Brexit in two steps

17/10/2018

El mundo parece vivir dos realidades paralelas. Por un lado tenemos indicadores de crecimiento, con los Estados Unidos cerca de alcanzar un récord de expansión económica y con desempleo debajo del 4%. Por otro lado hay un número creciente de incertidumbres, la bolsa de Nueva York y los mercados emergentes crujen cada vez que la Reserva Federal sube la tasa (o las noticias señalan una aceleración en el sendero de suba de tasas), guerra comercial con China, descontento social en Irán como no se había visto desde la previa a la caída del Sha, Arabia Saudita asesina a un periodista disidente en Turquía, etc. 

Una de estas incertidumbres es la forma que tomará el Brexit, dado que al Reino Unido y la Unión Europea les queda menos de seis meses para llegar (o no) a un acuerdo antes del 29 de Marzo del año próximo cuando el RU deba abandonar la UE. En el New York Times hoy publicaron una nota en la que describen como algunos ingleses acumular alimentos y medicinas ante la eventualidad que escaseen si la salida de la UE es caótica. Me parece exagerado, pero ilustra el rango de incerteza que se tiene sobre la vida post Brexit en el RU. 

En el referendum sobre el Brexit del 23 de Junio de 2016 (ver nota en el blog de hace dos años), el 52% de los votantes eligió sacar al RU de la UE. Desde ese día la actividad política en el RU trata de conciliar las demandas de sus (dos tipos de) ciudadanos. Por un lado respetar la voluntad popular del referendum, y por el otro minimizar las consecuencias negativas en la economía. Para lo primero habría que cortar de cuajo con la UE no participando ni siquiera de la unión aduanera (como si lo hace por ejemplo Turquía), y retirándose del Tribunal de Justicia de la UE. Para lo segundo habría que mantener un lazo estrecho con la UE, como los países miembros del Espacio Económico Europeo (ejemplos: Noruega y Suiza). 

Cortar de cuajo con la UE implicaría un costo económico importante en la medida que se tendrían que reintroducir controles de frontera para la circulación de bienes lo cual, por un lado crearía fricciones en las cadenas de suministro, y por el otro demandaría importantes inversiones de infraestructura que no estarían listas en seis meses (además de presentar una pesadilla logística). Como bonus, habría que resolver qué hacer con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Pasar a pertenecer al EEE sería visto como una traición al espíritu del Brexit, y no sería apoyado por un número suficiente de legisladores en la Cámara de los Comunes en el RU, quienes tendrían sus ojos puestos en la elecciones que serían convocadas al implosionar el gobierno de Teresa May en este caso. 

Hablando de May, recomiendo la lectura de la nota de Sam Knight en el New Yorker de hace unos tres meses titulada “Theresa May’s impossible choice”. A principios de Julio de este año se presentó lo que se conoce como “plan Chequers” (no por una chequera tipo Banelco, sino por el nombre de la casa de campo del Primer Ministro). Este plan básicamente plantea un Brexit blando apuntando a un mix entre un tratado de libre comercio y pertenecer al EEE. 

Domésticamente el plan Chequers condujo a la renuncia de David Davis y Boris Johnson del gabinete de ministros, y el endurecimiento de los partidarios de un Brexit duro. En la UE fue recibido con frialdad. Ciertos analistas consideran que la UE, o al menos sus dirigentes de peso, aceptan el plan Chequers pero teatralizan su disgusto para facilitarle a May el lograr una mayoría parlamentaria bajo la amenaza del caos que seguiría a un Brexit sin acuerdo. Espero que esto no sea así pues sería jugar con fuego, y podría lograr el resultado opuesto de nuclear aun más a los partidarios de un Brexit duro bajo la consigna que May es una traidora. 

