Cepo a los despidos, política y economía

26/04/2016

La semana pasada escribí una nota sobre las malas señales que el gobierno daba a inversores externos. En este caso las malas señales son de la oposición, que ha comenzado a discutir en ambas cámaras del Congreso proyectos para aumentar temporariamente los costos de los despidos. Desde una perspectiva técnica estos proyectos revelan una ignorancia total sobre el funcionamiento de una economía moderna. Algunos de sus defensores creen fervientemente que viven en un mundo estático donde solamente hay una variable relevante: el costo del despido. En mi experiencia como docente universitario siempre he escuchado críticas de los alumnos a los supuestos irreales que hacemos en los modelos que enseñamos. Pero el “modelo” que tienen algunos legisladores en su cabeza se lleva el primer premio a la ilusión.

La incapacidad de nuestras élites para pensar lo que los economistas llamamos “efectos de equilibrio general” de las medidas de política es aterradora. Ya lo vimos con el control de cambios, a.k.a. cepo al dólar. Se pensó que bloqueando la salida de capitales se evitaba ajustar el tipo de cambio. No se previó que los capitales también iban a dejar de entrar. Los resultados los sabemos, igual se devaluó, se impusieron restricciones a las importaciones cada vez más estrictas, se intentó (en vano) atraer capitales con un blanqueo, etc. Terminamos en una estanflación de la cual el actual gobierno intenta salir.

Darse cuenta que prohibir los despidos, aunque sea solamente por unos meses, es una mala política para generar empleo sólo requiere que los legisladores tengan a mano un economista capaz como asesor. Esto le permitió a Sergio Massa diferenciarse del resto y proponer también una serie de medidas para estimular el empleo (sobre esta serie de medidas me explayaré más tarde en esta nota). Ahora bien, ¿por qué no sirve prohibir los despidos? Cuando una empresa contrata un empleado le exige un esfuerzo a cambio de una remuneración. El empleado trabaja sabiendo por un lado que al hacerlo cobra un salario, y por el otro que si la empresa lo detecta evitando esforzarse puede ser despedido. Aumentar los costos de despido obliga a las empresas a aumentar los sueldos de sus empleados para mantener el mismo nivel de esfuerzo (y por ende de producción). O sea que aumenta los costos laborales aún y si no hay despidos. Además, está el efecto conocido que mayores costos de despido reducen los incentivos de las empresas a contratar nuevos trabajadores (como el cepo al dólar, si cerramos la salida, desalentamos la entrada).

Si desde una perspectiva técnica los proyectos para prohibir despidos son contraproducentes, ¿por qué una mayoría en ambas cámaras podría facilmente transformar uno de ellos en ley? Por razones políticas. Para el kirchnerismo es obvio que cuánto peor le vaya al gobierno mejor para Cristina. Por eso se opuso al pago a los holdouts, y por eso apoya esta ley. En el caso del peronismo no kirchnerista hay oportunismo para sumarse a una iniciativa que en el papel parece ayudar al trabajador, y tratar de obtener concesiones del gobierno. Y en el caso de los peces gordos del sindicalismo hasta podría haber un mensaje para que el gobierno interceda por ellos ante Tribunales, ya que imagino que si se desatara un mani pulite en Argentina, Moyano y compañía estarían en primera fila (al respecto Carlos Pagni de La Nación nos podría refrescar sus viejas investigaciones sobre Hugo, no?).

Corriendo detrás de los acontecimientos, el gobierno anunció ayer un proyecto de ley para estimular el empleo formal de jóvenes de entre 18 y 24 años, y sin límite de edad para las provincias del Norte beneficiadas por el Plan Belgrano. El proyecto establece la reducción de los aportes patronales por tres años para empresas de menos de 200 trabajadores (el Estado se hace cargo de la diferencia).

Por otro lado, hay una mirada en la situación de las pymes. Hace unos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informó que enfrentan una presión fiscal inédita, además de las consecuencias de la alta inflación, la falta de crédito para la producción, el aumento de las tarifas y la retracción del consumo. El plan primer empleo, entonces, busca que, a través de la disminución de las contribuciones patronales, puedan aumentar su personal o formalizar el que ya tienen. Por eso, quienes tienen menos de 200 trabajadores gozan de un beneficio mayor que las empresas más grandes.

