Inflación de 2017 e independencia del BCRA

29/12/2017

Los importantes anuncios de ayer, dentro de los cuales sobresale la flexibilización de las metas de inflación, me obligan a adelantar este post sobre la inflación del año, y a agregarle un análisis de las nuevas medidas junto con una reflexión sobre la independencia (o no) de nuestro Banco Central.

Según Inflación Verdadera, la inflación núcleo de 2017 sería de 22% (están los datos hasta el 18 de diciembre), y la misma ha promediado un 1,5% mensual en el último bimestre del año. Esto marca una leve desaceleración en la inflación, pero imposible de detectar con esta información ya que estadísticamente la diferencia no sería significativa respecto del casi 24% anual que se observaba hasta la suba de tasas de fin de octubre. Habría que esperar unos meses más para ver si las mayores tasas de interés del Banco Central tienen efecto sobre la inflación.

Pero esto quizás no sea posible ya que ayer el gobierno anunció un nuevo sendero de metas de inflación que pasan a ser 15% para 2018 y decreciendo hasta 5% en 2020. Esta flexibilización en un año de las metas monetarias acompaña, con 15 meses de retraso, la flexibilización de las metas fiscales, que el gobierno había anunciado al asumir para borrar en septiembre de 2016 con la presentación del presupuesto en el Congreso. La flexibilización fiscal obedeció a la restricción política de no poder bajar los subsidios a la energía con la, valga la redundancia, energía que se pretendía. ¿Por qué ahora la flexibilización monetaria?

Tendríamos que preguntarnos primero por qué el Banco Central no relajó las metas de inflación al mismo tiempo que se modificó la política fiscal. En mi opinión, haberlo hecho en ese momento hubiese implicado la subordinación explícita de la política monetaria a la fiscal. Hubiese muerto la independencia del BCRA y Marcó del Pont o Vanoli, por dar dos nombres, hubieran podido volver al mismo sin que ello hubiese tenido costos sobre las expectativas, o el nivel de actividad.

Así como fue correcto mostrar firmeza en 2016, la tendencia inercial que mostró la inflación desde mediados de ese año, a oscilar alrededor del 23% anual, invitaba al Banco Central a hacer un replanteo de sus objetivos. En agosto de este año sugerí pasar del 10-12 al 12-15 como meta para 2018, argumentando que una meta realista le daría credibilidad al BCRA.

Los anuncios de ayer implican un movimiento en esta dirección. La mayoría de los analistas interpretan que Federico Sturzenegger perdió poder frente a Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Mario Quintana. No estoy tan de acuerdo, pues ello se basa en una lectura que asume un juego de suma cero mientras que la mayor coordinación de política fiscal y monetaria implica la creación de valor económico y poder político para el gobierno.

Es cierto que el gobierno le impone al Banco Central una nueva meta de inflación, lo que llevaría a este a bajar las tasas de interés. Pero esto no implica que el Banco Central tenga menos autonomía. La autonomía de un banco central debe leerse como autonomía en el uso de instrumentos para alcanzar los objetivos. Pero éstos no los decide el banco central sino el gobierno, o parlamento (en nombre de la sociedad).

En países desarrollados, como el marco macroeconómico es estable, no suelen tener conflictos en torno a la velocidad de una desinflación (salvo excepciones como la desinflación en EEUU de Paul Volcker entre fines de 1979 y fines de 1983 con una tasa de interés real tres puntos porcentuales por encima de lo normal para conseguirlo). Pero los bancos centrales allí persiguen el objetivo, fijado por sus principales (gobierno, sociedad) de inflación baja y estable, tratando de mantener el nivel de desempleo bajo mientras no comprometa el objetivo de inflación.

