2×1=0

18/05/2017

A principios de mes la Corte Suprema convalidó, en voto dividido, el beneficio del 2×1 para el represor Muiña. Esta decisión, que no era novedosa pues durante los últimos años la Corte, al menos tácitamente, sostuvo el mismo criterio, generó una tormenta política que resultó en la rápida sanción de una ley que expresamente excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1. 

El 2×1 permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasan sin una sentencia firme. La ley original de 1994 fue un engendro argentino típico que en lugar de enfrentar el problema del aumento de la delincuencia con más recursos para a) una red de contención social, b) agilizar la justicia, y c) construir más cárceles, decidió echar nafta al fuego y reducir de facto las condenas para delitos graves (que son los que se benefician con el 2×1).

Dado el impacto político del fallo de la Corte surgieron todo tipo de teorías conspirativas, que podemos resumir en las que presenta Jorge Lanata en esta nota de Clarín del último sábado.

Como la mayoría de las crisis argentinas, también esta comenzó por una estupidez: dos operadores judiciales del gobierno creyeron que era el momento de “consolidar el voto” en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa.

Era momento –pensaron José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón- de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2 x 1 en el caso de los militares detenidos.

Ya había sucedido antes, en dos ocasiones, durante el kirchnerismo y nadie lo había notado. Hasta Zaffaroni votó a favor –se convencieron.

Es posible que en el gobierno existan funcionarios que crean que deben seducir, cada tanto, al voto facho. Pero me parece muy tirado por los pelos, ya que es mucho más eficiente empezar por seducir, cada tanto, el voto de centro derecha que el gobierno también viene descuidando (y sobre lo que me referí en un par de notas a principios de año, ver acá y acá). No hace falta ir a la extrema derecha, allí no termina el arco iris.

Otro análisis interesante fue el de Carlos Pagni, en esta nota de la semana pasada en La Nación.

Macri y Garavano intentaron disimular el centro del problema. Lo que está en discusión no es el beneficio del “dos por uno”, sino un principio mucho más universal: el que establece que los condenados tienen derecho a que se les aplique la ley penal más benigna. Aun aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta regla fue adoptada por la normativa humanitaria a nivel internacional. Y fue recogida por el artículo 2 del Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. En el caso Muiña, esa ley más benigna es la del “dos por uno”, es decir que pasados los primeros dos, los años de prisión preventiva se computan como dobles…

La nueva ley plantea dos problemas. El primero es que intenta regular la interpretación de las normas, algo que, en sentido estricto, corresponde al Poder Judicial, no al Legislativo. Quienes defienden esa pretensión alegan que a nivel internacional existen muchas normas que aclaran el sentido de prescripciones anteriores. La segunda dificultad, que por su gravedad promete más controversias judiciales, es que pretende eliminar una garantía de manera retroactiva.

Me parece que el Congreso cometió un error. Hubiera sido más correcto interpretar que el 2×1 era un beneficio al que se podían acoger solamente quienes hubieran cumplido prisión preventiva mientras la ley estuvo vigente (fue derogada en 2001). Pero, ¿por qué un represor, como Muiña, que purgaba una condena de 13 años por haber sido “coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde” (según el Centro de Información Judicial) no puede beneficiarse con el 2×1 y un homicida violador o un femicida puede hacerlo a pesar de tener una condena mayor? Estamos cerca de la delgada línea roja que separa justicia de venganza.

Finalmente no olvidemos los efectos económicos. Nos preguntamos porque no llegan las inversiones, y al mismo tiempo aplaudimos al fiscal Guillermo Marijuán que acepto una denuncia por prevaricato como si los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti hubieran fallado, a conciencia, en contra de la ley. Nos sorprendemos que digan que carecemos de la suficiente seguridad jurídica, y festejamos la sanción de una ley que es claramente inconstitucional. Sarna con gusto, 2×1=0.


El 2×1 de Trump para el empleo público

07/03/2017

La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta normativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?). Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de las desregulaciones en EEUU.

Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted…

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals. The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The courts found the move unjustified…

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regulaciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de impuestos). Y los mercados en dicho país reaccionaron positivamente al discurso de Trump en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada, e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape. (The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for review.)

