La comisión por alquiler, importa quién la paga?

Una ley reciente de la Ciudad de Buenos Aires obliga, a partir del 20 de este mes, a los dueños de propiedades inmuebles a abonar las comisiones por servicios inmobiliarios a los intermediarios. Dichas comisiones están hoy en día en el orden del 4,15% del valor del contrato, es decir el equivalente de un mes para un contrato de dos años. Y las pagan los inquilinos.

En nota del diario La Nación de la semana pasada se menciona el siguiente argumento en contra de la nueva ley

Desde las inmobiliarias, las críticas arreciaron. Temen que la modificación inhiba a los dueños de poner en el mercado sus propiedades y se restrinja así la actividad. Además sostienen que el impacto buscado no será tal, ya que los locadores derivarán el costo de la comisión al precio del alquiler.

Los intermediarios no sé en que planeta viven, pero dudo que un dueño prefiera dejar su propiedad desocupada antes que pagarle 4,15% a una inmobiliaria (recordemos que hoy en día ya hay portales en los cuales los dueños pueden publicar sus propiedades sin intermediarios). O sea que el primer argumento no tiene mucho sentido. El segundo es correcto, los precios de los alquileres subirán para reflejar el costo de intermediación. Pero a los inquilinos esto les es indiferente, pues cuando uno alquila una propiedad paga un combo de servicios por el uso del inmueble y por la intermediación (acabo de alquilar un departamento por un año en Madrid, y para comparar los precios de los que estaban publicados por sus dueños de los que eran ofrecidos por inmobiliarias prorrateaba el costo de las comisiones sobre los precios de estos últimos).

Uno de los argumentos que se formulan a favor de esta modificación es que de esta manera los inquilinos pueden prorrogar en el tiempo el pago de la comisión. Esto es cierto para inquilinos con restricciones de liquidez, máxime si no tienen acceso a crédito para equipar sus nuevos hogares.

Sin embargo, en mi opinión el mayor cambio que introduce esta ley, y que hace que el Colegio Profesional Inmobiliario haya emprendido acciones legales (y mediáticas) contra la misma, es que introduce competencia en el mercado.

Con el inquilino pagando la comisión, la inmobiliaria es un monopolista. En efecto, salvando el caso de propiedades de gran valor que pudieran ser ofrecidas por más de una inmobiliaria, un inquilino interesado en vivir en Pampa y la Vía 12 9a, no tiene más remedio que erogar el mes de comisión. La amenaza de alquilar en Babia 125 no es creíble.

En cambio si el dueño del departamento de Pampa y la Vía 12 9a quiere alquilar su departamento probablemente consulte con más de una inmobiliaria. Y por competencia alguna le puede pedir menos del 4,15% de comisión. Esta es la verdadera razón por la cual Héctor D’Odorico y sus compadres patalean tanto. La competencia en general beneficia al consumidor, pero perjudica a alguien, en este caso al intermediario. 

YPF: una idea para salir del laberinto expropiador

Ayer los rumores sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar YPF fueron la nota del día. En el costado político es una decisión consistente con el rumbo nacionalista a ultranza que decidió adoptar el gobierno de Cristina al ver que una política más ortodoxa de ajuste tenía costos políticos internos difíciles de digerir (como ilustra el post de ayer sobre España ni un supuesto halcón fiscal como Mariano Rajoy es sabio en el arte de ajustar). 

En el costado económico el gobierno pretendería, según los rumores, hacerse del control de YPF comprando solamente el 50,01% del paquete accionario. Esta idea tiene sentido considerando los desequilibrios fiscales que atraviesa el país y resultaría, inevitablemente, en la expropiación del capital del resto del 49,99% (cualquier similitud en este razonamiento con lo que piensa el 46% que no votamos a Cristina no es pura casualidad). ¿Por qué? Pues el gobierno no manejaría la empresa con criterio de maximización de beneficios, sino con criterio «social» de aumentar la inversión y producción de petroleo y gas, sin aumentar los precios al consumidor final de estos productos. A la larga esta política se sabe que termina con una empresa quebrada (como lo estaba YPF antes de su privatización en los noventa). 