Mientras el Banco Central acepte un sendero de tasa de interés real más baja (consistente con un objetivo de inflación para 2018 más alto), manteniendo su autonomía respecto a cuando modificarla, no habrá comprometido su “independencia”. Es más, para analizar si hubo ganadores y perdedores dentro del gobierno con los anuncios de ayer, debemos resaltar que dentro de éstos sobresale que el gobierno reduciría sustancialmente el financiamiento del déficit del Tesoro por parte del BCRA.

Uno de los determinantes más importantes de la alta inflación es el alto nivel que tienen las transferencias del Banco Central al gobierno (es la forma en que se manifiesta la famosa “maquinita”). Si estás serán reducidas (lo cual es creíble/posible dado el ahorro fiscal que implica la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones) las expectativas de inflación bajarían. Y esto le permitiría al Banco Central reducir la tasas de interés de referencia satisfaciendo su parte en los anuncios de ayer.

Y si el Banco Central de todas formas iba a tener que flexibilizar su meta de inflación, haberlo hecho a cambio del compromiso explícito del gobierno a reducir su “dependencia” respecto de las transferencias del BCRA no me parece que deba ser leído como una derrota de Sturzenegger, o una pérdida de independencia del Banco. ¡Feliz año nuevo!

EXPOST: Esta mañana Marcos Peña señaló en declaraciones a Radio con Vos la misma idea de este post respecto a la independencia del BCRA: este tiene autonomía para elegir las herramientas, no los objetivos de política monetaria

El Banco Central es absolutamente independiente de ejecutar las políticas de acuerdo con las metas planteadas por el Ejecutivo

Y más tarde en el día, el FMI publicó el informe correspondiente a la aplicación del artículo IV en el país (por primera vez en mucho tiempo que este organismo audita la marcha de la economía argentina). Dentro de sus recomendaciones está reducir el financiamiento del Banco Central al gobierno. Como reporta La Nación:

[R]educir el financiamiento del Banco Central al Tesoro para “afianzar la independencia” de la autoridad monetaria y a apuntalar “la credibilidad del régimen de metas de inflación”.

¿Casualidad que este informe salga un día después del anuncio del gobierno? No, el gobierno estaba al tanto del contenido del mismo (hay varios argentinos en el staff del FMI y el informe surge de la interacción de los economistas del Fondo con los del gobierno). ¿Casualidad que la reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro sea vista como afianzando la independencia del BCRA? Espero que no. 

 

 

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Los idus del gobierno de Macri

19/12/2017

Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno iba a tener una cosecha más modesta de votos. Había estimado la performance electoral en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por motivos políticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayoría de los analistas políticos dió por descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno había cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos últimos días observamos que la oposición le hizo pagar un costo político importante al gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como dije en su momento, nos esperaban 60 días (hasta fin de año) a “observar con detalle”.

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. En estos días de marchas atrás, doble discursos, y traiciones, nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada en la víspera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-K). Para lograrlo al gobierno le convendría tratar de separar la paja del trigo, identificar a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a la hora de votar todos se hacen los distraídos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que debería aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fondos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo. Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no confiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo “bueno” deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a política económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el “plan” es consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la política dominó sobre la economía este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en 2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un país descontrolado en el cual los violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su accionar? ¿Qué nos espera de un país donde un ex-candidato a diputado como Sebastián Romero (foto) nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policía, policía a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difícil respuesta.

EXPOST: Viendo cómo votaron los diputados de las distintas provincias me parece que el gobierno tendría que reservar la zanahoria para los siguientes distritos donde no gobierna Cambiemos: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Y aplicar el garrote con el resto de los gobernadores opositores (incluyendo Santa Fe).


La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14/11/2017

La semana pasada estuve unos días en Buenos Aires para participar en la conferencia de Lacea y Lames. El último día pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario de Política Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me dijo que difícilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego la Justicia falla en contra. 

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE…

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en países normales, la Justicia puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de reforma. 

Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artículo publicado en Brookings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás leerlo hoy en día no aporte mucho. Salvo por estos párrafos: 

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans. This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been compelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad política, legal y regulatoria. Estudiar la eficiencia de alguna política económica usando un modelo es una cosa. Implementar estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (ver acá, o acá donde propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso deflacionario, una ley que lo contemple en forma explícita y que tenga esta salvaguarda le daría a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consistencia de la macroeconomía sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad política de la Corte. 


La reina ha muerto, ¿viva el rey?

02/11/2017

Las elecciones del pasado domingo 22 de octubre marcaron la muerte política del mito Cristina Kirchner. Seguirá activa en política mientras pueda, pero ya no podrá aspirar a conducir un partido político con expectativas de recuperar la presidencia del país. Antes de las PASO había escrito en este post que si Cristina ganaba en octubre igual perdía. Me refería a que si hubiera ganado, el resto del peronismo le hubiera hecho la vida más fácil a Macri para que pudiera llegar entero a 2019. Porque si algo quedó claro este año es que el PJ en masa odia a Cristina (tanto o más que lo que ella odia al peronismo).

En estos diez días varias señales nos indican que Macri salió fortalecido y el gobierno ya no es tan débil. Los mercados festejaron, Gils Carbó renunció y De Vido marchó preso. Ahora la cuestión es qué tan poderoso se ha vuelto el gobierno. En los números sigue en minoría en ambas cámaras del Congreso y aunque llegó al 41% de los votos a nivel nacional no nos tenemos que olvidar que gran parte de estos votos siguen siendo prestados para acabar con el kirchnerismo (léase, son votos blandos). Llegar al 45% en primera vuelta en 2019 sigue siendo un objetivo más fácil en las matemáticas que en la realidad.

Para ver dónde quedó parado el gobierno analizemos las medidas de esta semana y la respuesta de la oposición (que expresó su disconformidad con los anuncios, señal de la mayor fortaleza del gobierno, ver primer párrafo de esta nota). Primero Macri brindó unos lineamientos generales y luego Dujovne profundizó un poco en los detalles. Lo que salta a la vista es que el gobierno se mueve en la dirección (subjetivamente) correcta de bajar impuestos, reducir ineficiencias y abrir la economía. Pero que plantea hacerlo al ritmo tortuga que le impone el gradualismo. En efecto, si el gasto baja lentamente, difícilmente puedan los impuestos bajar rápidamente.

Como dice Carlos Pagni en esta excelente nota en La Nación hoy: “Entre la inviabilidad social del ajuste y la inviabilidad fiscal de la inversión se abre el estrecho sendero por el que se mueve la reforma de Macri.” Y como la nota es tan buena copio otras partes de la misma:

Las novedades que han empezado a discutirse son un modelo para armar. Su primera pieza es la reforma tributaria nacional. Supone dos aumentos de ingresos para el Estado, que se escudan en la corrección política. Uno es el impuesto a las bebidas que “hacen mal”… El otro nuevo impuesto es el de la renta financiera. 

Las principales rebajas de impuestos son cuatro. Reducción de la alícuota de 35 a 25% para las ganancias que se reinvierten… La otra es la eliminación del escandaloso “impuesto tecnológico”, creado en beneficio de los importadores que arman y embalan electrónicos, sobre todo en Tierra del Fuego… El tercer alivio para las empresas es la reforma laboral. Habrá un mínimo no imponible de cargas patronales para salarios inferiores a $ 12.000, que son los que compiten con los del sector informal. También se establece un fondo de despido para actividades con rotación cíclica de personal, a semejanza de lo que ya rige en la construcción. Es un castigo a la industria del juicio laboral. Además, habrá un régimen muy económico para que los miniemprendimientos puedan blanquear al personal. Estas tres medidas apuntan a reducir la informalidad.

