Aborto

14/06/2018

La semana pasada The Economist publicó una nota sobre el debate por la despenalización del aborto en Argentina. Dice que el proyecto puede fracasar en el Congreso (aunque acaba de obtener media sanción en Diputados, en el Senado habría mayor oposición), pero en el futuro otro intento tendrá éxito. Debo admitir que no seguí el debate de cerca. Cada vez que leía algo, mayormente comentarios o notas linkeadas en Twitter me deprimía lo burdo de los argumentos. Creo que lo más inteligente de lo poco que leí es una nota de Laura Serra publicada hoy en La Nación. Su título va al punto: “Aborto, nadie pensó en una alternativa que pudiera contener a todos”. Quizás contentar a todos sea imposible, pero no se exploró un compromiso.

Antes de seguir aclaro mi posición. De tener que elegir entre el status quo y la despenalización del aborto me inclino por lo último. Pero siendo un tema de salud pública prefiero un enfoque más abarcativo que combine al aborto con otras políticas, y que lo regule acordemente. Un ejemplo, controversial por cierto, sería que si una adolescente requiere un aborto, el Estado provée el procedimiento y luego le coloca un dispositivo intrauterino (DIU) para reducir el riesgo de futuros embarazos no deseados (véase este post que resume un trabajo científico sobre la efectividad de esta práctica).

Quienes se oponen al aborto dicen que se está matando y que todas las vidas tienen valor. Quienes lo apoyan dicen que un feto, o un cigoto, no es una persona y no tiene los derechos de una. Ambos tienen algo de razón. Los seres humanos tenemos vida, como los animales. Pero trascendemos nuestro sustrato material al ser también personas conscientes de nosotros mismos. Y casi todo cigoto con el paso del tiempo se transforma en una persona. Por eso los argumentos esgrimidos por “personas” como el ministro Lino Barañao en esta nota publicada en La Nación son falaces.

Basado en esta evidencia científica, el Comité de Ética del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva propuso, en oportunidad de la modificación del Código Civil, una redacción del artículo 19 que decía que si bien la vida humana comienza con la concepción, las características propias de una persona se adquieren a lo largo de la gestación. A pesar de que esta modificación no fue aceptada, pone en claro que para los especialistas, durante las primeras etapas de la gestación, un embrión no es equiparable a un ser humano.

Un cigoto es una persona en potencia, basta dejar el paso del tiempo. Un aborto impide ese resultado. Pero pasemos al otro lado de la grieta. Quienes defienden la despenalización del aborto sostienen que las mujeres embarazadas son dueñas de su cuerpo y pueden hacer lo que quieran con él. Este argumento se puede criticar fácilmente. Basta ver que la eutanasia solamente está permitida en pocos países para darnos cuenta que la sociedad nos pone límites a lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. Sin embargo, estoy de acuerdo que una mujer debe tener la última palabra sobre qué hacer con su embarazo no deseado.

Esta situación, un embarazo no deseado, plantea un conflicto de intereses. Por un lado está el feto, persona en potencia, a quien el Estado debe defender. Por el otro lado está la mujer, que tiene sus razones para no llevar el embarazo a término, y a quien el Estado también debe defender. En mi opinión, la solución, muy salomónica por cierto, sería despenalizar el aborto utilizando herramientas de política y regulaciones para que el número de abortos en lugar de subir se reduzca.

Una vez que el aborto esté despenalizado, los opositores al mismo debieran volcarse en masa en apoyo de medidas de educación sexual que reduzcan el número de embarazos no deseados. Hasta la Iglesia católica quizás empiece a repartir preservativos a la salida de misa.

Y hablando de la Iglesia quisera notar lo siguiente. Si son tan férreos defensores de la vida desde el momento de la concepción, ¿por qué no hacen nada para reducir el número de abortos espontáneos? Si uno realiza una búsqueda en internet de “research into the prevention of miscarriage” o “investigación para la prevención de abortos espontáneos” no hay ningún resultado donde aparezca la Iglesia, ni siquiera dando su apoyo moral. Para mí es otro ejemplo más de hipocresía eclesiástica (recordar abusos de menores).