El problema que encontró el gobierno para realizar el anuncio ayer es el flanco jurídico. Los estatutos de la empresa especifican que si un accionista compra más del 15% de las acciones está obligado a hacer una oferta por el total de las acciones de la misma. ¿Para qué está esta cláusula? Justamente para obligar a un comprador que actuara con motivos estratégicos difierentes de la maximización de beneficios (no solo el Estado, pudo haber sido un competidor privado que, por algún motivo, buscara hacer a la empresa menos eficiente), y que quisiera hacerse del control de la empresa, a ofrecer una salida razonable a los accionistas minoritarios existentes. Basta mirar la cantidad de ejemplos de empresas que se privatizan y estatizan en el sector (no solo en Argentina, sino en Bolivia, Ecuador, y Venezuela solamente en América Latina) para entender que esta era, y es, una preocupación coherente. 

Hechos no palabras y en lo posible hechos coherentes

por Ariel Meije

Como en todos los ámbitos, pero especialmente en la política, creo que hay que dedicarle más tiempo al análisis de los HECHOS que al de las PALABRAS. Sobre todo en un país en donde nuestros dirigentes hablan mucho, dicen pavadas, o defienden lo indefendible.

Por eso, luego que Mariano Recalde anunciara todas las medidas que aplicaría para renovar la gestión de Aerolíneas Argentinas (en adelante, AR), las cuales había “consensuado” con CFK, tomé nota de las mismas para tenerlas presente, pues no tenía muchas esperanzas que sucedieran. En especial porque estos anuncios se realizaban en el marco de una puja con uno de los sindicatos más pesados de la industria aerocomercial (APTA, sindicato que tiene la personería gremial para representar al personal técnico) y se realizaron luego de haber traspasado el control de tránsito aéreo nuevamente a la Fuerza Aérea (recordemos que NK había hecho el traspaso a la órbita civil en el año 2007). Todas las medidas anunciadas eran muy coherentes desde el punto de vista económico, lo que hacía su cumplimiento más inverosímil todavía.

A fines de febrero taché el primer punto de mi lista: efectivamente AR desprogramó a los viejos e ineficientes aviones Boeing 747 con los que volaba a Madrid en forma diaria (nota al margen: La semana pasada se lo llevó Moreno para ir a comer un asado a Angola con sus amigos, pero no vuela más en forma regular). El objetivo es dejar de quemar combustible, tema que últimamente está ardiendo en el Gobierno.

La guerra del café

La semana pasada La Nación informó que está llegando a la Argentina un nuevo oferente de café en cápsulas. Este mercado está dominado por Nestlé, que empezó a vender máquinas y cápsulas y del sistema Nespresso hace cinco años. Recientemente Nestlé introdujo el sistema Dolce Gusto, una variante menos refinada y a un precio más económico. Ahora es el turno de Philips, que asociado a Cabrales trae el sistema Senseo. Como dice la nota el mercado es chico:

El negocio de las cápsulas individuales continúa siendo relativamente chico a nivel país y hoy su participación no supera el 5 por ciento de todo el café que se vende en la Argentina. Sin embargo, en el sector apuestan a que se convierta en la puerta de entrada para el ingreso de nuevos consumidores, más jóvenes y sofisticados, al negocio.

«A lo que apostamos es a que el consumo de café se ponga de moda entre la juventud», reveló Ignacio Navia, director comercial de la firma Cabrales, que ayer presentó la nueva línea de cafeteras Senseo.