La tímida reducción de impuestos que propone el gobierno nacional supone que las provincias bajarán Ingresos Brutos. Es un viejo gravamen sobre las ventas que comenzó a extenderse a todos los tramos de la actividad económica. Esa cascada estrangula la competitividad porque, a diferencia del IVA, no se descuenta el que se paga con la compra del insumo. La recaudación total equivaldría a 4% del PBI… Los gobernadores se aferran a los impuestos propios, aunque sean distorsivos, porque temen que la Corte falle a favor de restituir a Buenos Aires su participación histórica en el Fondo del Conurbano.

Lo más probable, sin embargo, es que ese fondo especial salga de otra fuente: el ahorro que haría la Nación si se modificara la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es la piedra angular de toda esta arquitectura… El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE. El cambio ya está contemplado en el proyecto de presupuesto. En principio, llevaría la actualización de un 27% a un 23% anual. El cambio significaría un ahorro de alrededor de $ 100.000 millones. El atractivo de esta decisión para los gobernadores es que de aquí saldría el Fondo del Conurbano. El atractivo para Macri es que en esos $ 100.000 millones se esconde, en parte, la chance de la reelección…

El rompecabezas tributario se terminará de armar con los gobernadores peronistas en una cumbre prevista para el jueves próximo. En el duelo cada sector esconde un arma. La fecha crucial es el 31 de diciembre. Ese día vence la ley del impuesto al cheque. Es un ingreso importante del Estado central, que percibe el 85% de lo recaudado. El peronismo podría intentar no renovarlo. El mismo día vence la suspensión del pacto fiscal de 1993. Si Cambiemos decide no ratificarla, las provincias deberán reducir Ingresos Brutos al 3% y aplicarlo sólo sobre la venta final del producto.

Para calibrar esta confrontación hay que considerar una novedad estratégica. Cambiemos controlará desde el 10 de diciembre más de un tercio de cada cámara del Congreso. Quiere decir que la oposición no podrá juntar dos tercios. En otras palabras: no podrá anular un veto presidencial. Es una clave para entender este debate. Para vislumbrar los próximos dos años. Y para detectar al nuevo Macri.

Con respecto al conflicto por fuentes de ingresos que Pagni menciona en los últimos párrafos de su nota no tengo dudas que el gobierno tiene las mejores cartas. Para algunas provincias perder Ingresos Brutos sería, valga la redundancia, un bruto golpe financiero. Mientras que para el gobierno nacional perder el impuesto al cheque no es un golpe de KO. Quedan 60 días de febriles negociaciones a observar con detalle.

Finalmente, de la nota de Pagni se desprende que ninguna de las medidas presentadas es revolucionaria (como lo fueron las reformas estructurales que acompañaron a la Convertibilidad en la primera mitad de los noventa). Siguiendo el hilo de post anteriores (acá y acá), se empieza a ver un (modesto) plan económico. Y mi última reflexión, es sobre el impuesto a la renta financiera. No es que me parezca mal per se. Pero no puedo evitar pensar en lo que escribí hace un año respecto al blanqueo: “blanqueá hoy y mañana te desplumamos”.


¿Hay plan?

28/04/2017

Ayer Macri se reunió con Donald Trump y la mayoría de los medios reflejaron la buena onda que tuvieron. Pero como dice Marcelo Bonelli en el título de esta nota en Clarín hoy: “El apoyo de Trump no reemplaza la necesidad de un plan económico”. Quizás Bonelli le está contestando a Sebastián Galiani, secretario de Política Económica que en esta entrevista publicada por El Economista dijo que hay plan.

Finalmente, otra crítica que se le hace al Gobierno es que no tiene un programa económico y va cambiando según las necesidades contextuales. ¿Qué responde usted?

