Nota en Nada es Gratis

12/09/2018

Este fin de semana escribí una nota sobre nuestro país a pedido del blog español Nada es Gratis. El título es “La última crisis argentina” y la copio a continuación ahora que la han publicado:

Este año Argentina y Turquía lideran lo que probablemente sea un dominó de sudden stops en mercados emergentes. La dinámica es similar en ambos casos, y parece calcada a la de pasadas crisis que se producen al consumir persistentemente por encima de los ingresos. Por ejemplo, la pérdida de confianza, fuga de capitales, y aumento en el riesgo de default, es similar a la que se vio en la periferia de la zona euro a comienzos de esta década.

Aunque estos episodios revelen una dinámica similar, diríamos de libro de texto, difieren en la secuencia de decisiones y shocks que les condujeron al desajuste inicial. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, y pecando de falta de originalidad, podríamos preguntarnos cuándo se jodió el plan económico de Mauricio Macri. Recordemos que fue en los primeros días de mayo de este año cuando comenzó la corrida contra el peso alimentada por la pérdida de confianza. En el resto de esta nota trataré de hacer un análisis de las causas mediatas e inmediatas de la última crisis argentina.

En 2011 Cristina Fernández de Kirchner logra la reelección con el 54% de votos. En lugar de corregir los desequilibrios macroeconómicos—peso sobrevaluado y subsidios a la energía y transporte en la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios—que permitieron su amplia victoria, el gobierno los acentúa. Lo hace con el objetivo de forzar una nueva candidatura de Fernández de Kirchner en 2015, a pesar que la constitución del país solamente contempla una reelección consecutiva.

Los sueños de “Cristina eterna” se terminan cuando la alianza circunstancial de Sergio Massa, ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, con Macri se impone en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de mitad de mandato en 2013. Fernández de Kirchner sigue gobernando sin corregir los desequilibrios arriba mencionados. Y termina su mandato transfiriendo recursos por aproximadamente 2,5 puntos porcentuales del producto a los gobiernos provinciales dejando al nuevo gobierno una verdadera bomba de tiempo.

Los cuadros técnicos de la alianza Cambiemos discutieron largamente las políticas que habrían de implementar en caso de ganar las elecciones de 2015. Había desacuerdo sobre el grado de gradualismo y shock que debía tener el necesario ajuste fiscal y tarifario. El ala política defendía un mayor gradualismo consciente del poco margen de maniobra que tendría un gobierno de minorías parlamentarias y casi sin experiencia de gobierno. Dentro del ala económica algunas voces alertaban sobre el riesgo de dilatar el ajuste.

Macri gana las elecciones prometiendo reducir, y eventualmente eliminar, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y el levantamiento del control de cambios. Su equipo confía que éstas, y otras medidas como un pronto acuerdo con los holdouts, conducirían a un crecimiento sostenido apuntalado por la inversión que permita, por un lado reducir la inflación, y por otro lado la eliminación gradual de las distorsiones. En los ojos del nuevo gobierno el país no tenía un problema fiscal sino uno de crecimiento.

Aun y dándole al gobierno el beneficio de la duda respecto a su, un tanto naif, diagnóstico inicial, demostró poca capacidad para adecuar sus políticas a cambios en el contexto. Decidió mantener la baja en las retenciones a pesar de la mencionada transferencia de recursos a los gobiernos provinciales que hace Fernández de Kirchner al final de su gestión. A mediados de 2016 otorga un blanqueo de capitales, que le proporciona un aumento transitorio de recursos, asociado a un aumento permanente en las jubilaciones. Cualquier ilusión que con el blanqueo se materialice la demorada llegada de inversiones se pierde cuando, menos de dos meses más tarde, la Corte Suprema invalida los ajustes tarifarios obligando al gobierno a reducir la velocidad con la cual recortaba subsidios energéticos.

