La comisión por alquiler, importa quién la paga?

12/09/2017

Una ley reciente de la Ciudad de Buenos Aires obliga, a partir del 20 de este mes, a los dueños de propiedades inmuebles a abonar las comisiones por servicios inmobiliarios a los intermediarios. Dichas comisiones están hoy en día en el orden del 4,15% del valor del contrato, es decir el equivalente de un mes para un contrato de dos años. Y las pagan los inquilinos.

En nota del diario La Nación de la semana pasada se menciona el siguiente argumento en contra de la nueva ley

Desde las inmobiliarias, las críticas arreciaron. Temen que la modificación inhiba a los dueños de poner en el mercado sus propiedades y se restrinja así la actividad. Además sostienen que el impacto buscado no será tal, ya que los locadores derivarán el costo de la comisión al precio del alquiler.

Los intermediarios no sé en que planeta viven, pero dudo que un dueño prefiera dejar su propiedad desocupada antes que pagarle 4,15% a una inmobiliaria (recordemos que hoy en día ya hay portales en los cuales los dueños pueden publicar sus propiedades sin intermediarios). O sea que el primer argumento no tiene mucho sentido. El segundo es correcto, los precios de los alquileres subirán para reflejar el costo de intermediación. Pero a los inquilinos esto les es indiferente, pues cuando uno alquila una propiedad paga un combo de servicios por el uso del inmueble y por la intermediación (acabo de alquilar un departamento por un año en Madrid, y para comparar los precios de los que estaban publicados por sus dueños de los que eran ofrecidos por inmobiliarias prorrateaba el costo de las comisiones sobre los precios de estos últimos).

Uno de los argumentos que se formulan a favor de esta modificación es que de esta manera los inquilinos pueden prorrogar en el tiempo el pago de la comisión. Esto es cierto para inquilinos con restricciones de liquidez, máxime si no tienen acceso a crédito para equipar sus nuevos hogares.

Sin embargo, en mi opinión el mayor cambio que introduce esta ley, y que hace que el Colegio Profesional Inmobiliario haya emprendido acciones legales (y mediáticas) contra la misma, es que introduce competencia en el mercado.

Con el inquilino pagando la comisión, la inmobiliaria es un monopolista. En efecto, salvando el caso de propiedades de gran valor que pudieran ser ofrecidas por más de una inmobiliaria, un inquilino interesado en vivir en Pampa y la Vía 12 9a, no tiene más remedio que erogar el mes de comisión. La amenaza de alquilar en Babia 125 no es creíble.

En cambio si el dueño del departamento de Pampa y la Vía 12 9a quiere alquilar su departamento probablemente consulte con más de una inmobiliaria. Y por competencia alguna le puede pedir menos del 4,15% de comisión. Esta es la verdadera razón por la cual Héctor D’Odorico y sus compadres patalean tanto. La competencia en general beneficia al consumidor, pero perjudica a alguien, en este caso al intermediario. 

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Cristina y las PASO

25/07/2017

Los datos de las últimas semanas están indicando que Cristina Kirchner ganaría las PASO del próximo mes en la PBA. En efecto, los voceros oficiales e informales del gobierno han pasado de la alegría por la partición en tres del peronismo cuando cerraron las listas el mes pasado a la angustia de ver que Esteban Bullrich estaría peleando el segundo puesto.

Analistas de diverso pelaje están diciendo que perder por unos pocos puntos contra Cristina no es malo ya que permitiría al voto útil concentrarse en el candidato de Cambiemos en Octubre. O sea, aceptan que hoy en día las cosas están mal para el gobierno. Claro como el agua fue Jaime Durán Barba en una nota en Perfil el sábado pasado.

Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia, es probablemente un votante duro. No decimos que todos los partidarios de Cristina vivan en esas circunstancias, sino que quienes las viven pueden respaldarla con más firmeza. Desde otro punto de vista, si el encuestado tiene poca información de lo que ocurre en el mundo, cree que sería mejor que todas las empresas fueran estatales para que subsidiaran sus productos, cree en líderes mesiánicos, votará fácilmente por el populismo.

