2×1=0

18/05/2017

A principios de mes la Corte Suprema convalidó, en voto dividido, el beneficio del 2×1 para el represor Muiña. Esta decisión, que no era novedosa pues durante los últimos años la Corte, al menos tácitamente, sostuvo el mismo criterio, generó una tormenta política que resultó en la rápida sanción de una ley que expresamente excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1. 

El 2×1 permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasan sin una sentencia firme. La ley original de 1994 fue un engendro argentino típico que en lugar de enfrentar el problema del aumento de la delincuencia con más recursos para a) una red de contención social, b) agilizar la justicia, y c) construir más cárceles, decidió echar nafta al fuego y reducir de facto las condenas para delitos graves (que son los que se benefician con el 2×1).

Dado el impacto político del fallo de la Corte surgieron todo tipo de teorías conspirativas, que podemos resumir en las que presenta Jorge Lanata en esta nota de Clarín del último sábado.

Como la mayoría de las crisis argentinas, también esta comenzó por una estupidez: dos operadores judiciales del gobierno creyeron que era el momento de “consolidar el voto” en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa.

Era momento –pensaron José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón- de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2 x 1 en el caso de los militares detenidos.

Ya había sucedido antes, en dos ocasiones, durante el kirchnerismo y nadie lo había notado. Hasta Zaffaroni votó a favor –se convencieron.

Es posible que en el gobierno existan funcionarios que crean que deben seducir, cada tanto, al voto facho. Pero me parece muy tirado por los pelos, ya que es mucho más eficiente empezar por seducir, cada tanto, el voto de centro derecha que el gobierno también viene descuidando (y sobre lo que me referí en un par de notas a principios de año, ver acá y acá). No hace falta ir a la extrema derecha, allí no termina el arco iris.

Otro análisis interesante fue el de Carlos Pagni, en esta nota de la semana pasada en La Nación.

Macri y Garavano intentaron disimular el centro del problema. Lo que está en discusión no es el beneficio del “dos por uno”, sino un principio mucho más universal: el que establece que los condenados tienen derecho a que se les aplique la ley penal más benigna. Aun aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta regla fue adoptada por la normativa humanitaria a nivel internacional. Y fue recogida por el artículo 2 del Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. En el caso Muiña, esa ley más benigna es la del “dos por uno”, es decir que pasados los primeros dos, los años de prisión preventiva se computan como dobles…

La nueva ley plantea dos problemas. El primero es que intenta regular la interpretación de las normas, algo que, en sentido estricto, corresponde al Poder Judicial, no al Legislativo. Quienes defienden esa pretensión alegan que a nivel internacional existen muchas normas que aclaran el sentido de prescripciones anteriores. La segunda dificultad, que por su gravedad promete más controversias judiciales, es que pretende eliminar una garantía de manera retroactiva.

Me parece que el Congreso cometió un error. Hubiera sido más correcto interpretar que el 2×1 era un beneficio al que se podían acoger solamente quienes hubieran cumplido prisión preventiva mientras la ley estuvo vigente (fue derogada en 2001). Pero, ¿por qué un represor, como Muiña, que purgaba una condena de 13 años por haber sido “coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde” (según el Centro de Información Judicial) no puede beneficiarse con el 2×1 y un homicida violador o un femicida puede hacerlo a pesar de tener una condena mayor? Estamos cerca de la delgada línea roja que separa justicia de venganza.

Finalmente no olvidemos los efectos económicos. Nos preguntamos porque no llegan las inversiones, y al mismo tiempo aplaudimos al fiscal Guillermo Marijuán que acepto una denuncia por prevaricato como si los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti hubieran fallado, a conciencia, en contra de la ley. Nos sorprendemos que digan que carecemos de la suficiente seguridad jurídica, y festejamos la sanción de una ley que es claramente inconstitucional. Sarna con gusto, 2×1=0.


¿Hay plan?

