Inflación de enero y Precios Transparentes

14/02/2017

La semana pasada se publicaron índices de precios con mediciones un tanto dispares. Mientras que el INDEC reportó que la inflación de enero fue del 1,3%, en la Capital el indicador fue de 1,9%. Esta diferencia generó suspicacias.

El 1,3% de inflación de enero que difundió el Indec fue otro de los puntos que celebraron la semana pasada. Sin embargo, generó algunas suspicacias entre la oposición. “¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la inflación según Indec y la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires?”, reflexionó uno de los economistas más influyentes del establishment. Y agregó: “1,3% versus 1,9%. Es desconcertante”.

En mi opinión la disparidad resulta comprensible dada la heterogeneidad de las canastas empleadas y el contexto de alta inflación del país: si un bien aumentó el 10% en enero y la incidencia de dicho bien en las respectivas canastas es del 10% en Capital pero solamente del 5% para el INDEC, esto explica casi toda la diferencia.

Por eso no me sorprendió ver que para Inflación Verdadera la inflación de enero resultó aún mayor, del 2,3%. Este sitio nos permite ver que la inflación está en una trayectoria ascendente similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Ojo Sturzenegger.

Finalmente podemos usar los indicadores de Inflación Verdadera para tener una idea del impacto del programa de Precios Transparentes a nivel agregado.

Supongo que la mayoría de los lectores están familiarizados con este programa del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, así que solamente copio unos párrafos de esta nota

Bajo el concepto de “precios transparentes” los funcionarios anunciaron esta tarde nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de “separar el precio al contado de la opción en cuotas” para lograr “mayor transparencia” que derive en “mejor consumo”.

Según sostuvieron, la medida busca “evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado” y que también sean transparentes “todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información”…

Según se dijo en la conferencia de prensa, el Gobierno espera descuentos de entre un 10% y un 15% para los consumidores, puesto que los comercios no tendrán que elevar el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

Me parece una excelente iniciativa del gobierno, pero que parece ser tuvo algunos “efectos colaterales”. Me parece razonable darle a los consumidores la opción a comprar bienes diferenciando los precios del bien de la tasa de interés del correspondiente financiamiento. Según los libros de texto esto debiera resultar en una mayor demanda agregada con una reducción en los precios contado y un aumento en los precios financiados.

El efecto en los precios se debe a que efectivamente hasta el 31 de enero había un subsidio cruzado (Nota dentro del margen. No es cierto, como circuló en internet, que el 75% más pobre de la población subsidiara al 25% más rico que tienen tarjetas de crédito: los bienes que se venden con tarjeta de por si son bienes que no forman parte de la canasta de consumo de la mayoría de ese 75%). Y el efecto en la demanda agregada se da por el neto de la mayor demanda de los “consumidores contado” versus la menor demanda de los “consumidores financiado” si los precios ajustan de acuerdo a la cantidad relativa de los mismos en la población y dejando el margen de ganancia de los vendedores constante.

Lo que se observó fue una caída más grande en las ventas financiadas que el incremento en las compras contado. ¿Por qué? Una posible explicación se basa en sesgos del comportamiento. Si un consumidor financiado tomaba el precio como reflejando el valor real del producto su demanda reflejaba no solamente el subsidio cruzado sino también un efecto psicológico de ganar cuotas sin interés. Hoy en día este consumidor para comprar debe superar la pérdida psicológica de aceptar pagar por lo que antes le daban “gratis”. Espero que uno de los cronistas habituales de la economía del comportamiento (e.g. Sebastián Campanario o Martín Tetaz) presente una mejor explicación en los próximos días.

El gobierno, que debe de estar monitoreando las ventas en tiempo real, estuvo rápido de reflejos y antes la caída en las ventas en el agregado los bancos Nación, Provincia y Ciudad recientemente empezaron a ofrecer 50 cuotas al 19% anual. 

La iniciativa busca atemperar el fuerte incremento que los precios financiados mostraron en la última semana, es decir, desde que el Gobierno obligó a los comercios a diferenciar precios entre pago al contado y en cuotas. Y, al ser complementada con una simplificación de los requisitos para obtener las tarjetas de crédito, busca inducir a la banca privada a que se pliegue para evitar la retracción que se había comenzado a notar en las ventas financiadas desde la puesta en marcha del programa denominado “precios transparentes”.