Hay un porcentaje importante de electores que vive en la pobreza, pero no atribuye su situación a la desidia de quienes gobernaron el país y la Provincia en las últimas décadas, sino que la acepta como un sino inevitable. En investigaciones realizadas por alguna universidad encontraron que estos pobres no tienen esperanza de que mejore su situación, y normalmente no hacen esfuerzos para que sus hijos estudien y se preparen para un futuro que parece inalcanzable. Hay también otros elementos que permiten detectar el voto duro de este tipo: si el encuestado es un firme defensor de los derechos humanos y además respalda a la dictadura militar venezolana sólo puede votar por Cristina o por alguna versión arcaica de la izquierda. Es un voto imposible para cualquier candidato que analice racionalmente la política.

Cristina tiene mucho “votante duro” en el conurbano. El gobierno reacciona lanzando créditos para beneficiarios de la AUH. Desde una perspectiva política es una pésima idea pues está pescando entre los votos duros del kirchnerismo y poco y nada cambiarán su voto por un crédito lanzado a las apuradas. Podría esta medida ayudar a reactivar la economía? Quizás sí, si está bien diseñada. Eso lo veremos con más información.

La que está siendo muy inteligente en la campaña es Cristina, al mostrarse moderada e interesada por todos los argentinos. Los lectores del blog son concientes de la falsedad manifiesta de esta postura. A los votos duros que tiene no le importa si se muestra mansa o confrontativa. Pero la careta no apunta ni a sus votantes ni a los votantes de Cambiemos. Apunta a quienes estén indecisos entre Cambiemos y 1país. Efectivamente, si estos votantes presumen que Cristina es una amenaza votarían al gobierno, pero en caso contrario contemplarían votar una alternativa (ya que, comprensiblemente, están decepcionados). Así la Cristina mansa aunque no gane votos se los hace perder al gobierno.

Difícil para el gobierno elegir el relato para estas elecciones. Si, como indican algunas declaraciones de los últimos días, presentan a Cristina sacando solamente 14% a nivel nacional empujan a los indecisos a votar a Massa. Pero si se enfocan en una posible derrota en PBA ponen en peligro la “gobernabilidad”.

Igual, si Cristina gana en octubre, pierde. Pero eso queda para otro post.


Rumbo a las PASO

29/06/2017

Hace varios días que vengo meditando escribir una nota sobre la importancia de las PASO. Varios analistas y políticos cuestionaban su utilidad basándose en que casi todos los partidos presentaron una sola lista para las elecciones de agosto de este año. Ahora se suma el gobierno proponiendo derogar las internas para la próximas elecciones presidenciales.

En un inesperado giro político, el gobierno de Mauricio Macri propuso ayer revisar el sistema de elecciones primarias abiertas , simultáneas y obligatorias (PASO) creado en 2010 y derogarlo para las presidenciales de 2019. Considera que tiene baja utilidad política, extiende las campañas y cuesta $ 2600 millones.

La propuesta causó sorpresa porque el propio Macri surgió como candidato fuerte en 2015 tras unas PASO que unificaron a la oposición fragmentada. En aquella oportunidad venció a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y a Ernesto Sanz, de la UCR, sus socios en el frente Cambiemos.

Sin embargo, el argumento oficial ahora es que el sistema es caro y fracasó este año como herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral.

Hay dos cuestiones que quisiera resaltar. Primero no es posible decir que las PASO fracasaron porque la mayoría de los partidos presentaron una lista única. El número de candidatos dentro de cada espacio político, y la calidad de los mismos, es la respuesta de equilibrio a la existencia de las PASO como institución electoral. Si no hubiera internas abiertas el cacique jefe de un partido tendría más margen para digitar qué candidatos presentar, y en general la calidad de los mismos sería generalmente inferior, al menos desde un punto de vista social.

Lo segundo a considerar es quién se beneficia y quién se perjudica si se eliminan las PASO para 2019. Como bien dice la nota de Mariano Obarrio en La Nación, Macri se benefició de este mecanismo electoral en 2015. Agregaría que sin las PASO hubiera sido difícil asociar la UCR y el PRO (las internas cerradas no le convenían a Macri, y si hubiera habido que discutir como hacer una interna el trabajo de persuasión de Ernesto Sanz habría sido mucho más complicado).

