Como eliminar las tarifas sociales

04/04/2017

Con un título así espero agitar el avispero. Este año ya escribí un par de posts derechosos (ver acá o acá), y si tuviera ganas de levantar la temperatura en esa dirección hubiera escrito sobre el número de desparecidos (son menos de diez mil, no es poco, punto). Espero que el lector llegué al final de la nota antes de ahondar más la grieta.

Hoy en día la tarifa social abarca casi todos los servicios públicos. Este link del gobierno nacional le muestra a todo jubilado, desempleado, beneficiario de AUH, o pobre como solicitar la tarifa social de transporte, agua corriente y cloacas (en BA) y de gas y electricidad (en todo el país). En mi opinión es ineficiente tener precios diferenciados para estos servicios públicos, y la ayuda social debiera ser directa, decidiendo los beneficiarios en qué gastarla.

En esta entrada me voy a ocupar de los subsidios energéticos cuyos beneficiarios potenciales son cerca de un tercio de la población.

Como es bien sabido, quienes no se benefician de una tarifa social están pagando cerca de la mitad del costo de la electricidad o gas que consumen. Con lo cual en realidad todos los argentinos tienen una “tarifa social” (pero, como diría George Orwell, algunos argentinos son más sociales que otros). Diferenciemos pues entre subsidios generalizados y focalizados (tarifa social).

El año pasado el gobierno empezó una gradual reducción de los subsidios energéticos generalizados, y debido a un fallo de la Corte Suprema la reducción pasó a ser muy gradual. O sea que estamos lejos del día en que al menos alguien pague el costo de la energía (pero, como no enseñó Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, o sea en realidad ya lo pagamos todos con impuestos, bueno todos los que pagan impuestos pero eso es abrir otro frente de batalla).

Para explicar mi idea, imaginemos que llegamos al día que se eliminan los subsidios generalizados. Ese día los no beneficiarios de la tarifa social pagan el costo de la energía, digamos 10, y los beneficiarios pagan menos, digamos 8. Hoy en día el costo (marginal) de la energía está dado por la paridad de importación dado que consumimos más energía que la que producimos. Es de esperar que el día que se eliminen los subsidios generalizados todavía sigamos importando energía (digo, ¿cuánto tiempo llevará este ajuste?, igual el mecanismo que propongo también funcionaría en caso que empecemos a exportar energía antes de la eliminación de los subsidios generalizados).

Dado el potencial del país, amén de Vaca Muerta, es de esperar que en el futuro cercano, si se mantienen reglas de juego claras, el país vuelva a ser un exportador neto de energía, como lo era antes de la pesificación de tarifas post crisis de 2001. Cuando eso suceda el costo (marginal) de la energía pasará a ser la paridad de exportación. Supongamos que la misma es de 7 (la diferencia entre 10 y 7 estaría dada por los costos de transporte y otras fricciones al comercio energético).

Cuando el país pase a ser un exportador neto de energía los consumidores argentinos tendrán una marcada reducción en los costos de la energía. Entonces si asociamos la tarifa social a la paridad de importación, en el ejemplo de esta nota la tarifa social es un 80% de la paridad de importación, cuando el país pase a ser un exportador neto la tarifa social desaparece.

Podría haber simplificado mi idea si me concentraba en decir lo que resalté en el último párrafo. Pero si esperamos al día que el país pase a ser exportador, seguro que surgirán presiones para mantener la tarifa social a pesar de la caída en los costos de la energía (¿cuántas cosas transitorias se vuelven permanentes en Argentina?). Si hoy el gobierno anuncia una indexación como la que sugiero será creíble que la eliminación de la tarifa social se produzca porque ocurrirá en un contexto en que los beneficiarios de la misma no percibirán un aumento, sino una reducción en sus facturas.

¿Habría costo político de anunciar esto hoy? Poco y nada, donde lo poco sería suficiente como para esperar hasta después de la elecciones (estas, no las de 2019). Como en realidad lo que se paga por electricidad y gas no solamente incluye el costo de la energía sino también cargos de transporte y distribucion, la implementación de esta idea es más compleja que lo que bosquejo aquí. Pero si el gobierno realmente quiere que la Argentina vuelva a ser un país normal, si se puede.

