Los idus del gobierno de Macri

19/12/2017

Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno iba a tener una cosecha más modesta de votos. Había estimado la performance electoral en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por motivos políticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayoría de los analistas políticos dió por descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno había cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos últimos días observamos que la oposición le hizo pagar un costo político importante al gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como dije en su momento, nos esperaban 60 días (hasta fin de año) a “observar con detalle”.

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. En estos días de marchas atrás, doble discursos, y traiciones, nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada en la víspera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-K). Para lograrlo al gobierno le convendría tratar de separar la paja del trigo, identificar a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a la hora de votar todos se hacen los distraídos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que debería aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fondos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo. Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no confiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo “bueno” deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a política económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el “plan” es consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la política dominó sobre la economía este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en 2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un país descontrolado en el cual los violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su accionar? ¿Qué nos espera de un país donde un ex-candidato a diputado como Sebastián Romero (foto) nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policía, policía a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difícil respuesta.

EXPOST: Viendo cómo votaron los diputados de las distintas provincias me parece que el gobierno tendría que reservar la zanahoria para los siguientes distritos donde no gobierna Cambiemos: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Y aplicar el garrote con el resto de los gobernadores opositores (incluyendo Santa Fe).

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Ingresos brutos y reforma laboral

22/11/2017

Pocos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente en un par de posts (acá y acá). Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales, sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el mercado (teoría de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. Entonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa, políticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su eficiencia en usar insumos físicos, sino en administrar intangibles contactos políticos). Por eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar estos intereses rentísticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo palos en la rueda al acusar al gobierno de usar “otra Banelco”. Joaquín Morales Solá se refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especulando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.

Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la herramienta de política más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que hay fricciones políticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se autolimita dada su pleitesía al gradualismo.


La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14/11/2017

La semana pasada estuve unos días en Buenos Aires para participar en la conferencia de Lacea y Lames. El último día pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario de Política Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me dijo que difícilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego la Justicia falla en contra. 

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE…

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en países normales, la Justicia puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de reforma. 

Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artículo publicado en Brookings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás leerlo hoy en día no aporte mucho. Salvo por estos párrafos: 

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans. This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been compelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad política, legal y regulatoria. Estudiar la eficiencia de alguna política económica usando un modelo es una cosa. Implementar estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (ver acá, o acá donde propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso deflacionario, una ley que lo contemple en forma explícita y que tenga esta salvaguarda le daría a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consistencia de la macroeconomía sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad política de la Corte. 


La reina ha muerto, ¿viva el rey?

02/11/2017

Las elecciones del pasado domingo 22 de octubre marcaron la muerte política del mito Cristina Kirchner. Seguirá activa en política mientras pueda, pero ya no podrá aspirar a conducir un partido político con expectativas de recuperar la presidencia del país. Antes de las PASO había escrito en este post que si Cristina ganaba en octubre igual perdía. Me refería a que si hubiera ganado, el resto del peronismo le hubiera hecho la vida más fácil a Macri para que pudiera llegar entero a 2019. Porque si algo quedó claro este año es que el PJ en masa odia a Cristina (tanto o más que lo que ella odia al peronismo).

En estos diez días varias señales nos indican que Macri salió fortalecido y el gobierno ya no es tan débil. Los mercados festejaron, Gils Carbó renunció y De Vido marchó preso. Ahora la cuestión es qué tan poderoso se ha vuelto el gobierno. En los números sigue en minoría en ambas cámaras del Congreso y aunque llegó al 41% de los votos a nivel nacional no nos tenemos que olvidar que gran parte de estos votos siguen siendo prestados para acabar con el kirchnerismo (léase, son votos blandos). Llegar al 45% en primera vuelta en 2019 sigue siendo un objetivo más fácil en las matemáticas que en la realidad.