Para terminar recuerdo uno de los argumentos pro aborto que más me indignaron. Se puede ver en un hilo de Twitter recogido en este post. Copio el argumento:

Estás en una clínica de fertilidad. La razón no importa. Salta la alarma de incendios. Corres buscando la salida. Vas por un pasillo y oyes a un niño gritando. Abres la puerta y ves a un niño de cinco años llorando y pidiendo ayuda. Está en la esquina de la habitación. En la otra esquina ves un contenedor congelado que pone “1000 embriones humanos viables”. Se llena todo de humo y empiezas a asfixiarte. Sabes que puedes llevarte al niño o al contenedor, pero no ambos antes de asfixiarte y morir, y no salvar a nadie. ¿Salvas A) al niño, o B) a los mil embriones? 

El twittero sigue jactándose que nunca en diez años un opositor al aborto le contestó A o B. Que “todos entendemos que la respuesta correcta es A. Un niño humano vale más que mil embriones…Porque no son lo mismo, ni moralmente, ni éticamente, ni biológicamente”. Y termino de copiarlo. Ahora paso a destruir este argumento. 

Primero, quizás lo más obvio. El twittero empieza diciendo “la razón no importa”. Pero, ¿si lo que sucede es que la Tierra se está destruyendo y la clínica de fertilidad está produciendo embriones para enviar a otro planeta habitable, Marte digamos, la respuesta obvia sería B, no? Alguien dirá que mi argumento es de ciencia ficción, muy tirado por los pelos. Pero lo vi en la película Interestelar. El argumento del twittero también es tirado por los pelos, y no lo vi en ninguna película. Más importante: no es original. Es una paráfrasis del dilema del tranvía de la filósofa Phillipa Foot, que dice sencillamente lo siguiente:

Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente, por desgracia, hay otra persona atada a ésta. ¿Debería pulsarse el botón?

Tomar una decisión activa para salvar a cinco personas no es éticamente correcto porque implica un daño directamente asociado a la acción. No hay respuesta correcta. Por eso es un dilema. Igual que el argumento del twittero.

Para cerrar con humor una escena del dilema del tranvía de la serie The Good Place, que también nos sirve para recordar que debatir temas como el aborto en abstracto no es lo mismo que vivirlos en concreto. 

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La muerte del hipergradualismo

10/05/2018

La semana pasada con mi familia tomamos un crucero por el Mediterráneo, prácticamente sin acceso a internet. Al volver, y ver los diarios argentinos, me dió la impresión que habíamos viajado en el tiempo: FMI, crisis, que se vayan todos.

En los diarios que leo, La Nación y Clarín fundamentalmente, casi todas las crónicas le echan la culpa (o casi toda la culpa) de la crisis al cambio de clima en los mercados financieros. Es una estupidez. La última sorpresa en el mundo fue a fines de enero cuando la bolsa norteamericana ajustó a la baja y desde entonces opera con mayor volatilidad por el temor a una guerra comercial por las medidas proteccionistas de Trump. La última suba de tasas de la Fed tuvo las reacciones esperadas en mercados emergentes. Sólo hubo pánico en Argentina. ¿Por qué? 

Porque el gobierno se equivocó fiero al atacar la independencia del Banco Central cuando le obligó a bajar las tasas en enero. A fin de año el cambio de meta inflacionaria había puesto a los mercados en alerta. En un post esos días yo escribí que la independencia del Banco no se vería afectada si podía usar los instrumentos, la tasa en particular, como quisiera para alcanzar esa meta. Pero Sturzenegger se vió obligado a bajar la tasa de interés, y tuvimos un deterioro de expectativas, como reporté a principios de febrero. El gobierno no sólo perdió cuatro meses (con inflación en alza y crecimiento en baja), sino mucho más en términos de credibilidad.

