los importadores que arman y embalan electrónicos, sobre todo en Tierra del Fuego… El tercer alivio para las empresas es la reforma laboral. Habrá un mínimo no imponible de cargas patronales para salarios inferiores a $ 12.000, que son los que compiten con los del sector informal. También se establece un fondo de despido para actividades con rotación cíclica de personal, a semejanza de lo que ya rige en la construcción. Es un castigo a la industria del juicio laboral. Además, habrá un régimen muy económico para que los miniemprendimientos puedan blanquear al personal. Estas tres medidas apuntan a reducir la informalidad.

La tímida reducción de impuestos que propone el gobierno nacional supone que las provincias bajarán Ingresos Brutos. Es un viejo gravamen sobre las ventas que comenzó a extenderse a todos los tramos de la actividad económica. Esa cascada estrangula la competitividad porque, a diferencia del IVA, no se descuenta el que se paga con la compra del insumo. La recaudación total equivaldría a 4% del PBI… Los gobernadores se aferran a los impuestos propios, aunque sean distorsivos, porque temen que la Corte falle a favor de restituir a Buenos Aires su participación histórica en el Fondo del Conurbano.

Lo más probable, sin embargo, es que ese fondo especial salga de otra fuente: el ahorro que haría la Nación si se modificara la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es la piedra angular de toda esta arquitectura… El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE. El cambio ya está contemplado en el proyecto de presupuesto. En principio, llevaría la actualización de un 27% a un 23% anual. El cambio significaría un ahorro de alrededor de $ 100.000 millones. El atractivo de esta decisión para los gobernadores es que de aquí saldría el Fondo del Conurbano. El atractivo para Macri es que en esos $ 100.000 millones se esconde, en parte, la chance de la reelección…

El rompecabezas tributario se terminará de armar con los gobernadores peronistas en una cumbre prevista para el jueves próximo. En el duelo cada sector esconde un arma. La fecha crucial es el 31 de diciembre. Ese día vence la ley del impuesto al cheque. Es un ingreso importante del Estado central, que percibe el 85% de lo recaudado. El peronismo podría intentar no renovarlo. El mismo día vence la suspensión del pacto fiscal de 1993. Si Cambiemos decide no ratificarla, las provincias deberán reducir Ingresos Brutos al 3% y aplicarlo sólo sobre la venta final del producto.

Para calibrar esta confrontación hay que considerar una novedad estratégica. Cambiemos controlará desde el 10 de diciembre más de un tercio de cada cámara del Congreso. Quiere decir que la oposición no podrá juntar dos tercios. En otras palabras: no podrá anular un veto presidencial. Es una clave para entender este debate. Para vislumbrar los próximos dos años. Y para detectar al nuevo Macri.

Con respecto al conflicto por fuentes de ingresos que Pagni menciona en los últimos párrafos de su nota no tengo dudas que el gobierno tiene las mejores cartas. Para algunas provincias perder Ingresos Brutos sería, valga la redundancia, un bruto golpe financiero. Mientras que para el gobierno nacional perder el impuesto al cheque no es un golpe de KO. Quedan 60 días de febriles negociaciones a observar con detalle.

Finalmente, de la nota de Pagni se desprende que ninguna de las medidas presentadas es revolucionaria (como lo fueron las reformas estructurales que acompañaron a la Convertibilidad en la primera mitad de los noventa). Siguiendo el hilo de post anteriores (acá y acá), se empieza a ver un (modesto) plan económico. Y mi última reflexión, es sobre el impuesto a la renta financiera. No es que me parezca mal per se. Pero no puedo evitar pensar en lo que escribí hace un año respecto al blanqueo: “blanqueá hoy y mañana te desplumamos”.


Cristina y las PASO

25/07/2017

Los datos de las últimas semanas están indicando que Cristina Kirchner ganaría las PASO del próximo mes en la PBA. En efecto, los voceros oficiales e informales del gobierno han pasado de la alegría por la partición en tres del peronismo cuando cerraron las listas el mes pasado a la angustia de ver que Esteban Bullrich estaría peleando el segundo puesto.

Analistas de diverso pelaje están diciendo que perder por unos pocos puntos contra Cristina no es malo ya que permitiría al voto útil concentrarse en el candidato de Cambiemos en Octubre. O sea, aceptan que hoy en día las cosas están mal para el gobierno. Claro como el agua fue Jaime Durán Barba en una nota en Perfil el sábado pasado.

Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia, es probablemente un votante duro. No decimos que todos los partidarios de Cristina vivan en esas circunstancias, sino que quienes las viven pueden respaldarla con más firmeza. Desde otro punto de vista, si el encuestado tiene poca información de lo que ocurre en el mundo, cree que sería mejor que todas las empresas fueran estatales para que subsidiaran sus productos, cree en líderes mesiánicos, votará fácilmente por el populismo.

Hay un porcentaje importante de electores que vive en la pobreza, pero no atribuye su situación a la desidia de quienes gobernaron el país y la Provincia en las últimas décadas, sino que la acepta como un sino inevitable. En investigaciones realizadas por alguna universidad encontraron que estos pobres no tienen esperanza de que mejore su situación, y normalmente no hacen esfuerzos para que sus hijos estudien y se preparen para un futuro que parece inalcanzable. Hay también otros elementos que permiten detectar el voto duro de este tipo: si el encuestado es un firme defensor de los derechos humanos y además respalda a la dictadura militar venezolana sólo puede votar por Cristina o por alguna versión arcaica de la izquierda. Es un voto imposible para cualquier candidato que analice racionalmente la política.

Cristina tiene mucho “votante duro” en el conurbano. El gobierno reacciona lanzando créditos para beneficiarios de la AUH. Desde una perspectiva política es una pésima idea pues está pescando entre los votos duros del kirchnerismo y poco y nada cambiarán su voto por un crédito lanzado a las apuradas. Podría esta medida ayudar a reactivar la economía? Quizás sí, si está bien diseñada. Eso lo veremos con más información.

La que está siendo muy inteligente en la campaña es Cristina, al mostrarse moderada e interesada por todos los argentinos. Los lectores del blog son concientes de la falsedad manifiesta de esta postura. A los votos duros que tiene no le importa si se muestra mansa o confrontativa. Pero la careta no apunta ni a sus votantes ni a los votantes de Cambiemos. Apunta a quienes estén indecisos entre Cambiemos y 1país. Efectivamente, si estos votantes presumen que Cristina es una amenaza votarían al gobierno, pero en caso contrario contemplarían votar una alternativa (ya que, comprensiblemente, están decepcionados). Así la Cristina mansa aunque no gane votos se los hace perder al gobierno.

Difícil para el gobierno elegir el relato para estas elecciones. Si, como indican algunas declaraciones de los últimos días, presentan a Cristina sacando solamente 14% a nivel nacional empujan a los indecisos a votar a Massa. Pero si se enfocan en una posible derrota en PBA ponen en peligro la “gobernabilidad”.

Igual, si Cristina gana en octubre, pierde. Pero eso queda para otro post.


Rumbo a las PASO

29/06/2017

Hace varios días que vengo meditando escribir una nota sobre la importancia de las PASO. Varios analistas y políticos cuestionaban su utilidad basándose en que casi todos los partidos presentaron una sola lista para las elecciones de agosto de este año. Ahora se suma el gobierno proponiendo derogar las internas para la próximas elecciones presidenciales.

En un inesperado giro político, el gobierno de Mauricio Macri propuso ayer revisar el sistema de elecciones primarias abiertas , simultáneas y obligatorias (PASO) creado en 2010 y derogarlo para las presidenciales de 2019. Considera que tiene baja utilidad política, extiende las campañas y cuesta $ 2600 millones.

La propuesta causó sorpresa porque el propio Macri surgió como candidato fuerte en 2015 tras unas PASO que unificaron a la oposición fragmentada. En aquella oportunidad venció a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y a Ernesto Sanz, de la UCR, sus socios en el frente Cambiemos.

Sin embargo, el argumento oficial ahora es que el sistema es caro y fracasó este año como herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral.

Hay dos cuestiones que quisiera resaltar. Primero no es posible decir que las PASO fracasaron porque la mayoría de los partidos presentaron una lista única. El número de candidatos dentro de cada espacio político, y la calidad de los mismos, es la respuesta de equilibrio a la existencia de las PASO como institución electoral. Si no hubiera internas abiertas el cacique jefe de un partido tendría más margen para digitar qué candidatos presentar, y en general la calidad de los mismos sería generalmente inferior, al menos desde un punto de vista social.