Pero Macri ahora es el “incumbent”, y no va a competir en internas en Cambiemos dentro de dos años.

La oposición peronista hoy en día está dividida en tres. Tenemos a Sergio Massa, quien fue el primer “renovador” (o traidor), Cristina con los ultra populistas, y finalmente el resto o peronismo “residual” (en realidad residual en Buenos Aires, dominante en el resto del país). En estas elecciones no se va a terminar de definir el futuro del PJ, pero estas tres facciones verán en qué condiciones llegan a 2019 para disputarle, en principio con grandes chances de éxito, la presidencia a Macri.

Para este trío va a ser crucial tener el paraguas de las PASO para ordenar esta disputa, y presentarse en una misma interna o al menos divididos en dos alianzas electorales. En efecto, basta ver las complicaciones de Florencio Randazzo para postularse dentro del PJ este mes para darse una idea de la dificultad que habría para articular una competencia si fuese via una interna cerrada (quién pone las reglas?, quién depura los padrones?, etc.). En este caso difícilmente el peronismo tendría menos fragmentación que en esta elección.

Como la reforma de las PASO requiere de una mayoría especial en el Congreso dudo que el gobierno tenga éxito en llevarla a cabo. Solamente podrá hacerlo mediante un acuerdo con un bloque de legisladores interesados en cierta impunidad judicial. Veremos.


Como eliminar las tarifas sociales

04/04/2017

Con un título así espero agitar el avispero. Este año ya escribí un par de posts derechosos (ver acá o acá), y si tuviera ganas de levantar la temperatura en esa dirección hubiera escrito sobre el número de desparecidos (son menos de diez mil, no es poco, punto). Espero que el lector llegué al final de la nota antes de ahondar más la grieta.

Hoy en día la tarifa social abarca casi todos los servicios públicos. Este link del gobierno nacional le muestra a todo jubilado, desempleado, beneficiario de AUH, o pobre como solicitar la tarifa social de transporte, agua corriente y cloacas (en BA) y de gas y electricidad (en todo el país). En mi opinión es ineficiente tener precios diferenciados para estos servicios públicos, y la ayuda social debiera ser directa, decidiendo los beneficiarios en qué gastarla.

En esta entrada me voy a ocupar de los subsidios energéticos cuyos beneficiarios potenciales son cerca de un tercio de la población.

Como es bien sabido, quienes no se benefician de una tarifa social están pagando cerca de la mitad del costo de la electricidad o gas que consumen. Con lo cual en realidad todos los argentinos tienen una “tarifa social” (pero, como diría George Orwell, algunos argentinos son más sociales que otros). Diferenciemos pues entre subsidios generalizados y focalizados (tarifa social).

El año pasado el gobierno empezó una gradual reducción de los subsidios energéticos generalizados, y debido a un fallo de la Corte Suprema la reducción pasó a ser muy gradual. O sea que estamos lejos del día en que al menos alguien pague el costo de la energía (pero, como no enseñó Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, o sea en realidad ya lo pagamos todos con impuestos, bueno todos los que pagan impuestos pero eso es abrir otro frente de batalla).

Para explicar mi idea, imaginemos que llegamos al día que se eliminan los subsidios generalizados. Ese día los no beneficiarios de la tarifa social pagan el costo de la energía, digamos 10, y los beneficiarios pagan menos, digamos 8. Hoy en día el costo (marginal) de la energía está dado por la paridad de importación dado que consumimos más energía que la que producimos. Es de esperar que el día que se eliminen los subsidios generalizados todavía sigamos importando energía (digo, ¿cuánto tiempo llevará este ajuste?, igual el mecanismo que propongo también funcionaría en caso que empecemos a exportar energía antes de la eliminación de los subsidios generalizados).