Antes de este viaje estuve con mucho trabajo y pensaba escribir una nota que fuese mi propia respuesta al anterior post. En este conjeturaba que el gobierno podía acelerar el ajuste pero elegía no hacerlo. Pero viendo el innecesario fuego amigo (de Carrió y los radicales libres) respecto al tema tarifas se me ocurrió que, asumiendo que Macri con mayoría en el Congreso no diferiría mucho de Menem, Kirchner o Cristina (no en vano lo apodan “el calabrés”), sus aliados preferían tenerlo con las cuentas fiscales en rojo como un freno a la recuperación económica que lo volvería peligrosamente poderoso.

Ahora no importa tanto el motivo del hipergradualismo que tuvimos, si fue una libre elección, o si respondía a restricciones políticas internas o externas (peronismo, control de la calle, etc.). Lo importante ahora es que el gobierno ha firmado la sentencia de muerte del mismo. En efecto, un acuerdo con el FMI necesariamente tendrá condicionamientos. No importa que el gobierno lo niegue. Como dice Carlos Pagni en su nota hoy en La Nación

Macri necesita desde anteayer encontrar una diagonal entre gradualismo y acuerdo con el Fondo. La Argentina no puede aspirar a una Línea de Crédito Flexible, como las que se otorgaron a México o a Colombia. Para este tipo de préstamo, que carece de condicionalidades, se requiere una posición externa sólida y baja inflación.

Los expertos presumían ayer que el país tendría derecho a una Línea de Precaución y Liquidez, ideadas para países con problemas de balanza de pagos, que aplican políticas correctas pero están expuestos a vulnerabilidades. Para este tipo de auxilio las condicionalidades son ex post. Pero las novedades que llegaban anoche desde Washington no eran tan alentadoras. El Fondo sólo estaría dispuesto a conceder un acuerdo Stand-by clásico. Es decir, un préstamo que obliga a un programa de ajustes y reformas estructurales. La negociación puede llevar hasta seis meses. El gradualismo requerirá de una defensa más enfática.

Hay una cuestión principal: ¿el Fondo entregará dinero a quienes aprovechan el dólar barato para atesorar o hacer compras en el exterior? En otras palabras:¿ no pondrá como requisito la corrección del atraso cambiario? Sería la segunda paradoja de esta crisis: se pide asistencia al Fondo para evitar una devaluación; pero la condición que pondrá el Fondo para esa asistencia podría ser una devaluación.

En mi opinión, una parte del gobierno, la más ortodoxa, va a aprovechar el acuerdo con el Fondo para hacer los ajustes y reformas necesarias. De hecho, no me sorprendería que el acuerdo se hubiera pedido no cuando se hizo público sino unos días antes. El anuncio de la reducción de la meta de déficit de este año de 3,2% a 2,7% cortando gastos en obra pública podría haber sido la señal que el Fondo le exigió a un país poco apegado a ajustar los gastos a sus capacidades.

La otra parte del gobierno, la más heterodoxa, lo menos que puede hacer es pedirle disculpas a los economistas plateístas.

Hoy por hoy no veo que Macri se vea forzado a cambiar su estilo y nombrar a un super ministro de Economía que coordine mejor las acciones. Pero si el anuncio/acuerdo con el FMI no le permite recuperar gran parte de la credibilidad que dilapidó el ataque a la independencia del Banco Central habrá que dar un golpe de timón.

EXPOST: Basta ver las últimas dos ediciones del Economist (acá y acá) para darse cuenta que no se cayó el mundo. Sólo lo hizo la Argentina.


El gradualismo y las restricciones políticas

06/04/2018

Una vez más voy a escribir sobre el gradualismo de la política económica del actual gobierno. Este nos viene diciendo que le gustaría aumentar el ritmo de los ajustes necesarios en el frente fiscal (condición necesaria para bajar la inflación y para atraer inversiones), pero que no puede porque enfrenta restricciones políticas. Por ejemplo, Alfonso Prat Gay luego de los disturbios en el Congreso por la sanción de la reforma en la fórmula de ajuste de las jubilaciones twiteó lo siguiente:

Si esto fuera cierto no sería políticamente posible hacer un ajuste mayor en la Argentina hoy. Pero si no es posible reducir el gasto público como se discutió recientemente entre economistas del gobierno y críticos liberales (ver post anterior), ¿cómo se explica que la pobreza haya bajado desde 31,4% en el primer trimestre de 2016 al 25,7% en el segundo trimestre del año pasado?