En la Argentina sería bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte algunas de estas ideas, aunque todavía no queda claro cuánto quisiera desregular (para bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto dentro del gabinete como frente al resto de los actores políticos en el país.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando todavía estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años…). En ese momento, al igual que hoy en día, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.

Lo que había pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podía ser ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espíritu de la idea y su implementación requeriría resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que se aplicaría, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estaríamos en el 2042 si se empieza hoy. Imaginemos…


Autopsia del gobierno de Macri

07/12/2016

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonía fina dentro de un modelo equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos extraordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar) en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la comparación debiera ser con el potencial que tenía el gobierno de Cambiemos en Diciembre de 2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la positiva, un cambio de orientación de la política económica, social e institucional que refuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”), acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del país (sendero creíble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias, mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga los pasos de Alfonsín y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creía que el nuevo gobierno, aunque políticamente débil, tenía mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debían pasar por el Congreso pero que le darían a los inversores una clara señal para traer fondos al país. Respecto de la inflación veía que la misma podía ser domada con el trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno: política monetaria relativamente contractiva, sendero creíble de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los subsidios a la energía y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenía que mantener un tipo de cambio depreciado lo que reducía los costos de importar capital y permitía competir. Para lograrlo hubiera habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los futuros de dólar impedía tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibí que el gobierno no tenía brújula. O como titulé una nota: no hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatían a innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores. Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni siquiera gradual, que no hacía el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial), sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto, no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se decidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribí una nota sobre como esto impactaba, negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes excepcional). Tomando en consideración la política real, léase las limitaciones externas y autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta de esto, y sí va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza (ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, así como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economía fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000 millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su política fiscal. También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que pudo ser.


El NO en Colombia y la guerra como instrumento académico

07/10/2016

El domingo pasado el NO ganó sorpresivamente en el referéndum sobre el acuerdo de paz que el gobierno colombiano había firmado con los líderes de las FARC. Dejo el análisis de este resultado a los expertos colombianos. Aprovecho la excusa para comentar un artículo reciente en Voxeu de Acemoglu, Fergusson, Robinson, Romero, y Vargas. En el mismo describen los efectos negativos de la forma en que se implementó en Colombia la escalada militar de 2002 con incentivos que recompensaban con vacaciones, promociones y otros premios a los militares que mataban guerrilleros.

A major consequence of these higher-powered incentives was a surge in ‘false positives’, where the army killed civilians and falsely portrayed them to be guerilla combatants. These cases are depicted in Figure 1, which shows both incidents producing false positives and the number of people killed in these events. False positives had long existed in Colombia, but increased massively following President Uribe’s state-building project, and started declining only after policies where modified following media revelations of the extent of civilian killings in 2008.

robinsonfig1Si bien en mi opinión la variable en el gráfico debiera estar normalizada por la muertes de guerrilleros que no son falsos positivos, es claro el cambio de tendencia desde 2002. Los autores formulan tres hipótesis que testean con los datos, en particular que el aumento de falsos positivos es mayor en municipalidades donde el poder judicial es más débil. Y que las brigadas comandadas por coroneles tienen más incentivo a matar “guerrilleros” dado que la promoción de coronel a general es la más difícil en el Ejército colombiano.

Los autores del trabajo van más allá y muestran evidencia que la escalada militar tuvo efectos negativos en la (re)construcción del poder del Estado en Colombia.

The evidence we present also shows that the type of top-down state-building strategy that Colombia adopted might not just create a human tragedy, it can backfire in terms of its intended goals. Imagine again those state agents facing strong incentives to kill guerrillas. It will be easier to get away with killing civilians instead when the quality of judicial institutions is lower. Under such circumstances they may take actions to further weaken the local judiciary. The empirical evidence indeed points to a deterioration in the quality of judicial institutions in areas with a high share of brigades commanded by colonels, and perhaps more paradoxically, a worsening of the security situation in such areas (with increases both in guerilla and paramilitary attacks on civilians).