Repsol-YPF y la exploración de petróleo en Argentina

En La Nación de hoy hay un artículo de Carlos Pagni sobre Repsol-YPF. El mismo comienza mencionando la visión crítica de expertos en energía sobre las políticas sectoriales adoptadas desde 2003:

El déficit de petróleo y gas que presenta la Argentina es una de las imputaciones más serias y sistemáticas que recibe el Gobierno por parte de la opinión especializada. El miércoles pasado, ocho ex secretarios de Energía (Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco) suscribieron un documento que expresa esa preocupación por la caída de reservas y de producción de hidrocarburos entre 2003 y 2010. Destacaron que la Argentina es el único país de la región donde la oferta de estos productos se retrajo.

Pagni luego documenta lo que podríamos llamar el vaciamiento de Repsol-YPF. En efecto, aunque se cuida de no usar esta palabra, con datos muestra que la empresa ha reducido su inversión en exploración, visto caer sus reservas de gas y petróleo (tampoco llama ficticios los nuevos descubrimientos de gas no convencional anunciados el año pasado, pero casi), inflar su deuda para pagar dividendos (para que los Eskenazi puedan transformar la deuda propia que tomaron para comprar la empresa en deuda de la empresa, ¡qué vivos!).

¿Es Western Union un depredador?

Hace unos días un amigo me reenvió el siguiente email (solo copio una parte):

Con motivo de las fiestas, Josh, un estudiante de Kenia que estudia en los Países Bajos, reunió sus ahorros de todo un año y los envío a su casa para ayudar a los diez miembros de su humilde familia. Desgraciadamente, la gigantesca agencia de transferencias de dinero Western Union retuvo, por distintos costes, un 20% del dinero destinado a los familiares de Josh.

La historia de Josh se reproduce todos los días, a lo largo y ancho del mundo, a una escala asombrosa. ¡Más de 44 mil millones de dólares se perdieron en cargos por envíos de dinero en el último año! El Banco Mundial recomienda que el coste de estas transacciones no exceda del 5% del total, pero Western Union nunca ha recibido una fuerte presión pública que le lleve a reducir sus escandalosas tarifas.

Si nos unimos ahora en una protesta mundial, podemos desenmascarar y poner fin a estas prácticas depredadoras. Exijamos a Western Union que reduzca sus tarifas a un máximo del 5% para los países más pobres, y cuando la petición alcance 250,000 se la entregaremos a la junta directiva de la compañía, siempre cuidadosa de su imagen pública.

No se si existe Josh, pero el mensaje de los organizadores de esta campaña es claro. Provéen además el link a una página del Banco Mundial que estima los costos de remesas entre distintos países (el más costoso es Tanzania-Kenia). ¿Tiene sentido presionar a Western Union, que quizás sea un monopolio en varios de estos segmentos, a bajar sus tarifas? Para los organizadores de esta campaña – e implícitamente para el Banco Mundial – si, pero yo no estoy seguro que sea la mejor política.

Sobre aerolíneas y aeropuertos

La semana pasada la pax social que siguió a la muerte de Kirchner terminó en forma explosiva gracias a una serie de conflictos por el traslado de los vuelos de Aeroparque a Ezeiza para realizar mejoras en el primero. El primer día de operaciones hubo grescas entre pilotos y cancelaciones masivas de vuelos de Aerolíneas. Las cancelaciones persisten y ayer los tripulantes de cabina de LAN iniciaron un paro (a río revuelto ganancia de pescadores). En una nota ayer en La Nación, Carlos Pagni explica en forma muy simple la razón de este desmadre:

El desbarajuste de Aerolíneas estaba escrito. Su habitual impuntualidad, tolerable en Aeroparque, impidió la operación en Ezeiza. Es muy sencillo: cada avión tiene asignado un turno de despegue y aterrizaje, conocido como slot; si no lo utiliza en el momento preciso y el tráfico es intenso, debe aguardar varias horas hasta que le otorguen otra oportunidad. Suele suceder que, en ese lapso, las tripulaciones son relevadas, con el riesgo de que el servicio sea cancelado. Fue lo que sucedió infinidad de veces en estos días. Schiavi ayer resolvió el problema suspendiendo vuelos. Es decir, castigando a los pasajeros.