Quizás el ejemplo más doloroso de la incapacidad del gobierno de Macri para sortear obstáculos fue la respuesta que dio a los disturbios violentos que rodearon la sanción, en diciembre del año pasado, de un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones que implicaba una pérdida en el poder adquisitivo de las mismas. El gobierno no vio en la movilización de los violentos la contracara de su triunfo electoral en las elecciones de mitad de mandato: derrotados en las urnas, la influencia de los kirchneristas se reducía a manifestaciones y protestas. Interpretó los hechos como el reflejo de su propia debilidad para adoptar políticas impopulares.

Así, el intento de entrar en una etapa de “reformismo permanente” quedó sepultado bajo la montaña de piedras que los violentos arrojaron en las puertas del Congreso Nacional. Para compensar los efectos negativos sobre el crecimiento que esto pudiera tener, ya sea por efectos directos o sobre las expectativas, la jefatura de gabinete ideó un asalto sobre la independencia del Banco Central. El 28 de diciembre anunció la flexibilización de la meta de inflación para este año al 15%. Y a los pocos días se recortaron las tasas de interés, dejando en claro que el cambio de la meta no era solamente un cambio en el objetivo de política monetaria, sino también una intromisión sobre como conducir la misma.

Lo notable es que semejante atropello tuvo lugar prácticamente una semana después que en Estados Unidos se sancionara la reforma tributaria impulsada por Donald Trump. Con un mínimo de conocimiento de macroeconomía se podía inferir que una política fiscal más laxa iba a forzar a la Reserva Federal a acelerar la velocidad con la cual estaba aumentando la tasa de interés de referencia. La divergencia en los niveles de riesgo país de la Argentina y el resto de los países latinoamericanos desde fines del año pasado indica que, para los mercados financieros, la decisión de la jefatura de gabinete marcó el momento en que el gobierno terminó por cavar su propia tumba.

Se me ocurren dos explicaciones para esta cadena de errores desde el comienzo del mandato de Macri. Por un lado un estilo de conducción muy disperso con 22 ministros sin poder (los cargos que tradicionalmente estaban en Economía llegaron a estar distribuidos en seis ministerios). Por otro lado, quienes detentaban el poder, el jefe de gabinete y sus dos vicejefes, no tenían la formación adecuada. En particular su experiencia en el mundo de los negocios no los preparó para anticipar los efectos de equilibrio general de las políticas implementadas, de las contempladas pero no llevadas a cabo, ni de los cambios en el contexto por shocks externos o acciones de actores institucionales o no institucionales domésticos.

Recientemente Macri expresó su deseo que esta sea la última crisis argentina. Lo será seguro, hasta la próxima.

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Cambiemos… el equipo económico

30/08/2018

Hasta hace pocos días podía mantener mi afirmación del mes pasado que la macro estaba en orden, y también otra de principios de mayo donde decía que Macri podía mantener, por el momento, su estilo de conducción fragmentada para la economía. La corrida de esta semana, que puso al peso contra las cuerdas, también puso al borde del KO la idea de carecer de un superministro. Si en estos días no hay cambios profundos, y se insiste en que “hay que esperar”, como dicen en inglés “that speaks volumes” del gobierno , o that speaks bolumes, para ser más claros. 

La administración Macri ya no da la impresión, mala de por sí, de ir corriendo detrás de los acontecimientos, sino literalmente la de estar paralizada. Y lo peor, de estarlo por miedo. Miedo a no saber qué medidas tomar, cómo tomarlas, ni si realmente quisieran tomarlas. 

Voy a tomar dos ejemplos. Primero, la propuesta de suspender la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja. Fue un globo de ensayo que fue y vino, y volvió a ir y venir hasta terminar en la introducción de retenciones al aceite y harinas de soja. Qué debería haber hecho el gobierno? Encontrar una solución salomónica entre hacer al campo partícipe del ajuste y reconocer los efectos negativos que tuvo la sequía este año en el sector. A nadie se le ocurrió acordar la suspensión de la baja de retenciones una vez que esta lleguen a cierto nivel, digamos 21%, en lugar de hacerlo cuando lleguen al 18%. Esto hubiera dado certezas al campo frente a la próxima cosecha, y recursos al gobierno para los futuros ejercicios fiscales. 