28/04/2017

Ayer Macri se reunió con Donald Trump y la mayoría de los medios reflejaron la buena onda que tuvieron. Pero como dice Marcelo Bonelli en el título de esta nota en Clarín hoy: “El apoyo de Trump no reemplaza la necesidad de un plan económico”. Quizás Bonelli le está contestando a Sebastián Galiani, secretario de Política Económica que en esta entrevista publicada por El Economista dijo que hay plan.

Finalmente, otra crítica que se le hace al Gobierno es que no tiene un programa económico y va cambiando según las necesidades contextuales. ¿Qué responde usted?

El Gobierno tiene un plan. El mismo se encuentra bastante descentralizado, lo cual aumenta las ganancias de especialización. Por supuesto, requiere una gran coordinación que asegure su consistencia. Ya hablamos de la política fiscal y monetaria. Sobre el crecimiento, en materia educativa, se ha lanzado el Plan Maestr@. En materia de infraestructura, el programa es amplio. La revolución que veremos en el área de transporte cambiará la anatomía del país. Se está trabajando también para restablecer la producción energética. También se trabaja en programas sectoriales como el que se hizo para el área de Vaca Muerta, los cuales buscan bajar los costos productivos removiendo rentas e ineficiencias. Está en elaboración una reforma tributaria y se ha presentado ya una ley de mercado de capitales muy importante para desarrollar el mismo. Todo esto estimulará la inversión física. El riesgo país, que afecta la misma significativamente, bajó 200 puntos básicos desde mediados de 2015 y lo seguirá haciendo en la medida en que cumplamos las metas fiscales que hemos establecido. El desarrollo del mercado de hipotecas no solo contribuirá a estimular la inversión física, sino que también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales doméstico y, por último, lo que es más importante, contribuirá a solucionar el déficit habitacional existente. Finalmente, se trabaja en ampliar los acuerdos comerciales del país. Ahora bien, el programa de gobierno va más allá de este plan. Es, ante todo, un cambio hacia la república y el respeto a las libertades individuales. También es un cambio hacia la búsqueda de consensos. Finalmente, es un cambio que tiene en su horizonte el combate a la pobreza y la corrupción.

Es cierto que antes hablaron de política monetaria y fiscal, pero justamente los que decimos que el gobierno no tiene plan vemos, por un lado, un desorden fiscal, y por el otro señales de poca coordinación entre la política monetaria y fiscal. Ya he escrito que el éxito del blanqueo puede ser un arma de doble filo para el gobierno porque los ingresos extraordinarios del fisco lo pueden enceguecer sobre la necesidad de contraer el gasto, que en realidad desde que asumió Macri se ha expandido (¿por qué dar la reparación histórica a los jubilados ahora y no esperar a estar en un boom?). Y las reacciones de política monetaria no son las que uno esperaría si hubiera coordinación con la fiscal para preservar las metas de inflación (basicamente fue expansiva al mismo tiempo que la Corte ordenó un gradualismo mayor para el recorte de subsidios energéticos).

En fin, yo sigo sin ver un plan, pero veo las medidas en la dirección correcta que Sebastián menciona en este párrafo. Por eso le sigo dando crédito al gobierno. El tema es qué va a hacer el resto de la población en octubre.


Política monetaria actual

18/04/2017

La decisión de Banco Central de subir las tasas de interés 150 puntos básicos la semana pasada despertó críticas por derecha e izquierda. Los comentarios fueron tanto políticos, como señalar que Federico Stuzenegger es el super ministro de Macri, como económicos, la mayoría de estos indicando que el BCRA se pasó de rosca al subir tanto las tasas. Un análisis interesante es el de la nota de Néstor Scibona en La Nación este domingo, de la cual voy a copiar unos párrafos.

Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación anual (que sería un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregaría cuatro puntos porcentuales en estos meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares por la apreciación del tipo de cambio.

Aceptando que como inflation targeting llamamos el querer bajar la inflación, y que se usa como instrumento más la regulación de la cantidad de dinero que la tasa de interés (ver esta entrada sobre política monetaria de hace poco más de un año), ¿qué inflación mira el Banco Central? La inflación núcleo, pues al ser independiente tiene más sentido fijar sus metas sobre un indicador que no se vea contaminado por precios volátiles (como energía o alimentos), o cuestiones políticas, como ser la velocidad con la cual el gobierno elimina subsidios a la energía.