Por último, se incorporó como grupo vulnerable a las personas con discapacidad.

El programa, que tiene un año para llevarse adelante, mantiene los beneficios durante tres años, aunque gradualmente van disminuyendo. Después de los 36 meses se entra en el régimen convencional.

Es probable que el gobierno busque coordinar con el massismo ya que, como dije antes, este presentó un proyecto parecido que también contempa incentivos para la contratación de mayores de 50 años (además este plan es más costoso pues implica beneficios a las pymes por los trabajadores que ya tienen contratados, no sólo por los nuevos). Para analizar los posibles efectos de estas medidas de estímulo al empleo podemos usar un trabajo empírico de Ferrán Elías Moreno que usó una reducción de los impuestos a la seguridad social en España que tuvo lugar en 1997, y que benefició a los trabajadores menores de 30 años, y también a los mayores de 45 años.

Sus resultados muestran que la política aumenta el empleo para los menores de 30, sin que eso signifique que los mayores de 30 sufran sustitución 1-por-1 debido al aumento de menores de 30 (el bendito efecto de equilibrio general que nadie piensa). Por tanto, la bonificación a la contratación de menores de 30 aumentó el empleo. Por el contrario, para los mayores de 45 años la política no produce ningún efecto en empleo agregado. Para ambos márgenes etarios la política no resulta en un aumento salarial. Por tanto, el caso de la discontinuidad en 45 es una transferencia directa a los empresarios, no a los trabajadores.

Ferrán estima que la elasticidad de trabajo para trabajadores de 30 años es de, al menos, -0.62. Para los trabajadores de 45 años es de 0. Por qué son tan distintas? La evidencia muestra que el trabajador que está al margen entre empleo-desempleo en 30 y 45 años es muy distinto. Los de 45 que buscan trabajo son gente con menores calificaciones, más tiempo desempleados durante los últimos años, etc. Por tanto, la evidencia sugiere que las empresas no quieren arriesgar y contratar trabajadores de más de 45 que estén desempleados, pero que sí van a hacerlo cuando se trata de trabajadores jóvenes.

Finalmente notemos que el incentivo a la contratación sólo era para contratar de modo permanente, no temporal. También es muy importante que las bonificaciones para empresarios sólo aplicaban para nuevos contratos. Esto supone grandes ahorros para el gobierno y de hecho en España, para el caso de la discontinuidad alrededor de 30 años, resultó en un aumento en la recaudación.

No es aconsejable inferir que una política similar en la Argentina tendría los mismos resultados. Para empezar el grado de informalidad en nuestro país es mucho mayor que en España, con lo cual es probable que algunas empresas tengan incentivo a formalizar a empleados informales de avanzada edad (y por ende la política no sea tan inútil para mayores de edad). Pero la inferencia que, por motivos de información asimétrica, una reducción de los costos laborales tendrá un efecto mayor en el empleo cuanto más jóvenes son los beneficiarios, me parece que aplica. Esto implica que la propuesta del gobierno es mejor que la del massismo. Máxime si consideramos, como ya dije, que la última contempla beneficios para trabajadores ya empleados, o sea una transferencia del gobierno a las empresas, no a los trabajadores.

EXPOST: Gracias a las redes sociales descubrí esta nota publicada en Ámbito Financiero en enero de 2014. Contiene estas declaraciones de Héctor Recalde (también otras del ministro de Trabajo de Cristina, Carlos Tomada), las negritas son de la nota

El diputado nacional del Frente Para la Victoria Héctor Recalde rechazó la propuesta del diputado del Frente Renovador Sergio Massa de prohibir los despidos por 180 días y recordó que esa medida “nació cuando explotó la convertibilidad”.
“Es una repetición de lo que hizo (Eduardo) Duhalde después de la convertibilidad y que significó la licuación del poder adquisitivo. No hay ni punto de comparación con la situación actual”, afirmó el diputado nacional del FPV.
Finalmente, Recalde llamó a “apostar a la razonabilidad y a sostener el empleo” y advirtió que “hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.