Con las cartas sobre la mesa, creo que existe una solución que casi logra la cuadratura del círculo, y que tendría apoyo parlamentario en el RU y no debiera encontrar resistencias en la UE. La idea es plantear que el RU abandone la UE en dos etapas. En una primera etapa, digamos hasta Marzo de 2024, o sea por cinco años, el RU pasaría a ser un miembro del EEE. En la segunda etapa el RU pasaría a tener un tratado amplio de libre comercio con la UE (tomando quizás como base el reciente acuerdo de la UE con Canadá). Durante la primera etapa las partes negociarían eventuales acuerdos complementarios. Más allá de compatibilizar marcos regulatorios, el caso más importante que se me ocurre sería como lograr un control ágil de mercancías a través de las fronteras (haciendo solamente un control aleatorio sobre ciertos camiones, con despacho electrónico del papeleo correspondiente, monitoreo por GPS, etc.), en particular para crear una frontera entre las Irlandas que no sea “física”.

Para el RU esta propuesta tiene el atractivo que sería políticamente atractiva tanto para los partidarios del Brexit duro, que verían el objetivo final de tener más libertad de acción, y los partidaros de un Brexit blando, que tendrían cinco años para reducir (o al menos distribuir en el tiempo) los costos económicos de crear fricciones con su principal socio comercial. 

Desde el referendum por el Brexit la UE viene sosteniendo que el RU solamente puede elegir entre el menú de relaciones comerciales pre-existentes. En principio esto indicaría que debieran aceptar la propuesta de una salida en dos etapas. Por supuesto que la UE podría objetar esta propuesta (se me ocurren varias razones políticas para hacerlo). Pero esto solamente irritaría a los británicos que teniendo que elegir forzadamente entre ser miembro del EEE y dejar la UE sin acuerdo no dudarían por esta segunda opción. También podría generar ruido en ciudadanos de otros países miembros de la UE que verían que los británicos tenían (al menos algo de) razón en su crítica al poder excesivo de la UE. 

Anuncios

Nota en Nada es Gratis

12/09/2018

Este fin de semana escribí una nota sobre nuestro país a pedido del blog español Nada es Gratis. El título es “La última crisis argentina” y la copio a continuación ahora que la han publicado:

Este año Argentina y Turquía lideran lo que probablemente sea un dominó de sudden stops en mercados emergentes. La dinámica es similar en ambos casos, y parece calcada a la de pasadas crisis que se producen al consumir persistentemente por encima de los ingresos. Por ejemplo, la pérdida de confianza, fuga de capitales, y aumento en el riesgo de default, es similar a la que se vio en la periferia de la zona euro a comienzos de esta década.

Aunque estos episodios revelen una dinámica similar, diríamos de libro de texto, difieren en la secuencia de decisiones y shocks que les condujeron al desajuste inicial. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, y pecando de falta de originalidad, podríamos preguntarnos cuándo se jodió el plan económico de Mauricio Macri. Recordemos que fue en los primeros días de mayo de este año cuando comenzó la corrida contra el peso alimentada por la pérdida de confianza. En el resto de esta nota trataré de hacer un análisis de las causas mediatas e inmediatas de la última crisis argentina.

En 2011 Cristina Fernández de Kirchner logra la reelección con el 54% de votos. En lugar de corregir los desequilibrios macroeconómicos—peso sobrevaluado y subsidios a la energía y transporte en la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios—que permitieron su amplia victoria, el gobierno los acentúa. Lo hace con el objetivo de forzar una nueva candidatura de Fernández de Kirchner en 2015, a pesar que la constitución del país solamente contempla una reelección consecutiva.

Los sueños de “Cristina eterna” se terminan cuando la alianza circunstancial de Sergio Massa, ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, con Macri se impone en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de mitad de mandato en 2013. Fernández de Kirchner sigue gobernando sin corregir los desequilibrios arriba mencionados. Y termina su mandato transfiriendo recursos por aproximadamente 2,5 puntos porcentuales del producto a los gobiernos provinciales dejando al nuevo gobierno una verdadera bomba de tiempo.

Los cuadros técnicos de la alianza Cambiemos discutieron largamente las políticas que habrían de implementar en caso de ganar las elecciones de 2015. Había desacuerdo sobre el grado de gradualismo y shock que debía tener el necesario ajuste fiscal y tarifario. El ala política defendía un mayor gradualismo consciente del poco margen de maniobra que tendría un gobierno de minorías parlamentarias y casi sin experiencia de gobierno. Dentro del ala económica algunas voces alertaban sobre el riesgo de dilatar el ajuste.