Empecemos recordando el muy buen análisis que realizó Jorge Fontevecchia en su editorial del diario Perfil el último domingo. Ahí nos hace notar dos trampas. Primero, que la comparación debiera hacerse con el segundo trimestre de 2015 (adecuadamente el INDEC no estimó este dato) ya que es previo a la devaluación de diciembre de 2015 y por ende comparable con la situación de atraso cambiario del segundo trimestre del año pasado. Segundo, que la pobreza hoy en día es más alta justamente porque hubo una devaluación significativa a fines del año pasado.

Dejando de lado las fluctuaciones en las mediciones de pobreza por las variaciones en el tipo de cambio, resulta razonable inferir del siguiente gráfico, elaborado por CEDLAS en base a datos del INDEC, que hoy la pobreza estaría en un nivel inferior al de fines de 2015.

Y otra medición conocida, la del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en uno de sus últimos informes refleja una reducción de un punto porcentual en la pobreza entre 2015 y 2017.

Volvamos a la pregunta. ¿Por qué bajó la pobreza? ¿Fue por el crecimiento económico o por el aumento de los planes sociales? La Argentina creció el año pasado al ritmo del 3%. Insuficiente para explicar la caída en la pobreza del 30,3% del segundo semestre de 2016 al 25,7% un año más tarde (el salario real y el empleo formal no crecieron tanto en este período).

La principal explicación para la caída de la pobreza observada el último año es el aumento en la cantidad de personas que reciben asistencia del Estado. Esto me permite volver al punto inicial de esta nota. Si el gobierno puede financiar planes sociales que resultan en una baja (artificial?, temporaria?, espero equivocarme y que no sea el caso) de la pobreza, quiere decir que no enfrenta restricciones políticas vinculantes. En efecto, si Macri y su gabinete pudieron gobernar con la pobreza en los niveles observados durante su primer año y medio de gestión, no hacía falta endeudarse para aumentar la asistencia social.

Se podrá argumentar que el gobierno desde un inicio se puso como objetivo reducir la pobreza. El tema es cómo se logra esto. Por mi parte preferiría que el fuerte aumento en la deuda pública (la deuda externa se incrementó en 52.000 millones de dólares el año pasado) se volcara en inversiones en infraestructura que reduzcan el costo país, e incentiven la inversión privada que vía crecimiento económico terminen por reducir la pobreza en forma sostenible.

Endeudarse para reducir la velocidad del ajuste entonces no obedece a restricciones políticas. Por el contrario, y viendo las estadísticas de pobreza (y cómo fueron presentadas), el gradualismo es una elección por motivos políticos: la reelección de Macri. Algo que los críticos del gradualismo ya sabíamos, pero que ahora queda más claro.

 


Los economistas plateístas en el ring

27/03/2018

En el último mes hubo una ruidosa pelea entre analistas económicos etiquetados como neoliberales y sus pares menos ortodoxos. Lo que le dio volumen a esta pelea, que se viene librando desde mediados de 2015, es el hecho que el gobierno salió a la cancha a defender su política con los tapones de punta.

El ejemplo que resume esta discusión fue la seguidilla de notas publicadas en La Nación por José Luis Espert, economista liberal, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación. El 23 de febrero de este año Espert escribió una nota con el provocador título “Macri en el país de las maravillas”. Como se imaginará el lector, Espert mirá el vaso de la realidad económica argentina como medio vacío, resaltando las reformas que Cambiemos no quiere/puede/sabe hacer

Más que cambiar, parecería que Cambiemos se siente cómodo con los desequilibrios heredados del kirchnerismo (a veces profundizándolos) mientras se pueda. Y si la tasa de interés internacional sube mucho y dificulta el proyecto, Dios proveerá y/o ya se sabrá a quién echarle la culpa de eventuales complicaciones de la economía…