EXPOST 2: El ministro Jorge Triaca usó la analogía del cepo para el proyecto de prohibir los despidos, y uno de sus subsecretarios, José Anchorena, publicó una nota el Domingo (8/5) en La Nación con el mismo concepto (aunque debiéramos de aclararle que la prohibición a los despidos no congela el mercado laboral, ya que por ejemplo las transiciones empleo a empleo no se ven afectadas, o solamente en forma muy marginal).


Basta de Frey y Osborne! (deseo para el 2016)

29/12/2015

Para terminar el año voy a criticar el uso y abuso en los medios de un paper de Frey y Osborne de 2013. El trabajo se llama “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation”. El domingo de la semana pasada en la revista de La Nación Santiago Bilinkis lo cita en una nota sobre qué elegimos estudiar. Sebastián Campanario lo citó al menos tres veces en su columna en el mismo diario. La última en julio al comentar un debate que tuvo lugar en la UBA sobre avance de la tecnología y de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. En dicha nota resume el “aporte” de Frey y Osborne:

Y en cualquier polémica de este campo surge la cita obligada al trabajo de los profesores de Oxford Carl Frey y Michael Osborne, quienes relevaron la tasa de sustitución de máquinas por humanos en cada una de las 702 ocupaciones que releva la secretaría de empleo de los Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que el 47% de los puestos podrían ser desafiados por robots o inteligencia artificial en los próximos veinte años.

El bendito 47% lo repiten todas las notas locales e internacionales sobre el tema. Pero no se de nadie que se haya tomado el trabajo de leer críticamente al mismo para darse cuenta que dicho número es cualquier cosa menos científico.

Frey y Osborne se basan en la metodología de un trabajo de Autor, Levy y Murnane publicado en 2003 en el Quarterly Journal of Economics. Allí estiman el cambio en la composición de tareas laborales que se produjo entre 1960 y 1998 en la medida que las computadoras sustituyen y complementan a trabajadores en tareas cognitivas y manuales. Encuentran que las computadoras reducen el insumo laboral en tareas rutinarias y lo aumentan en tareas no rutinarias.

Frey y Osborne tratan de extrapolar, hacia el futuro, cuantas tareas, y por ende trabajos, son susceptibles de ser reemplazados por computadoras. Su objetivo es ver qué fracción del empleo en EEUU está en riesgo de volverse obsoleto en el futuro cercano. Pero en lugar de contar con datos objetivos como Autor et al, tienen que basar su análisis en estimaciones. Y acá viene el talón de Aquiles que copio (página 30 del paper)

To work around some of these drawbacks, we combine and build upon the two described approaches. First, together with a Group of ML researchers, we subjectively hand-labelled 70 occupations, assigning 1 if automatable, and 0 if not. For our subjective assessments, we draw upon a workshop held at the Oxford University Engineering Sciences Department, examining the automatability of a wide range of tasks. Our label assignments were based on eyeballing the O*NET tasks and job description of each occupation… The hand-labelling of the occupations was made by answering the question “Can the tasks of this job be sufficiently specified, conditional on the availability of big data, to be performed by state of the art computer-controlled equipment?”

Las negritas son obviamente mías. No es la primera vez que un trabajo poco serio tiene mucha repercusión mediática. En este caso es comprensible dada la relevancia del tema, tal y como lo aborda por ejemplo Bilinkis en la nota citada.

Aún cuando a muy largo plazo todas las profesiones están amenazadas, a corto plazo algunas están mucho más en riesgo que otras. Tal vez sea por eso que en el intercambio con la audiencia luego de mis conferencias frecuentemente personas en la audiencia consulta mi opinión sobre qué carrera deberían elegir o recomendarle a sus hijos que elijan.

A pesar de que los ingresantes actuales a la universidad son ya nativos digitales nacidos alrededor de 1997, cuando se observan los datos de elección de carrera sorprende ver la gran brecha entre las profesiones que más necesita el mundo hoy y las que mayoritariamente eligen los jóvenes. Una década y media dentro del siglo XXI, seguimos escogiendo carreras del siglo XX.