Dado el potencial del país, amén de Vaca Muerta, es de esperar que en el futuro cercano, si se mantienen reglas de juego claras, el país vuelva a ser un exportador neto de energía, como lo era antes de la pesificación de tarifas post crisis de 2001. Cuando eso suceda el costo (marginal) de la energía pasará a ser la paridad de exportación. Supongamos que la misma es de 7 (la diferencia entre 10 y 7 estaría dada por los costos de transporte y otras fricciones al comercio energético).

Cuando el país pase a ser un exportador neto de energía los consumidores argentinos tendrán una marcada reducción en los costos de la energía. Entonces si asociamos la tarifa social a la paridad de importación, en el ejemplo de esta nota la tarifa social es un 80% de la paridad de importación, cuando el país pase a ser un exportador neto la tarifa social desaparece.

Podría haber simplificado mi idea si me concentraba en decir lo que resalté en el último párrafo. Pero si esperamos al día que el país pase a ser exportador, seguro que surgirán presiones para mantener la tarifa social a pesar de la caída en los costos de la energía (¿cuántas cosas transitorias se vuelven permanentes en Argentina?). Si hoy el gobierno anuncia una indexación como la que sugiero será creíble que la eliminación de la tarifa social se produzca porque ocurrirá en un contexto en que los beneficiarios de la misma no percibirán un aumento, sino una reducción en sus facturas.

¿Habría costo político de anunciar esto hoy? Poco y nada, donde lo poco sería suficiente como para esperar hasta después de la elecciones (estas, no las de 2019). Como en realidad lo que se paga por electricidad y gas no solamente incluye el costo de la energía sino también cargos de transporte y distribucion, la implementación de esta idea es más compleja que lo que bosquejo aquí. Pero si el gobierno realmente quiere que la Argentina vuelva a ser un país normal, si se puede.


La educación pública se cayó

23/03/2017

Esta semana, el presidente Macri presentó los resultados de la evaluación Aprender. El progresismo local, en lugar de evaluar los muy pobres resultados de dicha prueba, se concentró en una frase del presidente: “Hay una terrible inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que caer en la escuela pública”. En las redes sociales proliferaron las consignas dolidas de prohombres (y mujeres) que defendían su “caída” en la escuela pública. Ricardo Roa hizo hoy en Clarín un interesante análisis

Se le cayó la frase a Macri y una legión de bien pensantes progres le cayó encima. Con interpretaciones para todos los gustos. Psicoanalíticas que la asociaron al inconsciente del ingeniero. Ideológicas que la relacionaron con la clase social de la que proviene. Y por supuesto de los activistas kirchneristas que confirmaron en la definición la voluntad de Macri de destruir la escuela pública.

Los responsables de más de una década de privatización de la educación pública con la fuga de alumnos a las escuelas privadas le endilgan a Macri ese objetivo. Los kirchneristas necesitan alimentar un prototipo de Macri a la medida de sus consignas. La mala noticia para esos bien pensantes es que tomada en sentido literal la frase de Macri sintoniza con lo que piensan los miles y miles de padres que han sacado a sus hijos de escuelas públicas.

Es una fuga hormiga que no sólo se verifica en los sectores medios y altos. Todos saben que la mejor educación ya no la proporciona el Estado. No es una cuestión ideológica.

En esta entrada no voy a analizar el lamentable estado de la educación en el país. De ello ya escribí en el pasado (ver acá, por ejemplo). Voy a tomar la nota de Roa como punto de partida, y me voy a concentrar en la actitud miope de tomar las palabras del presidente como una ofensa personal. Si uno toma las palabras en sentido literal, Macri se está refiriendo a los alumnos que, sin tener alternativa, hoy deben ir a una escuela pública. Caen en ella. No dice nada respecto a la calidad de la escuela pública hace 30 o 40 años. 

El problema es que los miopes en cuestión fueron a la escuela pública hace 30 o 40 años. Y la calidad de la escuela pública hoy está muy lejos de lo que fue en el pasado. Traigo a colación un par de anécdotas personales. Hice la primaria en un colegio privado, y en el Pellegrini hice el secundario. Ahí me di cuenta lo mala que había sido mi educación primaria, al contrastar mi preparación con la de mis compañeros que fueron a una primaria pública. Recién en tercer año logré ponerme al día en Matemáticas.