Para ver dónde quedó parado el gobierno analizemos las medidas de esta semana y la respuesta de la oposición (que expresó su disconformidad con los anuncios, señal de la mayor fortaleza del gobierno, ver primer párrafo de esta nota). Primero Macri brindó unos lineamientos generales y luego Dujovne profundizó un poco en los detalles. Lo que salta a la vista es que el gobierno se mueve en la dirección (subjetivamente) correcta de bajar impuestos, reducir ineficiencias y abrir la economía. Pero que plantea hacerlo al ritmo tortuga que le impone el gradualismo. En efecto, si el gasto baja lentamente, difícilmente puedan los impuestos bajar rápidamente.

Como dice Carlos Pagni en esta excelente nota en La Nación hoy: “Entre la inviabilidad social del ajuste y la inviabilidad fiscal de la inversión se abre el estrecho sendero por el que se mueve la reforma de Macri.” Y como la nota es tan buena copio otras partes de la misma:

Las novedades que han empezado a discutirse son un modelo para armar. Su primera pieza es la reforma tributaria nacional. Supone dos aumentos de ingresos para el Estado, que se escudan en la corrección política. Uno es el impuesto a las bebidas que “hacen mal”… El otro nuevo impuesto es el de la renta financiera. 

Las principales rebajas de impuestos son cuatro. Reducción de la alícuota de 35 a 25% para las ganancias que se reinvierten… La otra es la eliminación del escandaloso “impuesto tecnológico”, creado en beneficio de los importadores que arman y embalan electrónicos, sobre todo en Tierra del Fuego… El tercer alivio para las empresas es la reforma laboral. Habrá un mínimo no imponible de cargas patronales para salarios inferiores a $ 12.000, que son los que compiten con los del sector informal. También se establece un fondo de despido para actividades con rotación cíclica de personal, a semejanza de lo que ya rige en la construcción. Es un castigo a la industria del juicio laboral. Además, habrá un régimen muy económico para que los miniemprendimientos puedan blanquear al personal. Estas tres medidas apuntan a reducir la informalidad.

La tímida reducción de impuestos que propone el gobierno nacional supone que las provincias bajarán Ingresos Brutos. Es un viejo gravamen sobre las ventas que comenzó a extenderse a todos los tramos de la actividad económica. Esa cascada estrangula la competitividad porque, a diferencia del IVA, no se descuenta el que se paga con la compra del insumo. La recaudación total equivaldría a 4% del PBI… Los gobernadores se aferran a los impuestos propios, aunque sean distorsivos, porque temen que la Corte falle a favor de restituir a Buenos Aires su participación histórica en el Fondo del Conurbano.

Lo más probable, sin embargo, es que ese fondo especial salga de otra fuente: el ahorro que haría la Nación si se modificara la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es la piedra angular de toda esta arquitectura… El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE. El cambio ya está contemplado en el proyecto de presupuesto. En principio, llevaría la actualización de un 27% a un 23% anual. El cambio significaría un ahorro de alrededor de $ 100.000 millones. El atractivo de esta decisión para los gobernadores es que de aquí saldría el Fondo del Conurbano. El atractivo para Macri es que en esos $ 100.000 millones se esconde, en parte, la chance de la reelección…

El rompecabezas tributario se terminará de armar con los gobernadores peronistas en una cumbre prevista para el jueves próximo. En el duelo cada sector esconde un arma. La fecha crucial es el 31 de diciembre. Ese día vence la ley del impuesto al cheque. Es un ingreso importante del Estado central, que percibe el 85% de lo recaudado. El peronismo podría intentar no renovarlo. El mismo día vence la suspensión del pacto fiscal de 1993. Si Cambiemos decide no ratificarla, las provincias deberán reducir Ingresos Brutos al 3% y aplicarlo sólo sobre la venta final del producto.

Para calibrar esta confrontación hay que considerar una novedad estratégica. Cambiemos controlará desde el 10 de diciembre más de un tercio de cada cámara del Congreso. Quiere decir que la oposición no podrá juntar dos tercios. En otras palabras: no podrá anular un veto presidencial. Es una clave para entender este debate. Para vislumbrar los próximos dos años. Y para detectar al nuevo Macri.