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La trampa de los subsidios al petróleo

26/01/2016

El precio del crudo es noticia en el mundo por la fuerte caída en su cotización. A principios de este mes rompió la barrera de los 30USD por barril y hay expectativas que llegue pronto a los 25USD. Para tener una idea de lo pronunciado de este cambio en el precio del petróleo basta ver que en julio del año pasado estaba por encima de los 50USD.

El petróleo arrastró a la baja las cotizaciones bursátiles en las principales bolsas del mundo. Y amenaza con arrastrar a la baja la “cotización” del gobierno de Macri (que según encuestas de opinión está muy bien conceptuado por el argentino promedio). ¿Por qué hago esta conexión? Porque hace varios días que en los medios se discute la existencia, y permanencia, de subsidios al petróleo de producción nacional.

Es bien sabido que la producción de petróleo implica rentas fluctuantes, pues sus costos son estables mientras que el precio de venta varía considerablemente (ver gráfico). Es por esto que en países con instituciones débiles los gobiernos se ven tentados a, y consiguen, expropiar a las empresas del sector cuando hay un boom. Así pasó en Bolivia con Evo Morales, por ejemplo. La contracara es que en tiempos de rentabilidad negativa los gobiernos buscan desprenderse de estos activos, y por eso la mayor parte de las privatizaciones ocurren cuando el petróleo está por el piso (Argentina en los noventa, México en tiempos recientes).

oilfredgraph

En la Argentina de los Kirchner se resolvió imponer retenciones móviles a las exportaciones de crudo cuando este estaba en las nubes a mediados de la década pasada. Y la contracara fueron los precios sostén cuando el petróleo se desplomó tras la crisis de 2008. En ese entonces la razón para pedir esta ayuda es la misma que hoy en día: con precios bajos la producción no es rentable y las empresas se verían obligadas a despedir a sus trabajadores.

El gobierno de Macri decidió mantener un precio sostén, pero en un principio solamente para el mercado interno. Esto afecta a las empresas de Chubut que venden al mercado externo (por el tipo de crudo que extraen). Por eso las protestas se concentraron en esa provincia.

El petrolero Carlos Bulgheroni se fue primero de la reunión en el Ministerio del Interior. Sin sobresaltos, recorrió diez metros por el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada y contestó la pregunta de LA NACION: “Vamos avanzando para alcanzar una solución. En los próximos días va a llegar”, anticipó. Llevaba en una delgada carpeta de plástico dos propuestas de las empresas del golfo San Jorge para evitar despidos por la crisis del crudo, que afecta en especial a Chubut y tiene en vilo a la provincia. La primera pedía que el Gobierno subsidiara al sector con US$ 515 millones este año para llevarles tranquilidad a unos 5000 empleados patagónicos cuyos trabajos, según el gremio, están en riesgo. La segunda pedía US$ 424 millones.

Nota antes de seguir: ¡El párrafo citado menciona asistencia de 100.000 dólares por trabajador!

Me cuesta entender la idea de mantener estos subsidios. El gobierno de Macri heredó un importante déficit fiscal y no está tomando medidas adecuadas para reducirlo, como mencioné en un post el año pasado. Prevalece la lógica que el crecimiento aumentará los ingresos y eso cerrará el déficit. Si suponemos que esta visión de “supply economics” es correcta, no sería consistente con medidas que aumenten aún más el déficit, como el gobierno ha tomado en sus primeras semanas. Salvo que crean en la existencia de un supermultiplicador, como los economistas de la Gran Makro (bueno un supermultiplicador sofisticado porque están los canales de oferta).

Además de las inconsistencias económicas de estos subsidios, no los entiendo en clave política. Por las razones expresas en el tercer párrafo se trata de un sector acostumbrado a los manotazos. Y es capital intensivo con lo cual los conflictos laborales se podrían, y debieran, canalizar puertas adentro de cada empresa. Si el gobierno mantiene los subsidios (y amplía, si la gente de Chubut gana la pulseada) porque no quiere que haya despidos, entonces se volverá un rehén de los gremios, como Néstor y Cristina fueron rehenes de los piqueteros (aunque luego supieron sacarle provecho a lo fondos de asistencia social). Y si esto sucede, chau a la baja de la inflación, y hola nuevo(?) peronismo para el 2017.