El desafío de incentivar a los jóvenes a estudiar carreras que serán relevantes en su vida laboral está presente en todo el mundo. Un ejemplo que conozco es el de Dinamarca, donde recientemente han modificado costos y beneficios de los estudiantes para disuadirlos de estudiar Humanidades. Y Frey y Osborne han agitado el avispero al asustar a la gente y a los gobiernos sobre la fragilidad incluso de carreras hoy consideradas sólidas. Pero a lo largo del año hubiera esperado que al menos un periodista, en lugar de repetir el mantra, leyera el paper y aclarara que el 47% es fruta.

Feliz año!


La suba de tasas de interés (en EEUU)

04/11/2015

En su reunión de la semana pasada, la Reserva Federal de EEUU no modificó su tasa de interés, pero dejó señales de una probable suba antes de fin de año (la Fed se vuelve a reunir en diciembre). Hace tiempo que los economistas debaten sobre los beneficios y costos de una política más contractiva. Por ejemplo, es bien conocido que Paul Krugman quiere mantener la tasa en cero hasta que la inflación se acelere. En su último post al respecto dice

This in turn tells you several things. It says that all the complaints that the Fed is artificially keeping rates low are nonsense; rates are low because that’s what the real economy wants, and the Fed’s only alternative would be to create a depression.

Clarito como si fuera un funcionario K: o las tasa en cero o la depresión. Pero no es el único economista prestigioso en defender una política monetaria laxa. Iván Werning, economista argentino actualmente profesor en MIT, entrevistado por Ezequiel Burgo para Clarín también toma esta postura.

–Por último, la pregunta del millón: ¿Yellen sube o no las tasas?

–Nadie sabe. Pero ciertamente una hipótesis que se maneja o especula es que entramos en una etapa de tasas bajas debido al menor crecimiento y baja demanda.

–¿Pero es tiempo de subirlas?

–Soy de los que creen que no hay que apurarse a subir las tasas en EEUU. No hay indicios de inflación que preocupen por ahora.

Notemos que Werning es menos trágico que Krugman. Igual basa su recomendación en el comportamiento esperado de la inflación. Escribió un paper sobre como debieran ser las políticas fiscal y monetaria en una trampa de la liquidez (una situación que requeriría una tasa real de interés negativa para restablecer el equilibrio de pleno empleo). El principal mensaje, al menos en lo que a política monetaria respecta, es que la tasa debe quedar en cero más allá del final de la trampa de la liquidez. La razón es que esto genera un boom a la salida de la trampa de la liquidez. Los consumidores anticipando el boom reducen su ahorro aumentando la demanda agregada y moderando la caída en el producto.

Si bien me parece interesante el argumento de Werning (tuve la suerte de verlo presentar este trabajo en 2011) y, como señala Burgo en su nota, ha sido influyente en discusiones de política en EEUU, yo creo que es hora de subir las tasas en EEUU.

En casi todo contexto una política contractiva, sea monetaria o fiscal, resultará en un menor crecimiento del producto. Recientemente el Wall Street Journal publicó un gráfico mostrando la trayectoria contrafáctica del PBI en EEUU si la política fiscal no hubiera reaccionado al shock de la Gran Recesión

gdp

Lo que se ve es que el PBI moderó su caída en 2008-9 por el estímulo fiscal, y a partir de mediados de 2010 sufrió por el retiro del estímulo (o en argentino, el ajuste). Uno se puede preguntar porqué se hicieron los recortes en el gasto tan rápido y no se esperó a que la economía saliera de la depresión. La razón es que las herramientas de política económica son efectivas si uno las usa, pero no abusa de ellas. Si el gasto hubiera permanecido alto, probablemente EEUU hubiera tenido que pagar una mayor tasa de interés por su deuda pública (que hubiera sido más alta si no bajaba el gasto), sin considerar los problemas políticos en ese país para elevar el tope de deuda, como se ve de tanto en tanto.

Considero que la misma lógica debiera aplicarse a la política monetaria. No con los argumentos habituales que dicen que una política laxa genera inflación y por ende costos futuros (e.g. pérdida de credibilidad en la Fed, necesidad de una recesión en el futuro para bajar la inflación una vez que suba). Sino porque si la política monetaria mantiene las tasas de interés muy bajas y los EEUU sufren un shock negativo, no habrá margen para usar la tasa de interés como instrumento para estimular la demanda agregada (y la política no convencional no tiene la misma capacidad de estímulo).

