Ingresos brutos y reforma laboral

Pocos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente en un par de posts (acá y acá). Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales, sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el mercado (teoría de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. Entonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa, políticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su eficiencia en usar insumos físicos, sino en administrar intangibles contactos políticos). Por eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar estos intereses rentísticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo palos en la rueda al acusar al gobierno de usar «otra Banelco». Joaquín Morales Solá se refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especulando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.

Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la herramienta de política más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que hay fricciones políticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se autolimita dada su pleitesía al gradualismo.

La reina ha muerto, ¿viva el rey?

Las elecciones del pasado domingo 22 de octubre marcaron la muerte política del mito Cristina Kirchner. Seguirá activa en política mientras pueda, pero ya no podrá aspirar a conducir un partido político con expectativas de recuperar la presidencia del país. Antes de las PASO había escrito en este post que si Cristina ganaba en octubre igual perdía. Me refería a que si hubiera ganado, el resto del peronismo le hubiera hecho la vida más fácil a Macri para que pudiera llegar entero a 2019. Porque si algo quedó claro este año es que el PJ en masa odia a Cristina (tanto o más que lo que ella odia al peronismo).

En estos diez días varias señales nos indican que Macri salió fortalecido y el gobierno ya no es tan débil. Los mercados festejaron, Gils Carbó renunció y De Vido marchó preso. Ahora la cuestión es qué tan poderoso se ha vuelto el gobierno. En los números sigue en minoría en ambas cámaras del Congreso y aunque llegó al 41% de los votos a nivel nacional no nos tenemos que olvidar que gran parte de estos votos siguen siendo prestados para acabar con el kirchnerismo (léase, son votos blandos). Llegar al 45% en primera vuelta en 2019 sigue siendo un objetivo más fácil en las matemáticas que en la realidad.

Para ver dónde quedó parado el gobierno analizemos las medidas de esta semana y la respuesta de la oposición (que expresó su disconformidad con los anuncios, señal de la mayor fortaleza del gobierno, ver primer párrafo de esta nota). Primero Macri brindó unos lineamientos generales y luego Dujovne profundizó un poco en los detalles. Lo que salta a la vista es que el gobierno se mueve en la dirección (subjetivamente) correcta de bajar impuestos, reducir ineficiencias y abrir la economía. Pero que plantea hacerlo al ritmo tortuga que le impone el gradualismo. En efecto, si el gasto baja lentamente, difícilmente puedan los impuestos bajar rápidamente.

Como dice Carlos Pagni en esta excelente nota en La Nación hoy: «Entre la inviabilidad social del ajuste y la inviabilidad fiscal de la inversión se abre el estrecho sendero por el que se mueve la reforma de Macri.» Y como la nota es tan buena copio otras partes de la misma:

Las novedades que han empezado a discutirse son un modelo para armar. Su primera pieza es la reforma tributaria nacional. Supone dos aumentos de ingresos para el Estado, que se escudan en la corrección política. Uno es el impuesto a las bebidas que «hacen mal»… El otro nuevo impuesto es el de la renta financiera. 

Las principales rebajas de impuestos son cuatro. Reducción de la alícuota de 35 a 25% para las ganancias que se reinvierten… La otra es la eliminación del escandaloso «impuesto tecnológico», creado en beneficio de los importadores que arman y embalan electrónicos, sobre todo en Tierra del Fuego… El tercer alivio para las empresas es la reforma laboral. Habrá un mínimo no imponible de cargas patronales para salarios inferiores a $ 12.000, que son los que compiten con los del sector informal. También se establece un fondo de despido para actividades con rotación cíclica de personal, a semejanza de lo que ya rige en la construcción. Es un castigo a la industria del juicio laboral. Además, habrá un régimen muy económico para que los miniemprendimientos puedan blanquear al personal. Estas tres medidas apuntan a reducir la informalidad.

La tímida reducción de impuestos que propone el gobierno nacional supone que las provincias bajarán Ingresos Brutos. Es un viejo gravamen sobre las ventas que comenzó a extenderse a todos los tramos de la actividad económica. Esa cascada estrangula la competitividad porque, a diferencia del IVA, no se descuenta el que se paga con la compra del insumo. La recaudación total equivaldría a 4% del PBI… Los gobernadores se aferran a los impuestos propios, aunque sean distorsivos, porque temen que la Corte falle a favor de restituir a Buenos Aires su participación histórica en el Fondo del Conurbano.

Lo más probable, sin embargo, es que ese fondo especial salga de otra fuente: el ahorro que haría la Nación si se modificara la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es la piedra angular de toda esta arquitectura… El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE. El cambio ya está contemplado en el proyecto de presupuesto. En principio, llevaría la actualización de un 27% a un 23% anual. El cambio significaría un ahorro de alrededor de $ 100.000 millones. El atractivo de esta decisión para los gobernadores es que de aquí saldría el Fondo del Conurbano. El atractivo para Macri es que en esos $ 100.000 millones se esconde, en parte, la chance de la reelección…

El rompecabezas tributario se terminará de armar con los gobernadores peronistas en una cumbre prevista para el jueves próximo. En el duelo cada sector esconde un arma. La fecha crucial es el 31 de diciembre. Ese día vence la ley del impuesto al cheque. Es un ingreso importante del Estado central, que percibe el 85% de lo recaudado. El peronismo podría intentar no renovarlo. El mismo día vence la suspensión del pacto fiscal de 1993. Si Cambiemos decide no ratificarla, las provincias deberán reducir Ingresos Brutos al 3% y aplicarlo sólo sobre la venta final del producto.