Lo segundo a considerar es quién se beneficia y quién se perjudica si se eliminan las PASO para 2019. Como bien dice la nota de Mariano Obarrio en La Nación, Macri se benefició de este mecanismo electoral en 2015. Agregaría que sin las PASO hubiera sido difícil asociar la UCR y el PRO (las internas cerradas no le convenían a Macri, y si hubiera habido que discutir como hacer una interna el trabajo de persuasión de Ernesto Sanz habría sido mucho más complicado).

Pero Macri ahora es el “incumbent”, y no va a competir en internas en Cambiemos dentro de dos años.

La oposición peronista hoy en día está dividida en tres. Tenemos a Sergio Massa, quien fue el primer “renovador” (o traidor), Cristina con los ultra populistas, y finalmente el resto o peronismo “residual” (en realidad residual en Buenos Aires, dominante en el resto del país). En estas elecciones no se va a terminar de definir el futuro del PJ, pero estas tres facciones verán en qué condiciones llegan a 2019 para disputarle, en principio con grandes chances de éxito, la presidencia a Macri.

Para este trío va a ser crucial tener el paraguas de las PASO para ordenar esta disputa, y presentarse en una misma interna o al menos divididos en dos alianzas electorales. En efecto, basta ver las complicaciones de Florencio Randazzo para postularse dentro del PJ este mes para darse una idea de la dificultad que habría para articular una competencia si fuese via una interna cerrada (quién pone las reglas?, quién depura los padrones?, etc.). En este caso difícilmente el peronismo tendría menos fragmentación que en esta elección.

Como la reforma de las PASO requiere de una mayoría especial en el Congreso dudo que el gobierno tenga éxito en llevarla a cabo. Solamente podrá hacerlo mediante un acuerdo con un bloque de legisladores interesados en cierta impunidad judicial. Veremos.


Política monetaria actual

18/04/2017

La decisión de Banco Central de subir las tasas de interés 150 puntos básicos la semana pasada despertó críticas por derecha e izquierda. Los comentarios fueron tanto políticos, como señalar que Federico Stuzenegger es el super ministro de Macri, como económicos, la mayoría de estos indicando que el BCRA se pasó de rosca al subir tanto las tasas. Un análisis interesante es el de la nota de Néstor Scibona en La Nación este domingo, de la cual voy a copiar unos párrafos.

Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.

Aceptando que como inflation targeting llamamos el querer bajar la inflación, y que se usa como instrumento más la regulación de la cantidad de dinero que la tasa de interés (ver esta entrada sobre política monetaria de hace poco más de un año), ¿qué inflación mira el Banco Central? La inflación núcleo, pues al ser independiente tiene más sentido fijar sus metas sobre un indicador que no se vea contaminado por precios volátiles (como energía o alimentos), o cuestiones políticas, como ser la velocidad con la cual el gobierno elimina subsidios a la energía.

¿Cómo debería reaccionar el Banco Central ante un aumento en las tarifas de gas o electricidad? Si este cambio estaba anticipado no debiera haber reacción pues si bien esto elevaría el IPC, la trayectoria de la inflación núcleo no se vería afectada. Con lo cual el comentario de Bein antes citado es doblemente erróneo.

¿Y si hay un aumento no esperado en gas o electricidad? Esto obligaría a los consumidores a reducir su consumo agregado ya que para un dado ingreso pueden comprar menos bienes y servicios. La menor demanda tendería a reducir los precios de los bienes y servicios (excluyendo tarifas), i.e. este shock reduciría la inflación núcleo. El Banco Central podría entonces responder con una política más laxa. El año pasado ocurrió algo así pero al revés, la Corte Suprema puso un techo a la suba de tarifas. Por eso en ese momento sugerí que el Central tendría que haber ajustado su política (también entendía que factores políticos podían dificultar esta reacción).

Entonces, ¿cuál es el problema con la actual suba de tasas de interés, que responde a la persistencia de una inflación núcleo elevada (ver el anterior post)? Depende de cómo se forman expectativas en la economía argentina. El argumento de los párrafos precedentes presume que el Central tiene credibilidad. Por ende cuando hay un shock actúa en consecuencia. Si el sector privado creyera que el Central va a reaccionar entonces no le importaría lo que haga en el día a día con la tasa de interés. Miraría la meta para el año y tomaría decisiones acorde. En particular negociaría salarios.