Terminé la secundaria en 1985. Cuando se cumplieron 30 años participé de los festejos con algunos de mis compañeros en el colegio. Y vi, con horror, como una de las aulas que habíamos usado estaba exactamente igual que en ese entonces. Ni bancos o pizarrones nuevos, ni computadora o cañón. Un desastre. 

Para alcanzar el crecimiento sostenido necesitamos elevar la calidad de la educación (pública y privada). Y para hacerlo tenemos que partir de un diagnóstico correcto. La educación pública no es un desastre porque el presidente usa el verbo caer, ni porque este gobierno quiera destruirla. La educación es un desastre porque hay intereses creados que no quieren reformar los estatutos docentes del siglo pasado que hacen que la misma masa de recursos que en otros países sostienen excelentes escuelas acá se diluyan en mantener docentes que no trabajan y suplentes que tampoco lo hacen. Es un desastre porque los sucesivos gobiernos desde 1983 a la fecha no han hecho frente a estos intereses creados. Es un desastre porque los miopes que la defienden al mismo tiempo mandan a sus hijos a colegios privados (y no les parece contradictorio). 

Es posible salir de este círculo vicioso? Creo que si. En particular se podría adoptar una reforma gradual que reduzca los generosos beneficios de los nuevos docentes sin afectar los intereses creados sobre los actuales maestros (en línea con lo que sugerí hace poco para el empleo público). Dudo que hoy se pueda avanzar mucho en esa dirección. Pero si seguimos sin hacer nada nuestra progresía miope terminará ciega. 


Paritarias e inflación

02/03/2017

Ayer, el presidente Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso hubo pocos anuncios económicos (tan pocos que no se afectaron las cotizaciones de acciones y bonos argentinos). Lo poco que hubo reafirma lo que vengo sosteniendo en este blog desde hace meses: que para octubre el único logro que el gobierno podrá mostrar de cara a las elecciones es una fuerte baja en la inflación.

Néstor Scibona resume el costado económico del discurso presidencial en esta nota publicada en La Nación hoy. Con respecto a la inflación copio un párrafo.

Dentro de las definiciones económicas, el Presidente apuntó al descenso de la inflación, que calificó de “tóxica”, y avaló la meta del Banco Central de reducirla al 17% en 2017, tras haberla ubicado en el segundo semestre de 2016 en 8,9% anualizada. Incluso con una referencia a las próximas paritarias del sector privado: “Empresarios y trabajadores deberían tenerla en cuenta”, dijo. “Ya probamos con la alta inflación en el pasado: hubo menos crecimiento y los salarios bajaron”, añadió. Aquí debió haber incluido una referencia a la inflación de 40% y la caída de 2,3% del PBI en 2016. Más que como autocrítica, como derivación de las políticas cambiaria, monetaria y tarifaria que desplomaron el consumo, aunque evitaron el estallido de la crisis macroeconómica latente que Cristina Kirchner había dejado como hipoteca a su sucesor.

Es interesante la mención a los empresarios y trabajadores (implícitamente del sector privado), porque en estos meses cruciales las paritarias se nuclean en dos. Por un lado tenemos las negociaciones de salarios del sector público y por otro lado las del sector privado. Tradicionalmente en estos años de dominancia fiscal sobre la política monetaria las paritarias públicas, tanto a nivel nacional como en la PBA, eran vistas como indicadores de inflación esperada por el sector privado y estructuraban la negociación salarial entre empresarios y sindicalistas.

Algo similar sucede hoy en día con el gobierno esforzándose por cerrar acuerdos salariales para los empleados públicos que sean consistentes con una inflación por debajo del 20% anual. El ejemplo es la negociación que el gobierno de María Eugenia Vidal cerró el año pasado con un sector de los empleados públicos con un aumento pautado en 18% con ajustes automáticos si la inflación supera las metas.

