Control de capitales

05/09/2019

Imaginemos una economía en la cual la tasa de interés real es muy atractiva y hay una gran cantidad de carry trade. De repente hay una crisis y fuga de capitales. El banco central se esfuerza por mantener el tipo de cambio pero pierde reservas peligrosamente. Se firma un acuerdo con el FMI y como parte de las condiciones del acuerdo se establece un control de capitales. 

¿Hablamos de la Argentina? Parece. Casi, casi. Pero no. El FMI no nos impuso el control de capitales (¿por qué no?, volveremos a esta pregunta). Se trata de Islandia, que impuso los controles en 2008 antes del acuerdo con el Fondo, y por lo tanto no estaba realmente “condicionado” por esta parte del acuerdo. 

Islandia recién levantó las restricciones a las transacciones en moneda extranjera en 2017, y usó los controles de forma estratégica para mejorar su posición negociadora con los inversores extranjeros que habían quedado atrapados en la economía doméstica tanto por el carry trade como por inversiones de tres bancos que quebraron con la crisis del 2008, y que tenían acreedores extranjeros.

En Islandia los controles inicialmente buscaron evitar la fuga de capitales, especialmente de posiciones de carry trade, que desestabilizarían la moneda doméstica. Dado el enorme volumen de posiciones atrapadas en el país –llegaron a ser casi el 80% del PBI– eliminar los controles se volvió un dolor de cabeza: mantenerlos restringía la entrada de inversiones, pero quitarlos podía gatillar una corrida cambiaria. 

La solución que encontró el gobierno de Islandia fue la de gravar con un impuesto a los inversores extranjeros tenedores de activos domésticos. Esto por un lado reducía la masa de liquidez que se podía volcar a la corrida, y por el otro reforzaba las arcas del fisco y por ende reducía la probabilidad de una corrida. Con sus más y menos la estrategia fue un éxito (para más detalles ver este reciente documento de trabajo). 

¿Es relevante el caso de Islandia para la Argentina? Creo que sí. Por un lado nos muestra el grave error que fue levantar el cepo cuando no se había resuelto el desequilibrio macroeconómico que le había dado origen (aunque obviamente los motivos que llevaron a imponer controles eran diferentes, así como la forma de resolver estos desequilibrios debía ser idiosincrática). 

Pero también llaman a la reflexión de porqué no se impusieron controles cuando sufrimos la primer corrida el año pasado y se recurrió al FMI. O cuando tuvo lugar la segunda y Macri consideró relevar a Nicolás Dujovne. ¿Fue por una cuestión narcisista de no perder el logro de haber levantado el cepo? ¿Fue para permitir que amigos del poder desarmaran sus posiciones? Creo más lo primero que lo segundo (que se podía hacer, y algunos dicen se hizo, en pocos días), ya que un motivo similar demoró la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias y provocó la segunda corrida (ver post). 

En definitiva, volver al control de cambios no es una tragedia. No resolver los desequilibrios macroeconómicos que nos obligaron a reintroducirlos si lo es. 

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Más vale tarde que nunca

02/07/2019

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es, sin dudas, la novedad más interesante de los últimos días. Considero que representa una oportunidad para que el país pueda desarrollarse al proveer instituciones que limiten el afán proteccionista de nuestra dirigencia. Pero voy a esperar para hacer un análisis más profundo a tener detalles de la letra chica (el diablo está en los detalles, siempre). 

El título de la nota no se debe a los veinte años que llevó la concreción de este acuerdo comercial. La espera en cuestión fue más modesta, de tres años y medio. Y no es para celebrar un cambio en Cambiemos (valga la redundancia). Para ello habrá que esperar un poco más. El tema es que a fines de 2015 escribí un post en el que expresaba mi hartazgo con la pobre lectura que los medios hacían del trabajo de Frey y Osborne de 2013 sobre las tareas laborales que eran susceptibles de ser robotizadas en el mediano plazo (veinte años, que para el acuerdo UE-Mercosur se sintió una eternidad, pero para la amenaza de robotización parece un suspiro). 

Resulta que finalmente en su última edición The Economist tiene una nota sobre un nuevo libro de Carl Frey y descubre, o sorpresa, que el 47% de los trabajos en EEUU no están en peligro de ser automatizados. 