Para tener una idea del desafío por delante, el gasto público debería bajar mínimo 15% del PBI; el déficit fiscal, a 0, y la inflación, a nivel internacional. Ni hablar de la contrarreforma estructural que hay que hacer para desandar el camino de nuestra decadencia ya casi secular. Entre otras cosas, hay que reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó, eliminar la coparticipación federal de impuestos y que las provincias se paguen el gasto propio; sacarles a los sindicatos las obras sociales e ir a una red de hospitales públicos nacionales; quitar la obligatoriedad que existe (en los hechos) para la cuota sindical; renegociar ya los convenios colectivos de trabajo; ir a una apertura total del comercio sea firmando acuerdos de libre comercio con el grueso del mundo u optando por una apertura unilateral como la chilena de mediados de los años 80.

Una semana más tarde, Pena le contesta a Espert (y al resto de los economistas liberales que reclaman un mayor ritmo de ajuste fiscal) en otra nota con título irritante: “La economía plateísta”. En efecto, para el gobierno opinar desde el llano es lo mismo que opinar sobre fútbol. Poco importa que uno tenga un doctorado en Economía (o sea director técnico en la Premier League). De dicha nota me quedo con la respuesta sobre la reducción del gasto público:

Analicemos la primera propuesta de bajar en 15 puntos del PBI el gasto público (el gasto primario nacional equivale a 23 puntos del PBI y el consolidado de Nación, Provincias y Municipios al 42).

El “Plan Espert” empezaría por suprimir los planes sociales. Eliminar la Asignación Universal por Hijo (4 millones de beneficiarios), las Asignaciones Familiares (6 millones de beneficiarios), las Pensiones por Invalidez (1 millón de beneficiarios) y el resto de los programas sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (300.000 beneficiarios) generaría un ahorro para el Estado de 2,4 puntos del PBI. Es decir, quitándole el beneficio social a más de 11 millones de personas, aún estaríamos muy lejos de los 15 que sugiere.

Seguramente, el “Plan Espert” continuaría por reducir a su mínima expresión el gasto político. El presupuesto de la totalidad de los cargos políticos del Poder Ejecutivo representa el 0,01% del PBI, una mínima parte de los 15 puntos en cuestión. Eliminar todo el gasto del Congreso Nacional generaría 0,2 puntos del PBI. Si agregáramos una reducción a la mitad del empleo público nacional (que goza mayormente de estabilidad laboral), prescindiendo de 400.000 trabajadores, significaría un ahorro adicional de 1,6 puntos del PBI. Seguimos lejísimos de los 15 puntos. Si cortáramos también la mitad de la obra pública (básicamente rutas, vivienda, agua potable y cloacas), tendríamos un ahorro adicional de 0,8% del PBI.

Es decir, la suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo fenomenal en la pobreza y la actividad económica- apenas alcanzaría para bajar 5 de los 15 puntos del PBI que el autor propone.

Casi dos semanas más tarde Espert retruca en otra nota, con título que va al grano: “No hay conciencia sobre los costos de aplicar la receta del gradualismo”. Resalto unos pocos puntos:

El segundo punto que queda en claro es que el Gobierno no pondera adecuadamente la importancia de los desequilibrios económicos heredados. Por de pronto, no le preocupa un déficit consolidado de 7% del PBI mientras sea financiable, como si ese déficit no tuviera nada que ver con la persistente inflación y el atraso cambiario que permite el financiamiento externo. Tampoco parecen preocuparlo las consecuencias futuras sobre el déficit fiscal provocado por los intereses del creciente endeudamiento externo, particularmente cuando el atraso cambiario deba ser revertido…

El ministro de Hacienda trata de demostrar que un ajuste del gasto no podría exceder 5% del PBI, y aun así, a costa de un suicidio político. Ratifico que bajar el gasto público en 15% del PBI, eliminar el déficit y bajar la presión tributaria 7 puntos no solo puede hacerse, sino que debe hacerse si queremos revertir nuestra decadencia. La baja del gasto y la eliminación del déficit puede hacerse en dos etapas; un ajuste inicial (insoslayable) que restaure la competitividad privada y luego un crecimiento privado que permita absorber los ñoquis y planeros que cobran sin aportar nada a la sociedad. Si las restricciones políticas para hacerlo son hoy mucho más altas que en 2015, la pregunta es ¿cuando cree el Gobierno que las restricciones políticas serán superadas? Porque si la respuesta es “nunca”, estaremos condenados a problemas aun para sostener este modelo decadente que tenemos desde hace 70 años.