EXPOST: Me dicen que el precio sostén implica una transferencia de recursos del consumidor al productor, y que por ende no está relacionado con el déficit fiscal. Pero para un consumidor que está dispuesto a pagar un precio X por la nafta no le importa cuánto va al Estado en impuestos y cuánto al bolsillo de los productores. Y en la medida que el precio sostén se pueda reducir y los impuestos aumentar al mismo tiempo, esta política tiene un impacto fiscal.

EXPOST 2: Y salió el subsidio nomás. El gobierno se dejó torcer el brazo para “mantener la paz social”. USD 50.000 por trabajador por un semestre! En mi tablero se prendió una luz amarilla.


La crisis energética y una medida simple

26/10/2012

En los últimos años se nos ha advertido repetidas veces que estamos cerca del colapso energético. Estos pronósticos agoreros a veces vienen de expertos independientes, o asociados a anteriores administraciones. Esta vez los que levantan la voz de alarma son las propias empresas del sector (ver nota hoy en La Nación):

Las empresas generadoras de electricidad le agregaron una nueva dosis de incertidumbre al convulsionado sector energético. Molestas por el retraso en los pagos de Cammesa, la compañía administradora del mercado, que es controlada por el Gobierno, enviaron el miércoles pasado una carta a la empresa en la que reclaman que “se arbitren en forma urgente” los medios para que cobren lo adeudado. Además, piden que se les restablezca una serie de beneficios que fueron suspendidos a principios de año.

De acuerdo con la nota, una herramienta de comunicación poco utilizada entre las empresas y los despachos públicos debido a que suele despertar antipatía en el Gobierno, Cammesa no había cancelado sus compromisos hasta la primera quincena de este mes. Sumada a la complicada situación de caja que atraviesan, los generadores consideran que la mora “compromete el normal funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto”.

Como la fábula del pastor y el lobo en algún momento vamos a sufrir un apagón dantesco y el gobierno sólo atinará a apuntar el dedo acusador sobre las empresas del sector. O sobre nosotros, consumidores, por derrochones (ya nos dijo Cristina que tenemos que tenerle un poquito de miedo). Por supuesto que como economista me parece que la solución tiene que comenzar con un aumento generalizado de las tarifas para que se reduzca el consumo. El gobierno ha intentado hacer este ajuste de sintonía fina hace un año y por ahora parece que la que tiene un poquito de miedo es Cristina, ya que no autorizó este “tarifazo”.

Mientras se decide a corregir el rumbo de la política energética con un aumento de precios, el gobierno podría tomar otra medida que de hecho pensó hace cinco años. Pocos días después que Néstor le pasara el mando (o una manija del doble comando) a Cristina, se insinuó un adelantamiento del uso horario para el 30 de diciembre de 2007. Este globo de ensayo quedó en la nada, en particular porque el gobierno percibió que tomar esta medida en forma precipitada (tiene poco sentido adelantar la hora después del solsticio de verano) equivalía a admitir la existencia de una crisis en el sector energético. Al año siguiente vino la crisis mundial y con ella una caída en el nivel de actividad que redujo la demanda. Además se inauguraron en 2008 dos centrales térmicas que ayudaron del lado de la oferta.

A pesar del parate económico que estamos viviendo este año (y siempre es bueno recordar que es consecuencia de la radicalización del populismo, y no porque “se nos cayó el mundo”), la situación del sector energético es tan mala que la calidad del servicio se está deteriorando. Esto lo puede constatar cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires que haya sufrido un aumento en la frecuencia de cortes o en las fluctuaciones en la tensión del suministro. Por eso sería bueno que el gobierno reconozca que hay problemas en el sector y anuncie medidas drásticas que incluyan el adelantamiento del uso horario durante el verano.

Que adelantar la hora en verano ayuda a racionar el consumo de energía eléctrica lo demuestra el hecho que dicha medida se tomó a fines de los ochenta cuando durante el gobierno de Alfonsín el sistema colapsó (recordar los cortes programados). O viendo que nuestros vecinos del cono Sur actualmente adelantan la hora en octubre (Chile en este momento tiene la misma hora que Argentina, y Uruguay una hora más tarde). Si lo hacen es porque hay un beneficio. Y el mapa adjunto muestra que gran parte de los países (o regiones) que están lejos del Ecuador encuentran conveniente tomar esta medida (en azul los del hemisferio norte, en naranja los del sur).