El segundo ejemplo está dado por las jubilaciones. En marzo, cuando hice una defensa de los “economistas plateístas“, noté que si el secretario Rodrigo Pena tenía razón en que un ajuste draconiano a lo Espert tendría poco impacto en el gasto era porque el grueso del gasto va a jubilaciones y pensiones. Copio el último párrafo de ese post.

En el agregado (Nación y Provincias, pero el primero dominando) el país gasta alrededor de 12% del PBI en jubilaciones. El secretario Pena, en lugar de usar espejos de colores para distraer la atención, debiera de decirnos que el gobierno está muy al tanto del problema de sustentabilidad de nuestro sistema previsional (estábamos últimos en un ranking de sustentabilidad según esta nota publicada hace cuatro meses en Ámbito Financiero). Es cierto que la reforma en la fórmula para actualizar las jubilaciones sancionada a finales del año pasado muestra que en este punto hay fuertes restricciones políticas. Pero hay mucho margen para cambios que el gobierno puede explorar y no parece dispuesto a hacerlo.

Qué anuncia el gobierno al respecto estos días de estrecho margen de error? Que quisiera desviar más fondos del IVA para pagar jubilaciones. No entienden nada! Hay que aumentar los recursos genuinos del sistema o reducir beneficios, o ambos. Repito por tercera o cuarta vez esta idea: aumentar a 40 años de aportes el requisito para acceder a la jubilación plena (flexibilizando los años de aportes necesarios para acceder a una prestación parcial). 

Argentina no está condenada al éxito ni al fracaso. Simplemente reflejará la calidad de sus instituciones y políticas públicas. Hoy ambas son un desastre. 


La macro está en orden. La micro es una mierda

30/07/2018

Estuve en Buenos Aires tres semanas. Y un día en Montevideo. Me encontré con un clima caldeado a pesar de las olas de frío y el cielo inusualmente gris. Casi todas las personas con las que hablé tenían el ánimo por el piso y esperaban lo peor, mientras que en mi opinión la crisis de confianza estaba mayormente superada. Pero esta disparidad no me llamó mucho la atención pues los argentinos tendemos a ser muy ciclotímicos. Muchos analistas que hasta hace poco veían mayormente las cosas buenas del gobierno, ahora solamente ven las malas. La realidad es que no estábamos tan bien antes, ni estamos tan mal ahora. El vaso sigue lleno hasta la mitad.

Desde noviembre del año pasado el peso se devaluó un 60% mientras que el acumulado de inflación desde fines de 2017 es 16% (aunque la inflación mayorista en el mismo período ha sido de poco más de 30%). Todo indica que se creará un colchón de aumento del tipo de cambio real que ayudará a cerrar el déficit de balanza comercial. Si a esto le sumamos el ajuste fiscal que está en camino este año el país está bien encaminado en la macro y con la ayuda del paraguas del FMI debiéramos llegar al final del gobierno de Macri sin mayores zozobras.

No tiene hoy mucho sentido lamentarse y preguntar porqué en el gobierno esperaron a que los mercados les bajaran el pulgar para anunciar que se podía cerrar 2018 con un déficit primario de 2,7% en lugar de 3,2% (la respuesta es obvia, estaban “peleando” para ver quién se quedaba con esa torta). Aunque sería interesante entender porqué en lugar de realizar un ajuste fiscal más agresivo que podría haber generado efectos macroeconómicos negativos vía aumento de la incertidumbre (e.g. si el gobierno va a echar un 10% de los empleados públicos, una gran parte de estos tiene miedo de ser afectados y reducen sus consumos), se eligió un camino que tenía alta probabilidad de terminar, como sucedió, en un aumento de la inestabilidad que afecta a todos. Incertidumbre o inestabilidad. Esa es la cuestión, y en Argentina siempre terminamos con lo segundo.

Y esto me da pie para el segundo elemento del título de esta nota. El país está plagado de distorsiones micro que nadie parece poder corregir. En lugar de enumerarlas me concentraré en dos ejemplos. Hace diez años, cuando Macri era jefe de gobierno en la Ciudad, se anunció que en las veredas se iban a reemplazar las baldosas por cemento y hormigón. Se hizo parcialmente en unos barrios, pero por varios motivos no se extendió esta solución práctica y económica a toda la ciudad. Presión de los vecinos? De los fabricantes de baldosas? En todo caso aprovechando que ha llovido mucho estos días, el lector habrá observado que no solo hay una enorme cantidad de baldosas rotas, sino también flojas.