Los dos tipos de economistas miran los mismos hechos, pero mientras a los Espert les preocupa el ritmo al que crece la deuda pública con el riesgo de realizar un ajuste forzado si las condiciones de mercado cambiasen, el gobierno siente que está avanzando a la velocidad máxima sujeto a restricciones políticas para hacer un ajuste mayor (en un interesante editorial reciente en Perfil, Jorge Fontevecchia argumenta que el gradualismo sería parte de la ideología del gobierno, y no una herramienta de política, i.e. se podría ajustar más pero no se quiere).

En mi opinión, no hay que tomar las propuestas de Espert como un programa de gobierno, como hace Pena en su respuesta, sino como un “ideal” que hay que tratar de alcanzar (aquí hago notar que comparto los temores de los economistas liberales sobre la baja velocidad de ajuste fiscal, pero no adhiero a la idea de reducir el tamaño del sector público a niveles de hace 15-20 años). Y su enumeración no hace más que desnudar el tremendo nudo de distorsiones que estrangula la economía argentina.

Mi contribución a este debate, y de ahí el motivo para resaltar ciertos párrafos de estas tres notas, es preguntar lo siguiente. Si los beneficios del “Plan Espert” por eliminar todos los planes sociales, reducir a la mital el personal de la administración pública nacional, reducir a la mitad la obra pública y otros ajustes menores en cargos políticos y en el Congreso solo reducen el gasto en 5 puntos del producto, ¿en qué gasta la Nación el 17% restante del producto?

En el agregado (Nación y Provincias, pero el primero dominando) el país gasta alrededor de 12% del PBI en jubilaciones. El secretario Pena, en lugar de usar espejos de colores para distraer la atención, debiera de decirnos que el gobierno está muy al tanto del problema de sustentabilidad de nuestro sistema previsional (estábamos últimos en un ranking de sustentabilidad según esta nota publicada hace cuatro meses en Ámbito Financiero). Es cierto que la reforma en la fórmula para actualizar las jubilaciones sancionada a finales del año pasado muestra que en este punto hay fuertes restricciones políticas. Pero hay mucho margen para cambios que el gobierno puede explorar y no parece dispuesto a hacerlo.


Deterioro en las expectativas

08/02/2018

A fines del año pasado el gobierno anunció cambios en las metas de inflación. Pocas semanas más tarde forzó al Banco Central a bajar la tasa de interés (éste lo había hecho en un principio por 75 puntos básicos y una semana más tarde recortó las tasas otros 75 puntos básicos). El gobierno buscaba de esta forma estimular la economía para crecer más en un contexto en el que el triufo electoral del año pasado no habría incentivado la llegada masiva de inversiones.

Sin embargo parece que la jugada hubiera salido mal. El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central muestra un aumento en la inflación esperada y una caída en el crecimiento esperado. En efecto, la inflación esperada aumentó en un mes de 17,4% a 19,4% pero el crecimiento esperado para 2018 pasó de 3,2% a 3%. ¿Cómo se explica esto? 

La teoría nos dice que una política monetaria más laxa (o menos contractiva) debiera tener efectos positivos tanto en la inflación como en el nivel de actividad. A mi entender lo que sucedió es que al anunciar el gobierno el cambio en las metas de inflación, y además hacerlo diciendo que la suba de las tasas después de las elecciones había quitado aire a la recuperación de la economía, fue interpretado por el mercado como una señal que las cosas no están bien.