Macri gana las elecciones prometiendo reducir, y eventualmente eliminar, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y el levantamiento del control de cambios. Su equipo confía que éstas, y otras medidas como un pronto acuerdo con los holdouts, conducirían a un crecimiento sostenido apuntalado por la inversión que permita, por un lado reducir la inflación, y por otro lado la eliminación gradual de las distorsiones. En los ojos del nuevo gobierno el país no tenía un problema fiscal sino uno de crecimiento.

Aun y dándole al gobierno el beneficio de la duda respecto a su, un tanto naif, diagnóstico inicial, demostró poca capacidad para adecuar sus políticas a cambios en el contexto. Decidió mantener la baja en las retenciones a pesar de la mencionada transferencia de recursos a los gobiernos provinciales que hace Fernández de Kirchner al final de su gestión. A mediados de 2016 otorga un blanqueo de capitales, que le proporciona un aumento transitorio de recursos, asociado a un aumento permanente en las jubilaciones. Cualquier ilusión que con el blanqueo se materialice la demorada llegada de inversiones se pierde cuando, menos de dos meses más tarde, la Corte Suprema invalida los ajustes tarifarios obligando al gobierno a reducir la velocidad con la cual recortaba subsidios energéticos.

Quizás el ejemplo más doloroso de la incapacidad del gobierno de Macri para sortear obstáculos fue la respuesta que dio a los disturbios violentos que rodearon la sanción, en diciembre del año pasado, de un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones que implicaba una pérdida en el poder adquisitivo de las mismas. El gobierno no vio en la movilización de los violentos la contracara de su triunfo electoral en las elecciones de mitad de mandato: derrotados en las urnas, la influencia de los kirchneristas se reducía a manifestaciones y protestas. Interpretó los hechos como el reflejo de su propia debilidad para adoptar políticas impopulares.

Así, el intento de entrar en una etapa de “reformismo permanente” quedó sepultado bajo la montaña de piedras que los violentos arrojaron en las puertas del Congreso Nacional. Para compensar los efectos negativos sobre el crecimiento que esto pudiera tener, ya sea por efectos directos o sobre las expectativas, la jefatura de gabinete ideó un asalto sobre la independencia del Banco Central. El 28 de diciembre anunció la flexibilización de la meta de inflación para este año al 15%. Y a los pocos días se recortaron las tasas de interés, dejando en claro que el cambio de la meta no era solamente un cambio en el objetivo de política monetaria, sino también una intromisión sobre como conducir la misma.

Lo notable es que semejante atropello tuvo lugar prácticamente una semana después que en Estados Unidos se sancionara la reforma tributaria impulsada por Donald Trump. Con un mínimo de conocimiento de macroeconomía se podía inferir que una política fiscal más laxa iba a forzar a la Reserva Federal a acelerar la velocidad con la cual estaba aumentando la tasa de interés de referencia. La divergencia en los niveles de riesgo país de la Argentina y el resto de los países latinoamericanos desde fines del año pasado indica que, para los mercados financieros, la decisión de la jefatura de gabinete marcó el momento en que el gobierno terminó por cavar su propia tumba.

Se me ocurren dos explicaciones para esta cadena de errores desde el comienzo del mandato de Macri. Por un lado un estilo de conducción muy disperso con 22 ministros sin poder (los cargos que tradicionalmente estaban en Economía llegaron a estar distribuidos en seis ministerios). Por otro lado, quienes detentaban el poder, el jefe de gabinete y sus dos vicejefes, no tenían la formación adecuada. En particular su experiencia en el mundo de los negocios no los preparó para anticipar los efectos de equilibrio general de las políticas implementadas, de las contempladas pero no llevadas a cabo, ni de los cambios en el contexto por shocks externos o acciones de actores institucionales o no institucionales domésticos.

Recientemente Macri expresó su deseo que esta sea la última crisis argentina. Lo será seguro, hasta la próxima.