El otro ejemplo es la persistencia, e institucionalización, del cartoneo. Seguir permitiendo que se revuelvan los contenedores de basura hace que el centro de Buenos Aires, donde estuve parando este viaje, se vea sucio y feo. Y junto con los cartoneros se mezclan rateros (además de las ratas que atrae la basura desperdigada por el suelo) que el gobierno no puede/quiere/sabe como impedir que roben y agredan al resto de la población. En tres semanas vi un par de ladrones subir por una puerta de un colectivo para sacarle el celular a una mujer y bajarse por la otra. Y una mujer con un fuerte golpe en la cabeza por defender su cartera. Si eliminamos los cartoneros será más fácil identificar a los rateros. Se me acusará de insensible pero, ya van 16 años de la (gran) crisis que multiplicó esta lacra del cartoneo! Es que vamos a esperar que alcancemos el nivel de vida del primer mundo para actuar? Nunca va a suceder (ni lo uno ni lo otro).

Recientemente una distorsión cedió. Por el peso de las expensas el gobierno de la Ciudad aceptó que la fumigaciones no se hagan en forma mensual (de paso, en Madrid se hacen una vez por año). Espero que pronto lo mismo suceda con las inspecciones de ascensores (en Copenhague se hacen cada tres años, claro que no hay ascensores viejos), y otras regulaciones ridículas que afectan la administración de consorcios. El costo país está formado no solamente por los excesivos impuestos que paga el sector formal, sino también por la maraña de regulaciones y distorsiones que actúan como la piedra del Sísifo emprendedor nacional. Por ello, por más que la macro esté (temporalmente) en orden, no hay que esperar que la recuperación del “segundo semestre” vaya a dar, cuando llegue, para festejar mucho más que lo que hicimos en Rusia el mes pasado.

EXPOST: Para ver que tan mal está la micro en el país, en el diario de hoy van estas dos perlitas. 1) Jorge Lanata denunció que hay 3000 ñoquis en el Astillero Río Santiago, y muchas cabezas pensantes salieron en defensa de esta “empresa”. 2) El fiscal Jorge Di Lello pidió que se suspendan las operaciones del aeropuerto El Palomar, cuando debería limitarse a determinar las condiciones de seguridad operativa de Flybondi (mezcla manzanas y peras). Argentina potencia. 

 


La muerte del hipergradualismo

10/05/2018

La semana pasada con mi familia tomamos un crucero por el Mediterráneo, prácticamente sin acceso a internet. Al volver, y ver los diarios argentinos, me dió la impresión que habíamos viajado en el tiempo: FMI, crisis, que se vayan todos.

En los diarios que leo, La Nación y Clarín fundamentalmente, casi todas las crónicas le echan la culpa (o casi toda la culpa) de la crisis al cambio de clima en los mercados financieros. Es una estupidez. La última sorpresa en el mundo fue a fines de enero cuando la bolsa norteamericana ajustó a la baja y desde entonces opera con mayor volatilidad por el temor a una guerra comercial por las medidas proteccionistas de Trump. La última suba de tasas de la Fed tuvo las reacciones esperadas en mercados emergentes. Sólo hubo pánico en Argentina. ¿Por qué? 

Porque el gobierno se equivocó fiero al atacar la independencia del Banco Central cuando le obligó a bajar las tasas en enero. A fin de año el cambio de meta inflacionaria había puesto a los mercados en alerta. En un post esos días yo escribí que la independencia del Banco no se vería afectada si podía usar los instrumentos, la tasa en particular, como quisiera para alcanzar esa meta. Pero Sturzenegger se vió obligado a bajar la tasa de interés, y tuvimos un deterioro de expectativas, como reporté a principios de febrero. El gobierno no sólo perdió cuatro meses (con inflación en alza y crecimiento en baja), sino mucho más en términos de credibilidad.