En efecto, las expectativas influyen en el equilibrio económico, y las noticias afectan las expectativas. Las acciones de fin de año del gobierno constituyeron malas noticias que el mercado usó para adaptar sus expectativas. Y este deterioro de las expectativas probablemente tenga efectos negativos sobre la actividad económica (hay trabajos académicos sobre esto, com por ejemplo este de Nir Jaimovich y Sergio Rebelo publicado en el AER en 2009). Esto último lo podemos ver reflejado en el siguiente cuadro de Federico Muñoz que vi en Twitter:

La línea celeste es el riesgo país de Argentina, mientras que la roja es un promedio de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Ambas muestran una trayectoria común (más volátil para nuestro país) hasta fin del año pasado. En ese momento el riesgo país de nuestro país empieza a ascender mientras que el del resto sigue su trayectoria descendente (nótese que la muestra es previa al aumento en la volatilidad de los mercados internacionales de los últimos días).

El gráfico es claro. La economía no responde mecánicamente a los cambios de política monetaria. También los toma, y la forma en que se anuncian, para actualizar su información, en este caso negativamente.


Cláusula gatillo e inflación

30/01/2018

Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearía que los acuerdo salariales no tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de sus productos se desvíen (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confían en la meta inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados), desconfían de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales acotados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias: 

Aunque en el mercado creen que será difícil que el Central cumpla con su meta del 15%, Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y así, el economista que el año pasado había sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economía toma decisiones bajo el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economía.

Este problema de falta de credibilidad de la política monetaria está muy estudiado. En nuestro país nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creíble). La independencia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarían a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estaría en 1,8%). Y en cuanto a reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de políticas necesarias (reducción del déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk. 

EXPOST: Un día después de escribir este post, Eduardo van der Kooy en nota publicada en Clarín sugiere que el gobierno estaría dando marcha atrás en su pretensión de aumentos salariales acotados sin cláusula de indexación.

Otro punto crucial lo constituye la discusión de las paritarias que se avecinan. El Gobierno, en su discurso, ha ido de más a menos. Habló primero de un acuerdo que no podría superar el 15% o 16%. Sin la implementación de la cláusula gatillo. Un recurso que le permitió evitar conflictos durante el 2017. Esa idea está ahora en revisión. También, la supuesta inflexibilidad del techo. Macri y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, vienen declarando ahora que las paritarias serán libres.

 


Inflación de 2017 e independencia del BCRA

29/12/2017

Los importantes anuncios de ayer, dentro de los cuales sobresale la flexibilización de las metas de inflación, me obligan a adelantar este post sobre la inflación del año, y a agregarle un análisis de las nuevas medidas junto con una reflexión sobre la independencia (o no) de nuestro Banco Central.

Según Inflación Verdadera, la inflación núcleo de 2017 sería de 22% (están los datos hasta el 18 de diciembre), y la misma ha promediado un 1,5% mensual en el último bimestre del año. Esto marca una leve desaceleración en la inflación, pero imposible de detectar con esta información ya que estadísticamente la diferencia no sería significativa respecto del casi 24% anual que se observaba hasta la suba de tasas de fin de octubre. Habría que esperar unos meses más para ver si las mayores tasas de interés del Banco Central tienen efecto sobre la inflación.

Pero esto quizás no sea posible ya que ayer el gobierno anunció un nuevo sendero de metas de inflación que pasan a ser 15% para 2018 y decreciendo hasta 5% en 2020. Esta flexibilización en un año de las metas monetarias acompaña, con 15 meses de retraso, la flexibilización de las metas fiscales, que el gobierno había anunciado al asumir para borrar en septiembre de 2016 con la presentación del presupuesto en el Congreso. La flexibilización fiscal obedeció a la restricción política de no poder bajar los subsidios a la energía con la, valga la redundancia, energía que se pretendía. ¿Por qué ahora la flexibilización monetaria?

Tendríamos que preguntarnos primero por qué el Banco Central no relajó las metas de inflación al mismo tiempo que se modificó la política fiscal. En mi opinión, haberlo hecho en ese momento hubiese implicado la subordinación explícita de la política monetaria a la fiscal. Hubiese muerto la independencia del BCRA y Marcó del Pont o Vanoli, por dar dos nombres, hubieran podido volver al mismo sin que ello hubiese tenido costos sobre las expectativas, o el nivel de actividad.