El trabajo de Acemoglu y coautores es muy interesante como ejemplo de lo complejo que es gobernar un país con enormes desafíos como Colombia. Me parece que en Argentina tenemos desafíos menores, pero no triviales (narcotráfico, corrupción enquistada, partido político dominante, cultura populista, etc.). Espero que en unos años leamos artículos similares a éste que nos indiquen errores de las estrategias adoptadas por el gobierno de Macri. Peor sería que no se haga nada y sigamos escribiendo sobre nuestro eterno desencanto.


La Corte y las tarifas

19/08/2016

Ayer la Corte Suprema de asestó una dura derrota al gobierno de Mauricio Macri al rechazar, por unanimidad, el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales. Además dejó la puerta abierta para que las empresas, en particular las PyMEs, presenten recursos de amparo ante la justicia.

Lo primero que infiero es que efectivamente, como vengo sosteniendo desde principios de año, el gobierno de Macri es débil (vale la pena aclarar que varios analistas y medios sostienen lo contrario, o lo hacían hasta hace poco). Acaba de sufrir su propia 125 y no tiene el control de las intituciones que tenía el kirchnerismo en 2008.

La lectura que hacen los medios oscilan entre el pesimismo y un optimismo basado en el reducido impacto fiscal al mantenerse los aumentos del gas para las empresas. El lector que quiera una síntesis puede leer la nota de Carlos Pagni publicada hoy en La Nación, que identifica tres “costos” para el gobierno

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El primero de estos costos en realidad ya estaba anticipado, al menos desde el fallo hace mes y medio de la Cámara Federal de La Plata. Ahora habrá que ver el tamaño del impacto fiscal, que dependerá de la extensión del fallo a empresas si estas realizan amparos (imagino una horda de políticos K corriendo a los tribunales en nombre de las PyMEs), y de la celeridad en realizar las audiencias y lograr aumentos de tarifas como Dios (o la Corte) manda. Más importante es ver cómo compensa el gobierno este mayor gasto en subsidios. Dado que no tiene disciplina fiscal dudo que reduzca el gasto en otras áreas por la misma magnitud. Al mismo tiempo espero que ante la baja en la inflación (según Inflación Verdadera este mes se llegó a un ritmo de aumento del 1% mensual) no monetizen el déficit porque sería comprometer el único logro perceptible por los consumidores/votantes. De manera que espero la respuesta sea una combinación de más deuda y menos inversión pública.

Con respecto a las señales para atraer inversores, noté hace unos meses que no es una especialidad del gobierno. En lo referido a las inversiones en exploración y producción de gas el problema es la politización (y judicialización) del precio del gas en boca de pozo. El gobierno esperaba que la Corte aceptara que es facultad del gobiero fijar este precio pero ésta decidió que, mientras el precio no sea de mercado, deberá someter los aumentos a audiencias públicas. Según Pagni

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: “Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían”.

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Un posible medida para el gobierno sería anunciar que a partir del primero de enero de 2018 (u otra fecha en el futuro cercano) el precio del gas lo determinará el mercado. Esto tendría un doble valor. Para los inversores les daría un horizonte para sus proyectos (invierten en exploración hoy, y en un año y medio cuando comienzan a producir cobran el precio de mercado). Y forzaría a sincerar el resto de la tarifa en ese plazo, audiencia mediante. Aclaro que considero que la mejor forma de normalizar el precio del gas sería liberar ya el precio de la producción de los nuevos pozos y hacer converger el precio de los pozos maduros al valor de mercado en un horizonte razonable. Pero supongo que la duplicidad de precios no sería del agrado de la Corte (aunque ésta pareciera ser experta en duplicidad).

El tercer costo señalado por Pagni es político. Como aclaré al comienzo de la nota desde el primer día tengo la impresión que el gobierno es débil. Sin embargo es importante el empoderamiento de los políticos populistas que tiene el pronunciamiento de la Corte. Según Pagni

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail “qué estamos diciendo”, con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: “El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones”. El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo…

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico… Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: “Estamos ante problemas graves de gestión”. Pero Jaime Durán Barba refutó: “Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente”. El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

Al respecto me permito hacerle una sugerencia a Macri: Al menos un funcionario debería renunciar cargando sobre sus espaldas el costo político de esta derrota.