Antes de este viaje estuve con mucho trabajo y pensaba escribir una nota que fuese mi propia respuesta al anterior post. En este conjeturaba que el gobierno podía acelerar el ajuste pero elegía no hacerlo. Pero viendo el innecesario fuego amigo (de Carrió y los radicales libres) respecto al tema tarifas se me ocurrió que, asumiendo que Macri con mayoría en el Congreso no diferiría mucho de Menem, Kirchner o Cristina (no en vano lo apodan “el calabrés”), sus aliados preferían tenerlo con las cuentas fiscales en rojo como un freno a la recuperación económica que lo volvería peligrosamente poderoso.

Ahora no importa tanto el motivo del hipergradualismo que tuvimos, si fue una libre elección, o si respondía a restricciones políticas internas o externas (peronismo, control de la calle, etc.). Lo importante ahora es que el gobierno ha firmado la sentencia de muerte del mismo. En efecto, un acuerdo con el FMI necesariamente tendrá condicionamientos. No importa que el gobierno lo niegue. Como dice Carlos Pagni en su nota hoy en La Nación

Macri necesita desde anteayer encontrar una diagonal entre gradualismo y acuerdo con el Fondo. La Argentina no puede aspirar a una Línea de Crédito Flexible, como las que se otorgaron a México o a Colombia. Para este tipo de préstamo, que carece de condicionalidades, se requiere una posición externa sólida y baja inflación.

Los expertos presumían ayer que el país tendría derecho a una Línea de Precaución y Liquidez, ideadas para países con problemas de balanza de pagos, que aplican políticas correctas pero están expuestos a vulnerabilidades. Para este tipo de auxilio las condicionalidades son ex post. Pero las novedades que llegaban anoche desde Washington no eran tan alentadoras. El Fondo sólo estaría dispuesto a conceder un acuerdo Stand-by clásico. Es decir, un préstamo que obliga a un programa de ajustes y reformas estructurales. La negociación puede llevar hasta seis meses. El gradualismo requerirá de una defensa más enfática.

Hay una cuestión principal: ¿el Fondo entregará dinero a quienes aprovechan el dólar barato para atesorar o hacer compras en el exterior? En otras palabras:¿ no pondrá como requisito la corrección del atraso cambiario? Sería la segunda paradoja de esta crisis: se pide asistencia al Fondo para evitar una devaluación; pero la condición que pondrá el Fondo para esa asistencia podría ser una devaluación.

En mi opinión, una parte del gobierno, la más ortodoxa, va a aprovechar el acuerdo con el Fondo para hacer los ajustes y reformas necesarias. De hecho, no me sorprendería que el acuerdo se hubiera pedido no cuando se hizo público sino unos días antes. El anuncio de la reducción de la meta de déficit de este año de 3,2% a 2,7% cortando gastos en obra pública podría haber sido la señal que el Fondo le exigió a un país poco apegado a ajustar los gastos a sus capacidades.

La otra parte del gobierno, la más heterodoxa, lo menos que puede hacer es pedirle disculpas a los economistas plateístas.

Hoy por hoy no veo que Macri se vea forzado a cambiar su estilo y nombrar a un super ministro de Economía que coordine mejor las acciones. Pero si el anuncio/acuerdo con el FMI no le permite recuperar gran parte de la credibilidad que dilapidó el ataque a la independencia del Banco Central habrá que dar un golpe de timón.

EXPOST: Basta ver las últimas dos ediciones del Economist (acá y acá) para darse cuenta que no se cayó el mundo. Sólo lo hizo la Argentina.


El gradualismo y las restricciones políticas

06/04/2018

Una vez más voy a escribir sobre el gradualismo de la política económica del actual gobierno. Este nos viene diciendo que le gustaría aumentar el ritmo de los ajustes necesarios en el frente fiscal (condición necesaria para bajar la inflación y para atraer inversiones), pero que no puede porque enfrenta restricciones políticas. Por ejemplo, Alfonso Prat Gay luego de los disturbios en el Congreso por la sanción de la reforma en la fórmula de ajuste de las jubilaciones twiteó lo siguiente:

Si esto fuera cierto no sería políticamente posible hacer un ajuste mayor en la Argentina hoy. Pero si no es posible reducir el gasto público como se discutió recientemente entre economistas del gobierno y críticos liberales (ver post anterior), ¿cómo se explica que la pobreza haya bajado desde 31,4% en el primer trimestre de 2016 al 25,7% en el segundo trimestre del año pasado?

