Aprehender Aprender

El gobierno nacional anunció que planea suspender las pruebas Aprender este año. Como reporta Infobae en esta nota:

El 72% de los alumnos termina la secundaria sin saber lo suficiente en matemática. Casi un 40% de los chicos tiene dificultades en lengua. Esos son los resultados de aprendizajes pre-pandemia, los de 2019. La suspensión de las clases presenciales durante casi todo 2020 y ahora durante parte de 2021, se da por descontado, generará un déficit profundo en los aprendizajes. Lo que no se sabrá este año es cuántos y qué contenidos son los que quedaron pendientes. El Gobierno decidió suspender las pruebas Aprender.

Se trata de pruebas censales que miden los aprendizajes de todos los alumnos en sexto grado de primaria y en el último año de la secundaria. Los chicos responden sobre lengua, matemática, ciencias sociales, naturales y, esporádicamente, sobre otras materias como educación sexual integral o educación cívica.

Nada que nos sorprenda del kirchnerismo. Medición que no gusta, termómetro que se rompe o mensajero que se mata. Tampoco sorprende que en octubre el ministro de Educación anunciara que este año las pruebas se iban a tomar para evaluar el impacto de la pandemia. Si algo caracteriza a este gobierno es desdecir hoy lo que se declaró enfáticamente ayer.

La no realización de las pruebas Aprender por segundo año consecutivo presenta dos problemas. Primero, como dice la nota de Infobae, no se podrá evaluar en qué áreas de aprendizaje el déficit es mayor. Tampoco se sabrá exactamente la naturaleza de dichos déficits. Uno puede en el agregado decir que el 40% tiene dificultades en lengua, pero las pruebas también sirven para ver si estas dificultados son en la lecto-escritura o comprensión de textos, por ejemplo.

En segundo lugar, el conocimiento que se adquiere en el colegio, en particular en la primaria, es acumulativo. Esto quiere decir que si los alumnos pierden terreno en 2020-21 por la pandemia, esto también se observará en las evaluaciones a realizar en 2022, 2023, etc. Es que acaso el gobierno evalúa también suspender estas pruebas? Es probable que hoy diga que no (y realmente lo piense). Pero la misma lógica que lo lleva a suspender las pruebas este año implica la persistente suspensión de las mismas (en términos académicos, la decisión es «inconsistente en el tiempo»).

Al margen debemos recordar que actores de peso, como los sindicatos docentes, se han mostrado historicamente en contra de las evaluaciones. Son muy conscientes que lo que en última instancia se está midiendo es su capacidad de enseñar, la que en promedio es muy baja.

Es interesante que en la última edición del Economist, que se publicó un par de días después del anuncio de la suspensión de las pruebas Aprender, dedica una nota editorial a la «tragedia latinoamericana de las aulas vacías». Copio algunos párrafos de una traducción publicada en El Mercurio:

La pérdida prolongada de aprendizaje empeorará los pésimos estándares educativos. Las pruebas internacionales PISA para jóvenes de 15 años en 2018 encontraron que en lectura, matemáticas y ciencias, los latinoamericanos estaban en promedio tres años por detrás de sus pares en el grupo de la OCDE de países principalmente ricos. Con las escuelas cerradas durante 13 meses, el Banco Mundial calcula que alrededor del 77% de los estudiantes estarían por debajo del rendimiento mínimo para su edad, frente al 55% en 2018. Esto tiene efectos a largo plazo. Incluso si solo se pierden diez meses de clases, el banco calcula que el estudiante promedio podría perder el equivalente a US$ 24.000 en ganancias a lo largo de su vida. Los más pobres, los de las zonas rurales y las niñas son los más afectados por el cierre de las escuelas, lo que agrava las ya amplias desigualdades en América Latina.

Muchos países latinoamericanos han realizado grandes esfuerzos para organizar el aprendizaje a distancia durante la pandemia… Esto no sustituye a la enseñanza presencial. “No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo”, dice Marco Fernández, especialista en educación del Tec de Monterrey, una universidad en México. “No pueden hacer preguntas ni recibir comentarios como lo harían en el aula”. Más allá de la pérdida de aprendizaje, los cierres de escuelas han traído costos emocionales y un gran aumento en el número de deserciones.

Las escuelas en muchos países de otras regiones reabrieron hace meses, con distanciamiento social, pruebas y limpieza a fondo. Aparte de la gravedad de la pandemia, hay varias razones por las que esto no ha sucedido en América Latina. Por lo general, los padres no se han mostrado interesados. En México, hasta que la mayoría de las personas se vacunen “pensamos que lamentablemente no existen las condiciones para un regreso masivo a la escuela”, argumenta Luis Solís, de la Unión Nacional de Padres, un grupo voluntario. Los sindicatos de docentes también se han mostrado reacios. En Argentina, cuando el alcalde de Buenos Aires intentó reabrir las escuelas en marzo, recibió la oposición tanto del sindicato como del gobierno nacional, su aliado. “No hay presión” sobre los gobiernos para que reabran, lamenta Fernández.