It is one of the most widely quoted statistics of recent years. No report or conference presentation on the future of work is complete without it. Think-tanks, consultancies, government agencies and news outlets have pointed to it as evidence of an imminent jobs apocalypse. The finding—that 47% of American jobs are at high risk of automation by the mid-2030s—comes from a paper published in 2013 by two Oxford academics, Carl Benedikt Frey and Michael Osborne. It has since been cited in more than 4,000 other academic articles. Meet Mr Frey, a Swedish economic historian, in person, however, and he seems no prophet of doom. Indeed, Mr 47% turns out not to be gloomy at all. “Lots of people actually think I believe that half of all jobs are going to be automated in a decade or two,” he says, leaving half the population unemployed. That is, Mr Frey stresses, “definitely not what the paper says”.

So what does it say? Its authors modelled the characteristics of 702 occupations and classified them according to their “susceptibility to computerisation”. This classification was, ironically, itself automated—using a machine-learning system built by Mr Osborne, which was trained using 70 hand-labelled examples. After crunching the numbers, the model concluded that occupations accounting for 47% of current American jobs (including those in office administration, sales and various service industries) fell into the “high risk” category. But, the paper goes on, this simply means that, compared with other professions, they are the most vulnerable to automation. “We make no attempt to estimate how many jobs will actually be automated,” the authors write. That, they underscore, will depend on many other things, such as cost, regulatory concerns, political pressure and social resistance.

The paper was intended for an academic audience, says Mr Frey, and got “more attention than we would ever have expected”. Chinese whispers and exaggerated headlines meant the carefully caveated, theoretical and highly unlikely upper bound of 47% came to be seen by some as a firm prediction—sometimes even a target. In April one striking dockworker in Los Angeles carried a placard that read “47% of American jobs are planned to be automated by 2034”. Needless to say, they are not.

En resumen, como decía hace tres años y medio, el 47% es fruta. Ahora estaría bueno que varios de los comentaristas mediáticos de Frey y Osborne reconozcan que estaban influenciados por una mala lectura de su trabajo (habría que hacer un trabajo forense para descubrir quién o quiénes hicieron esa primera mala lectura). Igual reconforta que una creencia que había prendido tanto empiece a ser corregida. Volviendo al acuerdo UE-Mercosur quizás lo mismo pase en nuestro país con los preconceptos sobre la apertura comercial. Esperemos. Para lograr algún día una Economía Posible. 


Magia e ilusiones

21/02/2019

No, no es un post sobre política argentina. Es una crítica a recientes discusiones sobre los costos de la deuda, y el Green New Deal en EEUU. Lo puedo resumir en este tweet que escribí hace un mes

Olivier Blanchard en su discurso como presidente de la AEA nos incita a repensar los costos de la deuda pública, y muestra que es normal que la tasa libre de riesgo esté debajo de la tasa de crecimiento del PBI. Esto sugiere (aunque no lo diga explícitamente) que habría que endeudarse para hacer inversiones de alto retorno como infraestructura.

Rápidamente, Paul Krugman en una serie de notas en el New York Times (acá, acá y acá, por ejemplo) adhiere a esta idea y pone como ejemplo el Green New Deal (GND), que es una propuesta agresiva para transformar la matriz de producción energética a fuentes renovables en un período de tiempo relativamente corto. De la última de sus notas, de ayer:

So, first off, investment – typically spending on infrastructure or research, but there may be some room at the margin for including spending on things like childhood development in the same category. The defining characteristic here is that it’s spending that will enhance society’s future productivity. How should we pay for that kind of outlay?

The answer is, we shouldn’t. Think of all the people who say that the government should be run like a business. Actually it shouldn’t, but the two kinds of institution do have this in common: if you can raise funds cheaply and apply them to high-return projects, you should go ahead and borrow. And Federal borrowing costs are very low – less than 1 percent, adjusted for inflation – while we are desperately in need of public investment, i.e., it has a high social return. So we should just do it, without looking for pay-fors.

Si, leyó bien. Krugman se pregunta quién debería pagar por estas inversiones, y se responde, básicamente, que se pagan solas. Parece un político argentino (K, peronista, cambiemita, da lo mismo).