¿Cómo debería reaccionar el Banco Central ante un aumento en las tarifas de gas o electricidad? Si este cambio estaba anticipado no debiera haber reacción pues si bien esto elevaría el IPC, la trayectoria de la inflación núcleo no se vería afectada. Con lo cual el comentario de Bein antes citado es doblemente erróneo.

¿Y si hay un aumento no esperado en gas o electricidad? Esto obligaría a los consumidores a reducir su consumo agregado ya que para un dado ingreso pueden comprar menos bienes y servicios. La menor demanda tendería a reducir los precios de los bienes y servicios (excluyendo tarifas), i.e. este shock reduciría la inflación núcleo. El Banco Central podría entonces responder con una política más laxa. El año pasado ocurrió algo así pero al revés, la Corte Suprema puso un techo a la suba de tarifas. Por eso en ese momento sugerí que el Central tendría que haber ajustado su política (también entendía que factores políticos podían dificultar esta reacción).

Entonces, ¿cuál es el problema con la actual suba de tasas de interés, que responde a la persistencia de una inflación núcleo elevada (ver el anterior post)? Depende de cómo se forman expectativas en la economía argentina. El argumento de los párrafos precedentes presume que el Central tiene credibilidad. Por ende cuando hay un shock actúa en consecuencia. Si el sector privado creyera que el Central va a reaccionar entonces no le importaría lo que haga en el día a día con la tasa de interés. Miraría la meta para el año y tomaría decisiones acorde. En particular negociaría salarios.

El problema surge cuando el sector privado no está convencido de la vocación del BCRA para combatir la inflación (y esto debe ser leído como no está convencido cuánto apoya Macri a Sturzenegger). En este caso supongamos que le da un 50% de probabilidades al escenario inflación=17% y 50% de probabilidades a un escenario inflación=27% (para que de cerca del 21,6% que predice el FMI). ¿Cómo negocio salarios o fijo precios en este caso? Lo segundo es más fácil pues los precios de la mayoría de los bienes y servicios se pueden cambiar rápido (un precio promedio en EEUU tiene una vida cercana a los seis meses, en Argentina debe ser menor aún). Pero los salarios en general se negocian por un año.

Una solución, aconsejada por el gobierno, es cerrar acuerdos contingentes a la inflación, como se trata de hacer en el sector público. Pero si todo el mundo hace esto, y el gobierno logra llegar al 17%, un gremio que se corte solo y logre sacar un aumento fijo del 25% (o más) va a tener una recuperación del salario real mayor que el promedio. Y todos los gremios con cierto peso quisieran lograr esto.

Es por esto que las negociaciones salariales se complican y nos da una de las razones del BCRA para sobre actuar y subir la tasa 150 puntos: dar una señal de firmeza que oblige a los empresarios a enfrentar a los gremios y no ceder facilmente como en el pasado (aunque viendo las reacciones de la UIA en los medios se nota que es mucho más fácil ceder ante el gremio y hacer lobby inflacionista).

Además de la señal del Banco Central, el gobierno debiera de seguir mostrando mano firme para negociar con el sector público para conseguir acuerdos atados a la inflación (ver este post reciente) ya que en caso contrario el gasto público se desbordaría y el Central se vería obligado, una vez más, a salir al rescate del Tesoro dinamitando la baja en la inflación que tanto nos está costando conseguir.

Para cerrar, la nota de Scibona incluye la siguiente observación:

Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes de las elecciones.

Como vengo diciendo desde agosto del año pasado, una baja inflación probablemente sea el único logro económico que Macri podrá mostrar en octubre. No sorprende que le de todo su apoyo a Sturzenegger, convirtiendo así a este en un super ministro de facto.


Inflación de marzo y Precios Translúcidos

11/04/2017

Según Inflación Verdadera, la inflación de marzo fue 1,45%. Esto representa una leve reducción respecto del valor de febrero que fue de 1,6%, y un acumulado para el primer trimestre de 5,4%. Como dije el mes pasado:

El trabajo para llevar la inflación del 23% actual a niveles compatibles con la meta del 17% del BCRA está en manos de los gobiernos de Macri y Vidal, y consiste en lograr cerrar paritarias en el sector público por debajo del 20%.