El problema surge cuando el sector privado no está convencido de la vocación del BCRA para combatir la inflación (y esto debe ser leído como no está convencido cuánto apoya Macri a Sturzenegger). En este caso supongamos que le da un 50% de probabilidades al escenario inflación=17% y 50% de probabilidades a un escenario inflación=27% (para que de cerca del 21,6% que predice el FMI). ¿Cómo negocio salarios o fijo precios en este caso? Lo segundo es más fácil pues los precios de la mayoría de los bienes y servicios se pueden cambiar rápido (un precio promedio en EEUU tiene una vida cercana a los seis meses, en Argentina debe ser menor aún). Pero los salarios en general se negocian por un año.

Una solución, aconsejada por el gobierno, es cerrar acuerdos contingentes a la inflación, como se trata de hacer en el sector público. Pero si todo el mundo hace esto, y el gobierno logra llegar al 17%, un gremio que se corte solo y logre sacar un aumento fijo del 25% (o más) va a tener una recuperación del salario real mayor que el promedio. Y todos los gremios con cierto peso quisieran lograr esto.

Es por esto que las negociaciones salariales se complican y nos da una de las razones del BCRA para sobre actuar y subir la tasa 150 puntos: dar una señal de firmeza que oblige a los empresarios a enfrentar a los gremios y no ceder facilmente como en el pasado (aunque viendo las reacciones de la UIA en los medios se nota que es mucho más fácil ceder ante el gremio y hacer lobby inflacionista).

Además de la señal del Banco Central, el gobierno debiera de seguir mostrando mano firme para negociar con el sector público para conseguir acuerdos atados a la inflación (ver este post reciente) ya que en caso contrario el gasto público se desbordaría y el Central se vería obligado, una vez más, a salir al rescate del Tesoro dinamitando la baja en la inflación que tanto nos está costando conseguir.

Para cerrar, la nota de Scibona incluye la siguiente observación:

Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.

Como vengo diciendo desde agosto del año pasado, una baja inflación probablemente sea el único logro económico que Macri podrá mostrar en octubre. No sorprende que le de todo su apoyo a Sturzenegger, convirtiendo así a este en un super ministro de facto.


Paritarias e inflación

02/03/2017

Ayer, el presidente Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso hubo pocos anuncios económicos (tan pocos que no se afectaron las cotizaciones de acciones y bonos argentinos). Lo poco que hubo reafirma lo que vengo sosteniendo en este blog desde hace meses: que para octubre el único logro que el gobierno podrá mostrar de cara a las elecciones es una fuerte baja en la inflación.

Néstor Scibona resume el costado económico del discurso presidencial en esta nota publicada en La Nación hoy. Con respecto a la inflación copio un párrafo.

Dentro de las definiciones económicas, el Presidente apuntó al descenso de la inflación, que calificó de “tóxica”, y avaló la meta del Banco Central de reducirla al 17% en 2017, tras haberla ubicado en el segundo semestre de 2016 en 8,9% anualizada. Incluso con una referencia a las próximas paritarias del sector privado: “Empresarios y trabajadores deberían tenerla en cuenta”, dijo. “Ya probamos con la alta inflación en el pasado: hubo menos crecimiento y los salarios bajaron”, añadió. Aquí debió haber incluido una referencia a la inflación de 40% y la caída de 2,3% del PBI en 2016. Más que como autocrítica, como derivación de las políticas cambiaria, monetaria y tarifaria que desplomaron el consumo, aunque evitaron el estallido de la crisis macroeconómica latente que Cristina Kirchner había dejado como hipoteca a su sucesor.

Es interesante la mención a los empresarios y trabajadores (implícitamente del sector privado), porque en estos meses cruciales las paritarias se nuclean en dos. Por un lado tenemos las negociaciones de salarios del sector público y por otro lado las del sector privado. Tradicionalmente en estos años de dominancia fiscal sobre la política monetaria las paritarias públicas, tanto a nivel nacional como en la PBA, eran vistas como indicadores de inflación esperada por el sector privado y estructuraban la negociación salarial entre empresarios y sindicalistas.

Algo similar sucede hoy en día con el gobierno esforzándose por cerrar acuerdos salariales para los empleados públicos que sean consistentes con una inflación por debajo del 20% anual. El ejemplo es la negociación que el gobierno de María Eugenia Vidal cerró el año pasado con un sector de los empleados públicos con un aumento pautado en 18% con ajustes automáticos si la inflación supera las metas.