Con respecto al conflicto por fuentes de ingresos que Pagni menciona en los últimos párrafos de su nota no tengo dudas que el gobierno tiene las mejores cartas. Para algunas provincias perder Ingresos Brutos sería, valga la redundancia, un bruto golpe financiero. Mientras que para el gobierno nacional perder el impuesto al cheque no es un golpe de KO. Quedan 60 días de febriles negociaciones a observar con detalle.

Finalmente, de la nota de Pagni se desprende que ninguna de las medidas presentadas es revolucionaria (como lo fueron las reformas estructurales que acompañaron a la Convertibilidad en la primera mitad de los noventa). Siguiendo el hilo de post anteriores (acá y acá), se empieza a ver un (modesto) plan económico. Y mi última reflexión, es sobre el impuesto a la renta financiera. No es que me parezca mal per se. Pero no puedo evitar pensar en lo que escribí hace un año respecto al blanqueo: “blanqueá hoy y mañana te desplumamos”.


Cristina y las PASO

25/07/2017

Los datos de las últimas semanas están indicando que Cristina Kirchner ganaría las PASO del próximo mes en la PBA. En efecto, los voceros oficiales e informales del gobierno han pasado de la alegría por la partición en tres del peronismo cuando cerraron las listas el mes pasado a la angustia de ver que Esteban Bullrich estaría peleando el segundo puesto.

Analistas de diverso pelaje están diciendo que perder por unos pocos puntos contra Cristina no es malo ya que permitiría al voto útil concentrarse en el candidato de Cambiemos en Octubre. O sea, aceptan que hoy en día las cosas están mal para el gobierno. Claro como el agua fue Jaime Durán Barba en una nota en Perfil el sábado pasado.

Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia, es probablemente un votante duro. No decimos que todos los partidarios de Cristina vivan en esas circunstancias, sino que quienes las viven pueden respaldarla con más firmeza. Desde otro punto de vista, si el encuestado tiene poca información de lo que ocurre en el mundo, cree que sería mejor que todas las empresas fueran estatales para que subsidiaran sus productos, cree en líderes mesiánicos, votará fácilmente por el populismo.

Hay un porcentaje importante de electores que vive en la pobreza, pero no atribuye su situación a la desidia de quienes gobernaron el país y la Provincia en las últimas décadas, sino que la acepta como un sino inevitable. En investigaciones realizadas por alguna universidad encontraron que estos pobres no tienen esperanza de que mejore su situación, y normalmente no hacen esfuerzos para que sus hijos estudien y se preparen para un futuro que parece inalcanzable. Hay también otros elementos que permiten detectar el voto duro de este tipo: si el encuestado es un firme defensor de los derechos humanos y además respalda a la dictadura militar venezolana sólo puede votar por Cristina o por alguna versión arcaica de la izquierda. Es un voto imposible para cualquier candidato que analice racionalmente la política.

Cristina tiene mucho “votante duro” en el conurbano. El gobierno reacciona lanzando créditos para beneficiarios de la AUH. Desde una perspectiva política es una pésima idea pues está pescando entre los votos duros del kirchnerismo y poco y nada cambiarán su voto por un crédito lanzado a las apuradas. Podría esta medida ayudar a reactivar la economía? Quizás sí, si está bien diseñada. Eso lo veremos con más información.

La que está siendo muy inteligente en la campaña es Cristina, al mostrarse moderada e interesada por todos los argentinos. Los lectores del blog son concientes de la falsedad manifiesta de esta postura. A los votos duros que tiene no le importa si se muestra mansa o confrontativa. Pero la careta no apunta ni a sus votantes ni a los votantes de Cambiemos. Apunta a quienes estén indecisos entre Cambiemos y 1país. Efectivamente, si estos votantes presumen que Cristina es una amenaza votarían al gobierno, pero en caso contrario contemplarían votar una alternativa (ya que, comprensiblemente, están decepcionados). Así la Cristina mansa aunque no gane votos se los hace perder al gobierno.

Difícil para el gobierno elegir el relato para estas elecciones. Si, como indican algunas declaraciones de los últimos días, presentan a Cristina sacando solamente 14% a nivel nacional empujan a los indecisos a votar a Massa. Pero si se enfocan en una posible derrota en PBA ponen en peligro la “gobernabilidad”.