Esto encendió un par de luces amarillas. Si la caída en la demanda agregada refleja sesgos en el comportamiento de los consumidores financiados, otorgar crédito con 50 cuotas muy probablemente resulte en una fracción importante de la población sobre-endeudada dentro de, digamos, 49 meses. Por otro lado, aun y confiando en que el Banco Central lleve la inflación a un dígito para 2019, la tasa de interés anual del 19% implica un subsidio sobre el costo real del financiamiento. Esto se cae de maduro si notamos que hace pocos meses el gobierno se endeudó a cinco años a una tasa del 17%. Si el gobierno solamente sigue esta política de subsidiar las compras con tarjeta de crédito por unos años no me parece mal, pero recordemos que todos los días el ministro del relato fiscal, Nicolás Dujovne, nos quiere convencer que el déficit va a bajar.

Ahora, ¿cuál fue el efecto del programa en el nivel agregado de precios? Si el programa hubiera tenido el impacto inicial teórico de aumentar la demanda agregada deberían aumentar los precios en promedio (con la ponderación según porcentaje poblacional de cada tipo de consumidor). Si por diversos motivos el consumo agregado cayó, los precios deberían reflejarlo. Según la consultora Elypsis hubo rebajas de entre 5,8% y 8% en algunos precios al contado. La nota no dice si la consultora registró aumentos en los precios financiados (aunque determinar el aumento porcentual es complicado pues no sirve sumar las cuotas).

Nuevamente podemos recurrir a Inflación Verdadera que tiene mediciones diarias de una canasta de precios al consumidor (con la salvedad que no sabemos si discriminan precios contado y financiado, ni si se ponderan por las cantidades de consumo respectivas). Tomando el indicador para el 3 de Febrero y para el 31 de enero vemos que la caída en el índice de precios fue de 0,2%, o sea un 10% de la inflación mensual antes reportada. Si bien creo que estadísticamente indica un efecto nulo, era lo que se esperaba para una (muy leve) caída en el consumo agregado.


Ideología y política social

09/01/2017

Hace un mes escribí un post resumiendo el primer año de gobierno de Macri. En el mismo digo que una de las razones por las cuales no espero grandes cambios en las políticas a implementar en el resto de su mandato es:

Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

La semana pasada escribí un tweet un tanto derechoso comentando el globo de ensayo del gobierno de bajar la edad de impuntabilidad de 16 a 14 años

El impacto que tuvo este tweet con más de 500 retweets y “me gusta” fue diez veces mayor al segundo más popular que haya escrito. Eso me hizo pensar que había tocado un nervio sensible. Y uno al que el gobierno debería prestar atención antes que aparezca un nuevo actor político que lo corra por derecha.

Es sabido que la oposición critica a Macri diciendo que gobierna “para los ricos”. En realidad el gobierno sesga sus políticas hacia quienes tienen poder, no riqueza per se. Gobierna para las provincias que, o controlan el Senado, o son gobernadas por dirigentes de Cambiemos. Gobierna para los dirigentes sociales que le pueden copar la calle (en la Ciudad, Rodríguez Larreta pareciera maldecir el controlar la policía y no poder culpar a Otro por el desmadre).

Los funcionarios progresistas que mencionaba en el anterior post arriba citado se apalancan en este discurso opositor para justificar su forma de ver la realidad y mantener el gasto social a niveles muy altos.

Pero el gobierno puede tomar medidas que sin bajar el gasto social le den un guiño a sus votantes de centro derecha (esos a quienes les gustó tanto mi tweet, y que si existiera una Ucedé moderna la votarían antes que a Cambiemos). La AUH es un beneficio que tiene condicionalidades en la medida que los padres deben cumplir requisitos de salud y educación. Por qué no agregar como condición que los chicos no delinquen? La gran mayoría no lo hace y habrá pocos casos de familias que pierdan sus beneficios por este motivo. Pero el anuncio satisfará a quienes son menos progresistas que el promedio.

Hablando de la AUH, otra posible idea de “derecha” (léase pensada con criterio de eficiencia) es graduarla por el orden de nacimiento de los hijos. Por ejemplo, supongamos que hoy en día una familia puede cobrar $100 por hijo hasta cinco hijos. Propongo que por el primero cobre $160, por el segundo $110, por el tercero $80, por el cuarto $60 y por el quinto $40. Los números son ilustrativos y deberían calcularse para que el Estado gaste lo mismo que lo que gasta hoy en día (decir que gaste menos es ajustar, vade retro satanás).

Por qué sería mejor esto? De base hay costos fijos de tener hijos por lo cual es razonable una prestación que sea decreciente en el número de hijos. Además, por un lado se corrigen los posibles incentivos que la prestación pueda tener en la fecundidad. Por otro lado se genera una transferencia de recursos de regiones con costo de vida relativamente bajo a regiones con costo de vida relativamente alto. Sin tener datos duros a mano me parece que hay mayor número de familias pobres con cinco o más hijos en el NOA o NEA que en la región pampeana. Y la canasta básica es más barata en el NOA que en la región pampeana (o patagónica). Con lo cual esta medida mejora la asignación de los recursos. 

