El 2×1 de Trump para el empleo público

07/03/2017

La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta normativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?). Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de las desregulaciones en EEUU.

Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted…

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals. The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The courts found the move unjustified…

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regulaciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de impuestos). Y los mercados en dicho país reaccionaron positivamente al discurso de Trump en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada, e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape. (The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for review.)

En la Argentina sería bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte algunas de estas ideas, aunque todavía no queda claro cuánto quisiera desregular (para bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto dentro del gabinete como frente al resto de los actores políticos en el país.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando todavía estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años…). En ese momento, al igual que hoy en día, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.

Lo que había pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podía ser ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espíritu de la idea y su implementación requeriría resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que se aplicaría, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estaríamos en el 2042 si se empieza hoy. Imaginemos…


Cambios en el mercado eléctrico, ¿más de lo mismo?

28/08/2012

El viernes pasado el viceministro de Economía Axel Kicillof anunció la regulación del sector eléctrico bajo el sistema de “cost plus”. Este consiste en la fijación de tarifas que reflejen los costos operativos de las distintas empresas más un porcentaje de ganancia “razonable”.

En los hechos es el certificado de defunción formal del marco regulatorio de los noventa que ya era letra muerta desde la devaluación y pesificación de tarifas. Veamos qué cambia y qué no con este anuncio.

Para las empresas es un alivio escuchar hablar de rentabilidad pues la mayoría presenta quebrantos operativos que las estaban empujando al default en sus obligaciones. Como informó ayer Carlos Pagni en nota en La Nación, varias distribuidoras habían dejado de pagar a CAMMESA para poder afrontar los últimos aumentos salariales:

El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.

De manera que una primer lectura parece indicar que poco ha cambiado salvo el reconocimiento que las empresas del sector deben recibir mayores ingresos para evitar el colpaso energético. Más tarde veremos en que medida esto se lleva a cabo a través de mayores tarifas y en que medida via mayores subsidios (los impulsos re-reeleccionistas me sesgan a pensar que aumentarán los subsidios).

Una lectura más profunda revela que la mayor intervención en este mercado tendría efectos negativos. Con tarifas competitivas (no las actuales), las empresas del sector, particularmente en generación, tienen incentivos a mejorar la eficiencia para obtener una mayor rentabilidad. Si a partir de ahora las empresas reciben una compensación por sus costos más un “plus” entonces perderán los incentivos a mejorar la productividad ya que ello resultaría en un menor costo y por ende en una reducción en la compensación estatal. Se pierde así definitivamente una ventaja de la vieja regulación, que privilegiaba a los operadores más eficientes (al darles más despacho de energía).

Es de esperar que cuando en el futuro tengamos un gobierno más pro mercado que este, se derogue de un plumazo esta regulación ineficiente. Que se mantengan las regulaciones para sectores monopolísticos (transporte y distribución), y eventualmente con fines estratégicos, como ser alentar la diversificación (inteligente) de la matriz energética.


Macri vetó adhesión a ley de medicamentos

22/12/2011

En el medio de este clima enrarecido de fin de año que nos regala el gobierno (hoy Luis Majul escribe al respecto en La Nación), y que no debiera de sorprender viniendo de una persona que comparte el hambre de poder hegemónico que tenía su marido, pasó casi desapercibido el veto a la adhesión a la ley de medicamentos por parte de Mauricio Macri.

La ley nacional 26567 restringe a las farmacias la venta de medicamentos y obliga al expendio a cargo de un farmacéutico o personal autorizado incluyendo aquellos remedios catalogados como de venta libre. Dicha ley fue sancionada hace dos años y al día de la fecha adhirieron todas las jurisdicciones provinciales, excepto hasta ahora la Ciudad.

Es interesante notar la falta total de análisis de esta notica, en especial por parte de los diarios financieros (ver por ejemplo nota en Ambito). Creo que es un reflejo del estado anestesiado y borreguil que tiene la sociedad respecto de sus gobernantes. Porque un mínimo estudio de esta ley nos muestra que implica una regulación excesiva que va en detrimento del bienestar general y que solamente beneficia a las farmacias.

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