Los gobiernos podrían hacer mucho más para promover una reapertura segura mediante la información y la consulta. “A estas alturas, todos los países deberían haber hecho al menos un esfuerzo sustancial para abrir escuelas”, dice Emanuela Di Gropello, del Banco Mundial. “No estamos donde deberíamos estar”. Ponerse al día será un desafío formidable. Las escuelas necesitan evaluar rápidamente el nivel de cada alumno, organizar la enseñanza de recuperación y recuperar el tiempo perdido con clases los sábados y períodos más largos. 

Es cierto que los docentes deben evaluar el «nivel de cada alumno». Pero tener información sobre el efecto promedio de la pandemia en las áreas donde hay mayores déficits facilita esta evaluación individual. Y ver que compartimos esta tragedia educativa con el resto de América Latina no consuela, sino todo lo contrario: Hasta hace poco el país era líder en la región en materia educativa. Otro capital más que nos comimos.

Paritarias e inflación

Ayer, el presidente Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso hubo pocos anuncios económicos (tan pocos que no se afectaron las cotizaciones de acciones y bonos argentinos). Lo poco que hubo reafirma lo que vengo sosteniendo en este blog desde hace meses: que para octubre el único logro que el gobierno podrá mostrar de cara a las elecciones es una fuerte baja en la inflación.

Néstor Scibona resume el costado económico del discurso presidencial en esta nota publicada en La Nación hoy. Con respecto a la inflación copio un párrafo.

Dentro de las definiciones económicas, el Presidente apuntó al descenso de la inflación, que calificó de «tóxica», y avaló la meta del Banco Central de reducirla al 17% en 2017, tras haberla ubicado en el segundo semestre de 2016 en 8,9% anualizada. Incluso con una referencia a las próximas paritarias del sector privado: «Empresarios y trabajadores deberían tenerla en cuenta», dijo. «Ya probamos con la alta inflación en el pasado: hubo menos crecimiento y los salarios bajaron», añadió. Aquí debió haber incluido una referencia a la inflación de 40% y la caída de 2,3% del PBI en 2016. Más que como autocrítica, como derivación de las políticas cambiaria, monetaria y tarifaria que desplomaron el consumo, aunque evitaron el estallido de la crisis macroeconómica latente que Cristina Kirchner había dejado como hipoteca a su sucesor.

Es interesante la mención a los empresarios y trabajadores (implícitamente del sector privado), porque en estos meses cruciales las paritarias se nuclean en dos. Por un lado tenemos las negociaciones de salarios del sector público y por otro lado las del sector privado. Tradicionalmente en estos años de dominancia fiscal sobre la política monetaria las paritarias públicas, tanto a nivel nacional como en la PBA, eran vistas como indicadores de inflación esperada por el sector privado y estructuraban la negociación salarial entre empresarios y sindicalistas.

Algo similar sucede hoy en día con el gobierno esforzándose por cerrar acuerdos salariales para los empleados públicos que sean consistentes con una inflación por debajo del 20% anual. El ejemplo es la negociación que el gobierno de María Eugenia Vidal cerró el año pasado con un sector de los empleados públicos con un aumento pautado en 18% con ajustes automáticos si la inflación supera las metas.

La resistencia que vemos en los gremios docentes a aceptar acuerdos similares que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios no se debe a la caída de los mismos el año pasado como dicen sus sindicalistas. La inflación núcleo de 2016 fue de 33,5% con lo cual en ciertas provincias hubo mejoras reales de los salarios docentes (y en otros distritos pérdida de poder adquisitivo, como la CABA). El motivo para ir a la huelga y no aceptar las propuestas salariales en la PBA es político: el kirchnerismo, al cual reporta Roberto Baradel, se dió cuenta que este mecanismo para las paritarias públicas hace posible que el gobierno llegue a octubre con el as en la manga de tener la inflación debajo del 1% mensual.

¿Debe el gobierno preocuparse por las paritarias del sector privado? Las intriguas e idas y vueltas detrás de la recientemente paritaria bancaria revelan que las negociaciones salariales privadas no le son indiferentes al gobierno (aunque en este caso el tamaño de la banca pública haga que se trate de un sector mixto). 