Por supuesto que el lector progresista se rasgará las vestiduras y me insultará por ponerle un “precio” diferencial a cada niño y que eso viola sus derechos, y bla bla. Lo siento, yo no soy (tan) progresista y no puedo dejar de pensar en la ganancia de eficiencia de la propuesta, su atractivo para el votante de derecha huérfano de representación, y el hecho que Cambiemos gobierna en la región pampeana y la oposición peronista en las provincias más pobres. Igual dudo que el gobierno pueda/quiera/sepa como administrar la política social bajo otra ideología que no sea la progre populista. 


Autopsia del gobierno de Macri

07/12/2016

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonía fina dentro de un modelo equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos extraordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar) en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la comparación debiera ser con el potencial que tenía el gobierno de Cambiemos en Diciembre de 2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la positiva, un cambio de orientación de la política económica, social e institucional que refuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”), acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del país (sendero creíble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias, mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga los pasos de Alfonsín y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creía que el nuevo gobierno, aunque políticamente débil, tenía mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debían pasar por el Congreso pero que le darían a los inversores una clara señal para traer fondos al país. Respecto de la inflación veía que la misma podía ser domada con el trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno: política monetaria relativamente contractiva, sendero creíble de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los subsidios a la energía y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenía que mantener un tipo de cambio depreciado lo que reducía los costos de importar capital y permitía competir. Para lograrlo hubiera habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los futuros de dólar impedía tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibí que el gobierno no tenía brújula. O como titulé una nota: no hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatían a innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores. Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni siquiera gradual, que no hacía el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial), sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto, no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se decidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribí una nota sobre como esto impactaba, negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes excepcional). Tomando en consideración la política real, léase las limitaciones externas y autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta de esto, y sí va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza (ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, así como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economía fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000 millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su política fiscal. También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que pudo ser.


La Corte y las tarifas

19/08/2016

Ayer la Corte Suprema de asestó una dura derrota al gobierno de Mauricio Macri al rechazar, por unanimidad, el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales. Además dejó la puerta abierta para que las empresas, en particular las PyMEs, presenten recursos de amparo ante la justicia.

Lo primero que infiero es que efectivamente, como vengo sosteniendo desde principios de año, el gobierno de Macri es débil (vale la pena aclarar que varios analistas y medios sostienen lo contrario, o lo hacían hasta hace poco). Acaba de sufrir su propia 125 y no tiene el control de las intituciones que tenía el kirchnerismo en 2008.

La lectura que hacen los medios oscilan entre el pesimismo y un optimismo basado en el reducido impacto fiscal al mantenerse los aumentos del gas para las empresas. El lector que quiera una síntesis puede leer la nota de Carlos Pagni publicada hoy en La Nación, que identifica tres “costos” para el gobierno

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El primero de estos costos en realidad ya estaba anticipado, al menos desde el fallo hace mes y medio de la Cámara Federal de La Plata. Ahora habrá que ver el tamaño del impacto fiscal, que dependerá de la extensión del fallo a empresas si estas realizan amparos (imagino una horda de políticos K corriendo a los tribunales en nombre de las PyMEs), y de la celeridad en realizar las audiencias y lograr aumentos de tarifas como Dios (o la Corte) manda. Más importante es ver cómo compensa el gobierno este mayor gasto en subsidios. Dado que no tiene disciplina fiscal dudo que reduzca el gasto en otras áreas por la misma magnitud. Al mismo tiempo espero que ante la baja en la inflación (según Inflación Verdadera este mes se llegó a un ritmo de aumento del 1% mensual) no monetizen el déficit porque sería comprometer el único logro perceptible por los consumidores/votantes. De manera que espero la respuesta sea una combinación de más deuda y menos inversión pública.

Con respecto a las señales para atraer inversores, noté hace unos meses que no es una especialidad del gobierno. En lo referido a las inversiones en exploración y producción de gas el problema es la politización (y judicialización) del precio del gas en boca de pozo. El gobierno esperaba que la Corte aceptara que es facultad del gobiero fijar este precio pero ésta decidió que, mientras el precio no sea de mercado, deberá someter los aumentos a audiencias públicas. Según Pagni

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: “Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían”.