Pero inmediatamente saltan estas comparaciones odiosas (que llamé trilemas en el tweet). Porque si uno puede gastar más porque la tasa de interés libre de riesgo es baja, entonces es tan lícito hacerlo reduciendo impuestos como aumentando la inversión en infraestructura. Y quienes critican una cosa apoyan la otra y viceversa.

Además Krugman se dispara solo en esta cruzada para financiar el GND con deuda, mientras que 3401 economistas en EEUU suscribieron a un llamado a implementar un impuesto al carbono para reducir emisiones. Si yo fuese un furioso fanático por el medio ambiente (como parece ser Krugman, parece), propondría que los recursos recaudados con este impuesto se dediquen primero a realizar las inversiones del GND (bueno, no todas, las que tengan mejor costo/beneficio), y recién luego se devuelvan estos recursos a los ciudadanos como sugiere la propuesta en su punto V.

Volviendo a la deuda, la realidad es que si rf<g, entonces el gobierno puede gastar (g-rf)*D (donde D es el nivel de deuda), sin necesidad de aumentar impuestos y manteniendo el ratio de deuda PBI constante. Pero de aquí no sale una teoría sobre cuál es el nivel de deuda/PBI óptimo. Es más, creo que Blanchard se equivoca diciendo que como hay evidencias que la productividad marginal del capital es más baja esto indica que el costo de la deuda es más bajo. No porque esté mal contablemente hablando, pero su tesis se basa en que rf<g es algo persistente, pero si la productividad marginal del capital baja, inevitablemente llegaremos a una situación en la cual la tasa de crecimiento del producto cae y rf>g, con lo cual el juego de Ponzi se termina. Y puede terminar abruptamente. En esto los argentinos tenemos experiencia.


Aborto

14/06/2018

La semana pasada The Economist publicó una nota sobre el debate por la despenalización del aborto en Argentina. Dice que el proyecto puede fracasar en el Congreso (aunque acaba de obtener media sanción en Diputados, en el Senado habría mayor oposición), pero en el futuro otro intento tendrá éxito. Debo admitir que no seguí el debate de cerca. Cada vez que leía algo, mayormente comentarios o notas linkeadas en Twitter me deprimía lo burdo de los argumentos. Creo que lo más inteligente de lo poco que leí es una nota de Laura Serra publicada hoy en La Nación. Su título va al punto: “Aborto, nadie pensó en una alternativa que pudiera contener a todos”. Quizás contentar a todos sea imposible, pero no se exploró un compromiso.

Antes de seguir aclaro mi posición. De tener que elegir entre el status quo y la despenalización del aborto me inclino por lo último. Pero siendo un tema de salud pública prefiero un enfoque más abarcativo que combine al aborto con otras políticas, y que lo regule acordemente. Un ejemplo, controversial por cierto, sería que si una adolescente requiere un aborto, el Estado provée el procedimiento y luego le coloca un dispositivo intrauterino (DIU) para reducir el riesgo de futuros embarazos no deseados (véase este post que resume un trabajo científico sobre la efectividad de esta práctica).

Quienes se oponen al aborto dicen que se está matando y que todas las vidas tienen valor. Quienes lo apoyan dicen que un feto, o un cigoto, no es una persona y no tiene los derechos de una. Ambos tienen algo de razón. Los seres humanos tenemos vida, como los animales. Pero trascendemos nuestro sustrato material al ser también personas conscientes de nosotros mismos. Y casi todo cigoto con el paso del tiempo se transforma en una persona. Por eso los argumentos esgrimidos por “personas” como el ministro Lino Barañao en esta nota publicada en La Nación son falaces.

Basado en esta evidencia científica, el Comité de Ética del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva propuso, en oportunidad de la modificación del Código Civil, una redacción del artículo 19 que decía que si bien la vida humana comienza con la concepción, las características propias de una persona se adquieren a lo largo de la gestación. A pesar de que esta modificación no fue aceptada, pone en claro que para los especialistas, durante las primeras etapas de la gestación, un embrión no es equiparable a un ser humano.