El Gobierno tiene un plan. El mismo se encuentra bastante descentralizado, lo cual aumenta las ganancias de especialización. Por supuesto, requiere una gran coordinación que asegure su consistencia. Ya hablamos de la política fiscal y monetaria. Sobre el crecimiento, en materia educativa, se ha lanzado el Plan Maestr@. En materia de infraestructura, el programa es amplio. La revolución que veremos en el área de transporte cambiará la anatomía del país. Se está trabajando también para restablecer la producción energética. También se trabaja en programas sectoriales como el que se hizo para el área de Vaca Muerta, los cuales buscan bajar los costos productivos removiendo rentas e ineficiencias. Está en elaboración una reforma tributaria y se ha presentado ya una ley de mercado de capitales muy importante para desarrollar el mismo. Todo esto estimulará la inversión física. El riesgo país, que afecta la misma significativamente, bajó 200 puntos básicos desde mediados de 2015 y lo seguirá haciendo en la medida en que cumplamos las metas fiscales que hemos establecido. El desarrollo del mercado de hipotecas no solo contribuirá a estimular la inversión física, sino que también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales doméstico y, por último, lo que es más importante, contribuirá a solucionar el déficit habitacional existente. Finalmente, se trabaja en ampliar los acuerdos comerciales del país. Ahora bien, el programa de gobierno va más allá de este plan. Es, ante todo, un cambio hacia la república y el respeto a las libertades individuales. También es un cambio hacia la búsqueda de consensos. Finalmente, es un cambio que tiene en su horizonte el combate a la pobreza y la corrupción.

Es cierto que antes hablaron de política monetaria y fiscal, pero justamente los que decimos que el gobierno no tiene plan vemos, por un lado, un desorden fiscal, y por el otro señales de poca coordinación entre la política monetaria y fiscal. Ya he escrito que el éxito del blanqueo puede ser un arma de doble filo para el gobierno porque los ingresos extraordinarios del fisco lo pueden enceguecer sobre la necesidad de contraer el gasto, que en realidad desde que asumió Macri se ha expandido (¿por qué dar la reparación histórica a los jubilados ahora y no esperar a estar en un boom?). Y las reacciones de política monetaria no son las que uno esperaría si hubiera coordinación con la fiscal para preservar las metas de inflación (basicamente fue expansiva al mismo tiempo que la Corte ordenó un gradualismo mayor para el recorte de subsidios energéticos).

En fin, yo sigo sin ver un plan, pero veo las medidas en la dirección correcta que Sebastián menciona en este párrafo. Por eso le sigo dando crédito al gobierno. El tema es qué va a hacer el resto de la población en octubre.


Como eliminar las tarifas sociales

04/04/2017

Con un título así espero agitar el avispero. Este año ya escribí un par de posts derechosos (ver acá o acá), y si tuviera ganas de levantar la temperatura en esa dirección hubiera escrito sobre el número de desparecidos (son menos de diez mil, no es poco, punto). Espero que el lector llegué al final de la nota antes de ahondar más la grieta.

Hoy en día la tarifa social abarca casi todos los servicios públicos. Este link del gobierno nacional le muestra a todo jubilado, desempleado, beneficiario de AUH, o pobre como solicitar la tarifa social de transporte, agua corriente y cloacas (en BA) y de gas y electricidad (en todo el país). En mi opinión es ineficiente tener precios diferenciados para estos servicios públicos, y la ayuda social debiera ser directa, decidiendo los beneficiarios en qué gastarla.

En esta entrada me voy a ocupar de los subsidios energéticos cuyos beneficiarios potenciales son cerca de un tercio de la población.

Como es bien sabido, quienes no se benefician de una tarifa social están pagando cerca de la mitad del costo de la electricidad o gas que consumen. Con lo cual en realidad todos los argentinos tienen una “tarifa social” (pero, como diría George Orwell, algunos argentinos son más sociales que otros). Diferenciemos pues entre subsidios generalizados y focalizados (tarifa social).

El año pasado el gobierno empezó una gradual reducción de los subsidios energéticos generalizados, y debido a un fallo de la Corte Suprema la reducción pasó a ser muy gradual. O sea que estamos lejos del día en que al menos alguien pague el costo de la energía (pero, como no enseñó Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, o sea en realidad ya lo pagamos todos con impuestos, bueno todos los que pagan impuestos pero eso es abrir otro frente de batalla).