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Un posible medida para el gobierno sería anunciar que a partir del primero de enero de 2018 (u otra fecha en el futuro cercano) el precio del gas lo determinará el mercado. Esto tendría un doble valor. Para los inversores les daría un horizonte para sus proyectos (invierten en exploración hoy, y en un año y medio cuando comienzan a producir cobran el precio de mercado). Y forzaría a sincerar el resto de la tarifa en ese plazo, audiencia mediante. Aclaro que considero que la mejor forma de normalizar el precio del gas sería liberar ya el precio de la producción de los nuevos pozos y hacer converger el precio de los pozos maduros al valor de mercado en un horizonte razonable. Pero supongo que la duplicidad de precios no sería del agrado de la Corte (aunque ésta pareciera ser experta en duplicidad).

El tercer costo señalado por Pagni es político. Como aclaré al comienzo de la nota desde el primer día tengo la impresión que el gobierno es débil. Sin embargo es importante el empoderamiento de los políticos populistas que tiene el pronunciamiento de la Corte. Según Pagni

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail “qué estamos diciendo”, con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: “El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones”. El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo…

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico… Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: “Estamos ante problemas graves de gestión”. Pero Jaime Durán Barba refutó: “Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente”. El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

Al respecto me permito hacerle una sugerencia a Macri: Al menos un funcionario debería renunciar cargando sobre sus espaldas el costo político de esta derrota.

Finalmente le hago a los viejos miembros de la Corte la siguiente pregunta. Si como ustedes afirmaron en su fallo la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas, ¿no deberían haberle exigido a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que realizaran audiencias para mantener las tarifas congeladas en un contexto de alta inflación? Reum non facis.

EXPOST: Santiago Gallichio, ocasional contribuyente en este blog y actualmente presidente de Provincia Leasing, escribió recientemente una nota sobre el fallo de la Corte en Ámbito Financiero.

El error de la Corte consiste en considerar la tarifa de gas prácticamente como si se tratara de un impuesto, es decir, solamente como una tarifa regulada, como si no tuviera un componente económico de precio de mercado. A esta confusión contribuyó inadvertidamente el gobierno anterior, al tratar el precio que pagaba el público como un precio homogéneo, en lugar de distinguir entre precio del insumo (no regulado) y tarifas de servicio monopólico (reguladas). Producir gas vale lo que vale. Depende de los costos de exploración y de extracción. Su precio no es un impuesto ni una decisión discrecional del Estado. Por eso mismo no puede considerarse que este aumento pudiera ser “confiscatorio”, como erróneamente considera la Corte (considerando 33). Ningún precio puede ser confiscatorio: se puede pagar o se deja de pagar. Si no lo paga el consumidor, lo pagará el productor, pero alguien se hace cargo del costo. Lo que sucedió en la Argentina reciente fue que el consumidor pagaba mucho menos de lo que costaba producirlo, el Estado compensaba solo muy parcialmente ese desfasaje y el ajuste consistió en que los productores dejaran de explorar y, finalmente, nos quedamos sin gas y debemos importar. Los consumidores “nos confiscamos” las reservas de gas de la Argentina…

Analizaremos ahora si es razonable que se realice gradualmente, como pide la Corte. Ello significaría permitir que las familias se anoticien de un aumento de precios de manera gradual y puedan ir acomodando sus nuevas canastas de consumo de a poco. Para las familias parece razonable. Pero, mientras se van acomodando, seguirán consumiendo los demás bienes en exceso de su presupuesto a expensas del gas subsidiado, y el problema energético subsistirá. ¿Por qué debería el gas seguir subsidiando otros consumos familiares, cuando estamos en una profunda crisis energética? ¿Solo porque nos acostumbramos a no pagar por él? Esta posición no parece razonable desde el punto de vista del interés general.

Tiene mucha razón Santiago en decir que el problema no es impositivo. Esto me recuerda el fallo del juez John Roberts en 2012 respecto a la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud en EEUU (conocido como Obamacare). Entendió que como el gobierno estaba obligando a los norteamericanos a contratar un seguro de salud (en realidad penalizando a quienes no lo hicieran) se trataba de un impuesto, y por ende una facultad permitida por la constitución.

Sin embargo entiendo el gradualismo en el ajuste para los hogares desde una óptica económica. Con gas regalado nadie se preocupaba por aislar térmicamente su casa (olvidémonos de los pobres o muy pobres ya que, o tienen que recurrir a garrafas, o están alcanzados por la tarifa social). Y hacerlo es costoso ya que es una “inversión” que se paga hoy pero da beneficios por varios años. El gradualismo le permitiría a los hogares usar el ahorro del gas barato en un par de años para invertir en mantener sus casas calientes con menos consumo. Considerando que la gente es miope y usarían el subsidio al gas para, en palabras de Santiago, “otros consumos familiares”,  me parece que el gobierno, además del gas, también debería subsidiar los gastos relacionados con el aislamiento térmico de viviendas. Al menos por un par de años.