Así como fue correcto mostrar firmeza en 2016, la tendencia inercial que mostró la inflación desde mediados de ese año, a oscilar alrededor del 23% anual, invitaba al Banco Central a hacer un replanteo de sus objetivos. En agosto de este año sugerí pasar del 10-12 al 12-15 como meta para 2018, argumentando que una meta realista le daría credibilidad al BCRA.

Los anuncios de ayer implican un movimiento en esta dirección. La mayoría de los analistas interpretan que Federico Sturzenegger perdió poder frente a Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Mario Quintana. No estoy tan de acuerdo, pues ello se basa en una lectura que asume un juego de suma cero mientras que la mayor coordinación de política fiscal y monetaria implica la creación de valor económico y poder político para el gobierno.

Es cierto que el gobierno le impone al Banco Central una nueva meta de inflación, lo que llevaría a este a bajar las tasas de interés. Pero esto no implica que el Banco Central tenga menos autonomía. La autonomía de un banco central debe leerse como autonomía en el uso de instrumentos para alcanzar los objetivos. Pero éstos no los decide el banco central sino el gobierno, o parlamento (en nombre de la sociedad).

En países desarrollados, como el marco macroeconómico es estable, no suelen tener conflictos en torno a la velocidad de una desinflación (salvo excepciones como la desinflación en EEUU de Paul Volcker entre fines de 1979 y fines de 1983 con una tasa de interés real tres puntos porcentuales por encima de lo normal para conseguirlo). Pero los bancos centrales allí persiguen el objetivo, fijado por sus principales (gobierno, sociedad) de inflación baja y estable, tratando de mantener el nivel de desempleo bajo mientras no comprometa el objetivo de inflación.

Mientras el Banco Central acepte un sendero de tasa de interés real más baja (consistente con un objetivo de inflación para 2018 más alto), manteniendo su autonomía respecto a cuando modificarla, no habrá comprometido su “independencia”. Es más, para analizar si hubo ganadores y perdedores dentro del gobierno con los anuncios de ayer, debemos resaltar que dentro de éstos sobresale que el gobierno reduciría sustancialmente el financiamiento del déficit del Tesoro por parte del BCRA.

Uno de los determinantes más importantes de la alta inflación es el alto nivel que tienen las transferencias del Banco Central al gobierno (es la forma en que se manifiesta la famosa “maquinita”). Si estás serán reducidas (lo cual es creíble/posible dado el ahorro fiscal que implica la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones) las expectativas de inflación bajarían. Y esto le permitiría al Banco Central reducir la tasas de interés de referencia satisfaciendo su parte en los anuncios de ayer.

Y si el Banco Central de todas formas iba a tener que flexibilizar su meta de inflación, haberlo hecho a cambio del compromiso explícito del gobierno a reducir su “dependencia” respecto de las transferencias del BCRA no me parece que deba ser leído como una derrota de Sturzenegger, o una pérdida de independencia del Banco. ¡Feliz año nuevo!

EXPOST: Esta mañana Marcos Peña señaló en declaraciones a Radio con Vos la misma idea de este post respecto a la independencia del BCRA: este tiene autonomía para elegir las herramientas, no los objetivos de política monetaria

El Banco Central es absolutamente independiente de ejecutar las políticas de acuerdo con las metas planteadas por el Ejecutivo

Y más tarde en el día, el FMI publicó el informe correspondiente a la aplicación del artículo IV en el país (por primera vez en mucho tiempo que este organismo audita la marcha de la economía argentina). Dentro de sus recomendaciones está reducir el financiamiento del Banco Central al gobierno. Como reporta La Nación:

[R]educir el financiamiento del Banco Central al Tesoro para “afianzar la independencia” de la autoridad monetaria y a apuntalar “la credibilidad del régimen de metas de inflación”.

¿Casualidad que este informe salga un día después del anuncio del gobierno? No, el gobierno estaba al tanto del contenido del mismo (hay varios argentinos en el staff del FMI y el informe surge de la interacción de los economistas del Fondo con los del gobierno). ¿Casualidad que la reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro sea vista como afianzando la independencia del BCRA? Espero que no. 

 

 


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