Empezar a subir la tasa de interés en EEUU en forma gradual, digamos un punto porcentual por año, tendrá un efecto negativo en el PBI como lo tuvo el repliege del estímulo fiscal. Pero creo que es un costo aceptable para tener en el mediano plazo la capacidad de usar en forma plena la política monetaria si las contingencias lo requieren (máxime considerando las mencionadas limitaciones políticas para usar política fiscal).

Un comentario al margen. No me resulta ajeno el clima enrarecido previo al ballottage del 22 de noviembre (y agradezco estar en el frío y oscuro invierno danés). Al respecto escribiré la semana que viene.


Encuesta sobre blogs y política

18/02/2015

Juan Sánchez, doctorando en Marketing en la Universidad de Valencia, me pidió que publique una invitación a participar en una encuesta anónima sobre los efectos que la lectura de blogs políticos tiene en la adopción de roles políticos más participativos (breve, lleva 8-12 minutos). Le servirá para completar su tesis doctoral. Copio su mensaje, que incluye el link a la encuesta: 

Hola a todos,

Mi nombre es Juan Mª Sánchez y soy estudiante de Doctorado en Marketing en la Universitat de València (España). Actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral, que se centra en las relaciones existentes entre la interactividad a través de Internet y la adopción de roles políticos más participativos.

Me gustaría solicitar su colaboración para poder concluir el apartado práctico de mi tesis. Para ello, necesito que cliquen en el enlace que figura a continuación y que completen el breve cuestionario que figura en dicha página web.

Como verán, es un cuestionario sencillo que se responde en apenas 8-12 minutos (reales) y en el que se plantean una serie de enunciados sobre factores relacionados con la lectura de blogs y la participación política.

Mi investigación carece de finalidad comercial y las contestaciones son completamente anónimas. Tampoco se requieren conocimientos previos ni existen respuestas correctas o erróneas, lo realmente relevante es su libre opinión acerca de los temas planteados.

Clique por favor en este enlace para participar.

Muchas gracias por su colaboración.

Un cordial saludo,

Juan Mª Sánchez Villar

Universitat de València


¿La corrupción mata? Un comentario sobre corrupción y víctimas de terremotos.

04/03/2013

Por Enrique Kawamura

Durante el pasado 22 de febrero hemos tenido el dolor de recordar la tragedia que ocurrió en la Terminal de Once del ex Ferrocarril Sarmiento. Varios periodistas repitieron expresiones como las que aparecen en el título de este post: “la corrupción mata”. De hecho, introduciendo esta expresión entrecomillada en Google aparecen unas 120.000 entradas, todas haciendo referencia al mismo tema.

Ahora bien, ¿qué es lo que la academia ha podido producir para, en parte, corroborar algo de esta frase? El comentario de este post no se basa en un artículo sobre corrupción y accidentes ferroviarios pero sí en otro sobre corrupción gubernamental y efectos de los terremotos. Se trata del paper de Escaleras, Anbarci y Register (2007), que estudia la relación entre el número de víctimas fatales y el indicador de “corrupción” del International Country Risk Guide, que es una calificación que recibe cada país basado en encuestas.

Esto significa que el indicador de corrupción, en rigor, mide la percepción del grado de corrupción reinante en cada país a lo largo de distintos años. Claramente se podrá discutir el nivel de exactitud de hasta qué punto esa percepción se fundamenta en hechos objetivos de corrupción, o incluso, hasta qué punto percepciones de baja corrupción se corresponden con un nivel efectivamente bajo del mismo problema. De todos modos, la intuición general es que, con posibles excepciones, en promedio al menos, las percepciones estarían correlacionadas con el nivel objetivo de corrupción. Al menos, esta es la postura que toman los autores al realizar este ejercicio.

Este paper utiliza datos de víctimas fatales de terremotos de grado 6 o mayores según la escala de Richter, ocurridos ellos entre 1975 y 2003 en 42 países, totalizando unos 344 terremotos. Utilizar víctimas de terremotos garantiza que el evento que causa la fatalidad es realmente exógeno. Obviamente, las consecuencias del mismo no son exógenas. Y justamente es en este sentido que el ejercicio propuesto en este artículo intenta relacionar parte de esta endogeneidad con el indicador de corrupción descrito previamente.