Shock y gradualismo II

19/07/2016

Debido al interés que despertó el tema en los comentarios de la última nota (no la más leída, pero récord de comentarios en los últimos años) hoy voy a dedicarme a la discusión de shock versus gradualismo. Si fuera consistente tendría que decir que es una discusión espuria, como dije hace un año en esta nota. Pero, como Peter Sellers en la escena inicial de “La fiesta inolvidable”, se resiste a morir, en gran parte porque la “grieta” entre economistas que le dió origen mediático hace un año dista mucho de ser zanjada.

Por un lado tenemos los economistas gradualistas. Estos incluyen a un heterogeneo grupo que comprende heterodoxos, estructuralistas, y ortodoxos que creen que las restricciones políticas no dejan otra alternativa. Del lado de los partidarios del shock están los ortodoxos y unos pocos heterodoxos que creen que el mercado deja poco margen para el gradualismo. Por supuesto que también están los que opinan sin saber, y los políticos ventajistas, pero de esos no voy a hablar hoy.

¿Dónde me ubico yo? Yo soy ortodoxo ma non troppo. Por un lado hice una maestría en el CEMA, pero por el otro me doctoré en MIT, o sea una de cal y otra de arena. Sigo pensando, como en aquella nota del año pasado linkeada arriba, que lo mejor es hacer un shock de expectativas y un cambio gradual en las políticas monetaria y fiscal para reducir tanto la inflación como el déficit fiscal. Las primeras medidas del gobierno apuntaron en esa dirección, pero luego se desdibujaron.

Se logró un shock de expectativas con la salida del cepo y el arreglo con los holdouts. Pero no se mantuvieron las metas de inflación y fiscales anunciadas. Y no queda claro qué set de políticas reemplaza las arrumbadas metas. Un forista recientemente me preguntaba cuánto tiempo puede mantenerse el déficit fiscal alto sin perder la confianza de la economía. Es la pregunta del millón que se puede resolver de dos maneras. Una es aumentando el componente de shock dentro del actual “plan” económico. La otra es esperar, cual plan primavera, que todo explote y después hacer un ajuste salvaje (pero salvaje en serio), cabalgando sobre los escombros.

¿Ahora bien, qué hizo mal el gobierno hasta ahora? En mi opinión lo peor fue otorgar nuevos subsidios y transferencias que aumentan el gasto, sin antes tener en trayectoria descendente los subsidios, y gasto, existentes. Ejemplos abundan: ampliación de la AUH, subsidios nacionales a transporte en provincias que antes no los tenían, aumento de jubilaciones, tarifas sociales (si benefician a consumidores en provincias donde la electricidad y gas estaba cerca del costo), etc.

Entiendo el costado político de anunciar medidas para compensar el ajuste o facilitar la aprobación de leyes en el Congreso, pero primero el gobierno debió asegurar la rebaja del gasto antes de ampliarlo. Hoy el ajuste del gas está bloqueado por la Justicia, sin embargo varias medidas de aumento del gasto fueron aprobadas y se están ejecutando (aunque empiezan a aparecer señales de racionalidad en las carteras “gastadoras” del gobierno).

Al igual que el año pasado voy a terminar con un ejemplo no económico de shock y gradualismo. En la medida que la sociedad reciba más shocks de imágenes de la corrupción K, el poder de Cristina Kirchner y sus secuaces se irá reduciendo gradualmente hasta ser meramente testimonial.

Peter-Sellers

EXPOST: Hablando de aumentos del gasto a la bartola, resulta que la provincia de Buenos Aires, la misma que reclama una actualización del Fondo del Conurbano, dispuso que el boleto estudiantil sea gratuito

La medida alcanza a cuatro millones de chicos y supone una inversión de 143 millones de pesos sólo para este semestre, de agosto a diciembre. El anuncio coincide con el aniversario número 40 de “La noche de los lápices” (ver aparte). “Nunca antes existió el boleto estudiantil totalmente gratuito en la provincia”, destacó la gobernador…

Para 2017 también se ampliaría la gratuidad para los viajes en transportes de larga distancia.

Antes que me critiquen, aclaro que me parece perfecto que el boleto estudiantil esté subsidiado. Me parece mal la gratuidad, un subsidio que es ineficiente pues sería mucho mejor, en caso de ser necesario, darle una transferencia a las familias de bajos ingresos y no a todo el que va a una escuela pública o “privada con aporte estatal” (y los colegios religiosos?). Ah, y ya existe y se llama AUH.