Empecemos recordando el muy buen análisis que realizó Jorge Fontevecchia en su editorial del diario Perfil el último domingo. Ahí nos hace notar dos trampas. Primero, que la comparación debiera hacerse con el segundo trimestre de 2015 (adecuadamente el INDEC no estimó este dato) ya que es previo a la devaluación de diciembre de 2015 y por ende comparable con la situación de atraso cambiario del segundo trimestre del año pasado. Segundo, que la pobreza hoy en día es más alta justamente porque hubo una devaluación significativa a fines del año pasado.

Dejando de lado las fluctuaciones en las mediciones de pobreza por las variaciones en el tipo de cambio, resulta razonable inferir del siguiente gráfico, elaborado por CEDLAS en base a datos del INDEC, que hoy la pobreza estaría en un nivel inferior al de fines de 2015.

Y otra medición conocida, la del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en uno de sus últimos informes refleja una reducción de un punto porcentual en la pobreza entre 2015 y 2017.

Volvamos a la pregunta. ¿Por qué bajó la pobreza? ¿Fue por el crecimiento económico o por el aumento de los planes sociales? La Argentina creció el año pasado al ritmo del 3%. Insuficiente para explicar la caída en la pobreza del 30,3% del segundo semestre de 2016 al 25,7% un año más tarde (el salario real y el empleo formal no crecieron tanto en este período).

La principal explicación para la caída de la pobreza observada el último año es el aumento en la cantidad de personas que reciben asistencia del Estado. Esto me permite volver al punto inicial de esta nota. Si el gobierno puede financiar planes sociales que resultan en una baja (artificial?, temporaria?, espero equivocarme y que no sea el caso) de la pobreza, quiere decir que no enfrenta restricciones políticas vinculantes. En efecto, si Macri y su gabinete pudieron gobernar con la pobreza en los niveles observados durante su primer año y medio de gestión, no hacía falta endeudarse para aumentar la asistencia social.

Se podrá argumentar que el gobierno desde un inicio se puso como objetivo reducir la pobreza. El tema es cómo se logra esto. Por mi parte preferiría que el fuerte aumento en la deuda pública (la deuda externa se incrementó en 52.000 millones de dólares el año pasado) se volcara en inversiones en infraestructura que reduzcan el costo país, e incentiven la inversión privada que vía crecimiento económico terminen por reducir la pobreza en forma sostenible.

Endeudarse para reducir la velocidad del ajuste entonces no obedece a restricciones políticas. Por el contrario, y viendo las estadísticas de pobreza (y cómo fueron presentadas), el gradualismo es una elección por motivos políticos: la reelección de Macri. Algo que los críticos del gradualismo ya sabíamos, pero que ahora queda más claro.

 


Los economistas plateístas en el ring

27/03/2018

En el último mes hubo una ruidosa pelea entre analistas económicos etiquetados como neoliberales y sus pares menos ortodoxos. Lo que le dio volumen a esta pelea, que se viene librando desde mediados de 2015, es el hecho que el gobierno salió a la cancha a defender su política con los tapones de punta.