Alguien dirá que en algunas provincias, como Mendoza, no conviene adelantar la hora. Pero para la mayoría de la población que se concentra en la región pampeana sería adecuado, y siendo el país federal (al menos de jure) las provincias que lo deseen podrán mantener el actual uso horario, como de hecho ocurrió las últimas veces que se adelantaba la hora a principios de los años noventa.

¿Será posible que el país no adopte una medida tan simple (y necesaria dado el deterioro del sector energético)? Y si, sin más basta recordar que en 1999 el Congreso Nacional aprobó una ley que hacía lo opuesto: atrasaba el uso horario en invierno. Ley tan mala que nunca se llegó a implementar (acá va una nota al respecto que escribí en junio de 2001 y fue publicada en Cronista Comercial).

EXPOST: Diez días después de este post, y en la misma semana que diluvió el lunes 30/10, Néstor Scibona escribió una nota en La Nación sobre el “galimatías” en que se encuentra el gobierno respecto a su política energética. Cito este párrafo como respuesta a comentarios que cuestionaban la mayor probabilidad de sufrir un “colapso energético”:

En este marco, resulta difícil determinar en qué proporción los cortes de luz que en la última semana afectaron a muchos barrios porteños y del conurbano obedecieron a la descomunal lluvia o a problemas previos en cámaras y redes. Probablemente hayan sido causas concurrentes. Pero en voz baja las empresas admiten que, en condiciones normales, el restablecimiento del servicio no hubiera demorado tanto en algunas zonas. También aportan otro dato significativo: ya no pueden tercerizar ese servicio y las cuadrillas propias se niegan a trabajar horas extras, para que sus sueldos no queden alcanzados por el impuesto a las ganancias con un piso congelado desde hace 19 meses.


Cambios en el mercado eléctrico, ¿más de lo mismo?

28/08/2012

El viernes pasado el viceministro de Economía Axel Kicillof anunció la regulación del sector eléctrico bajo el sistema de “cost plus”. Este consiste en la fijación de tarifas que reflejen los costos operativos de las distintas empresas más un porcentaje de ganancia “razonable”.

En los hechos es el certificado de defunción formal del marco regulatorio de los noventa que ya era letra muerta desde la devaluación y pesificación de tarifas. Veamos qué cambia y qué no con este anuncio.

Para las empresas es un alivio escuchar hablar de rentabilidad pues la mayoría presenta quebrantos operativos que las estaban empujando al default en sus obligaciones. Como informó ayer Carlos Pagni en nota en La Nación, varias distribuidoras habían dejado de pagar a CAMMESA para poder afrontar los últimos aumentos salariales:

El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.

De manera que una primer lectura parece indicar que poco ha cambiado salvo el reconocimiento que las empresas del sector deben recibir mayores ingresos para evitar el colpaso energético. Más tarde veremos en que medida esto se lleva a cabo a través de mayores tarifas y en que medida via mayores subsidios (los impulsos re-reeleccionistas me sesgan a pensar que aumentarán los subsidios).

Una lectura más profunda revela que la mayor intervención en este mercado tendría efectos negativos. Con tarifas competitivas (no las actuales), las empresas del sector, particularmente en generación, tienen incentivos a mejorar la eficiencia para obtener una mayor rentabilidad. Si a partir de ahora las empresas reciben una compensación por sus costos más un “plus” entonces perderán los incentivos a mejorar la productividad ya que ello resultaría en un menor costo y por ende en una reducción en la compensación estatal. Se pierde así definitivamente una ventaja de la vieja regulación, que privilegiaba a los operadores más eficientes (al darles más despacho de energía).

Es de esperar que cuando en el futuro tengamos un gobierno más pro mercado que este, se derogue de un plumazo esta regulación ineficiente. Que se mantengan las regulaciones para sectores monopolísticos (transporte y distribución), y eventualmente con fines estratégicos, como ser alentar la diversificación (inteligente) de la matriz energética.


YPF y el valor de la reputación

10/08/2012

El año pasado escribí un post ejemplificando como la construcción de reputación permitía a Roger Waters llenar nueve River para presentar The Wall. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo opuesto: como no tener reputación obliga al gobierno a subir el precio del gas en boca de pozo para dar señales para invertir.

Ayer se anunció la suba del precio del gas en boca de pozo de un 300%:

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció este jueves un aumento del 300% en el precio del gas en boca de pozo, de 15 a 60 centavos de peso el metro cúbico. Asimismo explicó que este movimiento reportará una rentabilidad de $900 millones para las empresas (YPF tiene el 51% del mercado) y unos $119 millones para las provincias productoras. “Este aumento fue a cambio de negociar planes de inversión para producir más gas”, dijo.

Así lo anunció durante la inauguración de una planta de YPF en la localidad de Ensenada. La Jefa de Estado también afirmó que los gobernadores que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) firmaron un “pacto federal hidrocarburífero” para allanar el camino a la titularización del 25% de la empresa en manos de sus jurisdicciones.

Tal como adelantó LA NACION en su edición de hoy, la medida tiene como objetivo mejorar la producción de gas y atraer inversiones al sector. Según el Viceministro de economía, Axel Kicillof, esta medida también beneficiará a las estaciones de servicio porque tendrían mejor abastecimiento.

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Calentamiento global, optimalidad y realidad

26/06/2012

La semana pasada escribí un post sobre el “resurgimiento” de la geografía como determinante del desarrollo económico, considerando su interacción con el calentamiento global. Desde hace varios años la comunidad académica se ha interesado por el tema del calentamiento global, su causa a través de la emisión de dióxido de carbono, y sus efectos sobre la productividad económica futura.

El ciclo del carbono describe como este se difunde en la atmósfera desde la superficie terrestre para luego ser absorbido a través de los océanos. La concentración de CO2 en la atmósfera afecta la temperatura en la superficie porque este gas absorbe e irradia parte de la radiación térmica de la Tierra (i.e. evita que el planeta “transpire” el exceso de calor). Con la Revolución Industrial se aceleró la tasa de emisión de dióxido de carbono, principalmente a través del uso de combustibles fósiles sobrepasándose la capacidad de absorción natural del ciclo de carbono.

Hoy no hay dudas que este proceso conduce a una elevación de las temperaturas promedio en la Tierra (mayormente de los mínimos). Lo que se debate es la velocidad a la cual aumentará la temperatura durante este siglo, los efectos que esto produce, y la intensidad de respuesta de política adecuada. El segundo punto es el que más llega al ciudadano común, por ejemplo a través del documental “Una verdad incómoda” que transmite un mensaje apocalíptico a pesar del (o gracias al) sopor monocorde de Al Gore. Sobre el primero parece ser que por unos cuarenta años más el calentamiento seguirá siendo gradual para luego comenzar a acelerarse, en caso de mantenerse el status quo. Para evitar esto se recomienda reducir la tasa de emisión de CO2 a través de un impuesto al carbono o restricciones cuantitativas (cap and trade). 

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¿Cuánto debería pagar Argentina por YPF?

26/04/2012

Me tomé unos días para escribir este post, que sale publicado en el medio de la euforia oficialista por la aprobación masiva en el Senado del proyecto que confisca YPF. Es increíble la nulidad total de la mayoría de la oposición que no supo esgrimir argumentos ante el avance arrollador del kirchnerismo. Ni siquiera pudieron articular una variante de esta frase simple de una nota de Luis Majul que publica hoy La Nación (la que mejor estuvo fue María Eugenia Estenssoro): 

¿Quiénes, con un mínimo de sentido común, se atreverían a criticar a Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas, Luis Juez, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Gerardo Morales si dijeran, por ejemplo, “estamos de acuerdo con que el Estado tenga la mayoría de YPF, pero no estamos de acuerdo con esta expropiación y por eso votamos en contra”?

Pero bueno, la sociedad los votó y son el fiel reflejo de sus preferencias: quiere paternalismo y en este caso la oposición quiere tener al oficialismo de “padre” (mejor dicho de “madre”). Vayamos a un punto concreto, que es la indemnización que el Estado argentino tendría que pagarle a Repsol por la nacionalización de su participación en YPF. Al respecto cito una nota de la semana pasada de Nosis: 

Mientras tanto, los accionistas de YPF aspiran a que el valor se fije en base al estatuto de la petrolera, que establece que ante una “compra de control” se utilizará el más alto de cuatro métodos de valuación posibles. En este caso, sería el que toma el mayor valor de la acción en los últimos dos años: el 5 de enero de 2011, cuando la acción de la empresa en Wall Street alcanzó un techo de 54,58 dólares. Con eso, el costo de la expropiación superaría los 10.900 millones de dólares.

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