Igual, si Cristina gana en octubre, pierde. Pero eso queda para otro post.


Rumbo a las PASO

29/06/2017

Hace varios días que vengo meditando escribir una nota sobre la importancia de las PASO. Varios analistas y políticos cuestionaban su utilidad basándose en que casi todos los partidos presentaron una sola lista para las elecciones de agosto de este año. Ahora se suma el gobierno proponiendo derogar las internas para la próximas elecciones presidenciales.

En un inesperado giro político, el gobierno de Mauricio Macri propuso ayer revisar el sistema de elecciones primarias abiertas , simultáneas y obligatorias (PASO) creado en 2010 y derogarlo para las presidenciales de 2019. Considera que tiene baja utilidad política, extiende las campañas y cuesta $ 2600 millones.

La propuesta causó sorpresa porque el propio Macri surgió como candidato fuerte en 2015 tras unas PASO que unificaron a la oposición fragmentada. En aquella oportunidad venció a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y a Ernesto Sanz, de la UCR, sus socios en el frente Cambiemos.

Sin embargo, el argumento oficial ahora es que el sistema es caro y fracasó este año como herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral.

Hay dos cuestiones que quisiera resaltar. Primero no es posible decir que las PASO fracasaron porque la mayoría de los partidos presentaron una lista única. El número de candidatos dentro de cada espacio político, y la calidad de los mismos, es la respuesta de equilibrio a la existencia de las PASO como institución electoral. Si no hubiera internas abiertas el cacique jefe de un partido tendría más margen para digitar qué candidatos presentar, y en general la calidad de los mismos sería generalmente inferior, al menos desde un punto de vista social.

Lo segundo a considerar es quién se beneficia y quién se perjudica si se eliminan las PASO para 2019. Como bien dice la nota de Mariano Obarrio en La Nación, Macri se benefició de este mecanismo electoral en 2015. Agregaría que sin las PASO hubiera sido difícil asociar la UCR y el PRO (las internas cerradas no le convenían a Macri, y si hubiera habido que discutir como hacer una interna el trabajo de persuasión de Ernesto Sanz habría sido mucho más complicado).

Pero Macri ahora es el “incumbent”, y no va a competir en internas en Cambiemos dentro de dos años.

La oposición peronista hoy en día está dividida en tres. Tenemos a Sergio Massa, quien fue el primer “renovador” (o traidor), Cristina con los ultra populistas, y finalmente el resto o peronismo “residual” (en realidad residual en Buenos Aires, dominante en el resto del país). En estas elecciones no se va a terminar de definir el futuro del PJ, pero estas tres facciones verán en qué condiciones llegan a 2019 para disputarle, en principio con grandes chances de éxito, la presidencia a Macri.

Para este trío va a ser crucial tener el paraguas de las PASO para ordenar esta disputa, y presentarse en una misma interna o al menos divididos en dos alianzas electorales. En efecto, basta ver las complicaciones de Florencio Randazzo para postularse dentro del PJ este mes para darse una idea de la dificultad que habría para articular una competencia si fuese via una interna cerrada (quién pone las reglas?, quién depura los padrones?, etc.). En este caso difícilmente el peronismo tendría menos fragmentación que en esta elección.

Como la reforma de las PASO requiere de una mayoría especial en el Congreso dudo que el gobierno tenga éxito en llevarla a cabo. Solamente podrá hacerlo mediante un acuerdo con un bloque de legisladores interesados en cierta impunidad judicial. Veremos.


Política monetaria actual

18/04/2017

La decisión de Banco Central de subir las tasas de interés 150 puntos básicos la semana pasada despertó críticas por derecha e izquierda. Los comentarios fueron tanto políticos, como señalar que Federico Stuzenegger es el super ministro de Macri, como económicos, la mayoría de estos indicando que el BCRA se pasó de rosca al subir tanto las tasas. Un análisis interesante es el de la nota de Néstor Scibona en La Nación este domingo, de la cual voy a copiar unos párrafos.

Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.