En los últimos días hubo avances en la Provincia de Buenos Aires al empezar a quebrarse la resistencia de los gremios docentes. Más allá del retroceso del paro de hoy, es muy probable que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo compatible con la pauta inflacionaria (mi pronóstico sigue siendo una inflación núcleo de 19% más menos dos puntos porcentuales).

Con respecto al programa de Precios Transparentes, que se aplicó en febrero de este año y que recientemente fue casi derogado, Juan Carlos de Pablo escribió una muy buena nota en La Nación este domingo, en la forma de una entrevista imaginaria con un economista heterodoxo. Como esta nota cubre un inquietante vacío (esperaba más reflexiones de los economistas del comportamiento) la copio casi íntegra

Todas las anécdotas de quienes compraron una alfombra en algún país árabe incluyen un sustancial proceso de regateo, que puede durar muchas horas, arrancando con números muy diferentes entre el que canta quien pretende vender y el que contraoferta quien desea comprar. ¿Se imagina, en alguno de dichos países, que el gobierno aprobara una legislación destinada a “transparentar” los precios? Es lo que hace poco intentó hacer el gobierno argentino y tuvo que dar marcha atrás. ¿Es que nosotros preferimos que los precios no sean transparentes?

Al respecto entrevisté al norteamericano Frederic Sterling Lee (1949-2014)…

-¿Hay una teoría neoclásica de los precios y otra postkeynesiana?

-Algunos enfoques se basan en contextos macroeconómicos calmos, donde lo único que ocurre es el fenómeno que se analiza; otros enfatizan que los fenómenos ocurren en contextos de alta incertidumbre, tiempo real, irreversibilidad, etcétera. Se trata de una cuestión empírica: el economista que está analizando una situación concreta tiene que entender el contexto en el cual está inserta.

-Que se obligue a explicitar el costo del financiamiento en la compra a crédito de bienes durables, ¿es una idea buena o mala?

-No conozco economistas austríacos, marxistas, clásicos o keynesianos que recomienden que los oferentes les mientan a sus potenciales clientes cuando dan a conocer las condiciones en las cuales pretenden vender sus productos. ¿Por qué habrían de hacer eso?

-Pero en la Argentina 2017, la denominada transparencia redujo las compras de dichos bienes, hasta tal punto que el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con la medida que había adoptado pocas semanas antes. ¿Así que esquemas tipo “12 cuotas sin interés” alienta las compras?

-No está para nada claro que la retracción de compras se haya debido a la medida introducida. Además se había puesto en práctica hacía muy poco y, por consiguiente, las decisiones y las conductas se estaban acomodando. Los productores que pícaramente mantuvieron el precio de contado y aumentaron el financiado estaban sufriendo la consiguiente caída en el volumen de sus ventas, y hubieran terminado revisando sus decisiones iniciales.

-¿Por qué cayó la venta de algunos bienes durables, entonces?

-Probablemente, por lo que en 1931 dijo Friedrich August von Hayek.

-¿Un postkeynesiano citando a Hayek?

-Cuando su análisis resulta relevante, sí. Hayek se inmortalizó en Inglaterra, cuando en medio de la Gran Crisis afirmó que quien se compra un sobretodo un mes, está generando la crisis textil del mes siguiente. Una barbaridad en aquel entonces, pero que a veces puede ser cierta.

-Explíquese…

-“Doce cuotas sin interés” era una mentira, porque siempre se carga algún interés en las compras a plazos. Pero si, como consecuencia de aquel financiamiento, los argentinos adelantaron las compras de heladeras, licuadoras, teléfonos celulares o prendas de vestir, durante algún tiempo no comprarán, por más transparentes que sean los precios.

-Aclárelo, por favor.