El ejemplo que resume esta discusión fue la seguidilla de notas publicadas en La Nación por José Luis Espert, economista liberal, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación. El 23 de febrero de este año Espert escribió una nota con el provocador título “Macri en el país de las maravillas”. Como se imaginará el lector, Espert mirá el vaso de la realidad económica argentina como medio vacío, resaltando las reformas que Cambiemos no quiere/puede/sabe hacer

Más que cambiar, parecería que Cambiemos se siente cómodo con los desequilibrios heredados del kirchnerismo (a veces profundizándolos) mientras se pueda. Y si la tasa de interés internacional sube mucho y dificulta el proyecto, Dios proveerá y/o ya se sabrá a quién echarle la culpa de eventuales complicaciones de la economía…

Para tener una idea del desafío por delante, el gasto público debería bajar mínimo 15% del PBI; el déficit fiscal, a 0, y la inflación, a nivel internacional. Ni hablar de la contrarreforma estructural que hay que hacer para desandar el camino de nuestra decadencia ya casi secular. Entre otras cosas, hay que reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó, eliminar la coparticipación federal de impuestos y que las provincias se paguen el gasto propio; sacarles a los sindicatos las obras sociales e ir a una red de hospitales públicos nacionales; quitar la obligatoriedad que existe (en los hechos) para la cuota sindical; renegociar ya los convenios colectivos de trabajo; ir a una apertura total del comercio sea firmando acuerdos de libre comercio con el grueso del mundo u optando por una apertura unilateral como la chilena de mediados de los años 80.

Una semana más tarde, Pena le contesta a Espert (y al resto de los economistas liberales que reclaman un mayor ritmo de ajuste fiscal) en otra nota con título irritante: “La economía plateísta”. En efecto, para el gobierno opinar desde el llano es lo mismo que opinar sobre fútbol. Poco importa que uno tenga un doctorado en Economía (o sea director técnico en la Premier League). De dicha nota me quedo con la respuesta sobre la reducción del gasto público:

Analicemos la primera propuesta de bajar en 15 puntos del PBI el gasto público (el gasto primario nacional equivale a 23 puntos del PBI y el consolidado de Nación, Provincias y Municipios al 42).

El “Plan Espert” empezaría por suprimir los planes sociales. Eliminar la Asignación Universal por Hijo (4 millones de beneficiarios), las Asignaciones Familiares (6 millones de beneficiarios), las Pensiones por Invalidez (1 millón de beneficiarios) y el resto de los programas sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (300.000 beneficiarios) generaría un ahorro para el Estado de 2,4 puntos del PBI. Es decir, quitándole el beneficio social a más de 11 millones de personas, aún estaríamos muy lejos de los 15 que sugiere.

Seguramente, el “Plan Espert” continuaría por reducir a su mínima expresión el gasto político. El presupuesto de la totalidad de los cargos políticos del Poder Ejecutivo representa el 0,01% del PBI, una mínima parte de los 15 puntos en cuestión. Eliminar todo el gasto del Congreso Nacional generaría 0,2 puntos del PBI. Si agregáramos una reducción a la mitad del empleo público nacional (que goza mayormente de estabilidad laboral), prescindiendo de 400.000 trabajadores, significaría un ahorro adicional de 1,6 puntos del PBI. Seguimos lejísimos de los 15 puntos. Si cortáramos también la mitad de la obra pública (básicamente rutas, vivienda, agua potable y cloacas), tendríamos un ahorro adicional de 0,8% del PBI.

Es decir, la suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo fenomenal en la pobreza y la actividad económica- apenas alcanzaría para bajar 5 de los 15 puntos del PBI que el autor propone.

Casi dos semanas más tarde Espert retruca en otra nota, con título que va al grano: “No hay conciencia sobre los costos de aplicar la receta del gradualismo”. Resalto unos pocos puntos:

El segundo punto que queda en claro es que el Gobierno no pondera adecuadamente la importancia de los desequilibrios económicos heredados. Por de pronto, no le preocupa un déficit consolidado de 7% del PBI mientras sea financiable, como si ese déficit no tuviera nada que ver con la persistente inflación y el atraso cambiario que permite el financiamiento externo. Tampoco parecen preocuparlo las consecuencias futuras sobre el déficit fiscal provocado por los intereses del creciente endeudamiento externo, particularmente cuando el atraso cambiario deba ser revertido…