Si le seguimos extendiendo crédito al presidente Macri (ya no en cuotas sin interés), y tomamos en serio su advertencia respecto a las paritarias del sector privado, vemos que sus palabras solamente son creíbles si las negociaciones salariales con el sector público cierran por debajo del 20%. En este caso, si un sector acuerda con sus trabajadores un aumento salarial desproporcionado, digamos del 30%, el gobierno podrá lavarse las manos si en unos meses el empresariado y los sindicalistas del sector acuden a él buscando una ayuda para evitar despidos. Sin mencionar que dichos trabajadores difícilmente despierten simpatía en los votantes con piquetes para mantener sus aspiraciones desmedidas. 

Como se ve, lo crucial para bajar la inflación, enfrentar las elecciones con ciertas chances, y rescatar la credibilidad de Macri, es ver si el gobierno tiene el temple para sostener una huelga docente que puede ser prolongada. Si Macri puede hacer con el sindicalismo kirchnerista lo que Margaret Thatcher hizo con el sindicalismo laborista británico al doblegar a los mineros en los ochenta: cambiar la dinámica de poder de su país. 

Un paro docente para no ir a dar clases a Lugano

Hace varios días que el gobierno de la Ciudad viene anunciando la fusión de un número de cursos en escuelas públicas por falta de alumnos. Hace más de un año, cuando el blog no tenía todavía un mes de actividad, escribí este post sobre la calidad de la educación en nuestro país. Repito el link que puse a un informe de la Dirección de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación del Gobierno de la CBA que analiza la evolución de la matrícula en escuelas primarias de la Ciudad entre 2001 y 2008. 

En el informe se pueden ver estadísticas, auténticas, no salidas del INDEC, que muestran que la matrícula total de alumnos en escuelas públicas cayó en 2643 alumnos en ese período. La información dice que en siete distritos (mayormente en la zona norte de la Ciudad) la caída fue de 6045 alumnos, mientras que en seis distritos (mayormente en la zona sur) registraron un aumento de 4418 alumnos. Los números no mienten y son consistentes con las explicaciones del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich: se cierran cursos que tienen pocos alumnos en la zona norte y se busca trasladar docentes a la zona sur.

Hoy el gremio Ademys anunció un paro antes de reunirse esta tarde, como estaba previsto, con Bullrich. De esta forma desnuda el propósito político de su accionar, implícitamente reconociendo la razón de los argumentos del gobierno porteño (y la dificultad de defender sus «privilegios»). Además como economista no dejo de pensar que paro injustificado hoy resulta en caída en la matrícula mañana en la medida que la incapacidad de llevar los hijos a la escuela da incentivos a los padres a pagar una privada que sea más confiable. O sea, docentes miopes que se pegan un tiro en el pie. Todo lo contrario de lo pretendido por el secretario de prensa del gremio que dijo:

Se deben discutir políticas inclusivas, para que los chicos vuelvan a la escuela pública y para que los que están afuera del sistema educativo vuelvan a la escuela

Es de esperar que teniendo hechos concretos que respalden las decisiones de la cartera educativa, el gobierno de Mauricio Macri no de el brazo a torcer en este reclamo de docentes que no quieren ir a trabajar a la zona sur pues prefieren tener a cargo cursos de menos de diez alumnos en Belgrano que treinta o cuarenta en Lugano. Estas actitudes recuerdan la tendinitis de los trabajadores del subte con la recarga de la SUBE y dan, con el perdón de Fito, asco. 

Zanola, Pedraza, Moyano

A principios de diciembre del año pasado me preguntaba en un post ¿quién quería ver preso a Moyano? Creo que ahora tengo más claro cual sería la respuesta: el cristinismo. En una nota publicada hoy en Clarín, Eduardo van der Kooy describe el surgimiento, tras la muerte de Néstor Kirchner, de esta corriente interna de ultras y jóvenes en el gobierno que se caracteriza por pretender retener el poder prescindiendo del peronismo,

Los jóvenes y muchos veteranos K son los que fogonean también el proyecto de Cristina de mostrarse como la cabeza de un ciclo superador del peronismo . Por eso influyeron en el juez Norberto Oyarbide, a través del secretario de Justicia, Alejandro Alvarez, para la detención de Gerónimo Venegas. Lo que no supieron prever fue la reacción corporativa del sindicalismo. Se relamieron, además, con el arresto de José Pedraza. En el medio está el crimen del militante del PO, Mariano Ferreyra.

Insostenible para ellos y los Kirchner, Pedraza simbolizaría, como pocos, la vieja y decadente burocracia sindical.

Y el sindicalismo tradicional es la columna vertebral del peronismo. Como dice Rubén Zorrilla, citado hoy en una nota de Ricardo Carpena en el suplemento Enfoques de La Nación,