-En el caso de un bien durable, su dueño deriva bienestar cada vez que lo usa, pero demanda una nueva unidad cada tanto. Si por haber adelantado compras tenemos zapatos o autos recién estrenados, demoraremos en reponerlos. Los fabricantes de bienes durables saben que sus ventas oscilan mucho más que las de bienes no durables, como queso fresco o mortadela. De manera que, para ellos, en las épocas malas, las vacas son muy flacas y en las épocas de las vacas gordas tienen que ahorrar.

-Moraleja.

-El Poder Ejecutivo no debería modificar muy seguido las medidas que adopta, porque confunde en vez de aclarar.

-Don Frederic, muchas gracias.

Sigo pensando que la idea detrás de Precios Transparentes era excelente. Quizás hubo un error en la estimación del impacto del programa en un contexto de alta inflación. Ciertamente hubo premura en cortarle las piernas. Comparto la última frase de la nota de de Pablo: “El Poder Ejecutivo no debería modificar muy seguido las medidas que adopta, porque confunde en vez de aclarar”. Más claro imposible.

EXPOST: Ayer el INDEC anunció los indicadores de inflación de marzo con 2,4% para el IPC y 1,8% para la inflación núcleo con un acumulado de esta última para el primer trimestre de 4,9%, en línea con el acumulado de Inflación Verdadera reportado en el post. Más importante es que el Banco Central finalmente subió la tasa de interés para frenar la inflación. Más vale tarde que nunca.

 


Como eliminar las tarifas sociales

04/04/2017

Con un título así espero agitar el avispero. Este año ya escribí un par de posts derechosos (ver acá o acá), y si tuviera ganas de levantar la temperatura en esa dirección hubiera escrito sobre el número de desparecidos (son menos de diez mil, no es poco, punto). Espero que el lector llegué al final de la nota antes de ahondar más la grieta.

Hoy en día la tarifa social abarca casi todos los servicios públicos. Este link del gobierno nacional le muestra a todo jubilado, desempleado, beneficiario de AUH, o pobre como solicitar la tarifa social de transporte, agua corriente y cloacas (en BA) y de gas y electricidad (en todo el país). En mi opinión es ineficiente tener precios diferenciados para estos servicios públicos, y la ayuda social debiera ser directa, decidiendo los beneficiarios en qué gastarla.

En esta entrada me voy a ocupar de los subsidios energéticos cuyos beneficiarios potenciales son cerca de un tercio de la población.

Como es bien sabido, quienes no se benefician de una tarifa social están pagando cerca de la mitad del costo de la electricidad o gas que consumen. Con lo cual en realidad todos los argentinos tienen una “tarifa social” (pero, como diría George Orwell, algunos argentinos son más sociales que otros). Diferenciemos pues entre subsidios generalizados y focalizados (tarifa social).

El año pasado el gobierno empezó una gradual reducción de los subsidios energéticos generalizados, y debido a un fallo de la Corte Suprema la reducción pasó a ser muy gradual. O sea que estamos lejos del día en que al menos alguien pague el costo de la energía (pero, como no enseñó Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, o sea en realidad ya lo pagamos todos con impuestos, bueno todos los que pagan impuestos pero eso es abrir otro frente de batalla).

Para explicar mi idea, imaginemos que llegamos al día que se eliminan los subsidios generalizados. Ese día los no beneficiarios de la tarifa social pagan el costo de la energía, digamos 10, y los beneficiarios pagan menos, digamos 8. Hoy en día el costo (marginal) de la energía está dado por la paridad de importación dado que consumimos más energía que la que producimos. Es de esperar que el día que se eliminen los subsidios generalizados todavía sigamos importando energía (digo, ¿cuánto tiempo llevará este ajuste?, igual el mecanismo que propongo también funcionaría en caso que empecemos a exportar energía antes de la eliminación de los subsidios generalizados).

Dado el potencial del país, amén de Vaca Muerta, es de esperar que en el futuro cercano, si se mantienen reglas de juego claras, el país vuelva a ser un exportador neto de energía, como lo era antes de la pesificación de tarifas post crisis de 2001. Cuando eso suceda el costo (marginal) de la energía pasará a ser la paridad de exportación. Supongamos que la misma es de 7 (la diferencia entre 10 y 7 estaría dada por los costos de transporte y otras fricciones al comercio energético).