Dado que el nivel de corrupción seguramente es endógeno a las instituciones establecidas en cada país, el ejercicio econométrico se realiza utilizando un método de mínimos cuadrados en dos etapas, instrumentando el indicador de corrupción a través de la estimación realizada en una primer regresión que intenta explicar el indicador de corrupción a través de la consideración de variables como “democracia”, “conflictividad”, etc.

El resultado principal que obtienen es el siguiente: cuando se toma a un país con un índice de corrupción que es un desvío standard más bajo que la media, entonces el nivel de fatalidad luego de un terremoto es 50% mayor que el promedio de víctimas en toda la muestra. Es realmente un número muy importante, como se podrá apreciar. El principal mecanismo que los autores proponen para explicar semejante magnitud es el hecho de que la corrupción reduce el standard de calidad de las construcciones que hacen más propensas a éstas a destruirse luego de un terremoto, provocando mayor cantidad de muertos. Este mecanismo, en rigor, es solamente mostrado a través de un simple modelo teórico para motivar el ejercicio empírico, principal contribución de este paper.

Este tipo de ejercicios podría animar a más de un lector de este blog (sobre todo, aquellos que tienen mayor afición por trabajos empíricos y econométricos) a embarcarse en la posible investigación de cómo es posible que “la corrupción mate”, no en un sentido absoluto pero sí relativo: a mayor corrupción, mayor cantidad de víctimas fatales, ya no aplicados a terremotos sino a accidentes, por ejemplo. Por supuesto, este tipo de extensiones puede no ser tan sencillo de implementar técnicamente, pero probablemente sean necesarios para poder realmente mostrar hasta qué punto la corrupción mata en nuestro país.

 


Una explicación adicional para la alta inflación: rigideces fiscales y polarización política.

05/12/2012

Por Enrique Kawamura

Hace poco tuve la oportunidad de dirigir una tesis de maestría de Santiago Pérez Vincent, titulado “Polarización Política, Rigideces Presupuestarias e Inflación”, el cual también fue presentado en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política de este año 2012 en Trelew. Si bien su aplicabilidad al caso argentino no está del todo clara por algunos supuestos que el modelo teórico asume, al menos en el mensaje este trabajo parece poner una luz de alerta para tener en cuenta un canal político específico que hace más probable una tendencia a mantener “alta” la tasa de inflación, más allá de que pueden existir otras explicaciones fiscalistas tan plausibles como éstas.

El trabajo construye un modelo en el que existen dos partidos políticos que se alternan en el poder (éste es un supuesto del modelo, no un resultado) y dos bienes (o tipos de bienes). Cada partido posee un sesgo a favor de uno de los dos bienes, y un primer supuesto crucial es que cada partido posee un sesgo a favor de un bien distinto al del otro partido. El grado de intensidad de ese sesgo es lo que el modelo interpreta como “polarización política”, la cual también podría interpretarse como un grado de “polarización ideológica”, aunque claramente ésta no es la única interpretación posible de este supuesto.

El otro supuesto importante (repito, es un supuesto, no un resultado a explicar) es la existencia de rigideces nominales en el gasto público. Esto significa que el partido que asume en segunda instancia toma como dado el monto nominal del gasto realizado en cada bien por parte de su antecesor. Este supuesto, que parece un tanto artificial frente a muchos otros que pueden plantearse, es tomado de la evidencia empírica que se observa en varios países latinoamericanos (entre ellos, Argentina) documentado en Cetrángolo, Jiménez y Ruiz del Castillo (2010).

Con estos supuestos, el primer resultado que obtiene el trabajo (cuya versión más simple del modelo supone sólo dos períodos) es que sólo existen dos tipos de equilibrio, dependiendo del grado de polarización política. Cuando ésta es suficientemente baja, la mera alternancia de los dos partidos no genera ineficiencias en la composición del gasto público, generando a su vez una “baja” tasa de inflación. Cuando la polarización es suficientemente alta, entonces la inflación alta se torna una herramienta clave para licuar la el gasto público de su antecesor, para vencer las rigideces nominales, pero de modo tal de introducir ineficiencias en la composición de gasto público, inducidas en buena parte por la misma inflación alta. En una versión dinámica del modelo, también la volatilidad de la tasa se ve positivamente afectada por la polarización.

