Los costos laborales

31/01/2017

Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado, el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la mitad

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el país en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al envejecimiento poblacional tienen las características de una bomba atómica de tiempo. Y en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-financiera de casi todo emprendimiento en blanco. 

Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015) no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y quedará un agujero negro en las cuentas fiscales. 

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como políticamente, de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.

En este párrafo vemos, implícitamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del gobierno. El gobierno obviamente querría lo opuesto (aunque no lo diga públicamente, por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

“Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico”, opina Campos. Y explica: “La informalidad laboral es parte de una economía no registrada”. Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la informalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta informalidad sería eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos. 

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un “almuerzo gratis” por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones en cinco puntos. 

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la “competencia” de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingresos. Y lo hacen porque percibirían que lo que ganan en cantidad de aportantes más que compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de impuestos del gobierno pasan al lado “bueno” de sus curvas de Laffer. 

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años 🙂


La Anses y el 15% de la Coparticipación

30/11/2015

La semana pasada la Corte Suprema declaró inconstitucional la retención del 15% sobre los impuestos coparticipados que se realiza para financiar a la Anses, en el caso de las provincias de Córdoba, San Luis, y Santa Fe. La Corte interpreta que entre el año 1992 y 2005 dicha retención ocurrió con acuerdo de las provincias, pero desde 2006 se habría efectuado en forma unilateral por parte de la Nación. El fallo también resultará en la devolución a las provincias de los recursos descontados entre 2006 y la actualidad. Para más información ver nota de Adrián Ventura en La Nación, en particular estos párrafos

Aquella deducción había sido originalmente pactada en un acuerdo de 1992, entre el entonces presidente Carlos Menem y los gobiernos provinciales. El acuerdo fue ratificado por la ley nacional 24.130 y prorrogado mediante diversos pactos. El problema surgió porque el 1° de enero de 2006 vencieron aquellos pactos: las tres provincias se negaron a volver a firmarlo, pero el entonces presidente Néstor Kirchner lo extendió unilateralmente, mediante la ley 26.078, a la que luego no adhirieron las provincias. Ayer, la Corte declaró inválido el artículo 76 de esa ley, que disponía la prórroga.

El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias invalida esa norma dictada por el Congreso. Además, sostuvo que esa deducción no podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables, porque no había sido dictada de acuerdo con los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.

Como la reforma previsional en los noventa implicó el pase de un sistema de reparto a uno de capitalización, fue necesario financiar la transición: por un tiempo el Estado debía seguir pagando jubilaciones del viejo sistema sin recibir la totalidad de las contribuciones de los trabajadores enrolados en el nuevo sistema (el 11% del salario iba a una AFJP). La solución negociada con las Provincias, que transfirieron cajas locales a la Nación, fue esta deducción del 15%. En 2006, ante la realidad que la mayor parte de la transición mencionada ya había tenido lugar, algunas provincias se negaron a renovar los acuerdos.

En 2007, el gobierno de Néstor Kirchner permitió que trabajadores asociados a una AFJP pasaran al sistema de reparto. Para ello aumentó significativamente el beneficio por año de aporte. La Prestación Adicional por Permanencia, PAP, pasó a calcularse como el 1,5% del salario por cada año aportado, en lugar del 0,85% hasta entonces vigente. A pesar de esta mejora, solamente un 10% de los trabajadores eligieron el sistema de reparto (en parte por fallas en el diseño de la implementación de la reforma).

En 2008, ya con Cristina Kirchner como presidente, se estatiza el sistema de capitalización para financiar al Estado en los primeros meses de la Gran Recesión (y para disciplinar a empresas privadas a través de las tenencias accionarios que pasaban de las AFJP a la Anses). Se mantuvo el cálculo de la PAP como el 1,5% a pesar que actuarialmente hacía al sistema deficitario en el largo plazo. Para darnos una idea, con dos aportantes activos por jubilado para pagar un 45% del salario (el 1,5% por 30 años) el aporte debe ser 22,5%. Y como la PAP es solamente una parte de la jubilación, los aportes salariales deberían ser aún más altos, incentivando la evasión.