Cuando el país pase a ser un exportador neto de energía los consumidores argentinos tendrán una marcada reducción en los costos de la energía. Entonces si asociamos la tarifa social a la paridad de importación, en el ejemplo de esta nota la tarifa social es un 80% de la paridad de importación, cuando el país pase a ser un exportador neto la tarifa social desaparece.

Podría haber simplificado mi idea si me concentraba en decir lo que resalté en el último párrafo. Pero si esperamos al día que el país pase a ser exportador, seguro que surgirán presiones para mantener la tarifa social a pesar de la caída en los costos de la energía (¿cuántas cosas transitorias se vuelven permanentes en Argentina?). Si hoy el gobierno anuncia una indexación como la que sugiero será creíble que la eliminación de la tarifa social se produzca porque ocurrirá en un contexto en que los beneficiarios de la misma no percibirán un aumento, sino una reducción en sus facturas.

¿Habría costo político de anunciar esto hoy? Poco y nada, donde lo poco sería suficiente como para esperar hasta después de la elecciones (estas, no las de 2019). Como en realidad lo que se paga por electricidad y gas no solamente incluye el costo de la energía sino también cargos de transporte y distribucion, la implementación de esta idea es más compleja que lo que bosquejo aquí. Pero si el gobierno realmente quiere que la Argentina vuelva a ser un país normal, si se puede.


La educación pública se cayó

23/03/2017

Esta semana, el presidente Macri presentó los resultados de la evaluación Aprender. El progresismo local, en lugar de evaluar los muy pobres resultados de dicha prueba, se concentró en una frase del presidente: “Hay una terrible inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que caer en la escuela pública”. En las redes sociales proliferaron las consignas dolidas de prohombres (y mujeres) que defendían su “caída” en la escuela pública. Ricardo Roa hizo hoy en Clarín un interesante análisis

Se le cayó la frase a Macri y una legión de bien pensantes progres le cayó encima. Con interpretaciones para todos los gustos. Psicoanalíticas que la asociaron al inconsciente del ingeniero. Ideológicas que la relacionaron con la clase social de la que proviene. Y por supuesto de los activistas kirchneristas que confirmaron en la definición la voluntad de Macri de destruir la escuela pública.

Los responsables de más de una década de privatización de la educación pública con la fuga de alumnos a las escuelas privadas le endilgan a Macri ese objetivo. Los kirchneristas necesitan alimentar un prototipo de Macri a la medida de sus consignas. La mala noticia para esos bien pensantes es que tomada en sentido literal la frase de Macri sintoniza con lo que piensan los miles y miles de padres que han sacado a sus hijos de escuelas públicas.

Es una fuga hormiga que no sólo se verifica en los sectores medios y altos. Todos saben que la mejor educación ya no la proporciona el Estado. No es una cuestión ideológica.

En esta entrada no voy a analizar el lamentable estado de la educación en el país. De ello ya escribí en el pasado (ver acá, por ejemplo). Voy a tomar la nota de Roa como punto de partida, y me voy a concentrar en la actitud miope de tomar las palabras del presidente como una ofensa personal. Si uno toma las palabras en sentido literal, Macri se está refiriendo a los alumnos que, sin tener alternativa, hoy deben ir a una escuela pública. Caen en ella. No dice nada respecto a la calidad de la escuela pública hace 30 o 40 años. 

El problema es que los miopes en cuestión fueron a la escuela pública hace 30 o 40 años. Y la calidad de la escuela pública hoy está muy lejos de lo que fue en el pasado. Traigo a colación un par de anécdotas personales. Hice la primaria en un colegio privado, y en el Pellegrini hice el secundario. Ahí me di cuenta lo mala que había sido mi educación primaria, al contrastar mi preparación con la de mis compañeros que fueron a una primaria pública. Recién en tercer año logré ponerme al día en Matemáticas.