La resistencia que vemos en los gremios docentes a aceptar acuerdos similares que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios no se debe a la caída de los mismos el año pasado como dicen sus sindicalistas. La inflación núcleo de 2016 fue de 33,5% con lo cual en ciertas provincias hubo mejoras reales de los salarios docentes (y en otros distritos pérdida de poder adquisitivo, como la CABA). El motivo para ir a la huelga y no aceptar las propuestas salariales en la PBA es político: el kirchnerismo, al cual reporta Roberto Baradel, se dió cuenta que este mecanismo para las paritarias públicas hace posible que el gobierno llegue a octubre con el as en la manga de tener la inflación debajo del 1% mensual.

¿Debe el gobierno preocuparse por las paritarias del sector privado? Las intriguas e idas y vueltas detrás de la recientemente paritaria bancaria revelan que las negociaciones salariales privadas no le son indiferentes al gobierno (aunque en este caso el tamaño de la banca pública haga que se trate de un sector mixto). 

Si le seguimos extendiendo crédito al presidente Macri (ya no en cuotas sin interés), y tomamos en serio su advertencia respecto a las paritarias del sector privado, vemos que sus palabras solamente son creíbles si las negociaciones salariales con el sector público cierran por debajo del 20%. En este caso, si un sector acuerda con sus trabajadores un aumento salarial desproporcionado, digamos del 30%, el gobierno podrá lavarse las manos si en unos meses el empresariado y los sindicalistas del sector acuden a él buscando una ayuda para evitar despidos. Sin mencionar que dichos trabajadores difícilmente despierten simpatía en los votantes con piquetes para mantener sus aspiraciones desmedidas. 

Como se ve, lo crucial para bajar la inflación, enfrentar las elecciones con ciertas chances, y rescatar la credibilidad de Macri, es ver si el gobierno tiene el temple para sostener una huelga docente que puede ser prolongada. Si Macri puede hacer con el sindicalismo kirchnerista lo que Margaret Thatcher hizo con el sindicalismo laborista británico al doblegar a los mineros en los ochenta: cambiar la dinámica de poder de su país. 


Inflación de enero y Precios Transparentes

14/02/2017

La semana pasada se publicaron índices de precios con mediciones un tanto dispares. Mientras que el INDEC reportó que la inflación de enero fue del 1,3%, en la Capital el indicador fue de 1,9%. Esta diferencia generó suspicacias.

El 1,3% de inflación de enero que difundió el Indec fue otro de los puntos que celebraron la semana pasada. Sin embargo, generó algunas suspicacias entre la oposición. “¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la inflación según Indec y la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires?”, reflexionó uno de los economistas más influyentes del establishment. Y agregó: “1,3% versus 1,9%. Es desconcertante”.

En mi opinión la disparidad resulta comprensible dada la heterogeneidad de las canastas empleadas y el contexto de alta inflación del país: si un bien aumentó el 10% en enero y la incidencia de dicho bien en las respectivas canastas es del 10% en Capital pero solamente del 5% para el INDEC, esto explica casi toda la diferencia.

Por eso no me sorprendió ver que para Inflación Verdadera la inflación de enero resultó aún mayor, del 2,3%. Este sitio nos permite ver que la inflación está en una trayectoria ascendente similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Ojo Sturzenegger.

Finalmente podemos usar los indicadores de Inflación Verdadera para tener una idea del impacto del programa de Precios Transparentes a nivel agregado.

Supongo que la mayoría de los lectores están familiarizados con este programa del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, así que solamente copio unos párrafos de esta nota

Bajo el concepto de “precios transparentes” los funcionarios anunciaron esta tarde nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de “separar el precio al contado de la opción en cuotas” para lograr “mayor transparencia” que derive en “mejor consumo”.

Según sostuvieron, la medida busca “evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado” y que también sean transparentes “todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información”…

Según se dijo en la conferencia de prensa, el Gobierno espera descuentos de entre un 10% y un 15% para los consumidores, puesto que los comercios no tendrán que elevar el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

Me parece una excelente iniciativa del gobierno, pero que parece ser tuvo algunos “efectos colaterales”. Me parece razonable darle a los consumidores la opción a comprar bienes diferenciando los precios del bien de la tasa de interés del correspondiente financiamiento. Según los libros de texto esto debiera resultar en una mayor demanda agregada con una reducción en los precios contado y un aumento en los precios financiados.