Finalmente le hago a los viejos miembros de la Corte la siguiente pregunta. Si como ustedes afirmaron en su fallo la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas, ¿no deberían haberle exigido a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que realizaran audiencias para mantener las tarifas congeladas en un contexto de alta inflación? Reum non facis.

EXPOST: Santiago Gallichio, ocasional contribuyente en este blog y actualmente presidente de Provincia Leasing, escribió recientemente una nota sobre el fallo de la Corte en Ámbito Financiero.

El error de la Corte consiste en considerar la tarifa de gas prácticamente como si se tratara de un impuesto, es decir, solamente como una tarifa regulada, como si no tuviera un componente económico de precio de mercado. A esta confusión contribuyó inadvertidamente el gobierno anterior, al tratar el precio que pagaba el público como un precio homogéneo, en lugar de distinguir entre precio del insumo (no regulado) y tarifas de servicio monopólico (reguladas). Producir gas vale lo que vale. Depende de los costos de exploración y de extracción. Su precio no es un impuesto ni una decisión discrecional del Estado. Por eso mismo no puede considerarse que este aumento pudiera ser “confiscatorio”, como erróneamente considera la Corte (considerando 33). Ningún precio puede ser confiscatorio: se puede pagar o se deja de pagar. Si no lo paga el consumidor, lo pagará el productor, pero alguien se hace cargo del costo. Lo que sucedió en la Argentina reciente fue que el consumidor pagaba mucho menos de lo que costaba producirlo, el Estado compensaba solo muy parcialmente ese desfasaje y el ajuste consistió en que los productores dejaran de explorar y, finalmente, nos quedamos sin gas y debemos importar. Los consumidores “nos confiscamos” las reservas de gas de la Argentina…

Analizaremos ahora si es razonable que se realice gradualmente, como pide la Corte. Ello significaría permitir que las familias se anoticien de un aumento de precios de manera gradual y puedan ir acomodando sus nuevas canastas de consumo de a poco. Para las familias parece razonable. Pero, mientras se van acomodando, seguirán consumiendo los demás bienes en exceso de su presupuesto a expensas del gas subsidiado, y el problema energético subsistirá. ¿Por qué debería el gas seguir subsidiando otros consumos familiares, cuando estamos en una profunda crisis energética? ¿Solo porque nos acostumbramos a no pagar por él? Esta posición no parece razonable desde el punto de vista del interés general.

Tiene mucha razón Santiago en decir que el problema no es impositivo. Esto me recuerda el fallo del juez John Roberts en 2012 respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud en EEUU (conocido como Obamacare). Entendió que como el gobierno estaba obligando a los norteamericanos a contratar un seguro de salud (en realidad penalizando a quienes no lo hicieran) se trataba de un impuesto, y por ende una facultad permitida por la constitución.

Sin embargo entiendo el gradualismo en el ajuste para los hogares desde una óptica económica. Con gas regalado nadie se preocupaba por aislar térmicamente su casa (olvidémonos de los pobres o muy pobres ya que, o tienen que recurrir a garrafas, o están alcanzados por la tarifa social). Y hacerlo es costoso ya que es una “inversión” que se paga hoy pero da beneficios por varios años. El gradualismo le permitiría a los hogares usar el ahorro del gas barato en un par de años para invertir en mantener sus casas calientes con menos consumo. Considerando que la gente es miope y usarían el subsidio al gas para, en palabras de Santiago, “otros consumos familiares”,  me parece que el gobierno, además del gas, también debería subsidiar los gastos relacionados con el aislamiento térmico de viviendas. Al menos por un par de años.


Brexit

24/06/2016

Ayer una mayoría votó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto naturalmente tendrá una serie de consecuencias, todas negativas. En esta nota resumo mis primeras impresiones al respecto (ver notas en The Economist, o el New York Times

Reino Unido política 

El primer ministro David Cameron va a renunciar, a pesar de haber sostenido lo contrario durante la campaña. No es la persona indicada para conducir la transición. Tampoco queda claro que figura del partido conservador es la adecuada para esta coyuntura. 

Van a resurgir las presiones para independizarse del RU en Escocia. Esto obligará a Inglaterra a hacer más concesiones. 

Si hubiera un llamado a elecciones hoy en día, el UKIP podría llegar a pelear el primer lugar pero no lograría formar gobierno.