En este sentido estos resultados parecen concordar con la evidencia internacional acerca de la relación entre medidas de polarización política e inflación en papers tales como Ozler y Roubini (1996) y Aisen y Veiga (2008). En este sentido, esta teoría no parece ser incoherente con la interpretación de que shocks inflacionarios suelen ser herramientas de licuación de gasto público. Lo importante de este tipo de teorías (incluyo también la referencia clásica de Cukierman, Edwards y Tabellini, 1992) es comprender que apelar a estos shocks inflacionarios podrían obedecer a esta mayor polarización (o diferenciación) en las preferencias de los distintos partidos. Por otra parte, es importante aclarar que no es objetivo de ninguno de estos trabajos teóricos plantear como posible “medida de política” el reducir tal polarización, ya que la misma, además de ser tomada siempre como un supuesto exógeno, forma parte inherente a preferencias cuya endogeneidad dista mucho de poder ser estudiada. Sin embargo, al menos para quienes nos interesa el estudio del fenómeno de la alta inflación, su volatilidad y persistencia, este tipo de teorías nos permite incluir este tipo de variables puramente políticas a las tradicionales en la literatura de economía monetaria y de inflación estructural.


Economía e instituciones políticas. Un sobrevuelo a una literatura esencial para entender la economía argentina.

05/11/2012

Por Enrique Kawamura

En este post homenaje por el aniversario del blog, quisiera reflexionar sobre el modo de analizar la evolución de variables macroeconómicas, o también aquellas de importancia estratégica para la economía, como lo puede ser el sector energético y recursos no renovables (e.g., petróleo). La visión más “tradicional”, aquella que se acuñó a partir de los aportes de gente como Lucas, Prescott y otros en macroeconomía (ciertamente con una visión desde EEUU) y, en el campo de los recursos no renovables, de autores como Lund (proveniente de Escandinavia) tendían a poner el énfasis en cuestiones como la eficiencia de la asignación de (equilibrio de) mercado, o, en su defecto, cuán ineficiente sería la asignación lograda en un mercado que enfrenta imperfecciones exógenas y cuánto podría ser ese costo de eficiencia. En el campo de los recursos no renovables, la discusión más tradicional era cuán distorsiva era una política tributaria respecto de las decisiones de extracción del recurso.

En el contexto de Latinoamérica, esta manera de construir modelos para su verificación empírica necesitaba una modificación sustancial dada no sólo la inestabilidad de las principales variables económicas de interés (producción y precios, sobre todo) sino especialmente las variables de política, las cuales difícilmente serían meras correcciones de ineficiencias de mercados, sino que reflejaban (y siguen reflejando) procesos decisorios (como le gusta decir a Juan Carlos de Pablo) de los hacedores de política mucho más complejos, pero con alto impacto en las variables de interés. En este sentido, la literatura denominada “Nueva Economía Institucional” (como parte de lo que se conoce como “economía política”) vino a contribuir con modos de construcción de modelos y trabajos empíricos que no solamente “enriquecen” los esquemas modelísticos tradicionales con modelaciones acerca de las causas de las decisiones de política. En verdad, no es del todo correcto hablar de una “literatura” de nueva economía instituciojnal. Más preciso es hablar de un “campo de conocimiento” que engloba varias literaturas (o sub-literaturas, dependiendo de qué statis se le dé) debido a la variedad de modelos, trabajos econométricos y otros trabajos.

No sería razonable intentar resumir en una entrada el alcance de este campo. Me interesa solamente destacar aquella literatura más cercanas a temas macroeconómicos y también un comentario acerca de estos temas en discusiones sobre recursos no renovables. Existe, en efecto, una literatura a esta altura bastante extendida de discusiones de “economía política” en temas de política fiscal y, en menor medida, monetaria. Comenzando por las propias contribuciones de nuestro querido Martín en trabajos que utiliza esquemas de votación probabilística a temas de política fiscal y de seguridad social,  construyendo así un concepto de “equilibrio político-económico” (el cual me recuerda también el concepto de “equilibrio social” concebido años atrás por Olivera), también encontramos varios otros papers que enfatizan distintos aspectos de esta relación.

