Los idus del gobierno de Macri

Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno iba a tener una cosecha más modesta de votos. Había estimado la performance electoral en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por motivos políticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayoría de los analistas políticos dió por descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno había cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos últimos días observamos que la oposición le hizo pagar un costo político importante al gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como dije en su momento, nos esperaban 60 días (hasta fin de año) a «observar con detalle».

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. En estos días de marchas atrás, doble discursos, y traiciones, nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada en la víspera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-K). Para lograrlo al gobierno le convendría tratar de separar la paja del trigo, identificar a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a la hora de votar todos se hacen los distraídos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que debería aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fondos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo. Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no confiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo «bueno» deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a política económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el «plan» es consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la política dominó sobre la economía este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en 2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un país descontrolado en el cual los violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su accionar? ¿Qué nos espera de un país donde un ex-candidato a diputado como Sebastián Romero (foto) nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policía, policía a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difícil respuesta.

EXPOST: Viendo cómo votaron los diputados de las distintas provincias me parece que el gobierno tendría que reservar la zanahoria para los siguientes distritos donde no gobierna Cambiemos: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Y aplicar el garrote con el resto de los gobernadores opositores (incluyendo Santa Fe).

Ingresos brutos y reforma laboral

Pocos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente en un par de posts (acá y acá). Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales, sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el mercado (teoría de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. Entonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa, políticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su eficiencia en usar insumos físicos, sino en administrar intangibles contactos políticos). Por eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar estos intereses rentísticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo palos en la rueda al acusar al gobierno de usar «otra Banelco». Joaquín Morales Solá se refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especulando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.

Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la herramienta de política más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que hay fricciones políticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se autolimita dada su pleitesía al gradualismo.

Pronóstico 2016: factores políticos

Continuando con el análisis de factores que afectarían la economía durante el año hoy voy a hablar de los políticos. Lo bueno es que este no es un año electoral. Lo malo es que el nuevo gobierno de Macri es débil y no parece capaz, o interesado, en formar poder a corto plazo. Es comprensible que después del autoritarismo de los Kirchner, el gobierno se sienta limitado a abusar de la «caja» para disciplinar. Pero lo que vemos es una sucesión de hechos que muestran un gobierno que cede ante la menor presión. Veamos ejemplos:

La crisis del petróleo que comenté recientemente en el blog. El gobierno otorgó subsidios al sector, mostrando poca tolerancia al desempleo (en algunos medios leo que con este gobierno hay menor preocupación por el empleo y me pregunto qué realidad ven). Los gremios perciben esto y la paritarias se volverán un dolor de cabeza.

Marcha atrás con los resúmenes electrónicos para los bancos. Los Moyano boys amenazaron con medidas de fuerza y Federico Sturzenegger pateó la medida un año. Al margen: Nadie se pregunta si los Moyano no tienen un interés directo o indirecto con otros perjudicados por esta medida, como ser empresas que tercerizan la impresión de los resúmenes? Porque la explicación de la pérdida de puestos de trabajo en logística no resiste el menor análisis.

El anuncio del incremento del mínimo no imponible de Ganancias el día de la fecha. Lo ideal era anunciar el envío del proyecto el primero de Marzo al abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Pero la inflación mucho más alta de lo esperado hasta la fecha inquieta a los gremios y dificulta las paritarias. Además como respuesta a la inflación es tirarle nafta al fuego (por el incentivo a la demanda), y crea más incertidumbre sobre cómo se va a lograr reducir el déficit fiscal.

El despido de Graciela Bevacqua del INDEC, también relacionado a la inflación. Porqué no se recurrió a una de dos: no se la contrataba desde el principio, o se creaba un IPC «transitorio» mientras ella terminaba de definir uno nuevo? La respuesta es que se esperaba una inflación más baja, que no dificultara la toma de decisiones en ausencia de un buen termómetro.

El cubrimiento parcial, por parte del gobierno nacional, del aumento salarial a los docentes. Según nota hoy en La Nación:

La oferta iba a quedar plasmada en un acta que las partes iban a firmar ayer en el Ministerio de Trabajo, y que los sindicatos llevarían luego a las bases para su aceptación o rechazo. Pero la furia de los gobernadores por la magnitud del aumento (40% según los gremios y hasta 33% dependiendo de la provincia, según Educación), frustró los planes de Bullrich, que debió explicar los términos de la propuesta ante los ministros de Economía de todo el país que ayer se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio .

La oferta quedó en pie en todos sus términos. Lo que tuvo que aclarar Bullrich para aplacar el enojo de los gobernadores fue que las provincias deberán afrontar sólo hasta el 25 por ciento de las subas y que el gobierno nacional cubrirá el resto a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Muchachos, no saben que el gobierno de la Alianza empezó a naufragar cuando le prometió a las Provincias un piso de fondos a través de pactos fiscales incumplibles (por ser obligaciones nominales en un contexto deflacionario)? No digo que el caso de los docentes sea igual, pero muestra claramente la debilidad del gobierno. Y es otra medida que introduce incertidumbre fiscal (sin olvidar que el resto de los sindicatos va a mirar este 40% con ganas).

Un último ejemplo. El gobierno recién ayer, ante los 200 cortes en todo el país pidiendo la libertad de Milago Sala, anunció un protocolo para enfrentar piquetes. Se venía hablando de dicho protocolo desde la asunción de Macri el 10 de diciembre pasado. Porqué se tardó tanto en implementar algo tan sencillo? Por el miedo a ser criticado en los medios como la «derecha represora».

Como en todo gobierno nuevo hay internas. En el plano económico hay dos campos bien delimitados. Por un lado están los gradualistas que hoy en día toman las decisiones más importantes y que no creen que sea políticamente posible (o deseable) realizar un ajuste más veloz. Por otro lado están lo partidarios del shock, que utilizan argumentos técnicos para refutar las afirmaciones de los gradualistas. En mi opinión sería muy bueno que los primeros refuercen su parte técnica y los segundos mejoren su cintura política.

En esta interna, Macri tomó partido por el grupo del shock al afirmar en Davos que la inflación este año estaría más cerca del 20% (recordemos que Prat Gay, un gradualista, la había puesto entre el 20 y el 25%). Si bien voy a dar mi pronóstico de la inflación la semana que viene puedo anticipar que va a ser mayor al 25%. De manera que uno se puede preguntar cómo va a reaccionar Macri antes esto. Va a despedir a un(os) funcionario(s)? Va a echarle la culpa a «otro» (por ejemplo, los buitres de siempre)? Si hace lo primero habría un aumento en la incertidumbre y un volver a empezar en construir confianza, que probablemente conduzca a un shock. Si hace lo segundo pierde credibilidad. Veremos.

El peronismo se está regenerando, por lo cual no busca, como lo hizo con De la Rúa, tumbar al gobierno (eso hace el kirchnerismo, pero hoy es residual y en breve será un cero a la izquierda). Pero tampoco le va a hacer un favor. Espero que el gobieno se percate de esto y actue estratégicamente aprovechando su luna de miel (que estimo durará todo este año). Los gremios son otro cantar. Como dije antes, ven un gobierno débil y presienten que el dólar trepará más de lo esperado durante el año y que esto se trasladará a precios, y por ende piden aumentos incompatibles con la pauta de inflación oficial. Su expectativa es que, ante la realidad de altos aumentos salariales, el gobierno los convalidará con una política monetaria más expansiva para no tener un incremento en el desempleo.

Dada la vocación republicana e institucional del gobierno, le va a ser muy difícil construír poder (soft power) durante un año en que los economistas esperan más estanflación. Espero que lo logre.

Moyano sospechado de lavado de dinero en Suiza

Hoy la justicia Suiza envió un exhorto para solicitar información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, su hijo Pablo y su entorno familiar. El pedido responde a una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero.

La respuesta del gremialista fue directamente proporcional a la probabilidad que efectivamente sea culpable de dicho delito. El sindicato de Camioneros anunció esta tarde que realizará el lunes un paro y una marcha a la Plaza de Mayo. Y enseguida vino la amenaza a la prensa:

Zanola, Pedraza, Moyano

A principios de diciembre del año pasado me preguntaba en un post ¿quién quería ver preso a Moyano? Creo que ahora tengo más claro cual sería la respuesta: el cristinismo. En una nota publicada hoy en Clarín, Eduardo van der Kooy describe el surgimiento, tras la muerte de Néstor Kirchner, de esta corriente interna de ultras y jóvenes en el gobierno que se caracteriza por pretender retener el poder prescindiendo del peronismo,

Los jóvenes y muchos veteranos K son los que fogonean también el proyecto de Cristina de mostrarse como la cabeza de un ciclo superador del peronismo . Por eso influyeron en el juez Norberto Oyarbide, a través del secretario de Justicia, Alejandro Alvarez, para la detención de Gerónimo Venegas. Lo que no supieron prever fue la reacción corporativa del sindicalismo. Se relamieron, además, con el arresto de José Pedraza. En el medio está el crimen del militante del PO, Mariano Ferreyra.