EU y EEUU política

La UE tiene claros incentivos a dificultar arreglos comerciales con el RU, para que ninguno del resto de sus miembros desee seguir el mismo camino (ya hay llamados para hacer un referendum en Holanda). Los EEUU debieran ayudar a su madre patria y suscribir un amplio acuerdo comercial (a pesar de declaraciones de Barack Obama en sentido contrario antes del referendum). Esta es la única forma que el RU podría convencer a la UE de concederle acuerdos comerciales como los que tiene Noruega, sin que la UE aparezca como blanda, ya que ningún otro país de la UE tiene una ex-colonia tan relevante (¿el Mercosur para España y Portugal? Por favor). 

Reino Unido economía

Incluso si el RU lograra un acuerdo amplio con los EEUU que le permita mantener vínculos con la UE en el corto plazo el RU tendrá una recesión ya que el Brexit incrementa sustancialmente la incertidumbre y esto tiene un efecto negativo en la inversión y el consumo de bienes durables. Para darnos una idea de la magnitud de este shock, la libra esterlina ha caído a un mínimo contra el dólar no visto en 30 años. 

Los sectores más vulnerables a este shock son aquellos más integrados con la UE. En particular habrá dudas sobre la permanencia de Londres como centro financiero de Europa. Esto dependerá de las restricciones que la UE imponga. Como en el resto de Europa la intermediación es primariamente bancaria, la UE puede coquetear con sancionar a la bolsas inglesas sin que esto afecte el crédito en Europa. Será una de las cartas más fuertes a la hora de negociar. 

EU economía

El Brexit también implica un shock de incertidumbre para el resto de Europa. Con lo cual habrá un efecto negativo, aunque no tan pronunciado como en el RU. 

Resto del mundo economía

Para el resto del mundo los riesgos directos son mínimos. El único riesgo es un contagio de estados de ánimo pesimistas desde la madre patria de los “animal spirits”. 

Argentina economía

También efectos mínimos. Lo más importante es que sin el RU la probabilidad de un acuerdo comercial EU-Mercosur es más baja.

EXPOST: Dado que por email un periodista amigo de la casa me invitó a ampliar mis consideraciones sobre el efecto que el Brexit tendría sobre la Argentina copio lo que le contesté:

El Mercosur viene negociando desde hace años con la UE un acuerdo comercial. Desde nuestro lado los incentivos para acordar han fluctuado con las ideologías y necesidades de Argentina y Brasil básicamente. Con los gobiernos de Macri y Temer, el Mercosur retorna con fuerza a la mesa de negociaciones. Pero del lado de la UE, el Reino Unido era el país más abierto (dentro de los grandes) a los acuerdos comerciales en general. Esto hace que la UE “residual” esté menos propensa a negociar ahora. Además si consideramos que los votantes del Brexit son los seducidos por la prédica de UKIP (partido nacionalista y populista), menos van a querer los gobiernos de los países miembros de la UE darles argumentos a políticos populistas, que son fuertes en casi todo el continente, adoptando políticas liberales como lo son los acuerdos comerciales.

Argentina lleva seis meses normalizando su macro economía, y depende 90% de sus decisiones y sólo 10% del contexto externo donde importa más Brasil que Europa. Se podría hacer una lectura política, y decir que el contexto serviría más de excusa para justificar que la recuperación económica (o la ola de inversiones) se demore, que para provocar la demora en si. Como los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea mayormente son por un aumento en la incertidumbre, si consideramos que el referéndum fue llamado hace varios años quizás las élites europeas tienen un plan B. En ese caso tendremos que prestar mucha atención a lo que se anuncie en las próximas semanas o un mes. Acá en Europa va a ayudar que está por empezar la temporada de vacaciones de verano (y que estamos en plena Eurocopa). No nos olvidemos que hace exactamente un año Grecia también tuvo un referéndum que generó incertidumbre y al final los efectos reales fueron negligibles. 


Uber, Monsanto, y el círculo (rojo) virtuoso

19/04/2016

La Argentina está a un pasito de salir del default. Y esta era una condición necesaria para el lanzamiento de un plan económico integral. Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de este plan, y existe consenso sobre un aspecto del mismo: el motor del crecimiento va a ser la inversión. Por obvias razones políticas también se están tomando medidas para que el consumo no caiga mucho (sea por caída del salario real como del nivel de empleo).

Al leer los medios hay que tener cuidado con la forma en que se presentan los hechos. Por ejemplo, la manifestación que apoyó la presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py, con la Cámpora haciendo de policía, ¿fue positiva para el gobierno de Macri porque le recuerda a la población el desastre K? ¿O fue negativa porque nos muestra la incapacidad del gobierno para controlar la calle? La realidad es que ambas lecturas coexisten y no son excluyentes. Por ahora. Porque como bien analiza Jorge Fontevecchia el domingo en Perfil, si el gobierno no encauza la economía permite la aparición de un nuevo relato K

Según [el economista] Dante Sica: “La inflación se va a terminar combatiendo con desempleo, el ingreso de las familias caerá, y más hogares van a atravesar la línea de pobreza”.

Un contexto económico así requeriría una dosis de optimismo muy grande en el futuro para contener o aplacar la conflictividad social. Que literalmente “lluevan dólares” y haya un boom de inversiones que, aunque no hubieran aún generado efectos de derrame, hicieran verosímil la llegada de un nuevo ciclo de crecimiento. Y es ahí donde nuevamente turbulencias políticas, derivadas o relacionadas con avances judiciales, podrían posponer inversiones dificultando el plan económico del Gobierno…

Hay una diferencia entre una narración y un relato: Macri tiene una narración pero el kirchnerismo tenía un relato porque era una narración que lograba transformar la realidad. La palabra de Cristina hoy, mientras no consiga torcer el rumbo de los acontecimientos, deja de ser relato para ser una narración más, entre varias. Pero si la economía se le fuera de las manos a Macri, otra vez se les produciría a los kirchneristas la posibilidad de construir un relato.

Fontevecchia ve a la incertidumbre política como un factor que pondría en peligro la llegada de inversiones, alargando la recesión y dinamitando el apoyo que el gobierno hoy tiene en las encuestas. En esta nota quiero hacer notar otro factor de riesgo: que el gobierno se contente con atraer inversiones de cabotaje de empresarios del círculo rojo y no logre seducir al capital extranjero que traería tecnología de punta junto con los dólares. El problema es que esto resultaría en una recuperación a velocidad lenta con un techo muy bajo para el ingreso per cápita. Y los medios no reflejan el hecho que no todas las inversiones son iguales.

La semana pasada el gobierno envió dos señales negativas a potenciales inversores extranjeros. Por un lado se atacó muy fuerte el desembarco de Uber en el país. Por el otro el ministerio de agricultura reguló el monitoreo que Monsanto hace sobre los embarques de soja para detectar si la misma se obtuvo con su tecnología y si el productor pagó las regalías correspondientes. Estamos ante dos ejemplos de avances tecnológicos que encuentran medios hostiles para desarrollarse. Pasemos a analizar ambos casos.

Uber compite con el servicio de taxis. Acá y en todas las ciudades del mundo donde presta, o intentó prestar, su servicio. De hecho Macri no es el primer presidente en meterse en la disputa entre Uber y las autoridades municipales de una ciudad. Ya lo hizo Francois Hollande en Francia el año pasado. Pero Hollande es un presidente socialista, Macri supuestamente es “desarrollista”. Es cierto que en parte el éxito de Uber radica en eludir regulaciones y leyes laborales lo que permite ofrecer un servicio de transporte a un precio competitivo. Pero también es cierto que ofrece un servicio complementario al taxi. Por ejemplo, al permitir la variación de los precios según la demanda se incentiva la oferta, y ¿quién no ha sufrido por no poder conseguir un taxi cuando llueve? No digo que el gobierno de la Ciudad no tenga razón en tratar de enmarcar el servicio dentro de una regulación razonable. Pero la respuesta del gobierno nacional parece ludismo puro (al menos calma a los ansiosos por la robotización). Y eso no atrae tecnología de punta.