Para explicar mi idea, imaginemos que llegamos al día que se eliminan los subsidios generalizados. Ese día los no beneficiarios de la tarifa social pagan el costo de la energía, digamos 10, y los beneficiarios pagan menos, digamos 8. Hoy en día el costo (marginal) de la energía está dado por la paridad de importación dado que consumimos más energía que la que producimos. Es de esperar que el día que se eliminen los subsidios generalizados todavía sigamos importando energía (digo, ¿cuánto tiempo llevará este ajuste?, igual el mecanismo que propongo también funcionaría en caso que empecemos a exportar energía antes de la eliminación de los subsidios generalizados).

Dado el potencial del país, amén de Vaca Muerta, es de esperar que en el futuro cercano, si se mantienen reglas de juego claras, el país vuelva a ser un exportador neto de energía, como lo era antes de la pesificación de tarifas post crisis de 2001. Cuando eso suceda el costo (marginal) de la energía pasará a ser la paridad de exportación. Supongamos que la misma es de 7 (la diferencia entre 10 y 7 estaría dada por los costos de transporte y otras fricciones al comercio energético).

Cuando el país pase a ser un exportador neto de energía los consumidores argentinos tendrán una marcada reducción en los costos de la energía. Entonces si asociamos la tarifa social a la paridad de importación, en el ejemplo de esta nota la tarifa social es un 80% de la paridad de importación, cuando el país pase a ser un exportador neto la tarifa social desaparece.

Podría haber simplificado mi idea si me concentraba en decir lo que resalté en el último párrafo. Pero si esperamos al día que el país pase a ser exportador, seguro que surgirán presiones para mantener la tarifa social a pesar de la caída en los costos de la energía (¿cuántas cosas transitorias se vuelven permanentes en Argentina?). Si hoy el gobierno anuncia una indexación como la que sugiero será creíble que la eliminación de la tarifa social se produzca porque ocurrirá en un contexto en que los beneficiarios de la misma no percibirán un aumento, sino una reducción en sus facturas.

¿Habría costo político de anunciar esto hoy? Poco y nada, donde lo poco sería suficiente como para esperar hasta después de la elecciones (estas, no las de 2019). Como en realidad lo que se paga por electricidad y gas no solamente incluye el costo de la energía sino también cargos de transporte y distribucion, la implementación de esta idea es más compleja que lo que bosquejo aquí. Pero si el gobierno realmente quiere que la Argentina vuelva a ser un país normal, si se puede.


Autopsia del gobierno de Macri

07/12/2016

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonía fina dentro de un modelo equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos extraordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar) en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la comparación debiera ser con el potencial que tenía el gobierno de Cambiemos en Diciembre de 2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la positiva, un cambio de orientación de la política económica, social e institucional que refuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”), acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del país (sendero creíble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias, mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga los pasos de Alfonsín y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creía que el nuevo gobierno, aunque políticamente débil, tenía mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debían pasar por el Congreso pero que le darían a los inversores una clara señal para traer fondos al país. Respecto de la inflación veía que la misma podía ser domada con el trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno: política monetaria relativamente contractiva, sendero creíble de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los subsidios a la energía y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenía que mantener un tipo de cambio depreciado lo que reducía los costos de importar capital y permitía competir. Para lograrlo hubiera habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los futuros de dólar impedía tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibí que el gobierno no tenía brújula. O como titulé una nota: no hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatían a innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores. Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni siquiera gradual, que no hacía el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial), sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto, no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se decidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribí una nota sobre como esto impactaba, negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes excepcional). Tomando en consideración la política real, léase las limitaciones externas y autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta de esto, y sí va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza (ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, así como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economía fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000 millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su política fiscal. También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economía.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que pudo ser.


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