Un cigoto es una persona en potencia, basta dejar el paso del tiempo. Un aborto impide ese resultado. Pero pasemos al otro lado de la grieta. Quienes defienden la despenalización del aborto sostienen que las mujeres embarazadas son dueñas de su cuerpo y pueden hacer lo que quieran con él. Este argumento se puede criticar fácilmente. Basta ver que la eutanasia solamente está permitida en pocos países para darnos cuenta que la sociedad nos pone límites a lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. Sin embargo, estoy de acuerdo que una mujer debe tener la última palabra sobre qué hacer con su embarazo no deseado.

Esta situación, un embarazo no deseado, plantea un conflicto de intereses. Por un lado está el feto, persona en potencia, a quien el Estado debe defender. Por el otro lado está la mujer, que tiene sus razones para no llevar el embarazo a término, y a quien el Estado también debe defender. En mi opinión, la solución, muy salomónica por cierto, sería despenalizar el aborto utilizando herramientas de política y regulaciones para que el número de abortos en lugar de subir se reduzca.

Una vez que el aborto esté despenalizado, los opositores al mismo debieran volcarse en masa en apoyo de medidas de educación sexual que reduzcan el número de embarazos no deseados. Hasta la Iglesia católica quizás empiece a repartir preservativos a la salida de misa.

Y hablando de la Iglesia quisera notar lo siguiente. Si son tan férreos defensores de la vida desde el momento de la concepción, ¿por qué no hacen nada para reducir el número de abortos espontáneos? Si uno realiza una búsqueda en internet de “research into the prevention of miscarriage” o “investigación para la prevención de abortos espontáneos” no hay ningún resultado donde aparezca la Iglesia, ni siquiera dando su apoyo moral. Para mí es otro ejemplo más de hipocresía eclesiástica (recordar abusos de menores).

Para terminar recuerdo uno de los argumentos pro aborto que más me indignaron. Se puede ver en un hilo de Twitter recogido en este post. Copio el argumento:

Estás en una clínica de fertilidad. La razón no importa. Salta la alarma de incendios. Corres buscando la salida. Vas por un pasillo y oyes a un niño gritando. Abres la puerta y ves a un niño de cinco años llorando y pidiendo ayuda. Está en la esquina de la habitación. En la otra esquina ves un contenedor congelado que pone “1000 embriones humanos viables”. Se llena todo de humo y empiezas a asfixiarte. Sabes que puedes llevarte al niño o al contenedor, pero no ambos antes de asfixiarte y morir, y no salvar a nadie. ¿Salvas A) al niño, o B) a los mil embriones? 

El twittero sigue jactándose que nunca en diez años un opositor al aborto le contestó A o B. Que “todos entendemos que la respuesta correcta es A. Un niño humano vale más que mil embriones…Porque no son lo mismo, ni moralmente, ni éticamente, ni biológicamente”. Y termino de copiarlo. Ahora paso a destruir este argumento. 

Primero, quizás lo más obvio. El twittero empieza diciendo “la razón no importa”. Pero, ¿si lo que sucede es que la Tierra se está destruyendo y la clínica de fertilidad está produciendo embriones para enviar a otro planeta habitable, Marte digamos, la respuesta obvia sería B, no? Alguien dirá que mi argumento es de ciencia ficción, muy tirado por los pelos. Pero lo vi en la película Interestelar. El argumento del twittero también es tirado por los pelos, y no lo vi en ninguna película. Más importante: no es original. Es una paráfrasis del dilema del tranvía de la filósofa Phillipa Foot, que dice sencillamente lo siguiente:

Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente, por desgracia, hay otra persona atada a ésta. ¿Debería pulsarse el botón?

Tomar una decisión activa para salvar a cinco personas no es éticamente correcto porque implica un daño directamente asociado a la acción. No hay respuesta correcta. Por eso es un dilema. Igual que el argumento del twittero.

Para cerrar con humor una escena del dilema del tranvía de la serie The Good Place, que también nos sirve para recordar que debatir temas como el aborto en abstracto no es lo mismo que vivirlos en concreto. 