Mientras nuestros dirigentes piensen que gobernar es gastar, el desarrollo seguirá siendo una quimera para nuestro país.


No hay plan

14/06/2016

Se dice que un gobierno tiene un plan económico cuando hay un conjunto de medidas consistentes que dan forma a las expectativas que los agentes se forman sobre el futuro. El carácter positivo de un plan económico es implícito.

Durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner no había plan económico pues la falta de credibilidad (luego del conflicto con el campo, la expropiación de las AFJPs, el cepo, etc.) hacía imposible que medidas que buscaran afectar las expectativas en forma positiva fuesen creíbles.

A seis meses del gobierno de Mauricio Macri nos encontramos con que tampoco están dadas las condiciones para un plan económico integral. El gobierno tiene un Norte claro que guía sus acciones (básicamente mejorar la eficiencia del Estado y eliminar distorsiones innecesarias), pero carece de la fortaleza para anticiparse a los hechos más allá de las buenas intenciones.

Un plan requiere ciertas pautas de ordenamiento macroeconómico de base. En particular políticas monetaria y fiscal que sean consistentes con los objetivos de estabilización. Si se desea bajar la inflación de forma gradual, la combinación de ambas políticas debe ser, a priori, restrictiva respecto del pasado. Es importante recalcar dos cosas. La relatividad de la condición restrictiva, lo que permite que la política monetaria amplíe la cantidad de dinero, o tenga tasas de interés reales negativas, y que haya déficit fiscal. Pero menos que en el pasado. Lo segundo a notar es que una política restrictiva a priori puede llegar a ser expansiva ex post, si produce un cambio importante en las expectativas.

Un plan integral serio tiene otros componentes. Pero alcanza con estos dos para concluir que el gobierno no tiene uno hoy en día. Hemos estado esperando la presentación del bendito plan cual si fuera Godot desde que asumiera Macri en diciembre pasado. Primero había que ver como la economía se adaptaba a la salida del cepo. Luego había que esperar a la salida del default. Ahora parece que la aprobación del blanqueo es condición necesaria para relanzar ese conjunto de medidas consistentes que no podemos parir.

El BCRA de Federico Sturzenegger está aflojando la tasa de interés al punto que hoy en día la tasa real es, como mucho, levemente positiva. Si bien esto implica una política contractiva respecto al año pasado, no creo que sea suficiente para terminar debajo del 30% de inflación anual (nacional, en GBA por la mayor incidencia de la quita de subsidios la inflación será mayor). De hecho el indicador de inflación verdadera muestra un punto de inflexión hace un mes, y un alto componente inercial (en los últimos 30 días baja de 3% a 2,8%).

Con respecto a la inflación es interesante notar que varios analistas celebran que el gobierno podría terminar el año con indicadores debajo, o cerca, del 2%. Muchachos, 2% mensual es ¡26,8% anual! No da para sacar el champagne de la heladera. Para eso hay que llegar al 1% mensual que implica un 12,7% anual. Si el BCRA no llega a esos niveles, al menos para el último trimestre, la inflación va a estar en las tapas de los diarios durante todo el 2017.

Pero los peores indicadores respecto a la inexistencia de un plan integral vienen del frente fiscal. Alfonso Prat Gay anunció metas para el déficit fiscal de 4,8% para este año y 3,3% para el próximo. Esto implica un ajuste gradual respecto del año pasado. Pero el gobierno no ha sabido imprimirle a estas metas un carácter ordenador para las medidas que toma. Esto último implicaría que, por ejemplo, si algún ministro viene con la idea de adosarle al proyecto del blanqueo un generoso aumento de las jubilaciones, tendría que acompañarlo con los recortes de gastos, o aumentos de ingresos, que hagan consistente la ecuación fiscal. Porque si bien es cierto que el blanqueo implica un aumento de ingresos, este será solamente temporario, mientras que el aumento del gasto en jubilaciones es permanente.

El caso de las jubilaciones ilustra otro problema del gobierno. Dado que no quiere, no puede o no sabe como hacer aprobar un blanqueo per se, recurre a combinarlo con una medida de neto corte populista para facilitar su aprobación legislativa. En seis meses de gobierno, el sistema de jubilaciones sufre dos golpes fuertes: la devolución del 15% de Coparticipación a las Provincias, y este aumento en las prestaciones por un punto del producto anual. Ya con el primero se requería una reforma integral del sistema. En vez de atar el aumento en las prestaciones a los costos de esta reforma (e.g. un aumento en los años de aportes para acceder a la jubilación plena), el gobierno ahora apuesta a ganar peso en el Congreso el año que viene para intentar la reforma en 2018. Le dejo al lector la evaluación de esta estrategia.