El ministro de Hacienda trata de demostrar que un ajuste del gasto no podría exceder 5% del PBI, y aun así, a costa de un suicidio político. Ratifico que bajar el gasto público en 15% del PBI, eliminar el déficit y bajar la presión tributaria 7 puntos no solo puede hacerse, sino que debe hacerse si queremos revertir nuestra decadencia. La baja del gasto y la eliminación del déficit puede hacerse en dos etapas; un ajuste inicial (insoslayable) que restaure la competitividad privada y luego un crecimiento privado que permita absorber los ñoquis y planeros que cobran sin aportar nada a la sociedad. Si las restricciones políticas para hacerlo son hoy mucho más altas que en 2015, la pregunta es ¿cuando cree el Gobierno que las restricciones políticas serán superadas? Porque si la respuesta es “nunca”, estaremos condenados a problemas aun para sostener este modelo decadente que tenemos desde hace 70 años.

Los dos tipos de economistas miran los mismos hechos, pero mientras a los Espert les preocupa el ritmo al que crece la deuda pública con el riesgo de realizar un ajuste forzado si las condiciones de mercado cambiasen, el gobierno siente que está avanzando a la velocidad máxima sujeto a restricciones políticas para hacer un ajuste mayor (en un interesante editorial reciente en Perfil, Jorge Fontevecchia argumenta que el gradualismo sería parte de la ideología del gobierno, y no una herramienta de política, i.e. se podría ajustar más pero no se quiere).

En mi opinión, no hay que tomar las propuestas de Espert como un programa de gobierno, como hace Pena en su respuesta, sino como un “ideal” que hay que tratar de alcanzar (aquí hago notar que comparto los temores de los economistas liberales sobre la baja velocidad de ajuste fiscal, pero no adhiero a la idea de reducir el tamaño del sector público a niveles de hace 15-20 años). Y su enumeración no hace más que desnudar el tremendo nudo de distorsiones que estrangula la economía argentina.

Mi contribución a este debate, y de ahí el motivo para resaltar ciertos párrafos de estas tres notas, es preguntar lo siguiente. Si los beneficios del “Plan Espert” por eliminar todos los planes sociales, reducir a la mital el personal de la administración pública nacional, reducir a la mitad la obra pública y otros ajustes menores en cargos políticos y en el Congreso solo reducen el gasto en 5 puntos del producto, ¿en qué gasta la Nación el 17% restante del producto?

En el agregado (Nación y Provincias, pero el primero dominando) el país gasta alrededor de 12% del PBI en jubilaciones. El secretario Pena, en lugar de usar espejos de colores para distraer la atención, debiera de decirnos que el gobierno está muy al tanto del problema de sustentabilidad de nuestro sistema previsional (estábamos últimos en un ranking de sustentabilidad según esta nota publicada hace cuatro meses en Ámbito Financiero). Es cierto que la reforma en la fórmula para actualizar las jubilaciones sancionada a finales del año pasado muestra que en este punto hay fuertes restricciones políticas. Pero hay mucho margen para cambios que el gobierno puede explorar y no parece dispuesto a hacerlo.


Cláusula gatillo e inflación

30/01/2018

Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearía que los acuerdo salariales no tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de sus productos se desvíen (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confían en la meta inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados), desconfían de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales acotados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias: 

Aunque en el mercado creen que será difícil que el Central cumpla con su meta del 15%, Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y así, el economista que el año pasado había sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economía toma decisiones bajo el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economía.

Este problema de falta de credibilidad de la política monetaria está muy estudiado. En nuestro país nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creíble). La independencia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarían a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estaría en 1,8%). Y en cuanto a reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de políticas necesarias (reducción del déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk. 

EXPOST: Un día después de escribir este post, Eduardo van der Kooy en nota publicada en Clarín sugiere que el gobierno estaría dando marcha atrás en su pretensión de aumentos salariales acotados sin cláusula de indexación.

Otro punto crucial lo constituye la discusión de las paritarias que se avecinan. El Gobierno, en su discurso, ha ido de más a menos. Habló primero de un acuerdo que no podría superar el 15% o 16%. Sin la implementación de la cláusula gatillo. Un recurso que le permitió evitar conflictos durante el 2017. Esa idea está ahora en revisión. También, la supuesta inflexibilidad del techo. Macri y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, vienen declarando ahora que las paritarias serán libres.

 


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