Deterioro en las expectativas

08/02/2018

A fines del año pasado el gobierno anunció cambios en las metas de inflación. Pocas semanas más tarde forzó al Banco Central a bajar la tasa de interés (éste lo había hecho en un principio por 75 puntos básicos y una semana más tarde recortó las tasas otros 75 puntos básicos). El gobierno buscaba de esta forma estimular la economía para crecer más en un contexto en el que el triufo electoral del año pasado no habría incentivado la llegada masiva de inversiones.

Sin embargo parece que la jugada hubiera salido mal. El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central muestra un aumento en la inflación esperada y una caída en el crecimiento esperado. En efecto, la inflación esperada aumentó en un mes de 17,4% a 19,4% pero el crecimiento esperado para 2018 pasó de 3,2% a 3%. ¿Cómo se explica esto? 

La teoría nos dice que una política monetaria más laxa (o menos contractiva) debiera tener efectos positivos tanto en la inflación como en el nivel de actividad. A mi entender lo que sucedió es que al anunciar el gobierno el cambio en las metas de inflación, y además hacerlo diciendo que la suba de las tasas después de las elecciones había quitado aire a la recuperación de la economía, fue interpretado por el mercado como una señal que las cosas no están bien.

En efecto, las expectativas influyen en el equilibrio económico, y las noticias afectan las expectativas. Las acciones de fin de año del gobierno constituyeron malas noticias que el mercado usó para adaptar sus expectativas. Y este deterioro de las expectativas probablemente tenga efectos negativos sobre la actividad económica (hay trabajos académicos sobre esto, com por ejemplo este de Nir Jaimovich y Sergio Rebelo publicado en el AER en 2009). Esto último lo podemos ver reflejado en el siguiente cuadro de Federico Muñoz que vi en Twitter:

La línea celeste es el riesgo país de Argentina, mientras que la roja es un promedio de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Ambas muestran una trayectoria común (más volátil para nuestro país) hasta fin del año pasado. En ese momento el riesgo país de nuestro país empieza a ascender mientras que el del resto sigue su trayectoria descendente (nótese que la muestra es previa al aumento en la volatilidad de los mercados internacionales de los últimos días).

El gráfico es claro. La economía no responde mecánicamente a los cambios de política monetaria. También los toma, y la forma en que se anuncian, para actualizar su información, en este caso negativamente.


Cláusula gatillo e inflación

30/01/2018

Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearía que los acuerdo salariales no tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de sus productos se desvíen (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confían en la meta inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados), desconfían de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales acotados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger, recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias: 

Aunque en el mercado creen que será difícil que el Central cumpla con su meta del 15%, Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y así, el economista que el año pasado había sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economía toma decisiones bajo el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economía.

Este problema de falta de credibilidad de la política monetaria está muy estudiado. En nuestro país nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creíble). La independencia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarían a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estaría en 1,8%). Y en cuanto a reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de políticas necesarias (reducción del déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk. 

EXPOST: Un día después de escribir este post, Eduardo van der Kooy en nota publicada en Clarín sugiere que el gobierno estaría dando marcha atrás en su pretensión de aumentos salariales acotados sin cláusula de indexación.

Otro punto crucial lo constituye la discusión de las paritarias que se avecinan. El Gobierno, en su discurso, ha ido de más a menos. Habló primero de un acuerdo que no podría superar el 15% o 16%. Sin la implementación de la cláusula gatillo. Un recurso que le permitió evitar conflictos durante el 2017. Esa idea está ahora en revisión. También, la supuesta inflexibilidad del techo. Macri y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, vienen declarando ahora que las paritarias serán libres.

 


La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14/11/2017

La semana pasada estuve unos días en Buenos Aires para participar en la conferencia de Lacea y Lames. El último día pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario de Política Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me dijo que difícilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego la Justicia falla en contra. 

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE…

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en países normales, la Justicia puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de reforma. 

Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artículo publicado en Brookings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás leerlo hoy en día no aporte mucho. Salvo por estos párrafos: 

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans. This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been compelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad política, legal y regulatoria. Estudiar la eficiencia de alguna política económica usando un modelo es una cosa. Implementar estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (ver acá, o acá donde propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso deflacionario, una ley que lo contemple en forma explícita y que tenga esta salvaguarda le daría a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consistencia de la macroeconomía sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad política de la Corte.