Cambiemos… el equipo económico

30/08/2018

Hasta hace pocos días podía mantener mi afirmación del mes pasado que la macro estaba en orden, y también otra de principios de mayo donde decía que Macri podía mantener, por el momento, su estilo de conducción fragmentada para la economía. La corrida de esta semana, que puso al peso contra las cuerdas, también puso al borde del KO la idea de carecer de un superministro. Si en estos días no hay cambios profundos, y se insiste en que “hay que esperar”, como dicen en inglés “that speaks volumes” del gobierno , o that speaks bolumes, para ser más claros. 

La administración Macri ya no da la impresión, mala de por sí, de ir corriendo detrás de los acontecimientos, sino literalmente la de estar paralizada. Y lo peor, de estarlo por miedo. Miedo a no saber qué medidas tomar, cómo tomarlas, ni si realmente quisieran tomarlas. 

Voy a tomar dos ejemplos. Primero, la propuesta de suspender la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja. Fue un globo de ensayo que fue y vino, y volvió a ir y venir hasta terminar en la introducción de retenciones al aceite y harinas de soja. Qué debería haber hecho el gobierno? Encontrar una solución salomónica entre hacer al campo partícipe del ajuste y reconocer los efectos negativos que tuvo la sequía este año en el sector. A nadie se le ocurrió acordar la suspensión de la baja de retenciones una vez que esta lleguen a cierto nivel, digamos 21%, en lugar de hacerlo cuando lleguen al 18%. Esto hubiera dado certezas al campo frente a la próxima cosecha, y recursos al gobierno para los futuros ejercicios fiscales. 

El segundo ejemplo está dado por las jubilaciones. En marzo, cuando hice una defensa de los “economistas plateístas“, noté que si el secretario Rodrigo Pena tenía razón en que un ajuste draconiano a lo Espert tendría poco impacto en el gasto era porque el grueso del gasto va a jubilaciones y pensiones. Copio el último párrafo de ese post.

En el agregado (Nación y Provincias, pero el primero dominando) el país gasta alrededor de 12% del PBI en jubilaciones. El secretario Pena, en lugar de usar espejos de colores para distraer la atención, debiera de decirnos que el gobierno está muy al tanto del problema de sustentabilidad de nuestro sistema previsional (estábamos últimos en un ranking de sustentabilidad según esta nota publicada hace cuatro meses en Ámbito Financiero). Es cierto que la reforma en la fórmula para actualizar las jubilaciones sancionada a finales del año pasado muestra que en este punto hay fuertes restricciones políticas. Pero hay mucho margen para cambios que el gobierno puede explorar y no parece dispuesto a hacerlo.

Qué anuncia el gobierno al respecto estos días de estrecho margen de error? Que quisiera desviar más fondos del IVA para pagar jubilaciones. No entienden nada! Hay que aumentar los recursos genuinos del sistema o reducir beneficios, o ambos. Repito por tercera o cuarta vez esta idea: aumentar a 40 años de aportes el requisito para acceder a la jubilación plena (flexibilizando los años de aportes necesarios para acceder a una prestación parcial). 

Argentina no está condenada al éxito ni al fracaso. Simplemente reflejará la calidad de sus instituciones y políticas públicas. Hoy ambas son un desastre. 


Cláusula gatillo e inflación

30/01/2018

Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearía que los acuerdo salariales no tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de sus productos se desvíen (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confían en la meta inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados), desconfían de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales acotados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias: 

Aunque en el mercado creen que será difícil que el Central cumpla con su meta del 15%, Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y así, el economista que el año pasado había sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economía toma decisiones bajo el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economía.

Este problema de falta de credibilidad de la política monetaria está muy estudiado. En nuestro país nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creíble). La independencia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarían a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estaría en 1,8%). Y en cuanto a reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de políticas necesarias (reducción del déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk. 

EXPOST: Un día después de escribir este post, Eduardo van der Kooy en nota publicada en Clarín sugiere que el gobierno estaría dando marcha atrás en su pretensión de aumentos salariales acotados sin cláusula de indexación.

Otro punto crucial lo constituye la discusión de las paritarias que se avecinan. El Gobierno, en su discurso, ha ido de más a menos. Habló primero de un acuerdo que no podría superar el 15% o 16%. Sin la implementación de la cláusula gatillo. Un recurso que le permitió evitar conflictos durante el 2017. Esa idea está ahora en revisión. También, la supuesta inflexibilidad del techo. Macri y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, vienen declarando ahora que las paritarias serán libres.