Las recientes medidas que recortan el alcance del “tarifazo” energético (en gas y luz) son otro ejemplo de la dificultad del gobierno para marcar agenda y limitarse, por períodos demasiado largos, a reaccionar ya sea a conflictos en la calle (¿protocolo anti-piquetes?), iniciativas de la oposición en el Congreso, desaires del Papa, etc. Es incomprensible como el gobierno no construyó un “relato” sobre la magnitud del atraso tarifario y se dejó atrapar por la trampa de los porcentuales impresionantes (un servicio que pasa de 30$ a 300$ en porcentual es astronómico, pero en términos reales se pasa a pagar 20USD, o sea no se le explicó al argentino medio dónde estaba la distorsión). Otro ejemplo, anecdótico pero que refuerza la percepción de un gobierno débil, es el no veto del feriado del 17 de junio. En un país serio se unificarían las celebraciones por el día de la bandera, el 20 de junio, y Martín de Güemes en un mismo feriado.

No extraña que las inversiones privadas no vengan, y que la luz al final del túnel sea la de una vela. Pues las señales que envía el gobierno son inconsistentes con un mejoramiento en la ecuación económica y financiera de potenciales emprendimientos. Los inversores ven impuestos altos en todos los frentes (ganancias, laborales, a las importaciones, etc.). La incapacidad del gobierno, hasta la fecha, para reducir el tamaño del gasto público indica que los impuestos seguirán altos en el corto y mediano plazo. Es verdad que mejoras en la eficiencia del Estado van a resultar en menores costos para la actividad privada. Pero esto es solamente un efecto de segundo orden en la ecuación económica de una empresa. Y mientras la inflación no se doblegue no será posible incrementar el crédito en forma significativa, lo que tendría un efecto de primer orden en la ecuación financiera de algunas empresas (aquellas que tienen proyectos productivos incluso con los altos impuestos, pero carecen del financiamiento para llevarlos a cabo).

Releyendo esta nota antes de publicarla noto que en estas semanas que estuve de vacaciones, mi visión de la realidad argentina viró de levemente positiva a mayormente negativa. Espero equivocarme y que el gobierno, con hechos, me muestre que no sólo sabe dónde quiere ir, sino que se dirija allí con paso decidido.


Pronóstico 2016: economía local

24/02/2016

Vimos que los factores externos son en principio negativos, via exportaciones netas, pero si el país logra atraer inversiones puede reducir (y neutralizar) su importancia. Con respecto a los factores políticos, estamos ante un gobierno débil que, por ahora, decide actuar sin ejercer su potencial de poder. Veamos cómo espero responda la economía local en este contexto.

Plan antiinflacionario

No hubo hasta la fecha un anuncio explícito de dicho plan. Los optimistan interpretan que el asumir metas de emisión por parte del BCRA sumado al objetivo de bajar el déficit fiscal este año al 4,8% conforman un plan, el cual en principio sería consistente con una inflación anual del 25%. No estoy de acuerdo. Para que sea un plan debieran anunciarse las medidas que se van a tomar para cumplir con ello. No alcanza con el voluntarismo del 4,8% (cuántas veces incumplimos con estas metas en el pasado, o cuánto lo hacen los países periféricos hoy en la UE?). Hay que explicitar dónde y cuánto se bajará el gasto.

El año pasado escribí un post sobre gradualismo y shock. Creo que lo que estamos viendo es un intento de combinar ambos: gradualismo para implementar los cambios, shock con el anuncio. El problema es que el gobierno para hacer que la parte de shock (de expectativas) funcione mejor debiera ser más claro en la secuencia de medidas a tomar. Por ejemplo, decir, en marzo o abril subimos el gas eliminando el 60-70% de los subsidios, luego en enero del año que viene eliminamos un 30% adicional de los subsidios a la energía eléctrica. Idem para un cronograma de reducción de los subsidios al transporte. Además debiera quedar claro que estas medidas se anticiparían si las metas de reducción del déficit fiscal se complican. Por ejemplo, si el incentivo docente que regaló Esteban Bullrich implica un aumento del gasto, adelantemos la rebaja de subsidios para no comprometer la meta del 4,8% anunciada por Prat Gay.

Si el gobierno se convence que el costo político de tomar este compromiso a cumplir las metas fiscales vale la pena (frente al beneficio de una mayor reducción de incertidumbre que acelere la inversión y una mayor velocidad para reducir la inflación) y complementa el mencionado “plan” creo que tendremos uno de verdad.