Si hoy la Anses es superavitaria se debe a la retención del 15%, y al remanente de los stocks de las AFJP que en lugar de acumularse como estaba planeado se usan para pagos corrientes (y también para inversiones de dudoso valor económico, que debieran ser auditadas por el próximo gobierno). Ya era difícil de preveer la sustentabilidad del sistema con un uso más racional de los stocks, con la pérdida del 15% de coparticipación entrará en crisis.

Propongo una reforma del sistema para enfrentar el doble desafío de negociar una salida política al fallo de la Corte y mejorar la sustentabilidad de largo plazo de la Anses. La misma consiste en aumentar la cantidad de años de aportes para acceder a la jubilación plena de 30 a 40 años. Para un resumen de mis viejas ideas al respecto de dicha reforma (que incluyen una flexibilización para que trabajadores con sólo 20 años puedan cobrar una pensión) ver este post de 2010. Dicho aumento debiera ser en forma escalonada, por ejemplo en veinte años (quienes se jubilan hoy deben tener 30 años de aportes para obtener la jubilación plena, quienes lo hacen en diez años, necesitarían 35 años de aportes, etc.).

De la misma forma que en los noventa se negoció con las Provincias la retención del 15% para financiar la transición a un sistema de capitalización, el gobierno de Macri podría requerir el apoyo de las Provincias para financiar la transición de un sistema de reparto no sustentable (habría que poner blanco sobre negro respecto a las inconsistencias de la reforma populista de los Kirchner en 2007-8) a uno sustentable. Quizás sea politicamente factible una retención del 10% de la masa de fondos coparticipables hoy en día que se reduzca anualmente medio punto porcentual. Los gobernadores verían incrementar el flujo de fondos por el 5% que recibirían hoy en día, y una mejora paulatina que les permitiría mejorar sus cuentas fiscales en el largo plazo.

Por supuesto que es mejor recibir 15% que 5%, pero la mayoría de los gobernadores (al menos los relevantes) son conscientes que la reforma de los Kirchner no se sostiene en el tiempo. Y mejor atacar los problemas mientras se pueden corregir con ajustes marginales. De paso se podrían introducir otras reformas en el sistema de seguridad social. Pero eso es material para otro post, cuando el tema esté en la agenda.

EXPOST: Cristina firmó un DNU para devolverle ya el 15% a las Provincias. Se nota que ahora que está por dejar el poder empieza a cumplir con la ley (h de p).

 


El no evento del pago de la deuda

03/08/2012

Dado que el gobierno no tiene ninguna buena noticia para informar ha decidido hacer del pago hoy, viernes 3 de agosto de 2012, de la última cuota de los Boden 2012 un acontecimiento histórico cuando no lo es. Como aclaró Martín Kanenguiser en nota en La Nación el pasado miércoles la deuda pública sigue teniendo un peso importante.

Aunque el Gobierno festejará este viernes el pago del Boden 2012 como si fuera el final del ciclo de endeudamiento, cada habitante de la Argentina todavía debe US$ 4460 y el país tiene pasivos sin regularizar por US$ 20.000 millones.

Para anticipar este evento, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, adaptó la idea del tablero electrónico colocado en la zona neoyorquina de la Sexta Avenida y la 44 que, desde 1989, registra el incesante crecimiento de la deuda pública norteamericana en términos nominales. Pero el contador argentino ubicado en la entrada del edificio y en el sitio de Internet del Ministerio de Economía va en sentido inverso, marcando los días, horas, minutos y segundos que faltan para el pago de la última cuota de este bono, entregado a los ahorristas afectados por el corralito y el corralón. Sin embargo, por aquella crisis también resta pagarles a los ahorristas US$ 243 millones por el Boden 2013, en abril del año próximo.

Irónicamente, el gobierno dice que se desendeuda y al mismo tiempo dice que no puede realizar obras públicas pues no tiene acceso al mercado de capitales (para lo cual, por supuesto, culpa a la “crisis” mundial). Según nota ayer de Jorge Oviedo en La Nación:

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Una propuesta para Scioli (y otros)

12/07/2012

Cristina nos regaló ayer otro más de sus discursos épicos por cadena nacional. Esta vez la nota de color fue confesar (implícitamente) que la AFIP habría investigado a un operador inmobiliario por compartir su opinión crítica en una entrevista publicada en Clarín:

La Presidenta cruzó un límite en su escalada verbal contra los medios. En cadena nacional, y sin ponerse colorada, reveló que decidió investigar los antecedentes financieros y patrimoniales de un empresario inmobiliario. ¿Cuál fue su pecado? Dar su testimonio para Clarín en un artículo sobre la desaceleración de la economía que se publicó el domingo pasado.

 “El día domingo un diario hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía. Una conocida inmobiliaria decía que ya no entraba nadie a raíz de las medidas del Banco Central con respecto al dólar. Y yo quise averiguar por esta pobre gente y llamé a Ricardo Etchegaray a la AFIP y este señor no presentaba declaraciones juradas desde el año 2007”, dijo Cristina Kirchner en alusión a Jorge Toselli.

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La última carta de Obama

12/09/2011

La semana pasada Barack Obama presentó un paquete de medidas para reactivar la demanda de trabajo en los EEUU. Esta probablemente sea su última jugada en el plano económico con miras a la reelección en noviembre del año próximo. Greg Ip resume las medidas en uno de los blogs de The Economist.


Si la reacción de Wall Street luego del anuncio de estas medidas fue negativa se debe a que Obama tuvo la mala suerte de coincidir en su anuncio con la renuncia de Jürgen Stark como economista jefe del Banco Central Europeo. Los mercados interpretaron que esta renuncia presagia más ortodoxia por parte del BCE (Stark era un confeso crítico de las compras recientes de bonos italianos y españoles). Al respecto, hoy Paul Krugman en su columna diaria en el NY Times analiza el rol del BCE en la no resolución de la crisis del euro.

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Su servidor en VOXEU

24/06/2011

La mejor forma de cerrar esta semana de posts eurocéntricos es la publicación en voxeu.org de una nota que escribimos con Dirk Niepelt resumiendo un trabajo recientemente aceptado para su publicación en el European Economic Review: “Ageing, Government Budgets, Retirement and Growth”. Acá el abstract:

We analyze the short and long-run effects of demographic ageing – increased longevity and reduced fertility – on per-capita growth. The OLG model captures direct effects, working through adjustments in the savings rate, labor supply, and capital deepening, and indirect effects, working through changes of taxes, government spending components and the retirement age in politico-economic equilibrium. Growth is driven by capital accumulation and productivity increases fueled by public investment. The closed-form solutions of the model predict taxation and the retirement age in OECD economies to increase in response to demographic ageing and per-capita growth to accelerate. If the retirement age was held constant, the growth rate in politico-economic equilibrium would essentially remain unchanged, due to a surge of social-security transfers and crowding out of public investment.

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El asunto de los directores de la ANSES

18/04/2011

Amado Boudou se rasga las vestiduras y grita “¡fue un brutal ataque a la ley!”. Si estuviese hablando del DNU que, violando el espíritu de la ley, amplía por encima del 5% la participación efectiva de la ANSES en la toma de decisiones de empresas cuyas acciones heredó al expropiar las AFJP, estaría admitiendo que no solo es rockero sino también un forajido. Pero no, esos lapsus de sinceramiento el kirchnerismo los guarda para la intimidad, como sabemos por las filtraciones de la embajada de EEUU.

Sobre el tema escribe en una nota hoy Carlos Pagni en La Nación:

El avance oficial sobre las empresas se sostiene en el impecable argumento de que “el Estado debe cuidar el ahorro de los argentinos”. Nada parece tan urgente, sobre todo cuando se advierte lo poco que hace la Anses para volver creíble esa consigna. Para empezar, el kirchnerismo se ha empeñado en aletargar la comisión bicameral del Congreso creada para monitorear a ese organismo.

Además, las auditorías universitarias prometidas por la Anses para garantizar la calidad de sus inversiones jamás se realizaron. La única supervisión, hay que suponer, correría por cuenta del Organo Consultivo creado por Amado Boudou cuando se estatizó el sistema previsional. Estaba integrado, entre otros, por el sindicalista Juan Zanola y por el recaudador de la campaña presidencial, Sebastián Gramajo, ambos procesados por integrar la “mafia de los medicamentos”.

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