 


Rumbo a las PASO

29/06/2017

Hace varios días que vengo meditando escribir una nota sobre la importancia de las PASO. Varios analistas y políticos cuestionaban su utilidad basándose en que casi todos los partidos presentaron una sola lista para las elecciones de agosto de este año. Ahora se suma el gobierno proponiendo derogar las internas para la próximas elecciones presidenciales.

En un inesperado giro político, el gobierno de Mauricio Macri propuso ayer revisar el sistema de elecciones primarias abiertas , simultáneas y obligatorias (PASO) creado en 2010 y derogarlo para las presidenciales de 2019. Considera que tiene baja utilidad política, extiende las campañas y cuesta $ 2600 millones.

La propuesta causó sorpresa porque el propio Macri surgió como candidato fuerte en 2015 tras unas PASO que unificaron a la oposición fragmentada. En aquella oportunidad venció a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y a Ernesto Sanz, de la UCR, sus socios en el frente Cambiemos.

Sin embargo, el argumento oficial ahora es que el sistema es caro y fracasó este año como herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral.

Hay dos cuestiones que quisiera resaltar. Primero no es posible decir que las PASO fracasaron porque la mayoría de los partidos presentaron una lista única. El número de candidatos dentro de cada espacio político, y la calidad de los mismos, es la respuesta de equilibrio a la existencia de las PASO como institución electoral. Si no hubiera internas abiertas el cacique jefe de un partido tendría más margen para digitar qué candidatos presentar, y en general la calidad de los mismos sería generalmente inferior, al menos desde un punto de vista social.

Lo segundo a considerar es quién se beneficia y quién se perjudica si se eliminan las PASO para 2019. Como bien dice la nota de Mariano Obarrio en La Nación, Macri se benefició de este mecanismo electoral en 2015. Agregaría que sin las PASO hubiera sido difícil asociar la UCR y el PRO (las internas cerradas no le convenían a Macri, y si hubiera habido que discutir como hacer una interna el trabajo de persuasión de Ernesto Sanz habría sido mucho más complicado).

Pero Macri ahora es el “incumbent”, y no va a competir en internas en Cambiemos dentro de dos años.

La oposición peronista hoy en día está dividida en tres. Tenemos a Sergio Massa, quien fue el primer “renovador” (o traidor), Cristina con los ultra populistas, y finalmente el resto o peronismo “residual” (en realidad residual en Buenos Aires, dominante en el resto del país). En estas elecciones no se va a terminar de definir el futuro del PJ, pero estas tres facciones verán en qué condiciones llegan a 2019 para disputarle, en principio con grandes chances de éxito, la presidencia a Macri.

Para este trío va a ser crucial tener el paraguas de las PASO para ordenar esta disputa, y presentarse en una misma interna o al menos divididos en dos alianzas electorales. En efecto, basta ver las complicaciones de Florencio Randazzo para postularse dentro del PJ este mes para darse una idea de la dificultad que habría para articular una competencia si fuese via una interna cerrada (quién pone las reglas?, quién depura los padrones?, etc.). En este caso difícilmente el peronismo tendría menos fragmentación que en esta elección.

Como la reforma de las PASO requiere de una mayoría especial en el Congreso dudo que el gobierno tenga éxito en llevarla a cabo. Solamente podrá hacerlo mediante un acuerdo con un bloque de legisladores interesados en cierta impunidad judicial. Veremos.


2×1=0

18/05/2017

A principios de mes la Corte Suprema convalidó, en voto dividido, el beneficio del 2×1 para el represor Muiña. Esta decisión, que no era novedosa pues durante los últimos años la Corte, al menos tácitamente, sostuvo el mismo criterio, generó una tormenta política que resultó en la rápida sanción de una ley que expresamente excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1. 