Al respecto propongo una medida para calmar los ánimos de los taxistas. O al menos para que quede claro que sus protestas son para defender una renta. Que el gobierno de la Ciudad se comprometa a recomprar las licencias de todos los taxis que decidan dar de baja su servicio debido a la competencia de Uber (pagando el máximo entre el precio de mercado y un precio sostén). Esto le reduce la incertidumbre a los taxistas respecto a la rentabilidad de su negocio. Si invierten hoy en una licencia y dentro de un año descubren que Uber copó el mercado, saben que la pérdida de capital si el precio de la licencia se desploma está acotada por el precio sostén. Una idea similar se discutió en Australia a fines del año pasado.

Monsanto es líder mundial en ingeniería genética de semillas. El país se benefició ampliamente con la soja Roundup Ready que permitió un boom en la productividad desde hace aproximadamente 20 años. Ahora Monsanto desarrolló una nueva semilla, la Intacta RR2 Pro. Y para asegurarse el cobro de las regalías en los contratos se implementó un sistema por el cual los productores se ven obligados a firmar una cláusula en los contratos de granos donde aceptan que se realice un test sobre su soja a fin de determinar si fue producto del uso de la semilla Intacta. Si el productor usó la tecnología y no la pagó, en el puerto Monsanto aplica un descuento directo sobre el grano. La regulación reciente del ministerio de agricultura se mete en este contracto entre privados. De nuevo, no digo que no haya que regular, en especial cuando la relación es asimétrica entre un monopolista y un conjunto de “pequeños” productores. El problema es cómo hacerlo.

Al respecto propongo que la regulación se limite a asegurar un doble muestreo de las semillas, enviándose a un ente dependiente del ministerio (el INTA?) una de las muestras. Si Monsanto dice que un productor usó su tecnología sin pagar, el productor puede decir que no es cierto y exigir al ministerio la verificación correspondiente. Si esta verificación confirma lo hallado por Monsanto el productor debe pagar una multa. En caso contrario será Monsanto el que pague una multa. De esta manera se asegura la fiscalización sin abusos y la intervención del ministerio es mínima (las muestras tomadas se descartan pasado un tiempo prudencial si no hay reclamos).

También el gobierno podría exigir que Monsanto cobre una fracción de sus regalías en forma proporcional al grano cosechado (y el resto con la venta de las semillas). Esto tiene un beneficio para todos los productores ya que comparten el riesgo de su negocio (pensemos en los campos inundados en Santa Fe). También implica una transferencia de recursos de los productores en la zona núcleo a los productores en zonas marginales, pues los primeros pagarán más por la tecnología que los segundos. Desde la perspectiva del país en conjunto esta sería una medida deseable ya que al reducirle el costo a los productores marginales se amplía el área sembrada en futuras campañas generando más trabajo y más ingresos por exportaciones.

Al mismo tiempo que el gobierno envió estas dos señales negativas a potenciales inversores externos, Macri ayer se reunió con empresarios nacionales y les pidió inversiones

El enojo de Macri con muchos empresarios, a quienes en la cena del Cippec acusó de “aprovechar la libertad para remarcar precios de manera descarada”, quedó en evidencia en el inicio de sus quince minutos de discurso.

“Acá hay gente que puso primera y otros que todavía están pensando. La manera que tienen ustedes de luchar es invirtiendo, y eso es lo que la Argentina necesita de ustedes”, dijo Macri…

La posibilidad de que ingresen inversiones extranjeras durante el segundo semestre fue tema de conversación durante toda la jornada. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, contó en un almuerzo de la Fundación Río de la Plata (FURP) que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fue receptor de inquietudes de inversores, que preguntan “si los empresarios argentinos invierten en el país”.

Consultado sobre el tema luego del encuentro con los empresarios , Cabrera dijo a LA NACION: “Hay inversiones latentes por US$ 20.000 millones que son empresas radicadas en el país, y que ya están decididos. Para las obras de infraestructura, en cambio, muchos esperan que el Estado o los locales inviertan para luego venir ellos”, afirmó.

Estimado Cabrera, si las señales que se envían a los extranjeros son incompatibles con el círculo virtuoso del crecimiento en base a inversión en tecnología que aumente la productividad, no se sorprenda si por largo rato se quedan esperando antes de venir a estas latitudes. Por lo menos hasta que el “desarrollismo” del gobierno deje de ser mercado interno rentístico.


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