En la reunión de la Latin American and Caribbean Economic Association y la Latin American Chapter de la Econometric Society (LACEA-LAMES), que se realizó en Lima entre el 1 y el 3 de noviembre últimos, podemos encontrar dos ejemplos recientes de esta literatura. Un primer paper es el de Levon Barseghyan y Marco Battaglini (2012), de Princeton, denominado “Growth and Fiscal Policy: A Positive Theory”. En este trabajo Barseghyan y Battaglini construye un modelo de equilibrio general dinámico con regiones y con una legislatura que debe votar la provisión de bienes públicos de cada región, junto con el monto de inversión pública en infraestructura que afecta la productividad total de los factores. El modelo introduce un tipo de votación en la legislatura tal que una propuesta de combinación de “gasto público” se aprueba si obtiene un cierto monto mínimo de votos. Este tipo de votación induce a un tipo de “coalición” entre legisladores, lo cual constituye, en el modelo, una distorsión. Esta distorsión consiste en una tasa de crecimiento de largo plazo por debajo del valor que se obtiene en la solución Pareto-eficiente. Sin embargo, en una versión calibrada de este modelo, el mismo predice tasas de crecimiento de largo plazo consistentes con la de EEUU de la Posguerra. Un segundo paper de la misma sesión es de Lawrence Ales, Pricila Maziero y Pierre Yared (2012).  Este modelo explicita directamente un hacedor de política no benevolente, rentístico, que enfrenta la amenaza de ser removido via elecciones, pero que posee una ventaja informativa. En oposición a otros modelos del mismo estilo pero sin información asimétrica, este modelo predice una probabilidad positiva de que el hacedor de política pueda ser removido en algún nodo, aunque tal remoción implica una distorsión en la producción, distorsión que permanece en el largo plazo. Este tipo de teorías puede permitirnos entender hasta qué punto la presencia de “ineficiencias” no se debe únicamente a “fricciones exógenas” en los mercados en modelos de equilibrio general, sino que su potencial causa puede ser mucho más profunda, a encontrarse en el tipo de instituciones que inducen una determinada manera de generar política fiscal.

El último punto se refiere más bien a un tema más específico, pero que me involucra algo más de cerca. Como he puesto en una entrada anterior, estuve trabajando en un artículo sobre petróleo, gas y minería en Argentina, cuya versión actual tuve oportunidad de presentar en una de las sesiones de la LACEA-LAMES. En la misma semn presentaron otros dos trabajos del mismo proyecto financiado por el BID, uno sobre minería en Perú, el otro sobre minería en Chile. Los otros dos trabajos de algún modo obedecen a la visión más tradicional, acerca del impacto de una dada política tributaria sobre la eficiencia de extracción. El trabajo en el que todavía me encuentro trabajando intenta construir un modelo que endogeneiza las decisiones gubernamentales de impuestos y regulaciones, adaptando la literatura de economía política en temas macroeconómicos. Lo que me pareció más interesante fue el comentario que Guillermo Perry (ex Banco Mundial, actualmente en la Universidad de los Andes, Colombia) realizó a los tres trabajos. De algún modo la crítica estuvo más bien dirigida a la ausencia de discusiones de “riesgo político” en los trabajos de Perú y Chile, aunque enfatizando que el caso de Argentina es “muy especial” (lo pueden ver en el video siguiendo el link de la sesión). Lo que Perry trató de enfatizar, en mi modo de entender su comentario, es que aún en países como Chile y Perú el supuesto de “compromiso perfecto” no parece ser tan razonable, ya que con baja (pero no nula) frecuencia se registran cambios en regímenes fiscales. Por lo tanto, Perry enfatizó la necesidad de introducir consideraciones de riesgo político en el análisis de impuestos de recursos no renovables, pensando justamente en el comportamiento rentístico (al menos potencialmente hablando) que distintos gobiernos pueden tener. Creo que esto es un botón de muestra acerca de hasta qué punto se hace necesario introducir consideraciones políticas para comprender aquellas variables de política que la literatura tradicional tendía a tomar como exógenas.


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