El efecto en los precios se debe a que efectivamente hasta el 31 de enero había un subsidio cruzado (Nota dentro del margen. No es cierto, como circuló en internet, que el 75% más pobre de la población subsidiara al 25% más rico que tienen tarjetas de crédito: los bienes que se venden con tarjeta de por si son bienes que no forman parte de la canasta de consumo de la mayoría de ese 75%). Y el efecto en la demanda agregada se da por el neto de la mayor demanda de los “consumidores contado” versus la menor demanda de los “consumidores financiado” si los precios ajustan de acuerdo a la cantidad relativa de los mismos en la población y dejando el margen de ganancia de los vendedores constante.

Lo que se observó fue una caída más grande en las ventas financiadas que el incremento en las compras contado. ¿Por qué? Una posible explicación se basa en sesgos del comportamiento. Si un consumidor financiado tomaba el precio como reflejando el valor real del producto su demanda reflejaba no solamente el subsidio cruzado sino también un efecto psicológico de ganar cuotas sin interés. Hoy en día este consumidor para comprar debe superar la pérdida psicológica de aceptar pagar por lo que antes le daban “gratis”. Espero que uno de los cronistas habituales de la economía del comportamiento (e.g. Sebastián Campanario o Martín Tetaz) presente una mejor explicación en los próximos días.

El gobierno, que debe de estar monitoreando las ventas en tiempo real, estuvo rápido de reflejos y antes la caída en las ventas en el agregado los bancos Nación, Provincia y Ciudad recientemente empezaron a ofrecer 50 cuotas al 19% anual. 

La iniciativa busca atemperar el fuerte incremento que los precios financiados mostraron en la última semana, es decir, desde que el Gobierno obligó a los comercios a diferenciar precios entre pago al contado y en cuotas. Y, al ser complementada con una simplificación de los requisitos para obtener las tarjetas de crédito, busca inducir a la banca privada a que se pliegue para evitar la retracción que se había comenzado a notar en las ventas financiadas desde la puesta en marcha del programa denominado “precios transparentes”.

Esto encendió un par de luces amarillas. Si la caída en la demanda agregada refleja sesgos en el comportamiento de los consumidores financiados, otorgar crédito con 50 cuotas muy probablemente resulte en una fracción importante de la población sobre-endeudada dentro de, digamos, 49 meses. Por otro lado, aun y confiando en que el Banco Central lleve la inflación a un dígito para 2019, la tasa de interés anual del 19% implica un subsidio sobre el costo real del financiamiento. Esto se cae de maduro si notamos que hace pocos meses el gobierno se endeudó a cinco años a una tasa del 17%. Si el gobierno solamente sigue esta política de subsidiar las compras con tarjeta de crédito por unos años no me parece mal, pero recordemos que todos los días el ministro del relato fiscal, Nicolás Dujovne, nos quiere convencer que el déficit va a bajar.

Ahora, ¿cuál fue el efecto del programa en el nivel agregado de precios? Si el programa hubiera tenido el impacto inicial teórico de aumentar la demanda agregada deberían aumentar los precios en promedio (con la ponderación según porcentaje poblacional de cada tipo de consumidor). Si por diversos motivos el consumo agregado cayó, los precios deberían reflejarlo. Según la consultora Elypsis hubo rebajas de entre 5,8% y 8% en algunos precios al contado. La nota no dice si la consultora registró aumentos en los precios financiados (aunque determinar el aumento porcentual es complicado pues no sirve sumar las cuotas).

Nuevamente podemos recurrir a Inflación Verdadera que tiene mediciones diarias de una canasta de precios al consumidor (con la salvedad que no sabemos si discriminan precios contado y financiado, ni si se ponderan por las cantidades de consumo respectivas). Tomando el indicador para el 3 de Febrero y para el 31 de enero vemos que la caída en el índice de precios fue de 0,2%, o sea un 10% de la inflación mensual antes reportada. Si bien creo que estadísticamente indica un efecto nulo, era lo que se esperaba para una (muy leve) caída en el consumo agregado.


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