Aceptando que como inflation targeting llamamos el querer bajar la inflación, y que se usa como instrumento más la regulación de la cantidad de dinero que la tasa de interés (ver esta entrada sobre política monetaria de hace poco más de un año), ¿qué inflación mira el Banco Central? La inflación núcleo, pues al ser independiente tiene más sentido fijar sus metas sobre un indicador que no se vea contaminado por precios volátiles (como energía o alimentos), o cuestiones políticas, como ser la velocidad con la cual el gobierno elimina subsidios a la energía.

¿Cómo debería reaccionar el Banco Central ante un aumento en las tarifas de gas o electricidad? Si este cambio estaba anticipado no debiera haber reacción pues si bien esto elevaría el IPC, la trayectoria de la inflación núcleo no se vería afectada. Con lo cual el comentario de Bein antes citado es doblemente erróneo.

¿Y si hay un aumento no esperado en gas o electricidad? Esto obligaría a los consumidores a reducir su consumo agregado ya que para un dado ingreso pueden comprar menos bienes y servicios. La menor demanda tendería a reducir los precios de los bienes y servicios (excluyendo tarifas), i.e. este shock reduciría la inflación núcleo. El Banco Central podría entonces responder con una política más laxa. El año pasado ocurrió algo así pero al revés, la Corte Suprema puso un techo a la suba de tarifas. Por eso en ese momento sugerí que el Central tendría que haber ajustado su política (también entendía que factores políticos podían dificultar esta reacción).

Entonces, ¿cuál es el problema con la actual suba de tasas de interés, que responde a la persistencia de una inflación núcleo elevada (ver el anterior post)? Depende de cómo se forman expectativas en la economía argentina. El argumento de los párrafos precedentes presume que el Central tiene credibilidad. Por ende cuando hay un shock actúa en consecuencia. Si el sector privado creyera que el Central va a reaccionar entonces no le importaría lo que haga en el día a día con la tasa de interés. Miraría la meta para el año y tomaría decisiones acorde. En particular negociaría salarios.

El problema surge cuando el sector privado no está convencido de la vocación del BCRA para combatir la inflación (y esto debe ser leído como no está convencido cuánto apoya Macri a Sturzenegger). En este caso supongamos que le da un 50% de probabilidades al escenario inflación=17% y 50% de probabilidades a un escenario inflación=27% (para que de cerca del 21,6% que predice el FMI). ¿Cómo negocio salarios o fijo precios en este caso? Lo segundo es más fácil pues los precios de la mayoría de los bienes y servicios se pueden cambiar rápido (un precio promedio en EEUU tiene una vida cercana a los seis meses, en Argentina debe ser menor aún). Pero los salarios en general se negocian por un año.

Una solución, aconsejada por el gobierno, es cerrar acuerdos contingentes a la inflación, como se trata de hacer en el sector público. Pero si todo el mundo hace esto, y el gobierno logra llegar al 17%, un gremio que se corte solo y logre sacar un aumento fijo del 25% (o más) va a tener una recuperación del salario real mayor que el promedio. Y todos los gremios con cierto peso quisieran lograr esto.

Es por esto que las negociaciones salariales se complican y nos da una de las razones del BCRA para sobre actuar y subir la tasa 150 puntos: dar una señal de firmeza que oblige a los empresarios a enfrentar a los gremios y no ceder facilmente como en el pasado (aunque viendo las reacciones de la UIA en los medios se nota que es mucho más fácil ceder ante el gremio y hacer lobby inflacionista).

Además de la señal del Banco Central, el gobierno debiera de seguir mostrando mano firme para negociar con el sector público para conseguir acuerdos atados a la inflación (ver este post reciente) ya que en caso contrario el gasto público se desbordaría y el Central se vería obligado, una vez más, a salir al rescate del Tesoro dinamitando la baja en la inflación que tanto nos está costando conseguir.

Para cerrar, la nota de Scibona incluye la siguiente observación:

Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.

Como vengo diciendo desde agosto del año pasado, una baja inflación probablemente sea el único logro económico que Macri podrá mostrar en octubre. No sorprende que le de todo su apoyo a Sturzenegger, convirtiendo así a este en un super ministro de facto.


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