Insostenible para ellos y los Kirchner, Pedraza simbolizaría, como pocos, la vieja y decadente burocracia sindical.

Y el sindicalismo tradicional es la columna vertebral del peronismo. Como dice Rubén Zorrilla, citado hoy en una nota de Ricardo Carpena en el suplemento Enfoques de La Nación,

El agua y el aceite

El puerto de Rosario está paralizado hace ocho días por un conflicto gremial extorsivo. La CGT San Lorenzo reclama que los empleados portuarios reciban la misma remuneración que los aceiteros: $5000 mensuales. Pero no es lo mismo el agua que el aceite, porque obviamente no es igual la productividad de un aceitero que la de un portuario. Salvo para Walter Cabrera, secretario general del mencionado gremio que este lunes dijo:

A nosotros no nos gusta, pero si es necesario, lo vamos a tener que hacer [cortes de ruta]. Queremos condiciones de higiene y seguridad y una equidad salarial. Por lo menos, llegar a que las categorías mínimas tengan la equiparación salarial de los compañeros aceiteros.

Es cierto que existe una correlación positiva entre los salarios de diferentes ocupaciones dentro de una misma empresa (se puede consultar el trabajo de Lawrence Katz y Larry Summers, «Industry Rents: Evidence and Implications» publicado en 1989 en Brookings Papers que muestra que personal de maestranza y secretarias ganan más en industrias donde el salario promedio es más alto). Esto se puede explicar por presiones éticas dentro de la empresa, o por la presencia de rentas a nivel industria como hacen Katz y Summers. También por la presencia de complementaridad de habilidades en la función de producción, como hace Michael Kremer en «The O-Ring Theory of Economic Development», publicado en 1993 en el Quarterly Journal of Economics.

Bloqueo de diarios con el fin de censurarlos

Hace casi dos semanas escribí un post donde relacionaba el bloqueo de las plantas impresoras de Clarín y La Nación con las tapas del día de dichos diarios indicando que España estaba al tanto del cargamento de droga incautado en Barcelona (y por ende sus autoridades desconfían de sus pares argentinos). Hoy vuelvo a despertarme con la noticia de un nuevo bloqueo esta vez a las plantas distribuidoras de estos y otros diarios. Para mi todo ataque a la prensa y a la libertad de expresión es condenable, pero además tratemos de relacionar este hecho con el contenido de los diarios.

Detrás de este bloqueo está Moyano, y en la tapa de los diarios la noticia del día es el asesinato por encargo de Roberto Rodriguez, tesorero y presidente del gremio de Maestranza (tapas de Clarín y La Nación). Según Martín Rodriguez Yerba en una nota en La Nación:

Roberto Roger Rodríguez era un actor de reparto en la trama de negocios turbios que involucra cada vez con más fuerza a gran parte del sindicalismo peronista. Administraba millones de pesos provenientes del Estado, conducía desde hacía años una obra social que operaba con la droguería acusada de la gran estafa de los medicamentos adulterados y la Justicia vigilaba sus pasos desde hacía meses.

No hay indicios por ahora que liguen su asesinato con la mafia de los remedios. Pero el crimen, preparado y ejecutado con frialdad profesional, dejó en estado de shock a los grandes jefes gremiales del país en el despertar del año electoral: los preocupa el impacto político de un caso policial que los vuelve a ligar con un destino de violencia, impunidad y corrupción.

¿Quién quiere ver preso a Moyano?

Aclaro de entrada que me encantaría ver a Hugo Moyano tras las rejas, aunque sea por estafas con medicamentos en la obra social de camioneros (preferiría que vaya preso por abuso de poder y enriquecimiento ilícito). Hoy Carlos Pagni escribió una extensa nota en La Nación donde describe las bases del poder de Moyano:

En una economía que depende como ninguna de la logística, Moyano cuenta con una capacidad de bloqueo preocupante. La última vez que exhibió su peligrosidad fue en julio de 1999, con un paro de camiones por tiempo indeterminado. El gobierno de Carlos Menem descubrió enseguida que contaba con escasísimos recursos para superar el desafío, sobre todo si a la paralización del transporte de cargas se le agregaban cortes de rutas en nudos estratégicos. Aquella experiencia demostró que con sólo paralizar el tráfico de combustibles y de caudales, es decir, con sólo desabastecer a las estaciones de servicios y a los cajeros automáticos, Moyano puede enloquecer a la clase media. Puede, por lo tanto, fisurar la popularidad de cualquier gobierno.