El 2×1 permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasan sin una sentencia firme. La ley original de 1994 fue un engendro argentino típico que en lugar de enfrentar el problema del aumento de la delincuencia con más recursos para a) una red de contención social, b) agilizar la justicia, y c) construir más cárceles, decidió echar nafta al fuego y reducir de facto las condenas para delitos graves (que son los que se benefician con el 2×1).

Dado el impacto político del fallo de la Corte surgieron todo tipo de teorías conspirativas, que podemos resumir en las que presenta Jorge Lanata en esta nota de Clarín del último sábado.

Como la mayoría de las crisis argentinas, también esta comenzó por una estupidez: dos operadores judiciales del gobierno creyeron que era el momento de “consolidar el voto” en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa.

Era momento –pensaron José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón- de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2 x 1 en el caso de los militares detenidos.

Ya había sucedido antes, en dos ocasiones, durante el kirchnerismo y nadie lo había notado. Hasta Zaffaroni votó a favor –se convencieron.

Es posible que en el gobierno existan funcionarios que crean que deben seducir, cada tanto, al voto facho. Pero me parece muy tirado por los pelos, ya que es mucho más eficiente empezar por seducir, cada tanto, el voto de centro derecha que el gobierno también viene descuidando (y sobre lo que me referí en un par de notas a principios de año, ver acá y acá). No hace falta ir a la extrema derecha, allí no termina el arco iris.

Otro análisis interesante fue el de Carlos Pagni, en esta nota de la semana pasada en La Nación.

Macri y Garavano intentaron disimular el centro del problema. Lo que está en discusión no es el beneficio del “dos por uno”, sino un principio mucho más universal: el que establece que los condenados tienen derecho a que se les aplique la ley penal más benigna. Aun aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta regla fue adoptada por la normativa humanitaria a nivel internacional. Y fue recogida por el artículo 2 del Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. En el caso Muiña, esa ley más benigna es la del “dos por uno”, es decir que pasados los primeros dos, los años de prisión preventiva se computan como dobles…

La nueva ley plantea dos problemas. El primero es que intenta regular la interpretación de las normas, algo que, en sentido estricto, corresponde al Poder Judicial, no al Legislativo. Quienes defienden esa pretensión alegan que a nivel internacional existen muchas normas que aclaran el sentido de prescripciones anteriores. La segunda dificultad, que por su gravedad promete más controversias judiciales, es que pretende eliminar una garantía de manera retroactiva.

Me parece que el Congreso cometió un error. Hubiera sido más correcto interpretar que el 2×1 era un beneficio al que se podían acoger solamente quienes hubieran cumplido prisión preventiva mientras la ley estuvo vigente (fue derogada en 2001). Pero, ¿por qué un represor, como Muiña, que purgaba una condena de 13 años por haber sido “coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde” (según el Centro de Información Judicial) no puede beneficiarse con el 2×1 y un homicida violador o un femicida puede hacerlo a pesar de tener una condena mayor? Estamos cerca de la delgada línea roja que separa justicia de venganza.

Finalmente no olvidemos los efectos económicos. Nos preguntamos porque no llegan las inversiones, y al mismo tiempo aplaudimos al fiscal Guillermo Marijuán que acepto una denuncia por prevaricato como si los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti hubieran fallado, a conciencia, en contra de la ley. Nos sorprendemos que digan que carecemos de la suficiente seguridad jurídica, y festejamos la sanción de una ley que es claramente inconstitucional. Sarna con gusto, 2×1=0.


El 2×1 de Trump para el empleo público

07/03/2017

La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta normativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?). Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de las desregulaciones en EEUU.

Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted…

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals. The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The courts found the move unjustified…

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regulaciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de impuestos). Y los mercados en dicho país reaccionaron positivamente al discurso de Trump en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada, e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape. (The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for review.)

En la Argentina sería bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte algunas de estas ideas, aunque todavía no queda claro cuánto quisiera desregular (para bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto dentro del gabinete como frente al resto de los actores políticos en el país.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando todavía estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años…). En ese momento, al igual que hoy en día, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.

Lo que había pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podía ser ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espíritu de la idea y su implementación requeriría resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que se aplicaría, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estaríamos en el 2042 si se empieza hoy. Imaginemos…


A %d blogueros les gusta esto: