Cristina y las PASO

25/07/2017

Los datos de las últimas semanas están indicando que Cristina Kirchner ganaría las PASO del próximo mes en la PBA. En efecto, los voceros oficiales e informales del gobierno han pasado de la alegría por la partición en tres del peronismo cuando cerraron las listas el mes pasado a la angustia de ver que Esteban Bullrich estaría peleando el segundo puesto.

Analistas de diverso pelaje están diciendo que perder por unos pocos puntos contra Cristina no es malo ya que permitiría al voto útil concentrarse en el candidato de Cambiemos en Octubre. O sea, aceptan que hoy en día las cosas están mal para el gobierno. Claro como el agua fue Jaime Durán Barba en una nota en Perfil el sábado pasado.

Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia, es probablemente un votante duro. No decimos que todos los partidarios de Cristina vivan en esas circunstancias, sino que quienes las viven pueden respaldarla con más firmeza. Desde otro punto de vista, si el encuestado tiene poca información de lo que ocurre en el mundo, cree que sería mejor que todas las empresas fueran estatales para que subsidiaran sus productos, cree en líderes mesiánicos, votará fácilmente por el populismo.

Hay un porcentaje importante de electores que vive en la pobreza, pero no atribuye su situación a la desidia de quienes gobernaron el país y la Provincia en las últimas décadas, sino que la acepta como un sino inevitable. En investigaciones realizadas por alguna universidad encontraron que estos pobres no tienen esperanza de que mejore su situación, y normalmente no hacen esfuerzos para que sus hijos estudien y se preparen para un futuro que parece inalcanzable. Hay también otros elementos que permiten detectar el voto duro de este tipo: si el encuestado es un firme defensor de los derechos humanos y además respalda a la dictadura militar venezolana sólo puede votar por Cristina o por alguna versión arcaica de la izquierda. Es un voto imposible para cualquier candidato que analice racionalmente la política.

Cristina tiene mucho “votante duro” en el conurbano. El gobierno reacciona lanzando créditos para beneficiarios de la AUH. Desde una perspectiva política es una pésima idea pues está pescando entre los votos duros del kirchnerismo y poco y nada cambiarán su voto por un crédito lanzado a las apuradas. Podría esta medida ayudar a reactivar la economía? Quizás sí, si está bien diseñada. Eso lo veremos con más información.

La que está siendo muy inteligente en la campaña es Cristina, al mostrarse moderada e interesada por todos los argentinos. Los lectores del blog son concientes de la falsedad manifiesta de esta postura. A los votos duros que tiene no le importa si se muestra mansa o confrontativa. Pero la careta no apunta ni a sus votantes ni a los votantes de Cambiemos. Apunta a quienes estén indecisos entre Cambiemos y 1país. Efectivamente, si estos votantes presumen que Cristina es una amenaza votarían al gobierno, pero en caso contrario contemplarían votar una alternativa (ya que, comprensiblemente, están decepcionados). Así la Cristina mansa aunque no gane votos se los hace perder al gobierno.

Difícil para el gobierno elegir el relato para estas elecciones. Si, como indican algunas declaraciones de los últimos días, presentan a Cristina sacando solamente 14% a nivel nacional empujan a los indecisos a votar a Massa. Pero si se enfocan en una posible derrota en PBA ponen en peligro la “gobernabilidad”.

Igual, si Cristina gana en octubre, pierde. Pero eso queda para otro post.

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Política monetaria actual

18/04/2017

La decisión de Banco Central de subir las tasas de interés 150 puntos básicos la semana pasada despertó críticas por derecha e izquierda. Los comentarios fueron tanto políticos, como señalar que Federico Stuzenegger es el super ministro de Macri, como económicos, la mayoría de estos indicando que el BCRA se pasó de rosca al subir tanto las tasas. Un análisis interesante es el de la nota de Néstor Scibona en La Nación este domingo, de la cual voy a copiar unos párrafos.

Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.

Aceptando que como inflation targeting llamamos el querer bajar la inflación, y que se usa como instrumento más la regulación de la cantidad de dinero que la tasa de interés (ver esta entrada sobre política monetaria de hace poco más de un año), ¿qué inflación mira el Banco Central? La inflación núcleo, pues al ser independiente tiene más sentido fijar sus metas sobre un indicador que no se vea contaminado por precios volátiles (como energía o alimentos), o cuestiones políticas, como ser la velocidad con la cual el gobierno elimina subsidios a la energía.

¿Cómo debería reaccionar el Banco Central ante un aumento en las tarifas de gas o electricidad? Si este cambio estaba anticipado no debiera haber reacción pues si bien esto elevaría el IPC, la trayectoria de la inflación núcleo no se vería afectada. Con lo cual el comentario de Bein antes citado es doblemente erróneo.

¿Y si hay un aumento no esperado en gas o electricidad? Esto obligaría a los consumidores a reducir su consumo agregado ya que para un dado ingreso pueden comprar menos bienes y servicios. La menor demanda tendería a reducir los precios de los bienes y servicios (excluyendo tarifas), i.e. este shock reduciría la inflación núcleo. El Banco Central podría entonces responder con una política más laxa. El año pasado ocurrió algo así pero al revés, la Corte Suprema puso un techo a la suba de tarifas. Por eso en ese momento sugerí que el Central tendría que haber ajustado su política (también entendía que factores políticos podían dificultar esta reacción).

Entonces, ¿cuál es el problema con la actual suba de tasas de interés, que responde a la persistencia de una inflación núcleo elevada (ver el anterior post)? Depende de cómo se forman expectativas en la economía argentina. El argumento de los párrafos precedentes presume que el Central tiene credibilidad. Por ende cuando hay un shock actúa en consecuencia. Si el sector privado creyera que el Central va a reaccionar entonces no le importaría lo que haga en el día a día con la tasa de interés. Miraría la meta para el año y tomaría decisiones acorde. En particular negociaría salarios.

El problema surge cuando el sector privado no está convencido de la vocación del BCRA para combatir la inflación (y esto debe ser leído como no está convencido cuánto apoya Macri a Sturzenegger). En este caso supongamos que le da un 50% de probabilidades al escenario inflación=17% y 50% de probabilidades a un escenario inflación=27% (para que de cerca del 21,6% que predice el FMI). ¿Cómo negocio salarios o fijo precios en este caso? Lo segundo es más fácil pues los precios de la mayoría de los bienes y servicios se pueden cambiar rápido (un precio promedio en EEUU tiene una vida cercana a los seis meses, en Argentina debe ser menor aún). Pero los salarios en general se negocian por un año.

Una solución, aconsejada por el gobierno, es cerrar acuerdos contingentes a la inflación, como se trata de hacer en el sector público. Pero si todo el mundo hace esto, y el gobierno logra llegar al 17%, un gremio que se corte solo y logre sacar un aumento fijo del 25% (o más) va a tener una recuperación del salario real mayor que el promedio. Y todos los gremios con cierto peso quisieran lograr esto.

Es por esto que las negociaciones salariales se complican y nos da una de las razones del BCRA para sobre actuar y subir la tasa 150 puntos: dar una señal de firmeza que oblige a los empresarios a enfrentar a los gremios y no ceder facilmente como en el pasado (aunque viendo las reacciones de la UIA en los medios se nota que es mucho más fácil ceder ante el gremio y hacer lobby inflacionista).

Además de la señal del Banco Central, el gobierno debiera de seguir mostrando mano firme para negociar con el sector público para conseguir acuerdos atados a la inflación (ver este post reciente) ya que en caso contrario el gasto público se desbordaría y el Central se vería obligado, una vez más, a salir al rescate del Tesoro dinamitando la baja en la inflación que tanto nos está costando conseguir.

Para cerrar, la nota de Scibona incluye la siguiente observación:

Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.

Como vengo diciendo desde agosto del año pasado, una baja inflación probablemente sea el único logro económico que Macri podrá mostrar en octubre. No sorprende que le de todo su apoyo a Sturzenegger, convirtiendo así a este en un super ministro de facto.


Como eliminar las tarifas sociales

04/04/2017

Con un título así espero agitar el avispero. Este año ya escribí un par de posts derechosos (ver acá o acá), y si tuviera ganas de levantar la temperatura en esa dirección hubiera escrito sobre el número de desparecidos (son menos de diez mil, no es poco, punto). Espero que el lector llegué al final de la nota antes de ahondar más la grieta.

Hoy en día la tarifa social abarca casi todos los servicios públicos. Este link del gobierno nacional le muestra a todo jubilado, desempleado, beneficiario de AUH, o pobre como solicitar la tarifa social de transporte, agua corriente y cloacas (en BA) y de gas y electricidad (en todo el país). En mi opinión es ineficiente tener precios diferenciados para estos servicios públicos, y la ayuda social debiera ser directa, decidiendo los beneficiarios en qué gastarla.

En esta entrada me voy a ocupar de los subsidios energéticos cuyos beneficiarios potenciales son cerca de un tercio de la población.

Como es bien sabido, quienes no se benefician de una tarifa social están pagando cerca de la mitad del costo de la electricidad o gas que consumen. Con lo cual en realidad todos los argentinos tienen una “tarifa social” (pero, como diría George Orwell, algunos argentinos son más sociales que otros). Diferenciemos pues entre subsidios generalizados y focalizados (tarifa social).

El año pasado el gobierno empezó una gradual reducción de los subsidios energéticos generalizados, y debido a un fallo de la Corte Suprema la reducción pasó a ser muy gradual. O sea que estamos lejos del día en que al menos alguien pague el costo de la energía (pero, como no enseñó Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, o sea en realidad ya lo pagamos todos con impuestos, bueno todos los que pagan impuestos pero eso es abrir otro frente de batalla).

Para explicar mi idea, imaginemos que llegamos al día que se eliminan los subsidios generalizados. Ese día los no beneficiarios de la tarifa social pagan el costo de la energía, digamos 10, y los beneficiarios pagan menos, digamos 8. Hoy en día el costo (marginal) de la energía está dado por la paridad de importación dado que consumimos más energía que la que producimos. Es de esperar que el día que se eliminen los subsidios generalizados todavía sigamos importando energía (digo, ¿cuánto tiempo llevará este ajuste?, igual el mecanismo que propongo también funcionaría en caso que empecemos a exportar energía antes de la eliminación de los subsidios generalizados).

Dado el potencial del país, amén de Vaca Muerta, es de esperar que en el futuro cercano, si se mantienen reglas de juego claras, el país vuelva a ser un exportador neto de energía, como lo era antes de la pesificación de tarifas post crisis de 2001. Cuando eso suceda el costo (marginal) de la energía pasará a ser la paridad de exportación. Supongamos que la misma es de 7 (la diferencia entre 10 y 7 estaría dada por los costos de transporte y otras fricciones al comercio energético).

Cuando el país pase a ser un exportador neto de energía los consumidores argentinos tendrán una marcada reducción en los costos de la energía. Entonces si asociamos la tarifa social a la paridad de importación, en el ejemplo de esta nota la tarifa social es un 80% de la paridad de importación, cuando el país pase a ser un exportador neto la tarifa social desaparece.

Podría haber simplificado mi idea si me concentraba en decir lo que resalté en el último párrafo. Pero si esperamos al día que el país pase a ser exportador, seguro que surgirán presiones para mantener la tarifa social a pesar de la caída en los costos de la energía (¿cuántas cosas transitorias se vuelven permanentes en Argentina?). Si hoy el gobierno anuncia una indexación como la que sugiero será creíble que la eliminación de la tarifa social se produzca porque ocurrirá en un contexto en que los beneficiarios de la misma no percibirán un aumento, sino una reducción en sus facturas.

¿Habría costo político de anunciar esto hoy? Poco y nada, donde lo poco sería suficiente como para esperar hasta después de la elecciones (estas, no las de 2019). Como en realidad lo que se paga por electricidad y gas no solamente incluye el costo de la energía sino también cargos de transporte y distribucion, la implementación de esta idea es más compleja que lo que bosquejo aquí. Pero si el gobierno realmente quiere que la Argentina vuelva a ser un país normal, si se puede.


Inflación de enero y Precios Transparentes

14/02/2017

La semana pasada se publicaron índices de precios con mediciones un tanto dispares. Mientras que el INDEC reportó que la inflación de enero fue del 1,3%, en la Capital el indicador fue de 1,9%. Esta diferencia generó suspicacias.

El 1,3% de inflación de enero que difundió el Indec fue otro de los puntos que celebraron la semana pasada. Sin embargo, generó algunas suspicacias entre la oposición. “¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la inflación según Indec y la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires?”, reflexionó uno de los economistas más influyentes del establishment. Y agregó: “1,3% versus 1,9%. Es desconcertante”.

En mi opinión la disparidad resulta comprensible dada la heterogeneidad de las canastas empleadas y el contexto de alta inflación del país: si un bien aumentó el 10% en enero y la incidencia de dicho bien en las respectivas canastas es del 10% en Capital pero solamente del 5% para el INDEC, esto explica casi toda la diferencia.

Por eso no me sorprendió ver que para Inflación Verdadera la inflación de enero resultó aún mayor, del 2,3%. Este sitio nos permite ver que la inflación está en una trayectoria ascendente similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Ojo Sturzenegger.

Finalmente podemos usar los indicadores de Inflación Verdadera para tener una idea del impacto del programa de Precios Transparentes a nivel agregado.

Supongo que la mayoría de los lectores están familiarizados con este programa del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, así que solamente copio unos párrafos de esta nota

Bajo el concepto de “precios transparentes” los funcionarios anunciaron esta tarde nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de “separar el precio al contado de la opción en cuotas” para lograr “mayor transparencia” que derive en “mejor consumo”.

Según sostuvieron, la medida busca “evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado” y que también sean transparentes “todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información”…

Según se dijo en la conferencia de prensa, el Gobierno espera descuentos de entre un 10% y un 15% para los consumidores, puesto que los comercios no tendrán que elevar el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

Me parece una excelente iniciativa del gobierno, pero que parece ser tuvo algunos “efectos colaterales”. Me parece razonable darle a los consumidores la opción a comprar bienes diferenciando los precios del bien de la tasa de interés del correspondiente financiamiento. Según los libros de texto esto debiera resultar en una mayor demanda agregada con una reducción en los precios contado y un aumento en los precios financiados.

El efecto en los precios se debe a que efectivamente hasta el 31 de enero había un subsidio cruzado (Nota dentro del margen. No es cierto, como circuló en internet, que el 75% más pobre de la población subsidiara al 25% más rico que tienen tarjetas de crédito: los bienes que se venden con tarjeta de por si son bienes que no forman parte de la canasta de consumo de la mayoría de ese 75%). Y el efecto en la demanda agregada se da por el neto de la mayor demanda de los “consumidores contado” versus la menor demanda de los “consumidores financiado” si los precios ajustan de acuerdo a la cantidad relativa de los mismos en la población y dejando el margen de ganancia de los vendedores constante.

Lo que se observó fue una caída más grande en las ventas financiadas que el incremento en las compras contado. ¿Por qué? Una posible explicación se basa en sesgos del comportamiento. Si un consumidor financiado tomaba el precio como reflejando el valor real del producto su demanda reflejaba no solamente el subsidio cruzado sino también un efecto psicológico de ganar cuotas sin interés. Hoy en día este consumidor para comprar debe superar la pérdida psicológica de aceptar pagar por lo que antes le daban “gratis”. Espero que uno de los cronistas habituales de la economía del comportamiento (e.g. Sebastián Campanario o Martín Tetaz) presente una mejor explicación en los próximos días.

El gobierno, que debe de estar monitoreando las ventas en tiempo real, estuvo rápido de reflejos y antes la caída en las ventas en el agregado los bancos Nación, Provincia y Ciudad recientemente empezaron a ofrecer 50 cuotas al 19% anual. 

La iniciativa busca atemperar el fuerte incremento que los precios financiados mostraron en la última semana, es decir, desde que el Gobierno obligó a los comercios a diferenciar precios entre pago al contado y en cuotas. Y, al ser complementada con una simplificación de los requisitos para obtener las tarjetas de crédito, busca inducir a la banca privada a que se pliegue para evitar la retracción que se había comenzado a notar en las ventas financiadas desde la puesta en marcha del programa denominado “precios transparentes”.

Esto encendió un par de luces amarillas. Si la caída en la demanda agregada refleja sesgos en el comportamiento de los consumidores financiados, otorgar crédito con 50 cuotas muy probablemente resulte en una fracción importante de la población sobre-endeudada dentro de, digamos, 49 meses. Por otro lado, aun y confiando en que el Banco Central lleve la inflación a un dígito para 2019, la tasa de interés anual del 19% implica un subsidio sobre el costo real del financiamiento. Esto se cae de maduro si notamos que hace pocos meses el gobierno se endeudó a cinco años a una tasa del 17%. Si el gobierno solamente sigue esta política de subsidiar las compras con tarjeta de crédito por unos años no me parece mal, pero recordemos que todos los días el ministro del relato fiscal, Nicolás Dujovne, nos quiere convencer que el déficit va a bajar.

Ahora, ¿cuál fue el efecto del programa en el nivel agregado de precios? Si el programa hubiera tenido el impacto inicial teórico de aumentar la demanda agregada deberían aumentar los precios en promedio (con la ponderación según porcentaje poblacional de cada tipo de consumidor). Si por diversos motivos el consumo agregado cayó, los precios deberían reflejarlo. Según la consultora Elypsis hubo rebajas de entre 5,8% y 8% en algunos precios al contado. La nota no dice si la consultora registró aumentos en los precios financiados (aunque determinar el aumento porcentual es complicado pues no sirve sumar las cuotas).

Nuevamente podemos recurrir a Inflación Verdadera que tiene mediciones diarias de una canasta de precios al consumidor (con la salvedad que no sabemos si discriminan precios contado y financiado, ni si se ponderan por las cantidades de consumo respectivas). Tomando el indicador para el 3 de Febrero y para el 31 de enero vemos que la caída en el índice de precios fue de 0,2%, o sea un 10% de la inflación mensual antes reportada. Si bien creo que estadísticamente indica un efecto nulo, era lo que se esperaba para una (muy leve) caída en el consumo agregado.


Ideología y política social

09/01/2017

Hace un mes escribí un post resumiendo el primer año de gobierno de Macri. En el mismo digo que una de las razones por las cuales no espero grandes cambios en las políticas a implementar en el resto de su mandato es:

Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

La semana pasada escribí un tweet un tanto derechoso comentando el globo de ensayo del gobierno de bajar la edad de impuntabilidad de 16 a 14 años

El impacto que tuvo este tweet con más de 500 retweets y “me gusta” fue diez veces mayor al segundo más popular que haya escrito. Eso me hizo pensar que había tocado un nervio sensible. Y uno al que el gobierno debería prestar atención antes que aparezca un nuevo actor político que lo corra por derecha.

Es sabido que la oposición critica a Macri diciendo que gobierna “para los ricos”. En realidad el gobierno sesga sus políticas hacia quienes tienen poder, no riqueza per se. Gobierna para las provincias que, o controlan el Senado, o son gobernadas por dirigentes de Cambiemos. Gobierna para los dirigentes sociales que le pueden copar la calle (en la Ciudad, Rodríguez Larreta pareciera maldecir el controlar la policía y no poder culpar a Otro por el desmadre).

Los funcionarios progresistas que mencionaba en el anterior post arriba citado se apalancan en este discurso opositor para justificar su forma de ver la realidad y mantener el gasto social a niveles muy altos.

Pero el gobierno puede tomar medidas que sin bajar el gasto social le den un guiño a sus votantes de centro derecha (esos a quienes les gustó tanto mi tweet, y que si existiera una Ucedé moderna la votarían antes que a Cambiemos). La AUH es un beneficio que tiene condicionalidades en la medida que los padres deben cumplir requisitos de salud y educación. Por qué no agregar como condición que los chicos no delinquen? La gran mayoría no lo hace y habrá pocos casos de familias que pierdan sus beneficios por este motivo. Pero el anuncio satisfará a quienes son menos progresistas que el promedio.

Hablando de la AUH, otra posible idea de “derecha” (léase pensada con criterio de eficiencia) es graduarla por el orden de nacimiento de los hijos. Por ejemplo, supongamos que hoy en día una familia puede cobrar $100 por hijo hasta cinco hijos. Propongo que por el primero cobre $160, por el segundo $110, por el tercero $80, por el cuarto $60 y por el quinto $40. Los números son ilustrativos y deberían calcularse para que el Estado gaste lo mismo que lo que gasta hoy en día (decir que gaste menos es ajustar, vade retro satanás).

Por qué sería mejor esto? De base hay costos fijos de tener hijos por lo cual es razonable una prestación que sea decreciente en el número de hijos. Además, por un lado se corrigen los posibles incentivos que la prestación pueda tener en la fecundidad. Por otro lado se genera una transferencia de recursos de regiones con costo de vida relativamente bajo a regiones con costo de vida relativamente alto. Sin tener datos duros a mano me parece que hay mayor número de familias pobres con cinco o más hijos en el NOA o NEA que en la región pampeana. Y la canasta básica es más barata en el NOA que en la región pampeana (o patagónica). Con lo cual esta medida mejora la asignación de los recursos. 

Por supuesto que el lector progresista se rasgará las vestiduras y me insultará por ponerle un “precio” diferencial a cada niño y que eso viola sus derechos, y bla bla. Lo siento, yo no soy (tan) progresista y no puedo dejar de pensar en la ganancia de eficiencia de la propuesta, su atractivo para el votante de derecha huérfano de representación, y el hecho que Cambiemos gobierna en la región pampeana y la oposición peronista en las provincias más pobres. Igual dudo que el gobierno pueda/quiera/sepa como administrar la política social bajo otra ideología que no sea la progre populista. 


Autopsia del gobierno de Macri

07/12/2016

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonía fina dentro de un modelo equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos extraordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar) en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la comparación debiera ser con el potencial que tenía el gobierno de Cambiemos en Diciembre de 2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la positiva, un cambio de orientación de la política económica, social e institucional que refuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”), acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del país (sendero creíble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias, mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga los pasos de Alfonsín y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creía que el nuevo gobierno, aunque políticamente débil, tenía mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debían pasar por el Congreso pero que le darían a los inversores una clara señal para traer fondos al país. Respecto de la inflación veía que la misma podía ser domada con el trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno: política monetaria relativamente contractiva, sendero creíble de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los subsidios a la energía y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenía que mantener un tipo de cambio depreciado lo que reducía los costos de importar capital y permitía competir. Para lograrlo hubiera habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los futuros de dólar impedía tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibí que el gobierno no tenía brújula. O como titulé una nota: no hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatían a innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores. Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni siquiera gradual, que no hacía el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial), sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto, no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se decidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribí una nota sobre como esto impactaba, negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes excepcional). Tomando en consideración la política real, léase las limitaciones externas y autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta de esto, y sí va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza (ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, así como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economía fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000 millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su política fiscal. También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que pudo ser.


La Corte y las tarifas

19/08/2016

Ayer la Corte Suprema de asestó una dura derrota al gobierno de Mauricio Macri al rechazar, por unanimidad, el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales. Además dejó la puerta abierta para que las empresas, en particular las PyMEs, presenten recursos de amparo ante la justicia.

Lo primero que infiero es que efectivamente, como vengo sosteniendo desde principios de año, el gobierno de Macri es débil (vale la pena aclarar que varios analistas y medios sostienen lo contrario, o lo hacían hasta hace poco). Acaba de sufrir su propia 125 y no tiene el control de las intituciones que tenía el kirchnerismo en 2008.

La lectura que hacen los medios oscilan entre el pesimismo y un optimismo basado en el reducido impacto fiscal al mantenerse los aumentos del gas para las empresas. El lector que quiera una síntesis puede leer la nota de Carlos Pagni publicada hoy en La Nación, que identifica tres “costos” para el gobierno

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El primero de estos costos en realidad ya estaba anticipado, al menos desde el fallo hace mes y medio de la Cámara Federal de La Plata. Ahora habrá que ver el tamaño del impacto fiscal, que dependerá de la extensión del fallo a empresas si estas realizan amparos (imagino una horda de políticos K corriendo a los tribunales en nombre de las PyMEs), y de la celeridad en realizar las audiencias y lograr aumentos de tarifas como Dios (o la Corte) manda. Más importante es ver cómo compensa el gobierno este mayor gasto en subsidios. Dado que no tiene disciplina fiscal dudo que reduzca el gasto en otras áreas por la misma magnitud. Al mismo tiempo espero que ante la baja en la inflación (según Inflación Verdadera este mes se llegó a un ritmo de aumento del 1% mensual) no monetizen el déficit porque sería comprometer el único logro perceptible por los consumidores/votantes. De manera que espero la respuesta sea una combinación de más deuda y menos inversión pública.

Con respecto a las señales para atraer inversores, noté hace unos meses que no es una especialidad del gobierno. En lo referido a las inversiones en exploración y producción de gas el problema es la politización (y judicialización) del precio del gas en boca de pozo. El gobierno esperaba que la Corte aceptara que es facultad del gobiero fijar este precio pero ésta decidió que, mientras el precio no sea de mercado, deberá someter los aumentos a audiencias públicas. Según Pagni

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: “Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían”.

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Un posible medida para el gobierno sería anunciar que a partir del primero de enero de 2018 (u otra fecha en el futuro cercano) el precio del gas lo determinará el mercado. Esto tendría un doble valor. Para los inversores les daría un horizonte para sus proyectos (invierten en exploración hoy, y en un año y medio cuando comienzan a producir cobran el precio de mercado). Y forzaría a sincerar el resto de la tarifa en ese plazo, audiencia mediante. Aclaro que considero que la mejor forma de normalizar el precio del gas sería liberar ya el precio de la producción de los nuevos pozos y hacer converger el precio de los pozos maduros al valor de mercado en un horizonte razonable. Pero supongo que la duplicidad de precios no sería del agrado de la Corte (aunque ésta pareciera ser experta en duplicidad).

El tercer costo señalado por Pagni es político. Como aclaré al comienzo de la nota desde el primer día tengo la impresión que el gobierno es débil. Sin embargo es importante el empoderamiento de los políticos populistas que tiene el pronunciamiento de la Corte. Según Pagni

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail “qué estamos diciendo”, con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: “El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones”. El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo…

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico… Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: “Estamos ante problemas graves de gestión”. Pero Jaime Durán Barba refutó: “Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente”. El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

Al respecto me permito hacerle una sugerencia a Macri: Al menos un funcionario debería renunciar cargando sobre sus espaldas el costo político de esta derrota.

Finalmente le hago a los viejos miembros de la Corte la siguiente pregunta. Si como ustedes afirmaron en su fallo la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas, ¿no deberían haberle exigido a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que realizaran audiencias para mantener las tarifas congeladas en un contexto de alta inflación? Reum non facis.

EXPOST: Santiago Gallichio, ocasional contribuyente en este blog y actualmente presidente de Provincia Leasing, escribió recientemente una nota sobre el fallo de la Corte en Ámbito Financiero.

El error de la Corte consiste en considerar la tarifa de gas prácticamente como si se tratara de un impuesto, es decir, solamente como una tarifa regulada, como si no tuviera un componente económico de precio de mercado. A esta confusión contribuyó inadvertidamente el gobierno anterior, al tratar el precio que pagaba el público como un precio homogéneo, en lugar de distinguir entre precio del insumo (no regulado) y tarifas de servicio monopólico (reguladas). Producir gas vale lo que vale. Depende de los costos de exploración y de extracción. Su precio no es un impuesto ni una decisión discrecional del Estado. Por eso mismo no puede considerarse que este aumento pudiera ser “confiscatorio”, como erróneamente considera la Corte (considerando 33). Ningún precio puede ser confiscatorio: se puede pagar o se deja de pagar. Si no lo paga el consumidor, lo pagará el productor, pero alguien se hace cargo del costo. Lo que sucedió en la Argentina reciente fue que el consumidor pagaba mucho menos de lo que costaba producirlo, el Estado compensaba solo muy parcialmente ese desfasaje y el ajuste consistió en que los productores dejaran de explorar y, finalmente, nos quedamos sin gas y debemos importar. Los consumidores “nos confiscamos” las reservas de gas de la Argentina…

Analizaremos ahora si es razonable que se realice gradualmente, como pide la Corte. Ello significaría permitir que las familias se anoticien de un aumento de precios de manera gradual y puedan ir acomodando sus nuevas canastas de consumo de a poco. Para las familias parece razonable. Pero, mientras se van acomodando, seguirán consumiendo los demás bienes en exceso de su presupuesto a expensas del gas subsidiado, y el problema energético subsistirá. ¿Por qué debería el gas seguir subsidiando otros consumos familiares, cuando estamos en una profunda crisis energética? ¿Solo porque nos acostumbramos a no pagar por él? Esta posición no parece razonable desde el punto de vista del interés general.

Tiene mucha razón Santiago en decir que el problema no es impositivo. Esto me recuerda el fallo del juez John Roberts en 2012 respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud en EEUU (conocido como Obamacare). Entendió que como el gobierno estaba obligando a los norteamericanos a contratar un seguro de salud (en realidad penalizando a quienes no lo hicieran) se trataba de un impuesto, y por ende una facultad permitida por la constitución.

Sin embargo entiendo el gradualismo en el ajuste para los hogares desde una óptica económica. Con gas regalado nadie se preocupaba por aislar térmicamente su casa (olvidémonos de los pobres o muy pobres ya que, o tienen que recurrir a garrafas, o están alcanzados por la tarifa social). Y hacerlo es costoso ya que es una “inversión” que se paga hoy pero da beneficios por varios años. El gradualismo le permitiría a los hogares usar el ahorro del gas barato en un par de años para invertir en mantener sus casas calientes con menos consumo. Considerando que la gente es miope y usarían el subsidio al gas para, en palabras de Santiago, “otros consumos familiares”,  me parece que el gobierno, además del gas, también debería subsidiar los gastos relacionados con el aislamiento térmico de viviendas. Al menos por un par de años.


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