Para calibrar esta confrontación hay que considerar una novedad estratégica. Cambiemos controlará desde el 10 de diciembre más de un tercio de cada cámara del Congreso. Quiere decir que la oposición no podrá juntar dos tercios. En otras palabras: no podrá anular un veto presidencial. Es una clave para entender este debate. Para vislumbrar los próximos dos años. Y para detectar al nuevo Macri.

Con respecto al conflicto por fuentes de ingresos que Pagni menciona en los últimos párrafos de su nota no tengo dudas que el gobierno tiene las mejores cartas. Para algunas provincias perder Ingresos Brutos sería, valga la redundancia, un bruto golpe financiero. Mientras que para el gobierno nacional perder el impuesto al cheque no es un golpe de KO. Quedan 60 días de febriles negociaciones a observar con detalle.

Finalmente, de la nota de Pagni se desprende que ninguna de las medidas presentadas es revolucionaria (como lo fueron las reformas estructurales que acompañaron a la Convertibilidad en la primera mitad de los noventa). Siguiendo el hilo de post anteriores (acá y acá), se empieza a ver un (modesto) plan económico. Y mi última reflexión, es sobre el impuesto a la renta financiera. No es que me parezca mal per se. Pero no puedo evitar pensar en lo que escribí hace un año respecto al blanqueo: «blanqueá hoy y mañana te desplumamos».

Los costos laborales

Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado, el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la mitad. 

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el país en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al envejecimiento poblacional tienen las características de una bomba atómica de tiempo. Y en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-financiera de casi todo emprendimiento en blanco. 

Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015) no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y quedará un agujero negro en las cuentas fiscales. 

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como políticamente, de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas jefes de la CGT, la exención sería sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si, por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagaría nada (por el concepto afectado) por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuiría sobre $ 2000.

En este párrafo vemos, implícitamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del gobierno. El gobierno obviamente querría lo opuesto (aunque no lo diga públicamente, por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

«Se podría pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico», opina Campos. Y explica: «La informalidad laboral es parte de una economía no registrada». Por tanto, se entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informalidad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema sería potenciar las ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la informalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta informalidad sería eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos. 

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un «almuerzo gratis» por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones en cinco puntos. 

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la «competencia» de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingresos. Y lo hacen porque percibirían que lo que ganan en cantidad de aportantes más que compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de impuestos del gobierno pasan al lado «bueno» de sus curvas de Laffer. 

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años 🙂

To bleach or not to bleach

El blanqueo es hoy en día una fuente de dolores de cabeza para los argentinos de pie que sacan las cuentas sobre las ventajas y desventajas de las alternativas. Una conclusión era obvia, como indica Néstor Scibona en su última columna dominical en La Nación: prácticamente nadie hundió fondos en el bono a tasa cero:

Una prueba del disgusto oficial es que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidió no divulgar el monto de la suscripción del bono en dólares a tres años y tasa cero, que venció el 30 de septiembre. Esto indica que habría tenido escasa aceptación, por más que permitía blanquear sin costo y al Tesoro financiarse de la misma forma. Sin embargo, este impreciso resultado no marca una tendencia porque estaba cantado: los especialistas desaconsejaban este título, por resultar más conveniente pagar el impuesto de 10% y recuperarlo con inversiones financieras, que inmovilizar el capital hasta 2019.

Se entiende que Prat Gay critique la tasa de interés de las licitaciones Lebac que hace el Banco Central como muy alta: él vive en un mundo de fantasía en el cual 3% anual es la tasa de interés real de equilibrio. Por favor, un paracaídas para que Alfonso pueda bajar (suavemente) a la realidad. Al margen, por suerte el Banco Central leyó a tiempo que se le disparaba la inflación y dejó de bajar la tasa hace unas semanas (el indicador de Inflación Verdadera, luego de tocar un máximo el 22 de septiembre comenzó a bajar).

Volviendo a las cabilaciones de los (no tan) contribuyentes argentinos, se entienden sus dudas. Al mismo tiempo que el gobierno anuncia e implementa el blanqueo hace saber que el proyecto de presupuesto para el año que viene contempla aumentar la escala máxima del impuesto a las ganancias del 35 al 40%. O sea, blanqueá hoy y mañana te desplumamos.

Me parece que aunque el gobierno esté convencido que Cambiamos, los ciudadanos necesitamos más evidencia para aceptar una carga tributaria digna del primer mundo. Y por supuesto en algo el gobierno no Cambió: la culpa la tiene el Otro. Para Prat Gay ahora son los bancos los responsables por la escasa adhesión al blanqueo. Se entiende su nerviosismo. Es que el blanqueo al menos es democrático. Le da dolores de cabeza al gobierno también.