Inflación y empleo

Una de las debilidades manifiestas del gobierno es que teme un aumento del desempleo. Dado el contexto estanflacionario en que se encuentra la economía es imposible que el empleo no se resienta, al menos en la primera mitad del año hasta que se ordene la macro. Si el gobierno se compromete a una serie de medidas para cumplir la meta del 4,8% de déficit fiscal, y si mantiene la emisión monetaria en los niveles previstos, los gremios debieran saber que si exigen un aumento salarial por encima de cierto porcentaje las empresas responderan con despidos. Juegan con torcerle el brazo al gobierno. Como el gobierno es débil, algo va a ceder. Lo importante es que lo que ceda deje satisfechos a los (machos) sindicalistas sin comprometer las metas del plan. Con todo espero que el desempleo suba en el año cerca de un punto porcentual.

Creo que va a ser imposible cumplir con la meta de inflación de 20-25%. Martín Kanenguiser escribió hoy una nota en La Nación con el pronóstico de varias consultoras: febrero entre 4 y 5%. El indicador de Inflación Verdadera recién marca un punto de inflexión el 10 de febrero en un 5,9% mensual, y los pocos datos disponibles marcan una lenta desaceleración. Llevamos alrededor de 9% acumulado en dos meses, y falta incluir el impacto de los aumentos de tarifas (me niego a decir tarifazos, porque cuando uno empieza desde cerca de cero todo aumento porcentual parece enorme). En mi opinión, y si los aumentos salariales se ubican en el rango 28-33%, la inflación terminará entre 26-29%. Para la oposición es importante que no sea menor al 25% para no darle un éxito al gobierno. Para el gobierno es importante que no supere el 30% para no aparecer como incapaz. Y para el analista económico es importante que en la segunda mitad del año la inflación no supere el 1% mensual, así el gradualismo será un éxito.

Consumo e inversión

El consumo estimo seguirá estancado. Con lo cual el posible motor del crecimiento este año será la inversión. Recordemos que venimos de un contexto muy negativo para la inversión. Regulaciones, cepo, relato, todo le jugaba en contra a los empresarios. El gobierno de Macri está revirtiendo estos determinantes. Una vez que se aquieten las variables macro, probablemente durante el segundo semestre, espero que la inversión literalmente explote. Ayuda además el arreglo con los holdouts ya que no solo es el gobierno el que recupera el acceso al mercado de capitales, sino el sector privado también. Y las tasas internacionales seguirán bajas por varios años (estamos tan malcriados por la Gran Recesión que no nos damos cuenta que una tasa del 2% anual es baja).

Dólar y deuda

Creo que el dólar está bajo (o más apropiadamente el peso está sobrevaluado). En parte me parece que es porque el gobierno quiere mantener el dólar barato mientras se cierran las paritarias, en parte porque Vanoli dejó una bomba de futuros que vence en julio y cuanto más bajo esté el dólar menos cuesta desactivarla. Para mí el dólar va a terminar el año entre 18 y 20 pesos. En parte va a depender de cuánta deuda el gobierno decida tomar para financiar el déficit. Si mantiene el objetivo de déficit en 4,8% y considerando los ingresos del impuesto inflacionario me parece que es un número razonable (2,5-3% del PBI). Si el déficit se desboca y se financia con deuda hay riesgo de entrar en una crisis de credibilidad con aumento del riesgo país y desmejora de las expectativas rumbo al 2017.

Es interesante notar el delicado equilibrio que pretende lograr el gobierno. Por un lado quiere hacer un ajuste suave para que el ciudadano medio argentino siga creyendo que vive en la burbuja de felicidad K. Por otro lado quiere un rápido acceso al mercado de capitales para que se pueda tomar deuda (pública y privada) a tasas razonables. El trade-off es que cuanto más felices estén los argentinos menos lo estarán los mercados y demandarán una tasa más alta. Si el ajuste es más veloz y creíble los mercados festejarán pero a la gente se le borrará la sonrisa. Trabajo para Philippe Petit.

Crecimiento

Combinando las variables nos encontramos ante un año recesivo. Con suerte el PBI podrá crecer 1%, si las partirias se cierran en la banda baja y el gobierno se compromete a cumplir las metas (en alguna forma parecida a lo sugerido arriba). En el escenario mediocre, más probable, no hay crecimiento pues el BCRA se verá obligado a subir las tasas  para amortiguar la inflación. Y en un escenario pesimista, hoy de baja probabilidad, habría que tomar medidas de shock que resultarían en una caída pronunciada, de hasta 5%.


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