Terminé la secundaria en 1985. Cuando se cumplieron 30 años participé de los festejos con algunos de mis compañeros en el colegio. Y vi, con horror, como una de las aulas que habíamos usado estaba exactamente igual que en ese entonces. Ni bancos o pizarrones nuevos, ni computadora o cañón. Un desastre. 

Para alcanzar el crecimiento sostenido necesitamos elevar la calidad de la educación (pública y privada). Y para hacerlo tenemos que partir de un diagnóstico correcto. La educación pública no es un desastre porque el presidente usa el verbo caer, ni porque este gobierno quiera destruirla. La educación es un desastre porque hay intereses creados que no quieren reformar los estatutos docentes del siglo pasado que hacen que la misma masa de recursos que en otros países sostienen excelentes escuelas acá se diluyan en mantener docentes que no trabajan y suplentes que tampoco lo hacen. Es un desastre porque los sucesivos gobiernos desde 1983 a la fecha no han hecho frente a estos intereses creados. Es un desastre porque los miopes que la defienden al mismo tiempo mandan a sus hijos a colegios privados (y no les parece contradictorio). 

Es posible salir de este círculo vicioso? Creo que si. En particular se podría adoptar una reforma gradual que reduzca los generosos beneficios de los nuevos docentes sin afectar los intereses creados sobre los actuales maestros (en línea con lo que sugerí hace poco para el empleo público). Dudo que hoy se pueda avanzar mucho en esa dirección. Pero si seguimos sin hacer nada nuestra progresía miope terminará ciega. 


Inflación de febrero 2017

14/03/2017

Como dije en junio del año pasado, en el primero de una serie de posts que marcaron el fin de mi luna de miel con el gobierno de Macri, como el Banco Central fracasó en reducir la inflación al 1% mensual hoy tenemos a la inflación, y sus consecuencias, en las tapas de los diarios. Ayer, Pablo Maradei en una nota en Clarín, afirma que la inflación reportada por el INDEC para febrero, del 2,4%, lleva a varios gremios a elevar la vara en sus negociaciones salariales.

El 2,5% de inflación que informó el Indec para febrero, sumado al 1,8% de enero y un marzo que rondaría el 2%, se convirtió en pasto para los gremios, que van por paritarias superiores al 20%. Con estos antecedentes, se diluye la intención del Gobierno de fijar un techo en torno al 18%. Aun cuando dentro de las ofertas oficiales -por caso, la que les hacen a los docentes en provincia de Buenos Aires- sumen una cláusula gatillo para compensar incrementos por encima de lo acordado.

Como dije hace unas semanas, el gobierno debe concentrarse en cerrar las paritarias del sector público en niveles consistentes con una inflación debajo del 20%. Si en el sector privado algunos se deliran con aumentos del 30%, como según Maradei sería el caso de la UOM, los efectos que esto tendría sobre la actividad y el empleo serán responsabilidad de los sindicatos y empresarios involucrados.

¿Pero está realmente la inflación tan alta? El indicador de Inflación Verdadera de febrero fue de 1,6%. Recordando que en enero la marca fue de 2,3% tenemos un acumulado de 3,9%. Lo preocupante es que tomando los indicadores desde julio del año pasado la inflación anualizada da 23,2%, por encima del 22,7% anualizado que estimé para el segundo semestre de 2016. El siguiente gráfico muestra el indicador de Inflación Verdadera (la línea de color naranja) desde el primero de julio del año pasado.

No hace falta usar métodos estadísticos para ver que en los últimos ocho meses la inflación está oscilando sin tendencia clara a la baja. El trabajo para llevar la inflación del 23% actual a niveles compatibles con la meta del 17% del BCRA está en manos de los gobiernos de Macri y Vidal, y consiste en lograr cerrar paritarias en el sector público por debajo del 20%.

Si no lo logran, Sturzenegger se verá obligado a acomodar una vez más la política monetaria a la fiscal, perdiendo gran parte de su credibilidad en el proceso (según nota de Francisco Jueguen en La Nación hoy, sectores del gobierno le piden a Sturzenegger que se “traicione”, baje las tasas y tolere más inflación). Para el gobierno la pérdida, a medir en octubre, puede ser aún mayor.


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