La resistencia que vemos en los gremios docentes a aceptar acuerdos similares que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios no se debe a la caída de los mismos el año pasado como dicen sus sindicalistas. La inflación núcleo de 2016 fue de 33,5% con lo cual en ciertas provincias hubo mejoras reales de los salarios docentes (y en otros distritos pérdida de poder adquisitivo, como la CABA). El motivo para ir a la huelga y no aceptar las propuestas salariales en la PBA es político: el kirchnerismo, al cual reporta Roberto Baradel, se dió cuenta que este mecanismo para las paritarias públicas hace posible que el gobierno llegue a octubre con el as en la manga de tener la inflación debajo del 1% mensual.

¿Debe el gobierno preocuparse por las paritarias del sector privado? Las intriguas e idas y vueltas detrás de la recientemente paritaria bancaria revelan que las negociaciones salariales privadas no le son indiferentes al gobierno (aunque en este caso el tamaño de la banca pública haga que se trate de un sector mixto). 

Si le seguimos extendiendo crédito al presidente Macri (ya no en cuotas sin interés), y tomamos en serio su advertencia respecto a las paritarias del sector privado, vemos que sus palabras solamente son creíbles si las negociaciones salariales con el sector público cierran por debajo del 20%. En este caso, si un sector acuerda con sus trabajadores un aumento salarial desproporcionado, digamos del 30%, el gobierno podrá lavarse las manos si en unos meses el empresariado y los sindicalistas del sector acuden a él buscando una ayuda para evitar despidos. Sin mencionar que dichos trabajadores difícilmente despierten simpatía en los votantes con piquetes para mantener sus aspiraciones desmedidas. 

Como se ve, lo crucial para bajar la inflación, enfrentar las elecciones con ciertas chances, y rescatar la credibilidad de Macri, es ver si el gobierno tiene el temple para sostener una huelga docente que puede ser prolongada. Si Macri puede hacer con el sindicalismo kirchnerista lo que Margaret Thatcher hizo con el sindicalismo laborista británico al doblegar a los mineros en los ochenta: cambiar la dinámica de poder de su país. 


Inflación de 2016: 33,5%

17/01/2017

Según Inflación Verdadera, la inflación de 2016 fue de 33,5%. Recordemos que por la metodología de este sitio no se computan tarifas, y que hace un año noté que iba a haber dos inflaciones, la del IPC que incluye tarifas, y la “núcleo” que no las incluye. En mi pronóstico para la economía local estimé a la segunda en 29%, con lo cual me quedé corto en un poco más de cuatro puntos.

Lo preocupante es que la inflación núcleo registrada por Inflación Verdadera en el segundo semestre fue, en términos anualizados, del 22,7%, sin una marcada trayectoria descendente. Y el Banco Central no parece hoy más preocupado que durante los últimos seis meses por la inflación. Por ende me parece que va a ser muy improbable que logre que la inflación de 2017 sea del 17% o menos (su meta es que esté entre el 12 y el 17%). 

Tomando en consideración que llegar a las elecciones de octubre con baja inflación probablemente sea una de las pocas banderas que el gobierno podrá mostrarle a los votantes en términos económicos, estimo que el incumplimiento será bajo y que la inflación de 2017 será del 19% (+/- dos puntos).

EXPOST: Hoy se publicaron los índices del Indec, el mayorista para el año pasado fue 34,5% y el de la construcción para el GBA 32,3%. Estmaciones consistentes con la de Inflación Verdadera.


Autopsia del gobierno de Macri

07/12/2016

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonía fina dentro de un modelo equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos extraordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar) en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la comparación debiera ser con el potencial que tenía el gobierno de Cambiemos en Diciembre de 2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la positiva, un cambio de orientación de la política económica, social e institucional que refuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”), acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del país (sendero creíble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias, mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga los pasos de Alfonsín y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creía que el nuevo gobierno, aunque políticamente débil, tenía mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debían pasar por el Congreso pero que le darían a los inversores una clara señal para traer fondos al país. Respecto de la inflación veía que la misma podía ser domada con el trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno: política monetaria relativamente contractiva, sendero creíble de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los subsidios a la energía y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenía que mantener un tipo de cambio depreciado lo que reducía los costos de importar capital y permitía competir. Para lograrlo hubiera habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los futuros de dólar impedía tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibí que el gobierno no tenía brújula. O como titulé una nota: no hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatían a innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores. Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni siquiera gradual, que no hacía el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial), sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto, no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se decidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribí una nota sobre como esto impactaba, negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes excepcional). Tomando en consideración la política real, léase las limitaciones externas y autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta de esto, y sí va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza (ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, así como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economía fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000 millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su política fiscal. También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que pudo ser.